jueves, 3 de diciembre de 2009

NUEVOS GOLPES DE LOS PELELES CONTRA EL SME; !!A PREPARAR ACCIONES MAS CONTUNDENTES!!

La STPS acepta impugnación de Alejandro Muñoz contra su destitución como tesorero

Anula Conciliación la relección de Martín Esparza en el SME

Procede realizar otra contienda, determina la autoridad cuatro meses después del proceso

Enumera Lozano las irregularidades; recrimina la postura de sindicalistas de EU y Canadá

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Mujeres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas cumplieron este miércoles 10 días en huelga de hambre, en demanda de la anulación del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, emitido por el jefe del Ejecutivo federal el pasado 11 de octubreFoto María Meléndrez Parada

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 3 de diciembre de 2009, p. 3

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró la nulidad del proceso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con base en el cual fue relecto Martín Esparza como secretario general. La autoridad laboral dijo que lo procedente es una nueva contienda.

En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró procedente la impugnación promovida por Alejandro Muñoz contra la asamblea del SME en que fue destituido como tesorero, junto con el secretario de actas y el procurador de la comisión autónoma de justicia de esa organización.

Con la anulación del proceso electoral interno, realizado tres meses antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Muñoz (opositor a Esparza) y otros 12 dirigentes, pertenecientes a ambos grupos políticos al interior del sindicato, preservan el reconocimiento gubernamental y, por tanto, sólo ellos tienen personalidad jurídica para representar al SME.

Esta diferencia radica en que las carteras en el SME no se eligen en bloque, sino de manera escalonada.

Sin materia el amparo por la toma de nota : Lozano

Javier Lozano, titular de la STPS, dio a conocer lo anterior en conferencia de prensa y enumeró ocho importantes violaciones a los estatutos del SME en el proceso electoral celebrado del 6 de abril al 14 de julio pasado para elegir 13 cargos del comité central de ese sindicato.

Incluso aseveró que el amparo promovido por Esparza para combatir la negativa de toma de nota a su elección como secretario general, ha quedado sin materia.

De acuerdo con la resolución de la JFCA, el SME no tiene secretario general; sin embargo, el secretario del Trabajo admitió que Esparza Flores tiene un liderazgo natural entre un sector de electricistas.

Manifestó que la declaración de nulidad del proceso electoral no afecta o modifica el llamado al diálogo que hizo la víspera el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, porque éste, consideró, corresponde a una estrategia de carácter político para atender la inconformidad tras la extinción de LFC.

Durante la conferencia de prensa, Lozano defendió una vez más la postura del gobierno federal de que el decreto presidencial que eliminó la empresa que atendía la zona centro del país es legal y no habrá marcha atrás.

Criticó a los sindicalistas de la central más grande de Estados Unidos (AFL-CIO), que tenían programada para la noche de ayer una reunión con funcionarios de la STPS para conocer la versión del gobierno mexicano acerca del cierre unilateral de LFC.

“Para variar (los sindicalistas estadunidenses), opinan de lo que no saben y juzgan sobre casos que no han estudiado; hacen aseveraciones que no corresponden ni con la realidad ni con el marco jurídico del país.

Llegan al extremo de decir que estamos violando el TLC y otras cosas; que no respetamos al Congreso y no sé cuántas cosas. Hay que recordar que los asuntos políticos del país están reservados para ciudadanos de la República; pero, bueno, ya los atenderemos esta tarde como merecen, dijo el secretario del Trabajo.

Según el análisis de la JFCA, en el proceso electoral del SME fueron transgredidos cinco artículos de los estatutos que resultaron en ocho irregularidades: no se utilizó un listado general de electores confiable; en algunas divisiones sindicales se cerró la votación antes del horario estipulado en la convocatoria; fueron inutilizadas cédulas de votación sin motivo justificado, y la toma de protesta de los integrantes de las subcomisiones de escrutinio la realizaron funcionarios sindicales distintos a los que ordena el estatuto.

La JFCA concluyó que en las actas de clausura de las subcomisiones y de la comisión de escrutinio no se asentó el número total de miembros activos con derecho a voto, los que votaron y los que no lo hicieron; durante las asambleas del 3, 6 y 14 de julio no se precisó la forma como se integró el quórum; la impugnación de la planilla encabezada por Muñoz no fue resuelta oportunamente, y el acta final de recuento de votos careció de la firma de dos de los cuatro integrantes de la comisión de escrutinio.

Respuesta mínima a la segunda etapa de liquidaciones

Lozano detalló la resolución de la JFCA y de la dirección general de registro de asociaciones. A pregunta de los reporteros, reconoció que la segunda etapa de liquidación, programada del 26 de noviembre al 23 de diciembre, ha tenido una respuesta mínima: 142 indemnizados en cinco días. En total, desde el arranque del proceso han sido liquidadas 27 mil 548 personas; esto es, 61.88 por ciento de la plantilla total de LFC.

Precisó que 944 ex trabajadores de LFC ya presentaron exámenes sicométricos y técnicos como aspirantes a ocupar una plaza en la Comisión Federal de Electricidad (que atiende la zona centro del país tras la extinción de LFC), y admitió que las primeras contrataciones podrían empezar a finales de enero o durante febrero.

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Sobre aviso no hay engaño
Hernández

STPS: faccionalismo y desaseo


El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, anunció ayer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidió no otorgar la toma de nota a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), toda vez que se acreditaron –según Lozano– diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo de la organización sindical durante el proceso electoral que tuvo lugar entre abril y junio pasados. Ante tal situación, el funcionario sostuvo que dicho proceso debe ser anulado y que se debe convocar a la realización de nuevas votaciones. Por otro lado, Lozano calificó de improcedente la destitución del tesorero del SME, Alejandro Muñoz –ordenada por esa organización en septiembre pasado–, y afirmó que se mantienen intactos los registros y la toma de nota de quien se ha venido desempeñando como el principal opositor a la dirigencia gremial encabezada por el propio Esparza.

Las declaraciones del funcionario revisten aspectos lamentables, tanto en la forma como en el fondo. En primer lugar, al reconocer la existencia jurídica del SME mediante el otorgamiento de la toma de nota a su tesorero y los llamados a realizar nuevas elecciones en ese gremio, Lozano incurre en una inconsistencia mayúscula, habida cuenta de que él mismo ha desempeñado un papel central en los empeños del gobierno federal por desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a su sindicato. Significativamente, el propio Lozano canceló el pasado martes la posibilidad de una recontratación colectiva de los trabajadores de ese organismo público descentralizado bajo la tutela del SME, toda vez que ésta será personal y caso por caso, aseveró; de aceptar esa lógica, carecería de sentido repetir el proceso de elección interna en el sindicato. De hecho, la postura adoptada en la práctica por el gobierno federal lleva implícito el mensaje de que esa organización sindical ha perdido toda razón de ser.

Por lo demás, las constantes intromisiones del gobierno federal en los asuntos internos de los organismos gremiales –ahora mediante un uso faccioso y a todas luces indebido de procedimientos burocráticos y administrativos– tienen como telón de fondo un proceso de revisión, emprendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del marco legal en que se desempeña la secretaría frente a los sindicatos y en el que, a decir de especialistas en la materia, podría estar en juego la definición sobre si las autoridades laborales tienen atribuciones para intervenir en la vida interna de los organismos gremiales. Como botón de muestra, baste señalar que ayer mismo la segunda sala de la Corte aceptó analizar el recurso de amparo promovido por el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, ante la negativa de la secretaría de otorgarle la toma de nota, un recurso que según los propios magistrados podría sentar precedente respecto de decisiones futuras en la materia.

Al parecer, el gobierno federal pretende aprovechar, por conducto de su secretario del Trabajo, el enredo legal generado por las propias autoridades, al emprender acciones que no están establecidas con claridad en el ordenamiento legal vigente en materia laboral, como la intervención en los procesos de elección de las dirigencias sindicales, la convalidación o el desconocimiento de las mismas o bien la convocatoria a realizar nuevos comicios.

Un elemento de contexto adicional es la presencia en el país de sindicatos estadunidenses y canadienses que han expresado su respaldo a los electricistas despedidos: los representantes gremiales que se encuentran en México afirman que con la extinción de LFC y las agresiones al SME, el gobierno de México violó sus propias leyes y acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más allá de la incertidumbre jurídica a escala interna, existen, en el ámbito internacional, severos cuestionamientos sobre la legalidad de las medidas contra la empresa paraestatal y sus trabajadores, cuestionamientos que podrían generar problemas en las relaciones de México con sus dos principales socios comerciales.

En suma, ante el desaseo administrativo y legal con que ha actuado el gobierno federal en este episodio, el conflicto exhibe hoy aristas nuevas y preocupantes y, lejos de resolverse, se profundiza en complejidad y en encono. En tal circunstancia, resulta imperativo que el Ejecutivo federal cobre conciencia de los riesgos nacionales que implica la cruzada antisindical en general, y contra los trabajadores de LFC en particular, anteponga los intereses de la nación a los apetitos privatizadores empresariales, refrene a sus belicosos colaboradores, ordene el cese del hostigamiento y de las provocaciones contra el SME y se comprometa, con voluntad política y buena fe, en un diálogo orientado a solucionar en forma positiva y constructiva el problema creado hace ya ocho semanas por la misma autoridad.

Hincapié
Rocha

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EL HIJO PUTATIVO DE DIAZ ORDAZ TRAZA LA LINEA DE LO QUE LE ESPERA AL SINDICALISMO EL PROXIMO AÑO:

En breve se presentará iniciativa, anuncia

Lozano: 2010 será el año de la reforma laboral
Fabiola Martínez y Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Jueves 3 de diciembre de 2009, p. 7

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, anunció que en breve el Ejecutivo enviará al Congreso la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT). El plan es definir en los próximos días un proyecto junto con los sectores productivos y entregarlo a los legisladores en febrero, cuando arranca un nuevo periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con el funcionario, esta enmienda resulta fundamental para que la economía nacional avance en el terreno de la competitividad y de una vez por todas México tenga una legislación que incentive la contra- tación formal.

Aseveró que la reforma a la LFT no significa modificar el artículo 123 constitucional, producto de luchas trascendentes del movimiento obrero organizado.

En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) alertó de que el próximo proyecto del gobierno de Calderón es imponer una reforma laboral pro patronal que cancele derechos fundamentales de los asalariados, modifique de raíz la ley mencionada y flexibilice las condiciones de contratación y despido.

En una sesión en la que líderes sindicales de pilotos, telefonistas, petroleros y sobrecargos, entre otros, se pronunciaron por emprender acciones antes de que llegue el lobo con la reforma laboral bajo el brazo, aseguraron que “se adivina la ruta crítica que va a seguir el gobierno federal para operar en favor de su proyecto y de nueva cuenta mayoritear en las cámaras (de Diputados y de Senadores) por medio de la alianza PRI-PAN, para que se apruebe al vapor esta reforma laboral, como lo hicieron antes para modificar la ley del IMSS y la del ISSSTE”, sostuvo el líder de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez.

En conferencia de prensa, Lozano dijo estar convencido de que tendremos éxito y de que 2010 será, entre otras celebraciones muy dignas para todos los mexicanos, el año de la reforma laboral.

Respecto al nivel de empleos, apuntó que en los indicadores de octubre ya se descontaron los más de 44 mil puestos perdidos por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Añadió que si se toma en cuenta la previsión del Banco de México de que en 2009 iban a desaparecer más de 700 mil puestos, el saldo es positivo, aunque si se considera que se requieren cada año 800 mil plazas nuevas –según la meta del Plan Nacional de Desarrollo–, el registro gubernamental está muy abajo: 250 mil empleos en cinco meses y medio.

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Congruente
Helguera

El gobierno pretende eliminar al sindicato para hacer negocios millonarios, asegura

La anulación del proceso electoral no afecta mi liderazgo en el SME: Esparza

Los estatutos señalan que si hay comicios pendientes, los dirigentes permanecen en los cargos

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 3 de diciembre de 2009, p. 5

La determinación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de declarar nulo el pasado proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no modifica la dirigencia de esta organización, porque los estatutos prevén que, en caso de que haya una elección pendiente, se mantienen en su cargo quienes posean las carteras o dirigencias en disputa hasta que se reponga el proceso, señaló ayer Martín Esparza Flores.

El líder del SME aseguró que el anuncio hecho ayer por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, de que la JFCA consideró nulas las pasadas elecciones en el sindicato no afecta la representatividad del gremio ni la lucha legal que libra contra el decreto presidencial por el que se declaró la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En el proceso electoral anulado Esparza contendió contra Alejandro Muñoz por la secretaría general del SME, lo que generó una fuerte disputa entre dos corrientes sindicales. Al término de los comicios, la planilla encabezada por Esparza ganó por diferencia de 352 votos, y su contrincante impugnó el proceso.

Esparza explicó que incluso con la decisión de la JFCA que se dio a conocer ayer, él sigue siendo secretario general del SME, ya que así lo señalan los estatutos, hasta que se reponga el proceso.

Dijo que así está previsto, precisamente para evitar que en caso de que existan elecciones pendientes no haya vacíos de representatividad en el sindicato.

La mañana de este miércoles el dirigente visitó a las mujeres del SME que están en huelga de hambre desde hace 10 días, en un campamento instalado afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en Paseo de la Reforma e Insurgentes. Después acudió a una reunión con líderes sindicales de la AFL-CIO y del Congreso Laboral Canadiense que se encuentran en México.

En entrevista, Esparza indicó que desde hace más de un mes la Secretaría del Trabajo se negó a entregar la toma de nota a su dirigencia sin motivo alguno, por lo cual no les toma por sorpresa la resolución de la JFCA: Ya tenían preparado el plan liquidador de LFC y pusieron pretextos para no reconocer a la dirigencia del SME. Ahora no encuentran cómo acabar con el sindicato y se amparan en resoluciones legaloides que nadie les cree.

Sostuvo que lo que hay en el fondo es que el SME les estorba para poner en marcha negocios millonarios con la fibra óptica, la generación privada de electricidad y la adjudicación directa a empresas particulares de contratos de servicio para la CFE.

Aseveró que con estas resoluciones el gobierno federal quiere acabar con el liderazgo del gremio, pero no lo ha conseguido, como tampoco logrará acabar con el sindicato. A pesar de que se adelantaron las actas de defunción, el SME sigue vivo, agregó, porque suman miles los trabajadores que no se han liquidado y también sigue vivo el contrato colectivo.

Indicó que van por la figura de patrón sustituto: tenemos la representatividad de los trabajadores que el gobierno federal dejó en el desamparo y contra los que ha pagado cantidades millonarias en una campaña criminal.

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Compañero Víctor Jara: El pueblo te despide












01 de Diciembre de 2009
Han tenido que pasar más de 36 años, para que el pueblo de Chile pueda despedir como se merece a Víctor Jara.

Asesinado por la dictadura militar en septiembre de 1973, y enterrado en la más absoluta reserva, esta semana, luego de ser exhumados para practicarle las pericias necesarias a fin de establecer la condiciones de su muerte, sus restos serán traslados a la sede de la Fundación que lleva su nombre para ser velados.

A fin de que todos aquellos que lo deseen, puedan concurrir a presentar sus respetos y homenaje a este cantor del pueblo, que entregó su vida por la causa de los más desposeídos, las puertas de la Fundación Víctor Jara (ubicada en las inmediaciones de la Plaza Brasil, en Santiago) se mantendrán abiertas desde el mediodía del jueves 3 de este mes, hasta la mañana del sábado 5. Día en el que se espera que una multitudinaria marcha (que parte a las 10:00 hrs.) acompañe los restos de Víctor hasta su ubicación definitiva en el Cementerio General.

Invitamos a todos los amigos a concurrir a esta actividad, y así hacer sentir que pese a los esfuerzos de la dictadura por acallar su canto, éste se encuentra hoy tan vigente como ayer. Porque Víctor siempre vivirá en el corazón del pueblo, y de todos aquellos que creemos en la construcción de una sociedad mejor, más libre, igualitaria y justa.

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5 mil personas de Hidalgo se quedan sin luz por negligencia de la CFE, informó Montiel



AMÉRICA FARÍAS OCAMPO

Unos 5 mil habitantes de la región de Ahuazotepec, Huauchinango y San Lorenzo Sayula, en Hidalgo, se mantienen sin servicio de luz desde el martes por la noche debido a que explotó un transformador en la subestación de El Carmen –CM23–, ubicada en la localidad de Beristáin, en la Sierra Norte de Puebla, según informó Miguel Ángel Montiel, subsecretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien acusó que ese apagón se debe a que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se hace cargo de las instalaciones de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, no sabe operarlas.

El apagón se registró a las 22 horas, y por este suceso, aparte de la localidad de Beristáin, comunidades indígenas como Aptlazolco, Xaltepex, Tlamaya, Izhuacatlan, Ahuacatlan, Papatlaltla y La Cima, que dependen de la subestación CM23, también se quedaron sin energía eléctrica.

Montiel narró que el incidente causó enojo entre los habitantes de Beristáin, quienes acudieron a la subestación, que está resguardada por elementos de la Policía Federal Preventiva, para protestar y exigir la reactivación inmediata del servicio de luz.

Indicó que los integrantes del SME acudieron a la subestación para calmar la furia de la gente y así evitar un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal.

El dirigente informó que los trabajadores de la CFE no se han movilizado para reparar el transformador, y que esta situación mantiene a los habitantes de las comunidades afectadas alterados porque desde hace unas semanas han ocurrido apagones de hasta tres horas permanentemente y esto ha ocasionado que los alimentos que guardan en el refrigerador se echen a perder.

Advirtió que existe el riesgo de que la red eléctrica en esta zona termine por colapsarse ante la falta de capacitación y experiencia de los empleados de CFE que ahora la operan.

Montiel afirmó que el gobierno federal será el único responsable de los daños que ocurran en la región, pues lamentó que sus centros de trabajo ahora estén convertidos en bases policiales.

En otro punto, informó que un grupo de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro del estado se sumará a las movilizaciones que hará el Sindicato Mexicano de Electricistas en la ciudad de México para exigir al gobierno federal que se establezca un patrón sustituto, pues la materia de trabajo aún existe y no pueden darse por terminadas las relaciones laborales.

Reiteró que se mantendrán las movilizaciones en el estado para exigir la cancelación al decreto de la extinción de la paraestatal.

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Organizaciones campesinas refrendarán este viernes su apoyo a los electricistas

Tribunal da trámite a solicitud del SAE para revocar suspensión otorgada al SME

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Dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas y una comisión de líderes gremiales de Estados Unidos y Canadá, en conferencia de prensa. Asistieron, entre otros, Stanley Gacek, Benjamin Davis, Fernando Amezcua y Hassan
Yussuff Foto María Meléndrez Parada


Alfredo Méndez y Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Jueves 3 de diciembre de 2009, p. 6

Un tribunal federal en materia del trabajo admitió a trámite la solicitud del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda para que se revoque la suspensión definitiva que una juez federal otorgó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la cual impide que se concrete la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Los tres magistrados del tribunal colegiado de circuito con sede en la ciudad de México admitieron la solicitud del gobierno federal y pospusieron para la próxima semana el fallo sobre la ratificación de la protección jurisdiccional otorgada al SME.

Agricultores refrendan su apoyo a los electricistas

Agrupaciones campesinas nacionales y regionales que participarán este viernes en la toma simbólica de la ciudad de México, instaron al gobierno federal a que cese la provocación policiaca contra el movimiento pacífico del SME y retire a la Policía Federal de las instalaciones de LFC.

El frente de productores del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas anunció que una delegación de 16 agrupaciones visitará el campamento de mujeres del SME en huelga de hambre para expresar su solidaridad y ofrecer alimentos y ayuda económica al movimiento que mantienen por la restitución de sus derechos y su fuente laboral.

El mismo día en 16 estados se realizarán manifestaciones frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, precisó la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.

Esta organización consideró importante participar, porque la industria eléctrica es pilar de la soberanía y el desarrollo nacional y apoyar al SME es defender el patrimonio nacional y oponerse a la privatización de este sector.

La dirigencia de la Central Campesina Cardenista se pronunció porque el SME se siga conduciendo de manera pacífica y evite en todo momento, a pesar de las provocaciones, cualquier confrontación, venga de donde venga.

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Rompió acuerdo incluido en el TLCAN y otros convenios, señalan

Sindicatos de Canadá y EU acusan al gobierno de violar leyes al cerrar LFC

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 3 de diciembre de 2009, p. 7

El gobierno mexicano rompió con el acuerdo laboral del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) al despedir de manera ilegal a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC); asimismo, violenta convenios firmados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron líderes sindicales de la Confederación Laboral Canadiense y de la central obrera estadunidense AFL-CIO.

Los dirigentes –que se encuentran en México para conocer de cerca la problemática que viven los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– apuntaron que el gobierno del presidente Felipe Calderón no sólo violó leyes internas al determinar unilateralmente la extinción de LFC, sino también acuerdos internacionales.

Anunciaron que informarán de lo anterior a sus embajadas y gobiernos; asimismo, iniciarán acciones de denuncia en Estados Unidos y Canadá y darán apoyo económico al SME

Stanley A. Gacek, director de asuntos internacionales de la AFL- CIO –que tiene más de 11 millones de afiliados–, y Hassan Yussuff, secretario tesorero de la Confederación Laboral Canadiense –que representa a 3 millones de trabajadores–, manifestaron que es evidente el cúmulo de violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores del SME, ya que esta administración perpetró una acción que viola todos los principios de justicia y rompe con el estado de derecho en este país

Demandaron que el gobierno mexicano rectifique y busque una salida negociada a este conflicto. Sostuvieron que el apoyo al SME ya comenzó, pues firmaron conjuntamente con éste las quejas presentadas ante la OIT, además de que le darán respaldo legal a escala internacional.

La delegación también está integrada por la directora asociada del departamento internacional de la AFL-CIO, Sheila Katz; el vicepresidente administrativo de Ontario del Sindicato de Comunicaciones y Energía de Canadá, Barb Dolan, y la asesora jurídica del sindicato de trabajadores del acero (United Steelworkers) de Estados Unidos, Paula Turtle, entre otros.

En conferencia de prensa realizada en la sede del SME, los representantes sindicales informaron que también se reunirían ayer con autoridades de la Secretaría del Trabajo y legisladores, para conocer sus puntos de vista.

Gacek apuntó que la forma en que fueron despedidos los electricistas es un caso grave a escala internacional que debe ser denunciado, pues es una clara acción represiva a un sindicato que se ha caracterizado por ser democrático y militante.

A su vez, Hassan Yussuff apuntó que en su país existe la percepción de que en México no se respetan las leyes. Prueba contundente de lo anterior es el caso del SME, abundó, ya que el gobierno de Calderón nunca dio a los electricistas oportunidad de defenderse, sólo los acusó y condenó el desempleo.

Las acciones tomadas por este gobierno, en los hechos significan una violación absoluta al acuerdo laboral firmado por los tres países en el TLCAN, dijo en la sesión, en la que también estuvieron el asesor jurídico de los Steelworkers, Dan Kovalik, y Shelly Gordon, del sindicato canadiense de empleados públicos.

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El pueblo de Juanito
Fisgón


Astillero

Narcoelecciones

Sufragio en efectivo

Escupir al cielo

Patriotas de nómina

Julio Hernández López

La narcopolítica es una realidad en México. A la ampliamente sabida debilidad institucional ha correspondido supletoriamente el poder económico y social de los cárteles, que no buscan cambios ni promueven planes más allá de su necesidad mercantil de contar con protección y movilidad suficientes para sus tareas sustancialmente relacionadas con la exportación.

El priísmo mantuvo una convivencia discreta pero eficaz con capos y organizaciones criminales, procurando una delimitación tajante de campos de acción: los políticos casi nunca manejaban directamente los negocios de la droga ni los jefes de estos bandos se metían abiertamente en asuntos políticos; aquéllos daban impunidad y viabilidad y éstos daban fondos para campañas y para cuentas personales de los funcionarios. Fox desplegó una política de entendimiento tramposo: muy al principio sobrellevó ciertas relaciones de conveniencia mínima con la mayoría de los grupos del narcotráfico pero luego se cargó en la ayuda al tradicional capo favorito de cada sexenio, que en este caso fue El Chapo Guzmán, liberado a principios del régimen del cambio para que se convirtiera en el jefe institucional de ese negocio consentido. Tal desequilibrio extremo abrió las puertas de la confrontación creciente, cruenta, pues de manera insólita el aparato foxista de conducción del gran negocio se convirtió en perseguidor de los contrincantes comerciales de El Chapo, mediante funcionarios de alto nivel que tomaron abierto partido por uno de los bandos, generando las reacciones desesperadas y exacerbadas de los desfavorecidos.

Calderón tomó el tema de las drogas como pretexto para militarizar el país y para establecer nuevos términos comerciales. Pero, en su andar fallido, el felipismo ha debido ceder terreno político a muchos factores reales de poder, entre ellos los gobernadores, principalmente los priístas, y éstos han hecho pactos regionales de entendimiento que pasaron espectacularmente por la aportación de fondos para el financiamiento de las apabullantes campañas electorales que desembocaron en julio pasado con el sorprendente triunfo del PRI en gubernaturas y en San Lázaro (Sufragio en efectivo, como preámbulo de la Sí relección).

Sin embargo, el tema de esa infiltración criminal fue abordado ayer en un congreso internacional por Leonardo Valdés Zurita y Felipe Calderón (consejero presidente del IFE, el primero; consejero de Los Pinos, el segundo), dúo dinámico que alertó sobre los riesgos de que suceda lo que, se dice en esta columna, ya ha sucedido. Los párrafos de alerta arrojaron luces hacia el futuro, sin conceder que la fuerza económica y social del narco es, ya, un ingrediente de definiciones políticas y de operación cotidiana, instalado en diferentes nichos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, no sólo en los ámbitos visibles de lo policiaco y lo judicial.

Ese factor sombrío ha sido poco analizado en función de los difíciles comicios de 2012. Contra las previsiones que suponían que las regiones dominadas por el narcotráfico sufrirían obstrucciones en el proceso electoral de 2009, los incidentes fueron prácticamente inexistentes, como si los propios cárteles estuvieran de acuerdo en el flujo natural de esos comicios que finalmente ganó el PRI. Pero, hacia 2012, esa fuerza paramilitar sin control podría decidir vetos, cotos, amenazas e incluso acciones directas en función de intereses, pactos y órdenes. A la mafia que suele denunciar el lopezobradorismo habría de sumarse el riesgo de que mafiosos explícitos, no vergonzantes, pretendan frenar, desviar o definir el curso electoral venidero. Para impedir esa distorsión extrema no hay instancias eficaces ni voluntad real: la narcopolítica es una realidad palpitante y sus efectos pueden causar secuestros y destazamientos políticos y electorales sobre pedido.

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COMUNICACIÓN SOCIAL. El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en conferencia de prensa ayer en el auditorio de la dependenciaFoto Cristina Rodríguez

Astillas

No está la cúpula vaticana en las mejores circunstancias para lanzar anatemas en materia de conductas sexuales. Personajes de todos los niveles de la estructura clerical (algunos tan relevantes como el fundador y jefe de los Legionarios de Cristo, ya difunto) han sido acusados de pederastia, homosexualidad y otros comportamientos polémicos. La misma crema cardenalicia mexicana a la que pertenece Javier Lozano Barragán ha estado involucrada en acusaciones judiciales por presunta protección a pederastas, como en el caso del primado Norberto Rivera. Pero, aun así, el homónimo del secretario federal del Trabajo ha creído oportuno advertir que los homosexuales no entrarán al cielo, cerrando declarativamente esas puertas no sólo a una comunidad cada vez más visible y menos perseguida sino, irónicamente, a una franja importante de oficiantes del catolicismo que pretenden ayudar a los mortales a encaminarse a aquellos terrenos celestes aun cuando practican lo mismo que supuestamente los inhabilitaría para sus tareas de tutela espiritual. Curas necios que acusáis... ¡Caray, mueve a llanto el patriotismo de algunos personajes heroicamente decididos a sacrificarse pooor Mexicoooooo! El secretario de catarritos, Agustín Carstens, dice que con gusto ocuparía el mando del Banco de México si su patrón, Felipe, se lo indicara; el actual ocupante de ese asiento, el transexenal Guillermo Ortiz, que lleva 12 años como gobernador de ese banco central, conmovió ayer a la nación al decir que no le haría el feo a otros seis años de extremo confort presupuestal pues... (contengan las lágrimas y pongan el Himno Nacional, por favor) Nunca le diré que no a México; otro ente mártir, de menor talla pero más estridencia, se aferra también a la posibilidad de servir al pueblo desde la silla delegacional de Iztapalapa. Patriotas no nos faltan... Y, mientras siguen matando y secuestrando a universitarios en Ciudad Juárez, donde el rector ha encabezado protestas públicas por ello, y donde este domingo habrá una marcha plural denominada Una solución para Juárez, ¡hasta mañana, recordando: ni un tostón al Teletón, ni una peseta a la teleta!

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Recibirá Víctor Jara funeral público en Chile

Será un homenaje con música y poesía, a 36 años de su asesinato por la dictadura de Pinochet


Joan Turner, viuda de Víctor Jara, posa junto a una fotografía de su marido en Santiago de Chile. La familia del también director de teatro decidió realizar un homenaje y duelo en el Cementerio General, donde estuvo el cuerpo, el cual fue exhumado en junio para realizar análisis científicos sobre las causas de su muerte

Santiago, 2 de diciembre. Treinta y seis años después de su asesinato, el dramaturgo y cantautor chileno Víctor Jara será simbólicamente velado a la usanza criolla en la fundación que lleva su nombre, ubicada en la Plaza Brasil de esta capital, para luego ser llevado, nuevamente, al Cementerio General, en donde sus restos fueron exhumados.

Según dispusieron sus deudos, un poncho de color rojo con ribetes negros cubrirá el féretro en el que a partir de este jueves se depositarán los restos del artista, detenido horas después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y llevado al estadio Chile –que ahora lleva su nombre–, habilitado entonces como centro de detención por la dictadura de Augusto Pinochet. Allí fue torturado durante cinco días y luego asesinado.

Jara, uno de los creadores más importantes de la música popular chilena del siglo XX, será sepultado el próximo sábado. La familia decidió realizar un funeral público y masivo en el Cementerio General, de donde el cuerpo fue extraido el 4 de junio pasado, para practicarle un estudio que comprobó la verosimilitud de lo que se había dicho acerca de su asesinato.

Su cadáver fue exhumado por peritos del Servicio Médico Legal (SML), quienes enviaron muestras de ADN tomadas también a familiares del músico al Instituto Genético de Innsbruck. La institución austriaca confirmó que los restos son en efecto del también director teatral, y añadió que la causa de su muerte fueron múltiples heridas de bala en cabeza, tórax, abdomen, piernas y brazos. Los resultados del estudio fueron entregados a los medios de comunicación por el director del SML, Patricio Bustos, y al juez Juan Fuentes, quien investiga el asesinato de Víctor Jara.

La familia recordó que en 1973 fue sepultado el músico días después de que se halló su cuerpo torturado y acribillado en las cercanías del Cementerio Metropolitano, donde lo abandonaron sus verdugos.

Entonces, su viuda, Joan Turner, junto con otras dos personas, bajo vigilancia militar y policiaca, inhumó el cuerpo en un nicho del Cementerio General.

Ahora todo será distinto y el funeral será a la usanza criolla, como el cantante lo hacía junto con su madre, Amanda Martínez, a quien acompañaba a cantar en velorios. La idea es que sea un gran acto artístico, en el que habrá canto, música, danza y poesía, para marcar el último adiós a los restos de Jara.

La fundación que lleva su nombre organizó tres días de ceremonia ininterrumpida, la que tendrá lugar en el Galpón Víctor Jara, ubicado frente a la céntrica Plaza Brasil, al poniente de esta ciudad.

Acondicionaremos el lugar para que todos los artistas y las personas que deseen participar en este funeral lo puedan hacer dejando una flor, acompañándolo o rindiéndole un tributo, porque Víctor pertenece al pueblo, a todos aquellos que han seguido y admirado su obra, explicó Gloria Köning, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara.

La también actriz dijo que esta decisión se tomó luego de acoger la propuesta de organizaciones que pensaban que debía hacerse un funeral público al músico, quien apoyó decididamente al gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende.

La nueva inhumación se rea- lizará el sábado 5 de diciembre a las 10 de la mañana, tras el recorrido de la caravana fúnebre desde el lugar del velorio hasta el Cementerio General.

Su viuda y sus hijas, Amanda y Manuela, aún no deciden si los restos volverán al nicho en el cual estaban o serán depositados en otro lugar del mismo panteón.

En el ámbito judicial, el abogado Hernán Montealegre anunció que pedirá en los próximos días que se sobresea el caso de su cliente, el ex conscripto José Paredes, único procesado en la causa, quien participó en el asesinato de Jara, porque a juicio del litigante, al acreditarse que el cantante murió por impactos de bala de diversos calibres, se descarta que sólo el arma de Paredes fuera la causante de la muerte, tesis muy discutible, según los expertos.

Al menos tres subtenientes y varios conscriptos tomaron parte en el asesinato del autor de Te recuerdo Amanda. El juez Juan Fuentes, quien instruye la indagatoria por el homicidio, comentó que los informes periciales entregados por el SML dejan al ex conscripto Paredes en la situación anterior. Tengo que estudiar los antecedentes y luego voy a resolver qué pasa con él, afirmó el magistrado.

Uno de los asesinos fue un individuo apodado El Príncipe, quien no ha sido identificado por el tribunal.

Pero para los grupos de derechos humanos, como la Comisión Funa, la identidad del oficial no es un misterio. Se trata, según la organización no gubernamental, del ex teniente de ejército Edwin Dimter Bianchi, quien ahora se desempeña como funcionario de la superintendencia de las Asociaciones de Fondos de Pensiones.

Incluso hubo ya una protesta frente al edificio del Ministerio del Trabajo, sede de esa superintendencia. Un grupo de 15 personas, incluyendo a la hija del artista, Amanda Jara, se dirigió al piso 14 para encarar al ex militar, quien comenzó a gritar pidiendo auxilio e intentó agredir a los manifestantes, los que sólo entregaron carteles y volantes a los compañeros de trabajo de Dimter Bianchi, con el objeto de dar a conocer sus antecedentes.

Dimter Bianchi, con grado de subteniente, formó parte de los militares sublevados en el llamado tanquetazo del 29 de junio de 1973, primer intento de golpe de Estado contra del gobierno de la Unidad Popular, durante el cual resultaron muertas 20 personas, entre ellas el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, quien filmó al soldado que le disparó antes de caer sin vida.

Dimter Bianchi fue detenido en aquella ocasión junto con el teniente coronel Roberto Souper y el teniente Raúl Jofré.

Los tres fueron liberados en el transcurso del golpe militar del 11 de septiembre y enviados a custodiar prisioneros al estadio Chile. Allí, El Príncipe vejó a detenidos, entre ellos Víctor Jara, quien –según testigos– fue requerido personalmente por Dimter Bianchi para ser torturado, luego de lo cual se vio al cantautor agonizante en un pasillo del estadio; más tarde fue asesinado de 48 disparos.

Hasta ahora, El Príncipe ha evadido a la justicia.

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