REPORTE DE ACTIVIDADES DE NUESTRO LEGITIMO PRESIDENTE:
La ex comisionada se deslinda del guanajuatense: fui honesta, miro de frente, no robé
Escucha Xóchitl Gálvez 40 minutos de críticas de AMLO a Fox en Hidalgo
Censura el tabasqueño las fracasadas políticas neoliberales y la ambición privatizadora del PAN
Cardonal, Hgo., 9 de febrero. Dos pasos atrás del “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez, la comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas en el sexenio pasado, escuchó por más de 40 minutos la condena que el tabasqueño hacía de aquellos políticos a quienes, una vez en el cargo, “les crecen las uñas y se quedan con el presupuesto público”; o de cómo ex presidentes “como el traidor a la democracia, la chachalaca ladrona de Vicente Fox”, reciben pensiones que rebasan significativamente el presupuesto anual de comunidades sumidas en la pobreza y del atraso que a su paso han dejado las políticas neoliberales promovidas por los gobiernos federales en los últimos 25 años, señalamientos que Gálvez Ruiz se fue tragando uno a uno, a veces sonrojada, otras con el rostro endurecido.
Para sorpresa de muchos, la ex funcionaria del gobierno foxista no sólo estuvo presente, sino que acompañó al tabasqueño en el templete durante en mitin que éste encabezó en la plaza pública de Cardonal. Con los brazos cruzados, siguió el discurso de López Obrador, quien criticó duramente el fracaso de las políticas neoliberales y su incapacidad para frenar la expulsión de mano de obra por la falta de oportunidades de empleo; subrayó la ambición de los gobiernos panistas por privatizar el petróleo y la generación de energía eléctrica, así como por limitar el acceso a la educación pública, por mantener con altos salarios a una creciente burocracia “ineficiente” y por “controlar” los medios de comunicación “para que no se escuche otra voz más que la de los potentados”.
Ante la mirada de Xóchitl Gálvez, López Obrador se refirió a la desigualdad en la distribución del ingreso en México, que da lugar a municipios como el de Nicolás Flores, uno de los más pobres de Hidalgo y del país, y el primero que visitó al iniciar su gira por Hidalgo. Destacó la disparidad que representa el hecho de que a la par que estos municipios abandonados, México esté en el cuarto lugar entre las naciones con más ricos, por encima de Canadá, Italia o Francia.
“Da vergüenza hablar aquí de los salarios que cobran algunos funcionarios públicos en el país, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen un salario de 500 mil pesos mensuales, y que además no sirven para nada, o bueno, sí sirven para algo, para proteger a los mafiosos de la política; cuando haya una mejor distribución del ingreso, vamos a vivir mejor todos, se los aseguro”, enfatizó López Obrador.
Y detrás de él, Xóchitl Gálvez –sin los huipiles ni la sonrisa que acompañó su paso por el gabinete foxista en los eventos públicos y la confianza en el trato con Fox y su esposa, Marta Sahagún, en la sala de estar de la pareja presidencial, donde disfrutó de las deferencias del ex mandatario–, seguía con los brazos cruzados un discurso que conforme avanzaba le iba cambiando el rostro, endureciendo cada vez más sus facciones, algo que trataba de disfrazar mirando ya a los tablones del piso, ya a la plaza llena de perredistas o a los muchos árboles que circundan esta explanada.
Al final de la intervención del tabasqueño, con voz tímida el maestro de ceremonias anunció que Gálvez Ruiz haría uso de la palabra. La ex funcionaria del gobierno foxista dijo entonces, a manera de respuesta respecto de lo que señaló el tabasqueño, que ella era “una ciudadana honesta que mira de frente”. Aseguró que del presupuesto que ejerció no se llevó “ni un peso”, y justificó su presencia en el mismo templete en el que se encontraba López Obrador, señalando que era “una ciudadana sin partido”, que sí fue funcionaria del gobierno foxista “pero no partidista”, al tiempo que reconoció el apoyo de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso durante su gestión.
Mientras López Obrador contenía en una media sonrisa la franca diversión que le producían las palabras de Xóchitl Gálvez –quien dijo que estaba allí “para apoyar a una persona”, al candidato perredista a la cámara de diputados local, José Manuel Zúñiga, “a quien conozco desde hace muchos años como una persona honrada”, y que merece estar en la Cámara–, ella, con voz que alcanzó la firmeza de otros tiempos, dijo a la gente allí reunida que en Hidalgo el enemigo político es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), “un partido de caciques que nos ha sojuzgado”. Refirió que hace unos días declaró que “un político que regala despensas y cobijas en una elección era un pendejo”, y que esto lo vino a comprobar recientemente en Ixmiquilpan, donde los candidatos del PRI realizaban estas prácticas.
Luego, Gálvez dejó el micrófono en manos del maestro de ceremonias y se dirigió a López Obrador, de quien se despidió de mano y con un beso en la mejilla, para luego buscar con la mirada dirigida al suelo algún pretexto que le permitiera bajar del templete lo más rápido posible.
López Obrador continuó su gira de trabajo por Tasquillo, Alfajayucan e Ixmiquilpan, entre otros municipios, donde llamó a los hidalguenses a votar libremente en las próximas elecciones para renovar el Congreso local. Les advirtió que priístas y panistas recurrirán a las viejas prácticas de intentar “comprar el voto y la conciencia” con despensas y cobijas y les recomendó que las tomaran “porque es de ustedes, provienen de sus impuestos, no de la bolsa de los candidatos o de sus partidos, y si es necesario mentir, díganles que van a votar por ellos, pero recuerden que al final el voto es secreto”.
En Ixmiquilpan reapareció Xóchitl Gálvez, quien aseguró que “los hidalguenses estamos hasta la madre de los políticos corruptos y queremos en el Congreso gente con güevos para defender los intereses del pueblo”, por lo que llamó a votar, nuevamente, por José Manuel Zúñiga.
Sin embargo, al final de su intervención y, tras la triste experiencia del mediodía, se retiró del templete, quizá para no escuchar de nuevo las críticas a su ex jefe y al partido que la acogió el sexenio pasado.
Durante la madrugada de ayer la JLCA había declarado inexistente el movimiento
Termina huelga en la UV; acepta el sindicato alza global de 7.5%
En marzo se retomarán negociaciones sobre bono de productividad, afirma la dirigente del SETSUV
El rector anuncia que integrará a los trabajadores a un programa para mejorar sus condiciones de vida
Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, horas antes de que se levantara la huelga que comenzaron el 2 de febrero pasado para demandar mejora salarial y en prestaciones Horacio Zamora y Miguel Carmona Foto: Horacio Zamora y Miguel Carmona
Jalapa, Ver., 9 de febrero. El Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) aceptó un aumento global de 7.5 por ciento y dio por terminada la huelga que comenzó el 2 de febrero pasado.
En la sede del Museo Interactivo de Jalapa, y como testigo de honor el gobernador Fidel Herrera Beltrán, se firmó el acuerdo mediante el cual los trabajadores aceptan un aumento de 4.5 por ciento directo al salario, 1.5 en prestaciones y 1.5 por revisión al contrato colectivo, reportó la agencia Notimex.
Respecto al bono de productividad que propusieron las autoridades universitarias, la secretaria general del SETSUV, Eloína Vargas Merino, mencionó que en marzo retomarán las negociaciones sobre este punto.
El rector Raúl Arias Lovillo señaló que se incorporará a los afiliados del SETSUV a un programa de productividad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Arias Lovillo sostuvo que las autoridades actuaron “congruentemente” y el gobernador Fidel Herrera señaló que “ya no requirió” la intervención de su administración en el conflicto, como se lo había solicitado la parte gremial.
La madrugada del sábado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) había declarado inexistente el movimiento del SETSUV y dio plazo de 24 horas para que el sindicato liberara los 160 planteles y oficinas en su poder.
Luego de casi tres días de sesión en la que se recibieron alegatos de las partes, la JLCA invalidó el movimiento que los 3 mil trabajadores comenzaron a las 7 horas del sábado pasado. Ulises Ruiz Lopar, presidente de la instancia conciliadora, afirmó que “no se lograron cubrir los requisitos de procedibilidad y los objetivos que estipulan los artículos 459, 920 y 929 de la Ley Federal del Trabajo”.
Dijo que se concluyeron todas las pruebas que aportaron tanto el SETSUV como la Universidad Veracruzana (UV), la cual solicitó la declaratoria de inexistencia de la huelga y acreditó con sus pruebas las circunstancias para fundamentar su petición.
Indicó que “el SETSUV, como parte demandada, no aportó las pruebas que pudieran desvalorizar las posturas que se solicitan en este sentido”. Aclaró que la resolución se basa no sólo en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, sino también en valorar los intereses primordiales de la sociedad veracruzana, en aspectos como la educación.
Las partes, agregó, fueron notificadas inmediatamente sobre la resolución y tienen 24 horas para cumplirla; en el caso del SETSUV, éste puede proceder como considere pertinente pero sin desacatar el laudo referido.
“Ahora corresponde a la Secretaría del Trabajo reunir a las partes para reiniciar las pláticas de conciliación y promover el diálogo por el bien de Veracruz, pues el aumento salarial ofrecido por la UV está dentro de los parámetros que satisfacen las peticiones del sindicato, pero serán las dos partes quienes deben dialogar y negociar para llegar a un acuerdo”, señaló.
El rector Arias Lovillo recordó que la petición del SETSUV de alza salarial de 20 por ciento y otras demandas económicas extraordinarias, que no fueron plasmadas en el pliego petitorio original, “apartaron” el paro de la legalidad.
“Nadie gana ni pierde, sólo se respetó el estado de derecho”, reiteró Arias Lovillo horas antes de que el SETSUV aceptara su propuesta y diera fin al conflicto que paralizó a la universidad durante una semana.
El gobernador Fidel Herrera manifestó con el acuerdo se supera la solicitud a su administración para resolver el conflicto.
LO QUE TODOS SABEMOS, PERO EL GOBIERNO Y SUS MEDIOS PALEROS SE NIEGAN A ACEPTAR:
Aumento al maíz, trigo o frijol no eleva los ingresos de pequeños y medianos productores
Alza en precio de alimentos sólo ha beneficiado a monopolios
Grandes empresas imponen reglas de compra y se quedan con las ganancias, según la ANEC
El gobierno favorece la concentración en lugar de impulsar la agricultura a pequeña escala
Parcela del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en Texcoco, estado de México Roberto García Ortiz Foto: Roberto García Ortiz
Los precios récord que han registrado los alimentos a nivel mundial, particularmente los granos básicos, únicamente han beneficiado a monopolios, intermediarios y grandes agricultores, mientras que para pequeños y medianos productores del campo mexicano ha quedado “pulverizada” cualquier posibilidad de obtener buenos ingresos o ganancias al respecto, según un experto en comercialización.
En los últimos dos años, productos como maíz, trigo, frijol, soya, arroz, sorgo e incluso café, conocidos también como commodities agrícolas, han registrado una constante alza en sus precios y aunque pudiera pensarse que ello “es bueno” para el sector agrícola, en los hechos “no constituye una buena noticia para la mayoría de los productores mexicanos”, aseguró Víctor Suárez, director general de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Como sector, dijo, “nos va mal con precios altos y nos va mal con precios bajos” y la razón es que en México prevalece un mercado monopolizado por unas cuantas empresas, las cuales imponen sus propias reglas de compra e impiden que a los productores del país se les paguen mejores precios por sus cosechas, como correspondería por las alzas registradas en los alimentos a nivel internacional.
Así que cualquier ganancia que se obtenga por los precios históricos de los alimentos, es acaparada por monopolios, intermediarios o grandes agricultores. “Solamente un pequeño sector minoritario de productores ricos y capitalizados puede verse beneficiado con ese incremento de precios internacionales, como los productores de maíz de Sinaloa o los de trigo de Sonora y Baja California”, precisó.
La situación se agrava aún más, agregó Víctor Suárez, si se toma en cuenta que el grueso de los productores agrícolas de México compiten en desventaja porque carecen de acceso a financiamiento, créditos, administración de riesgo e infraestructura, así como falta de organización económica para que sean capaces de defenderse y exigir que se les paguen mejores precios por sus cosechas.
Para darse una idea del alza que han registrado los alimentos, cabe mencionar el caso del café como un ejemplo recientemente documentado: la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés) aseguró que en un lapso de seis años, de octubre de 2001 a enero de 2008, el grano tipo robusta se vendió 363 por ciento más caro.
Aun cuando se pronostique que la tendencia al alza de los alimentos no cesará en lo inmediato, el dirigente de la ANEC advirtió que los pequeños y medianos productores agrícolas del país, pese a ser mayoría, no podrán obtener beneficio alguno en tanto el gobierno federal “siga favoreciendo la concentración de los mercados, en lugar de impulsar una política favorable al desarrollo de la agricultura de pequeña escala, con los apoyos requeridos para que se tenga la capacidad de controlar y administrar la oferta”.
Se trata, dijo de equilibrar un mercado donde prevalece “una desigualdad brutal, que de libre comercio no tiene nada y que opera en contra de productores, consumidores y contribuyentes”, debido a la pasividad gubernamental.
El dirigente de ANEC recordó que el alza de las commodities agrícolas se ha dado desde hace 24 meses, a partir del boom de los biocombustibles para hacer frente a los altos precios del petróleo así como la creciente demanda de alimentos de China e India.
Los precios de los alimentos, dijo, “se han incrementado en más del cien por ciento en los últimos dos años”, pero ello no se ha reflejado en lo que se paga a los productores primarios, quienes deben enfrentar además el alza “exponencial” en los insumos que utilizan como semillas, fertilizantes y costos financieros. Eso, destacó, deriva en otro problema: un aumento del rentismo de la tierra y concentración de la industria agroalimentaria, porque los campesinos o pequeños productores no cuentan con recursos para seguir produciendo.
Sobre los insumos, Víctor Suárez mencionó, como ejemplo, que la empresa Monsanto vende en México la semilla de maíz 50 por ciento más cara del precio que fija en Estados Unidos mientras que los costos de combustible o por almacenamiento y transporte es hasta 30 por ciento superior. También comentó que los productores nacionales ya son totalmente dependientes de las importaciones de fertilizante nitrogenado que se requiere para los cultivos, situación que al final de cuentas, puntualizó, afecta a la mayoría de los consumidores del país.
La misma gata,
pero revolcada:
abrir o privatizar Pemex
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción: si en promedio extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo de cuatro a ocho dólares y en los mercados internacionales se vende en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
Luego entonces, esta renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Y para corroborar lo anterior, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007 la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73 mil 927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34 mil 336 millones de dólares); es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo, el mismo informe señala que al 30 de septiembre la paraestatal entregó o pagó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos; es decir, tuvo que entregar “la totalidad de la renta petrolera” más 25 mil millones de pesos aproximadamente.
Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada –aunque esto no implique de fondo una privatización total– se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como Pidiregas, lo que ha evitado –al menos parcialmente– que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en Pemex pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484 por ciento.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa, ya que en el contexto actual, privatizar o abrir resultaría ser la misma gata, pero revolcada.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo
A cada rato salen diferentes pretextos para privatizar Pemex. Ahora se dice que sólo hay dos formas de obtener las grandes cantidades de dinero que requiere Pemex: o bien reduciendo el gasto para servicios públicos, o recurriendo a la inversión privada. Nada más falso. Mencionamos sólo algunos de los medios para obtener los recursos que requiere Pemex para su inversión.
Suprimir el regalo a los bancos por concepto del robaproa o rescate bancario. Incluso en Estados Unidos, el dinero del rescate va a los contribuyentes, y los bancos en dificultades tienen que recurrir a sus propios medios para hacerles frente.
Anular las canonjías y los ingresos exagerados de decenas de miles de funcionarios y demás personal de confianza de Pemex, no sólo en dinero sino en coches nuevos, choferes, celulares, etcétera, con cargo a la paraestatal.
El porcentaje del producto interno bruto que representa la recaudación fiscal es de los menores del mundo. Se debe gravar a las grandes empresas, a las grandes fortunas, etcétera, y no andar viendo cómo se perjudica a los de abajo sin mucho provecho real fiscal.
Dejar de contratar a precios altísimos empresas extranjeras o “de los cuates” para trabajos mal hechos. Llevar a cabo las actividades petroleras con recursos propios.
Otro pretexto: la tecnología, sobre todo para perforar en aguas profundas, no la tiene Pemex, la tienen empresas extranjeras. En primer lugar, la perforación en aguas profundas es muy cara y tardada en comparación con zonas que se han dejado de lado, con mejores posibilidades y menores costos. Se busca el pretexto para meter empresas extranjeras a como dé lugar.
En segundo lugar, ya se les olvidó la historia del propio Pemex: cómo ha servido el Instituto Mexicano del Petróleo para el desarrollo tecnológico, cómo se han hecho tratos con transferencia de tecnología, cómo ha sido útil la experiencia de los ingenieros de Pemex, a los que se prefirió jubilar prematuramente o simplemente despedir.
En cuando a dónde sí perforar, recordamos que hay toda una franja con crudos ligeros y ultraligeros, con alto contenido de gas asociado, que abarca desde la zona costera hasta profundidades intermedias, en la que la perforación no sólo es más barata que en las aguas profundas, sino que los hidrocarburos a ser obtenidos son más valiosos y con mejor rendimiento en refinados y en gas.
También hay áreas del país en las que se ha perforado muy poco y se han abandonado, porque todo había que dedicarlo a Cantarell, donde estaban los dólares en serio. Ahora no sólo está decayendo Cantarell, sino que está a la vista la declinación de los yacimientos de crudo pesado y extrapesado con los que se le quiere sustituir.
Hay que agregar la importancia de invertir en refinación, no sólo para obtener más refinados sino para que estén mejor refinados. Pemex ha postergado la producción, por ejemplo, de diesel de bajo contenido de azufre, con lo cual se limita su mayor uso y con ello la sustitución de parte de la gasolina que hoy tenemos que importar.
La ideología de la derecha siempre ha querido privatizar todas las riquezas y servicios públicos. Ahora se ven con dificultades, entre otras razones porque la derecha priísta, sin la cual no tienen mayoría en las cámaras, encuentra cada vez más difícil hacer que otros sectores del PRI, y sobre todo de su base social, se traguen semejantes mentiras, que contradicen la historia de ese mismo partido.
De ahí que los actos públicos y movilizaciones en defensa de nuestro petróleo tengan mucho sentido y mucha importancia. Debemos discutir esto en grupos y en forma pública, de modo que cada vez más mexicanos tengan la mayor claridad posible, no sólo sobre lo que no se debe permitir, sino sobre el verdadero camino. Aquí ponemos sólo unos ejemplos, lo que importa es que sí hay caminos alternos a la entrega a particulares, y en especial a empresas trasnacionales.
El despertar
Hasta donde
alcanza la vista
Para divertirme y preparar un nuevo libro sobre la historia de nuestros años, he imaginado cómo veremos dentro de 20 años, desde 2029: el arco de medio siglo que va desde la consolidación del PRI, gobierno desde 1950 hasta la turbia primera década del siglo XXI. Imaginen: un grupo de ancianos nacidos en los años cuarenta, instalados en un retiro insular gozando de buen clima, libaciones y amenas pláticas, revisitan lo que han vivido y disputan para interpretar. Unos nostálgicos, asocian su juventud vivida en el “desarrollo estabilizador” (1950-1977) a un auge continuo. Crecimiento de 6% por décadas. Gobiernos estables, apoyo popular implícito al presidente monarca, un poder con halo legendario. Los críticos replicarán: los vicios eran profundos. El ímpetu de la revolución se había extinguido, la desigualdad social crecía, la estabilidad política olía a establo (Gabriel Zaid, 1968), el PRI, gobierno, era corrupto y corrompía.
Nostálgicos y críticos estarían de acuerdo: 1) Que el sistema se quebró. A partir de la reunión juvenil de 1968, inició un deterioro agravado por el despilfarro del auge petrolero y el endeudamiento (1976-1982). Que el proyecto regresivo (neoliberalismo) no llevó a México al prometido primer mundo, sino a un estancamiento peligroso en el que nos encontramos.
2) Que las decisiones políticas que llevaron a este desastre eran enemigas de algunas más sanas, que técnicos y pensadores progresistas proponían. 3) Que a pesar del poder que se atribuía al Ejecutivo, ninguno de los presidentes pudo aprovechar el excelente impulso de los años de las vacas gordas para modernizar la economía y la sociedad. Ninguno impulsó las reformas necesarias, empezando por la fiscal progresiva que proponía Antonio Ortiz Mena. 4) Que se retrasó el proceso democrático.
A pesar de algunas buenas intenciones de los gobiernos, los monopolios empresariales, los sindicales y burocráticos se opusieron con éxito a los cambios. Durante la época “democrática” (2000-hasta hoy) no sólo la desigualdad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han ahondado, sino que las instituciones y la clase política padecen de una descomposición alarmante.
Sin embargo, hay una diferencia formidable entre la época de la abundancia autoritaria y ésta la nuestra tan pecadora. Pablo González Casanova escribió en 1965, entre 50 y 70% de la población estaba desorganizada y tranquila. La elite no tenía por qué preocuparse, la fuerza popular no se manifestaba y la estructura del poder seguía funcionando.
Nostálgicos y críticos seguramente aceptarían además que, vistos estos pecadores años nuestros a la distancia de 2029, las oligarquías se han fortalecido, pero más de la mitad de la población está en un proceso de agitación y de organización impensables 30 años antes. Hacia 1965 la esperanza del cambio se cifraba en la voluntad del presidente-monarca la palanca de la historia. Hoy a nadie se le ocurriría peregrina idea. La esperanza está cifrada en que el pueblo, el segmento participativo y consciente de la sociedad pueda mover al país y construir un proyecto nacional y una democracia de a de veras. El desplazamiento de la responsabilidad histórica del rey al pueblo es un mayor cambio en nuestros años.
COMO SIEMPRE LA COLUMNA DE CORDOVA:
La ley contra
la Constitución
Durante los días de la represión del movimiento ferrocarrilero en el primer año de gobierno de López Mateos, Manuel Moreno Sánchez, líder priísta del Senado, acuñó una frase célebre: “La ley es legal aunque sea anticonstitucional”, ante la evidencia de que el gobierno estaba violando la Constitución en la represión indiscriminada de los trabajadores. El concepto es lo que hoy interesa, aunque la frase haya sido dicha en otras circunstancias. Ningún constitucionalista ni ningún otro jurista afirmarían que la ley puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Pero, ante la embestida derechista orquestada desde el gobierno para privatizar los hidrocarburos, el espectáculo que estamos viendo es una virtual derogación de la Constitución mediante leyes secundarias.
Es un dogma constitucional inexcusable que toda ley deriva de la Constitución y que ninguna legislación puede estar en su contra y, menos aún, derogarla en sus principios. Que la ley es legal es una tautología tan idiota como sería también que la Constitución es constitucional. Lo que Moreno Sánchez quiso decir fue que la ley se imponía sobre la Constitución, lo aclaró él mismo, “por la fuerza de las circunstancias”. La misma frase era una monstruosidad jurídica. Pero es algo que se ha venido haciendo: poner una ley, generalmente cocinada al vapor, por encima de la Constitución. Toño Gershenson, en su artículo del domingo anterior, citó un caso que nos viene desde el salinismo: el de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en su artículo tercero permite la generación de energía eléctrica por particulares para su “autoabastecimiento”.
Gershenson pone en evidencia lo que ya es evidente por sí mismo: que la generación de energía es un servicio público según el artículo 27 constitucional, pero señala, con acierto, que el resto de lo generado va, de todas formas, al servicio público pues lo compra la CFE y ésta lo usa para venderlo a los usuarios. El hecho es que la misma generación de energía para el “autoabastecimiento” es, ya de por sí, un servicio público que se deja en manos de particulares. Yo no podría alegar que extraigo petróleo en el patio de mi casa (si lo hubiera) sólo “para autoconsumo”. Es todo un hallazgo: mediante una ley secundaria se pueden establecer excepciones a la letra de la Carta Magna que ésta, en su propio espíritu, jamás admitiría. Así, se puede burlar cualquier institución constitucional, basta una ley que marque una excepción.
Que el Legislativo haya aprobado semejante clase de leyes absolutamente contrarias al espíritu y, sobre todo, a la letra de la Constitución, es un baldón en su cuenta. Y no se puede acusar al Poder Judicial de la Federación de responsabilidad alguna al respecto, al menos que haya habido un caso de particulares puesto a su consideración, cosa que ignoro. Y no se trata sólo de la reforma energética. El viernes pasado, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, en carta a El Correo Ilustrado, denuncia el cinismo de la Secretaría del Trabajo que sostiene que no se tocará el 123 en materia laboral, cuando en los hechos se promueven y aprueban leyes contrarias a la Constitución.
Las derechas panista (en el gobierno) y priísta están convirtiendo a la Constitución en un miserable cascarón que cada vez nos dice menos. Creo que están pensando que cerca de cien millones de mexicanos somos unos perfectos asnos. Cuando Beltrones y Gamboa se lavan la cara diciéndonos que la Constitución no se tocará, que queda inviolada y que todas las reformas se harán mediante leyes secundarias, pretenden decirnos que están haciendo un juego totalmente inocente y que no nos preocupemos. Ellos juran que sólo desean modernizar nuestro sector energético y, tan inocentes y castos que son, alegan que sólo tratan de agregar los dineritos de los privados (extranjeros, sobre todo) para ayudar a nuestras pobres industrias energéticas que ya no pueden con el paquete.
Se ha dicho, por ejemplo, que 49 por ciento de la propiedad de Pemex, convertido en acciones, se pondrá a la venta en el mercado bursátil. Los economistas y los juristas financieros lo dirían de otra manera, pero yo lo quiero hacer comprensible. Ese porcentaje de una propiedad fundamental de la nación pasará a manos de privados (extranjeros, en especial), vía la propiedad privada de acciones. Y tan sólo por una ley secundaria que violaría el espíritu y la letra de la Constitución que establecen que esos bienes son propiedad exclusiva de la nación. Es increíble, pero los que están cocinando estas propuestas no son los panistas en el gobierno, que en la materia son unos ignaros sin remedio. No.
Son los priístas los que han inventado el método, desde Salinas. Y ahora la Constitución está siendo violada, anulada o derogada y abrogada, mediante leyes cuyo fin es imponer excepciones a los mandatos constitucionales. Ahora ya ni se necesita justificar esas leyes. Basta con señalar la urgencia de la excepción. Por eso Calderón llamó a su gabinete al experto en este oficio: Luis Téllez, que era el geniecillo que le organizaba a Salinas todos los equipos de expertos que le hacían ese tipo de leyes. Él fue el que organizó el grupo que cambió el artículo 27 en materia de propiedad agraria y que elaboró su legislación secundaria. Que ni Beltrones ni Gamboa nos vengan con el cuento de que sólo se trata de cambiar la legislación secundaria pues nuestra Carta Magna permanecerá incólume.
Ellos son los verdaderos orquestadores de este nuevo despojo a la nación y a su pueblo. Los panistas en el gobierno no han dicho nada, ante todo, porque no tienen nada más que decir sino que la industria petrolera y energética debe privatizarse (es su credo inconmovible). Son los priístas los que pueden remover ese punto fijo que es la propiedad nacional sobre el subsuelo, porque tienen experiencia en el asunto (lo vienen haciendo desde la época de Alemán) y, también, porque ya se saben el juego estratégico de la nueva política nacional: poner toda la riqueza de la nación y de su pueblo en manos de la oligarquía.
Gamboa Patrón no es más que un inescrupuloso palero de la derecha de todos los signos. El que quiere hacerla de chico genial y malilla es Beltrones. Él nos está queriendo dar gato por liebre: una reforma política que todavía deberemos ver si funciona bien, a cambio de que todos podamos aceptar tranquilamente que lo más importante, el destino de la propiedad de la nación, que la derecha desea ardientemente poner a subasta a disposición de los privados, desaparezca mediante leyes fraudulentas y anticonstitucionales. ¡Ay de nosotros si permitimos este colosal atraco!
Editorial de La Jornada:
Distorsiones en torno al campo
Prácticamente a la par de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primero de enero de este año, el gobierno federal puso en marcha una campaña mediática que destaca los supuestos beneficios que ha traído el acuerdo de comercio trilateral para los sectores agrícolas del país.
La aparición de esos anuncios ha generado descontento e inconformidad en diversas organizaciones campesinas y en amplios sectores de la sociedad mexicana. No es para menos: se trata de una campaña que miente abiertamente a la población, al presentar al campo mexicano como “ganador” y al TLCAN como el principal motor de esa prosperidad, una imagen que no se corresponde con la situación ruinosa que impera en la mayoría de los entornos rurales del país ni con la realidad exasperante que enfrentan día a día decenas de miles de campesinos depauperados. Por elementales razones de sensibilidad política, dichos anuncios debieran ser retirados; sobre todo si se pretende –como lo ha afirmado el gobierno– establecer un diálogo con las organizaciones campesinas en torno al TLCAN, es necesario que se esclarezca si éste girará en torno a una situación real o a una imagen cosmética del campo.
Ciertamente, el TLCAN ha aportado al campo mexicano algunos beneficios económicos, pero éstos, al igual que los apoyos gubernamentales, han sido recibidos sólo por un puñado de agroexportadores, en tanto que millones de agricultores en pequeña escala han sido conducidos a la ruina. Ni siquiera los altos precios que han mantenido a escala internacional los productos alimentarios –en particular los granos, por su alta demanda para el desarrollo de biocombustibles– ha representado un factor benéfico para los productores agrícolas. Esto se debe principalmente a que las ganancias son acaparadas en su mayoría por las empresas comercializadoras –que pagan precios sumamente injustos a los campesinos– y por los grandes productores, que son los únicos que cuentan con la infraestructura y los recursos necesarios para competir en el inequitativo mercado internacional.
Al respecto, la postura del grupo gobernante ha dejado mucho que desear. Ante las crecientes muestras de descontento social por la acuciante situación que vive el campo –como la movilización de miles de campesinos el pasado 31 de enero en esta capital– el gobierno de Felipe Calderón ha mostrado un autismo inaceptable, ha mantenido la misma línea discursiva sobre los imperceptibles beneficios del TLCAN para el campo y se ha empeñado en mantener en representación del gobierno federal a Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, desconocido como interlocutor por parte de las organizaciones campesinas y quien además ha descartado de antemano, una y otra vez, la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, principal demanda de los inconformes.
El abandono que acusa actualmente el campo mexicano es el resultado de más de dos décadas de políticas neoliberales, adoptadas y continuadas a pie juntillas por el actual gobierno. Un paso fundamental y primario para revertir esa problemática es, justamente, su reconocimiento como tal por parte de todos los actores involucrados, no la presentación de un paisaje idílico y ajeno a la realidad, como el de los promocionales del gobierno.
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