Usuarios de Facebook en Puebla llevarán a cabo acto por la renuncia de Calderón
Usuarios de Facebook de Puebla llaman al evento que llevarán a cabo el sábado 16 de enero en Zócalo de Puebla capital a las 12 del medio día pidiendo la renuncia de Felipe Calderón.
“¡PRIMER ENCUENTRO DEL MILLÓN EN PUEBLA!” Dice un gráfico con el que promocionan el evento y que se distribuye por email.
Las actividades que se anuncian están: “Elaboración de Enanomantas, Filiación al grupo de Facebook, Firma del “Muro de papel”, Música y mensajes públicos. ¡PARTICIPA E INVITA A TUS AMIGOS!”
El 22 de diciembre pasado fue creado en Facebook un grupo que busca reunir un millón de firmas para exigir la renuncia de Felipe Calderón. Hasta el momento, el grupo tiene más de 186 mil seguidores y crece a un ritmo promedio de 10 mil seguidores diarios.
El grupo de Facebook se encuentra en la dirección http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=215247936591
LA ROLA DE RAUL MARTELL: YO SOY PARTE DEL MILLON
LA CAMPAÑA DEL MILLON PORQUE SE LARGE EL PELELE SIGUE VIENTO EN POPA:
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Deja sin estudio ni trabajo a millones de jóvenes, lo que ha traído inseguridad y violencia
De gira por Michoacán, el tabasqueño llama a seguir la lucha pacífica, pese al desencanto por la crisis
Sábado 16 de enero de 2010, p. 9
Cherán, Mich., 15 de enero. Desde hace 20 años, el manejo de la política educativa ha sido criminal porque ha dejado sin posibilidad de estudio ni trabajo a millones de jóvenes mexicanos, señaló Andrés Manuel López Obrador al continuar su gira de trabajo con los comités municipales del gobierno legítimo
, en Cherán y Zamora.
El ex candidato presidencial apuntó en entrevista que la enseñanza pública se abandonó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo el nivel medio superior, y esa es una de las causas de la descomposición social, la inseguridad y la violencia
.
No se han destinado los recursos suficientes a la educación media y superior, ya que con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, se rechaza a 350 mil jóvenes que quieren ingresar a las instituciones públicas. Lo cierto es que no hay espacio, porque las universidades públicas no tienen presupuesto
, comentó.
Asimismo, señaló que las declaraciones de Miguel Székely Pardo, ex subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, sobre un estancamiento de 20 años en este rubro, “no son ninguna mentira, aunque lo dijo porque fue removido del cargo.
Acertada, afirmación de Székely
Sus declaraciones son acertadas, ya que sólo 46 por ciento de los jóvenes mexicanos tienen oportunidad de estudiar hasta bachillerato, y sólo 20 de cada 100 tienen acceso a las universidades públicas
, precisó el ex jefe de gobierno del Distrito Federal.
Aseveró que Székely Pardo pertenece al mismo grupo que detenta el poder en México, y ya está hablando, pero es cierto lo que dice
.
En un día lluvioso y frío, López Obrador arribó temprano a la comunidad purépecha de Cherán, donde se reunió con unos 400 integrantes de los comités municipales de esa localidad y de Paracho, Nahuatzen, Charapan y Zacán, entre otras.
En el salón comunal, el tabasqueño exhortó a sus seguidores a continuar en la lucha por el cambio democrático y a no dejar que se apague la llama de la esperanza; dijo que es comprensible que haya tristeza y desencanto por la crisis económica, pero eso mismo los debe motivar a organizarse para lograr la transformación del poder público del país.
Comentó lo difícil
de la situación para Cherán, que ha sido un municipio exportador de mano de obra a Estados Unidos, y que ahora los migrantes no sólo han reducido el envío de remesas –como en todo el país– en casi 20 por ciento, sino también están retornando a sus lugares de origen casi sin ninguna ganancia, ante el desempleo del vecino país del norte.
En comparación con 2008 –dijo–, el año pasado se dejaron de recibir 3 mil 500 millones de pesos por remesas en todo México, y lejos de tomar las medidas apropiadas, el gobierno federal optó por la vía del aumento de impuestos.
Después de las 13 horas, el presidente legítimo
llegó a Zamora, donde lo esperaban más de 200 personas de los municipios de la Ciénega de Chapala, a quienes habló de los potentados
del poder económico que no pagan impuestos y de ese grupo privilegiado que ha asimilado a los líderes políticos del PAN y del PRI para seguir sacando provecho de las riquezas nacionales, sin importarles el costo social.
En esa región, considerada el bastión del PAN, López Obrador los exhortó a no dejar de luchar, porque el cambio pacífico es posible, no importa el tiempo que lleve, pero tarde o temprano tiene que darse esa cuarta transformación del país, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana
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Reforma laboral para cancelar la libertad sindical
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados requisitos de procedibilidad
prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
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