sábado, 26 de abril de 2008

INFORMACION EN TORNO A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIA DE AYER:

■ Coordinadoras de las brigadas de resistencia consideran un éxito el cerco al Senado

Siguiente paso, ganar el debate e impedir la entrega de Pemex: AMLO y el FAP

■ Buscará el frente que expertos demuestren que las iniciativas oficiales son privatizadoras

Enrique Méndez

Ampliar la imagen Diputados del FAP retiran las cadenas del acceso al salón de plenos de San Lázaro, ayer Diputados del FAP retiran las cadenas del acceso al salón de plenos de San Lázaro, ayer Foto: Francisco Olvera

Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP), tras decidir aceptar el debate y levantar la toma de las tribunas del Congreso, acordaron que la resistencia civil pacífica entrará a otra etapa de lucha, que se anunciará el domingo, en el sentido de ganar la discusión en los foros organizados por el Senado hasta impedir la privatización de la industria petrolera.

En un desayuno en un hotel de avenida Cuauhtémoc definieron que se alcanzaron los tres objetivos principales de la movilización: evitar el madruguete legislativo, lograr un debate nacional verdadero, y “alertar a la sociedad del atraco que PAN y PRI pretendían cometer a sus espaldas”.

Después de que se levantó la toma de las tribunas, el senador Dante Delgado se reunió con López Obrador, a quien –refirió– “le dio mucho gusto” que se aprobara el formato y contenido del debate propuesto por el FAP. Él ha visto que se trata de un paso adelante y esta reunión fue para mantenerlo adecuadamente informado”.

Temprano, antes de que se aprobara el debate en el Senado, el “presidente legítimo” se reunió con los seis coordinadores del FAP, allí se ratificó el interés de PRD, PT y Convergencia en participar en el debate nacional, y se resaltó que priístas y panistas, que aseguran que los legisladores del FAP consultan sus decisiones con López Obrador, siguen “practicando doble moral”.

El coordinador de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez, explicó que los legisladores del PAN no toman decisiones sin que éstas sean avaladas por el dirigente de su partido, Germán Martínez, y el presidente Felipe Calderón, mientras los del PRI lo hacen “con sus propios factores de poder, como los gobernadores, la presidenta Beatriz Paredes y otros liderazgos”.

Refirió que se afinan los detalles de la marcha de este domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo, y se convino en que, como parte de los discursos, hable un senador y un diputado de los que participaron en la toma de las tribunas. Por los senadores, dijo, lo hará la tabasqueña Rosalinda López”.

Respecto de la siguiente etapa de la resistencia, refirió que aun cuando los detalles se presentarán mañana, el objetivo es que participen especialistas con un perfil y calidad ténica, científica y política, para ganar el debate y demostrar que las iniciativas de Calderón tienen un objetivo privatizador.

Posteriormente, López Obrador recibió en sus oficinas a las coordinadoras de las brigadas en defensa del petróleo. Mientras esto ocurría, a las oficinas del “gobierno legítimo” en la colonia Roma se presentó la patrulla P2421, cuyos oficiales aseguraron que su central les ordenó una acción de “presencia inmediata”, cuando en realidad no ocurrió nada. Antes de la una de la tarde se retiraron.

Más tarde, la coordinadora general de las brigadas, Claudia Sheinbaum, y la actriz Jesusa Rodríguez evaluaron que el cerco al Senado fue muy positivo porque contribuyó, junto con la toma de las tribunas, a detener la aprobación fast track del paquete de reformas de Calderón.

Sin triunfalismos

Jesusa Rodríguez acotó, sin embargo, que “la gente tiene muy claro que no debe haber ningún triunfalismo hasta que se eche atrás la reforma. Por ahora estamos muy felices de que se detuvo el atraco”, aseguró. Resaltó que se luchará hasta el final, y la acción debe llevarse a cabo en este momento para no reditar las malas experiencias de países como Chile y Argentina, que abrieron su patrimonio y hoy están en crisis.

Por su parte, Sheinbaum refirió que también se decidieron los detalles para la movilización del domingo, y señaló que las mujeres brigadistas están muy contentas porque su participación no sólo ha estado presente en el cerco al Senado, sino que ha aumentado a más de 20 brigadas “y la gente está muy orgullosa de las acciones”. Lamentó que Televisa no haya respondido, como prometió la semana pasada, a la solicitud para que algunas participen en los noticiarios de la empresa, para opinar en torno a las iniciativas del Ejecutivo.

Tras su encuentro con López Obrador, el senador Dante Delgado aseguró que en el debate “se acreditará que la iniciativa de reforma energética es privatizadora, y no lo vamos a decir nosotros, sino los especialistas”. Resaltó que durante los 15 días que las tribunas estuvieron ocupadas por los legisladores del FAP, no se impidió que las cámaras sesionaran, aun cuando PAN y PRI aprobaron dictámenes sin discusión “y eso es lo que queremos evitar en el caso del petróleo, un albazo legislativo”. Posteriormente, el ex candidato presidencial se reunió con intelectuales, convocados por la escritora Laura Esquivel.


Arturo Alcalde Justiniani

1º de mayo, en defensa del petróleo y el trabajo

Muchos son los motivos de protesta que movilizarán a los trabajadores y trabajadoras este primero de mayo, y sin duda el más sentido y urgente es el rechazo a la reforma energética. A medida que pasan los días y se brinda más información, la propaganda oficial tiende a desvanecerse, develando el trasfondo de esta atrabancada reforma de la que depende en buena medida la economía de nuestro país y, en consecuencia, nuestra suerte personal y familiar. Los trabajadores conocen muy bien la historia de las privatizaciones, las han vivido en carne propia; gracias a ellas millares han perdido el empleo o han visto sus condiciones de trabajo degradadas. Los ejemplos sobran: los bancarios han sufrido una permanente precarización de su vida laboral; más personal de confianza, menos salarios y mayores jornadas, férreo control gremial, son los signos de la política laboral de la banca extranjera que hoy controla el sector. Los ferrocarrileros, casi en extinción, perdieron mayoritariamente sus plazas de trabajo, lo único que conservaron fue al líder sindical; por los mismos motivos, los azucareros no han visto su suerte.

Hace tan sólo 10 años, se anunció con bombo y platillo que el sistema de cuentas individuales y Afores mejoraría los servicios médicos y las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); hoy se confirma que tenían razón quienes advirtieron que las pensiones irían a la baja, que las verdaderas beneficiadas serían las aseguradoras privadas, las cuales sin ningún esfuerzo y tan sólo trasladando recursos, han obtenido ganancias gigantescas a cuenta de las pobres pensiones de los trabajadores. La cadena de historias es inagotable: se puede hablar de carreteras, medios de comunicación o servicios públicos, el hecho es que casi en automático se vincula la idea de privatización con despojo, con funcionarios enriquecidos, con líderes sindicales que trafican con el cambio de estatus. Por este motivo, los trabajadores reclaman una discusión pública y fundada sobre la reforma. Por ello, crece la propuesta en favor de un referéndum.

Un segundo reclamo que estará presente en numerosos contingentes es la protesta contra la Ley del ISSSTE; el número sin precedentes de trabajadores que han acudido a la vía del amparo para combatirla es muestra clara de su rechazo. Aparte del tema de los nuevos requisitos y del sinnúmero de lagunas legales que generan angustia a los trabajadores, resulta absurdo que al final de la vida laboral, tanto los trabajadores de nuevo ingreso como aquellos que ingenuamente opten por los fantasiosos bonos terminen con un papelito en las manos negociando su pensión con una aseguradora extranjera. ¿Por qué no se creó un organismo público autónomo y transparente que administrara y pagara las pensiones, como en otros países del mundo? ¿Por qué regalar ganancias gigantescas al sector privado a cuenta de los trabajadores? ¿Por qué el clima de terror, desinformación y manipulación que instrumenta el ISSSTE para forzar a los trabajadores a que opten por los bonos fantasiosos? ¿Por qué no hablar con la verdad?

Un tercer motivo de reclamo está fundado en la política salarial que ha promovido el gobierno a costa de la calidad de vida de los trabajadores. El último incremento a los salarios mínimos, del orden de 4 por ciento, reflejado también en las negociaciones contractuales y en los topes salariales, es una ofensa cotidiana que sufren quienes viven de su trabajo, al confirmar que los datos de inflación baja son puro cuento frente a la realidad de los precios y nuevos impuestos. Este coraje aumenta cuando el salario alcanza menos y contrasta cada vez más con el que perciben los funcionarios públicos. ¿Cómo se puede vivir con 3 o 4 mil pesos al mes, ya no digamos con el salario mínimo? En otros países, los gobiernos han logrado progresos en esta materia, mientras el nuestro sólo parece preocupado por preservar a toda costa el tope salarial.

La reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social agrega un elemento de crispación, sobre todo porque ha sido fruto de un método excluyente, sin transparencia alguna y con interlocutores escogidos a modo por el gobierno. Atendiendo al texto recientemente conocido de la llamada reforma Lozano, todo indica que fueron esencialmente abogados empresariales del corte más conservador y atrasado quienes la elaboraron; se sirvieron con la cuchara grande, al suprimir los reducidos espacios existentes en materia de libertad sindical, contratación colectiva y huelga. Esta propuesta de reforma impone requisitos imposibles de cumplir en la práctica para el ejercicio de derechos colectivos, violando la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en especial el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los diferentes contingentes incluirán sus propios reclamos, las arbitrariedades cotidianas de las juntas de Conciliación y Arbitraje, los injustos cierres, las contrataciones irregulares, y una exigencia creciente, no sólo al gobierno federal, sino también a los estatales y del Distrito Federal, para que instrumenten una política laboral activa y comprometida con los trabajadores, especialmente en las ramas industriales y de servicios más depauperadas.

Los agravios son muchos, pero si no se afrontan de manera unitaria y propositiva serán cada día más severos. Por esta razón, urge una nueva ola de imaginación y fraternidad para impedir que los intereses de la gente, en su mayoría trabajadores, se sigan colocando por los gobiernos en el último lugar de sus prioridades. Marchemos juntos para empezar a cambiar el rumbo.

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