domingo, 19 de febrero de 2012

Demanda de agua molestó a cacique local de Pahuatlán

Activistas nahuas luchan por su libertad en Puebla
Fernando Camacho Servín
El 13 de enero de 2012 se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, exautoridades nahuas (Presidente Auxiliar y Juez de Paz, respectivamente), de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla. Debido a su labor en defensa del agua potable para su comunidad, se les imputó falsamente el delito de robo violento de un vehículo automotor. Por este

Desde hace dos años los indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz permanecen en la cárcel acusados falsamente del robo de un vehículo, como represalia por la lucha que iniciaron para dotar de agua a la comunidad de Atla, en la sierra norte de Puebla, luego de que por más de tres décadas un cacique local había acaparado la distribución del líquido, por el cual pedía dinero o trabajo voluntario a quien lo necesitara.

Así lo denunció en entrevista Araceli Olivos Portugal, miembro del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien afirmó que este caso es representativo de la forma en que son criminalizados los activistas de los pueblos indios.

La abogada recordó que ambos indígenas, quienes en 2008 fueron designados por su comunidad como presidente auxiliar, en el caso de Aniceto, y juez de paz, en el de Agustín, se dieron a la tarea de hacer que el abastecimiento de agua fuera gratuito y abierto para toda la comunidad, labor que molestó a quienes controlaban dicho servicio.

“El trabajo de José Ramón y Pascual vulneró los intereses de un grupo caciquil dirigido por Guillermo Hernández, quien hace 30 años acaparó las fuentes de abastecimiento que preparó el gobierno, por ser el único que hablaba bien español, y ahora cobra 5 mil pesos por toma, o exige trabajo ‘voluntario’ a la gente que necesita el líquido”, aseveró.

Estando presentes Brígida Cruz, esposa de José Ramón; Salustia Aparicio, esposa de Pascual; y Regino Gómez, hermano de José Ramón, dieron a

Luego de varios actos de intimidación, el 22 de octubre de 2009 un hombre cercano a Hernández, llamado Abraham Aparicio, trató de atropellar a los dirigentes nahuas, quienes lograron esquivar el auto. A pesar del ataque, ambos acceden a firmar un convenio de perdón contra su agresor, figura legal propia del sistema jurídico de los pueblos indios de la zona para resolver conflictos a través de la conciliación.

No obstante, unos días después Aparicio interpuso una demanda por el robo del vehículo contra los activistas, quienes en enero de 2010 fueron condenados a una pena de siete años de cárcel, en un proceso en el que el juez toleró diversas irregularidades, entre ellas el hecho de no haberle explicado los cargos a los acusados en náhuatl, su idioma natal.

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Indígenas Presos en México: una problemática de la injusticia sistemática

Difusión Cencos México D.F., 15 de febrero de 2012

Boletín de Prensa
Centro Prodh / IDHIE

  • El Centro Prodh y el Instituto Ignacio Ellacuría organizan el Foro “Indígenas Frente al Sistema de Justicia Penal” y analizan la problemática en la Universidad Iberoamericana Puebla.
  • El caso paradigmático de los indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, Defensores Comunitarios del Agua, así como del joven indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, demuestran la violación a los derechos humanos de esta población.

El día de hoy, 15 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., convocaron al Foro “Indígenas Frente al Sistema de Justicia Penal”, con el objetivo de analizar la problemática de discriminación y falta de acceso a la justicia que viven las personas indígenas que se encuentran en situación de detención en México.

Ejemplo de la situación de los indígenas frente al sistema de justicia penal es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes se encuentran detenidos y sentenciados injustamente por un delito que no existió. Debido a un uso faccioso del sistema de justicia penal y a diversas irregularidades para la conformación de su expediente y la validación de pruebas inconsistentes y contradictorias, se encuentran purgando una injusta pena en el Cereso de Huauchinango, Puebla. Actualmente, su caso se encuentra ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

Por su parte, el caso de Hugo Sánchez Ramírez, joven indígena mazahua del Estado de México acusado falsamente de secuestro, fue atraído de manera reciente por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia de la Primera Sala de la SCJN. Esto, debido a las múltiples violaciones a las garantías del debido proceso, pues a Hugo no se le respetó el derecho a la presunción de inocencia. Su caso también servirá para sentar pautas judiciales sobre el principio de “inmediatez procesal”, que contribuirán a avanzar en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Además, será precedente para evitar la criminalización de los indígenas, jóvenes en situación de desventaja económica.

Los casos de José Ramón y Pascual y el de Hugo Sánchez Ramírez no son distintos a los vividos por Jacinta Francisco Marcial y Basilia Ucan Nah, mujeres indígenas que también estuvieron encarceladas injustamente. Ellas se encuentran presentes en el Foro organizado en la Universidad Iberoamericana y darán a conocer el testimonio de lo que vivieron. Las estarán acompañando Andrés Díaz (abogado del Centro Prodh) y Jorge Fernández (abogado de Indignación), quienes hablarán sobre las acciones de defensa integral que debieron emprender para la liberación de Jacinta y Basilia.

Por otra parte, estarán acompañando el análisis de este tema Javier Hernández (Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Katya Salazar (Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal), David Fernández (Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla) y José Rosario Marroquín Farrera, (Director del Centro Prodh).

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.

Para mayores informes favor de contactar a:

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@ centroprodh.org.mx

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Escrache al Campo Militar No 1; No es Ciclopista, es Cárcel Clandestina

Por segundo año consecutivo, la SEDENA abre las puertas del Campo Militar No. 1 a los civiles, cual si fuera un lugar de paseo, un bonito parque para un domingo en bicicleta, para una carrera de atletismo. Sin embargo, este campo ha sido desde hace décadas un referente al hablar de represión en México, del encarcelamiento clandestino, de las torturas, de las desapariciones e incluso de las ejecuciones extrajudiciales; no es un lugar donde se respete a la ciudadanía: es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos porque en sus instalaciones funciona la cárcel clandestina más señalada en nuestro país. Se tiene conocimiento, por testimonios y fotografías, que esta cárcel fue usada el 2 de octubre de 1968 para encerrar a cientos de estudiantes traídos de la Plaza de las Tres Culturas. Durante los años setenta y ochenta muchas personas que estuvieron dentro de estas cárceles afirmaron haber visto a más desaparecidos con vida en el mismo lugar. Pueblos enteros, como El Quemado, Guerrero, estuvieron en este lugar secuestrados, desaparecidos. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos desde 2007, fueron traídos a este lugar. Esto demuestra que estas mismas instalaciones han sido usadas como cárceles clandestinas por décadas, es un ejemplo claro de la continuidad del terrorismo de Estado, que nunca ha cesado. No ha sido sólo un gobierno el que ha desaparecido, asesinado, reprimido: el Estado en su totalidad lo ha hecho y lo hace impunemente.

EL PRÓXIMO DOMINGO 19 DE FEBRERO IREMOS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MILITAR No. 1 (Puerta 8) PARA SEÑALAR ESTE LUGAR COMO LO QUE ES: UNA CÁRCEL CLANDESTINA.

¡Acompáñanos! La cita es a las 11:00 a.m. afuera del Restaurante “El Portón” que se encuentra sobre Periférico (casi enfrente de la puerta 8 del Campo).

Si las Fuerzas Armadas realmente quieren dar una buena imagen a la sociedad, que liberen a los desaparecidos, que abran sus archivos y no sólo sus puertas; que dejen de violar los derechos humanos, de torturar incluso a sus iguales, a policías; que paren esta campaña de represión y que regresen a sus cuarteles. Que todos los responsables y sus cómplices sean juzgados.

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos. Juicio y Castigo a los responsables y sus cómplices.

H.I.J.O.S. México Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

Fecha y Hora: 19 de febrero de 2012 a las 11:00 horas
La cita es afuera del Restaurante “El Portón” que se encuentra sobre Periférico (casi enfrente de la puerta 8 del Campo).
Contacto: www.hijosmexico.org hijosmexico@hotmail.com

Convoca: H.I.J.O.S. México

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