Esas ruinas que ves
Gobierno en la lona. Los comicios intermedios son siempre un plebiscito al gobierno federal y más ahora que el PAN apostó su resto a las cartas del presidente. Pero la mano del mandatario resultó pachuca, de modo que el cinco de julio el jugador de Los Pinos perdió la elección, perdió el Congreso, perdió casi todos los gobiernos locales en disputa y perdió la figura. En consecuencia fue desertado por buena parte de su partido, por los grandes grupos empresariales, por los medios de comunicación masiva y hasta por la Iglesia Católica. Antes de eso ya había fracasado en la guerra contra el narco y en la batalla contra la crisis económica. En unos cuantos meses Calderón lo ha perdido todo. Todo menos el mando del ejército.
En un trienio el michoacano dilapidó los recursos que tenía para gobernar. Pero aún encabeza las fuerzas armadas. Y esto es alarmante pues un presidente que a la postre sólo cuenta con el mando militar estará tentado a militarizar la política, a mandar con partes de guerra, a controlar el país mediante la Secretaría de la Defensa.
La ocupación armada del estado de Michoacán, pisoteando al gobernador, a los alcaldes, al federalismo y a la Constitución es –pongo changuitos porque no– un ominoso anticipo de lo que se nos viene.
Las pasadas elecciones fueron una dura reprimenda al panismo gobernante. Castigo del que no se repondrá en lo que resta de sexenio pues el país está en ruinas y no tiene para cuando. Entre otras cosas porque mientras Latinoamérica volteaba a la izquierda, los gobiernos de Acción Nacional miraban a la derecha, porque cuando hasta los organismos multilaterales asumían posturas heterodoxas para enfrentar la crisis alimentaria y la debacle económica, en México se ponía la Secretaría de Hacienda en manos de un anacrónico y fundamentalista ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, al que hoy no le darían trabajo en la institución.
Calderón arranca su segundo trienio repudiado por los pobres a los que ha hecho más pobres, rechazado por gran parte de las capas medias a las que arruinó la crisis, cuestionado por los pequeños y medianos empresarios en quiebra y abandonado por la oligarquía que ya prepara a su nuevo adalid. ¿Qué le queda al estragado hombre de Los Pinos?
Le queda “su” guerra. Una guerra que está perdiendo pero que le permite seguir usufructuando un mando militar que ha llevado a extremos anticonstitucionales. Hace tres años Calderón pensó que encabezar a las fuerzas armadas en una heroica cruzada contra los masiosares le daría legitimidad. Hoy está empezando a emplear al ejército para gobernar. ¡Guay!
Enmendar el rumbo cuando todavía. Por muchas razones, el trienio que viene será decisivo para los mexicanos. Una de ellas es que, a la vez que la política neoliberal impuesta hace casi tres décadas continuará haciendo estragos, es muy posible que el PAN y el PRI –el primero ciertamente desfondado pero el segundo vuelto primera fuerza política y marchando hacia el 2012 en caballo de hacienda– traten de sacar adelante las llamadas “reformas estructurales” desmantelando lo que queda de nuestro módico “Estado de bienestar”.
El problema está en que de seguirse ahondando la erosión de las instituciones y el desgaste del tejido social, los daños devengan irreparables. La herencia del modelo nacionalista surgido de la revolución (reforma agraria, soberanía energética, derecho a la educación y la salud...) que bien que mal sigue en pie después de dos décadas de contrarreformas, no resistirá mucho más. ¿Y con qué reconstruiremos el país si permitimos que un puñado de neoliberales, para colmo a estas alturas extemporáneos, termine de desguanzar la parte más justiciera de nuestra patrimonio histórico? ¿Con qué cara diremos a las próximas generaciones que la nuestra no supo defender lo mejor de su herencia institucional?
Habrá que trabajar porque el próximo gobierno sea de izquierda e impulse el cambio verdadero. Pero también hace falta preservar los recursos sociales y estatales que le faciliten impulsar la mudanza. Y es que, después del pueblo, estas instituciones son nuestra mayor “ventaja comparativa”
En México un gobierno federal de izquierda no necesitaría ser un reformador radical para hacer del país la democracia social más avanzada de América Latina. El impulso reformista de la revolución de 1910 hizo del mexicano un Estado de Bienestar dotado de poderosos instrumentos legales e institucionales que en lo sustantivo no han sido desbaratados pese a los empeñosos esfuerzos de la tecnocracia neoliberal que nos asedia. En estas condiciones, para abatir la pobreza e impulsar significativamente la justicia social bastaría con que el gobierno preservara, vigorizara y pusiera al día la herencia justiciera del nacionalismo revolucionario.
A diferencia de países sin tradición de reformismo social o donde las mudanzas inspiradas en el Consenso de Washington calaron más, México no necesita realizar expropiaciones y nacionalizaciones traumáticas que ya hizo y no han sido revertidas, ni le hace falta fundar instituciones públicas que ya tiene y que, si bien fueron debilitadas durante los últimos cuatro sexenios, no fueron suprimidas.
Si un gobierno federal progresista detuviera y revirtiera la decadencia de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, inducida por los privatizadores silenciosos, y en vez de eso reactivara al sector energético paraestatal como palanca del desarrollo, dicho gobierno ejercería una soberanía energética mucho más plena que la venezolana o la que intenta alcanzar Bolivia, países con gobiernos proverbialmente izquierdistas donde la presencia de las trasnacionales es, sin embargo, mucho mayor que en México.
Si la izquierda en el gobierno desarrollara una política de fomento agropecuario que saque al campo de la postración que le provocó el agrocidio neoliberal, la profunda reforma agraria mexicana –mucho más extensa que la que se proponen Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, o aun la que reclama en Brasil el Movimiento de los Sin Tierra–, volvería a ser base de un desarrollo rural incluyente y justiciero que es muy difícil promover en países con menos equitativas relaciones de propiedad rural.
Si un futuro gobierno progresista revirtiera el desmantelamiento de las instituciones públicas de educación, salud y seguridad social estranguladas por los mercadócratas, y por el contrario las vigorizara, México recuperaría su condición de Estado social poniéndose a la vanguardia de otras naciones latinoamericanas que carecen de la base legal e institucional que nosotros sí tenemos.
México no puede restaurar el gremialismo estatista pero justiciero del cardenismo histórico, ni regresar a la “sustitución de importaciones” y el “desarrollo estabilizador” de la posguerra. Sí puede, en cambio, adecuar a los tiempos de globalización que hoy vivimos los instrumentos legales e institucionales del Estado social que la reforma librecambista no alcanzó a desarticular del todo, empleándolos como palancas de un desarrollo con equidad al que los fundamentalistas del mercado renunciaron hace más de 20 años.
Los chicotazos de la crisis económica están despabilando a los despedidos; a los deudores insolventes; a los desalojados; a los bolseados por el alza de la luz, del gas, de la gasolina de los alimentos... Pero la recesión también pasma, achicopala, vuelve conservadores a sus víctimas. Así pues, habrá que resistir el castigo, habrá que preservar lo que resta de país, habrá que crear las condiciones para el cambio. No será fácil.
Tres años, tres.
Tres años aún.
Tres años todavía.
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Persiste la amenaza de huelga en la planta de Volkswagen
Patricia Muñoz Ríos
Los integrantes del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México llevaron ayer un amplio proceso de votación para decidir si aceptaban la propuesta de la empresa para su revisión anual, la cual ofreció un incremento salarial de uno por ciento, más un bono mensual de 5 mil 500 pesos.
Al cierre de la edición los trabajadores continuaban votando esta propuesta, conforme los cuatro turnos que tiene esta armadora, ya que el estallamiento a huelga está previsto para este martes al mediodía.
Según informaron los abogados de la empresa, de no aceptarse el ofrecimiento las negociaciones se trasladarían en la madrugada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Tradicionalmente las negociaciones de la Volkswagen se resuelven en las últimas horas antes de que venza el emplazamiento a huelga y en este caso no fue la excepción, ya que incluso a las 23 horas de ayer continuaban votando los trabajadores.
Se detalló que el bono mensual de 5 mil 500 pesos se entregaría a 9 mil 375 trabajadores, y que a la medianoche, según la tendencia que lleve la votación, se presentarían los abogados de la empresa en la Secretaría del Trabajo para firmar el acuerdo laboral de 2009-2010 o bien para retomar la negociación.
Los trabajadores de la Volkswagen han aceptado este año diversos paros técnicos para evitar el despido de personal, ante la caída de la producción; sin embargo, refirieron en varias ocasiones que no habían recibido los apoyos económicos ofrecidos por el gobierno federal.
Esto provocó diferencias con el secretario del Trabajo, Javier Alarcón, quien insistió en que eran la empresa y el sindicato los que no entendieron el proceso de apoyo a las industrias en paro técnico
y que sí estaban fluyendo los recursos.
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Se reunió con Encinas, Alberto Anaya y Luis Maldonado en el DF
las cosas pueden cambiar en el PRD
Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la Presidencia, y Alejandro Encinas, coordinador electo de los diputados del PRD para la 61 Legislatura, se reunieron ayer a puerta cerrada en las oficinas del gobierno legítimo
.
Encinas dijo que acudió al inmueble de la colonia Roma, en la capital del país, a saludar al perredista, quien le expresó que es buena señal su designación como coordinador parlamentario, en el sentido de que pueden cambiar las cosas en el PRD
.
En la reunión estuvieron los dirigentes nacionales del PT y de Convergencia, Alberto Anaya y Luis Maldonado, respectivamente.
Antes del encuentro, el próximo coordinador de la bancada perredista en San Lázaro se reunió con diputados electos de su partido para hablar en torno al expediente de Julio César Godoy –acusado de tener vínculos con la organización delictiva La Familia– y ver asuntos relacionados con la agenda legislativa.
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Jesús Ortega Martínez, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aceptó la oferta de diálogo expresada por el presidente Felipe Calderón desde Brasil.
La crisis es demasiado grave para la gente como para poner reticencias a la búsqueda de soluciones
, y es inevitable
un diálogo y un acuerdo para lograr superar la situación de emergencia económica, señaló en entrevista el dirigente perredista.
Dijo que con elemental responsabilidad
los actores políticos deben aportar soluciones. Por eso es necesario que Ejecutivo, Legislativo, partidos, sindicatos y sectores empresariales suscribamos un acuerdo nacional, porque ni la Presidencia ni desde la oposición, por sí sola, se podrá tener éxito para combatir la crisis que afecta hasta la vida política mexicana
.
Horas después de que Calderón planteara lo del diálogo, Ortega señaló que éste es uno de los momentos donde se requiere un acuerdo nacional. Resaltó que ahí está su propuesta de ley de emergencia económica, con la cual se materializaría el acuerdo de todas las fuerzas políticas para superar esta crisis
.
Se pronunció por un diálogo verdadero, constructivo, y no por invitaciones a viajes sin sentido, en alusión a la gira de Calderón por Uruguay, Colombia y Brasil, con los líderes de PRI, PAN, Verde y Panal.
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El otro shock
Hernández
Imposibilitados para cubrir créditos hipotecarios, miles de mexicanos perderían sus casas
Se vigoriza el negocio de las casas de empeño en Oaxaca, Yucatán, Guanajuato y Chiapas
El índice de morosidad en tarjetas de crédito equivale a $31 mil 662 millones: CNBV
En medio de la aguda crisis económica y los históricos niveles de desempleo, miles de familias de Chihuahua, Guanajuato, Sonora y buena parte de los estados del país están imposibilitadas para cubrir sus deudas con bancos y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por lo que enfrentan el acoso de despachos de cobranza. En algunos casos los morosos han recurrido al suicidio.
Informes preliminares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señalan que el índice de morosidad en tarjetas de crédito a escala nacional, a abril de 2009, es de 11.75 por ciento, equivalente a 31 mil 662 millones de pesos.
Sin embargo, en casos como Oaxaca, donde la cartera apenas asciende a unos 11 millones de pesos y 93 por ciento de municipios carecen de sucursales bancarias, los habitantes han tenido que recurrir a casas de empeño, las cuales, generalmente, cobran tasas de interés superiores a las de los bancos, con el consecuente mayor endeudamiento.
El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Octavio Farías Gómez, manifestó que 66 por ciento de deudores solicitaron asesoría para hacer frente a los problemas de pago. Así, abundó, se logró un acercamiento con el banco para negociar la restructura de las deudas.
Explicó que las 164 sucursales bancarias establecidas en la entidad se ubican en 37 de los 570 municipios, y que los titulares de las 114 mil tarjetas de crédito que hay en el estado adeudan cada uno a la banca, en promedio, mil 157 pesos.
Los suicidios
En estados como Yucatán también han proliferado las casas de empeño y se han documentado 115 suicidios de deudores entre 2007 y 2008, cuyos pasivos, en su mayoría, no superaban 10 mil pesos, según un estudio de la Secretaría de Salud de la entidad.
De acuerdo con el análisis, los morosos, ante la depresión y desesperación, optaron por la puerta falsa
. Sin embargo, el reporte no especifica si todos estaban involucrados con deudas bancarias o los acreedores eran prestamistas o agiotistas.
En esa entidad existen alrededor de 196 mil deudores bancarios, cuya cartera vencida se estima en 24 millones de pesos, según datos de la Condusef. De acuerdo con indicadores del organismo, en el último año la cartera vencida de los yucatecos se ha incrementado 18 por ciento.
Por otra parte, los juicios de embargo contra deudores de Yucatán suman 19 mil 200 entre enero de 2008 y junio de 2009. Algunas instituciones bancarias llegaron a arreglos con sus clientes. Según la Condusef, sólo unos 2 mil juicios llegaron a las últimas consecuencias, es decir, que los bancos recuperaran su dinero mediante embargo de bienes.
Por otra parte, Israel Baquedano, jefe de servicios al consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Yucatán, explicó que algunas casas de empeño cobran tasas de interés anuales que van de 50, 100 hasta 300 por ciento.
Los casos de Chihuahua y Guanajuato
De acuerdo con el Buró de Crédito, el promedio nacional de la cartera vencida bancaria es superior a 10 por ciento, pero en Chihuahua y Guanajuato se incrementa a 12. Atalo Sandoval, dirigente del Movimiento Ciudadano en Defensa de los Usuarios de la Banca, aseguró que en meses recientes más de 300 personas han caído en cartera vencida en Chihuahua –particularmente en los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Nuevo Casas Grandes–, situación que atribuyó a las altas tasas de interés.
En esta entidad más de 228 mil personas se encuentran en cartera vencida. La cifra incluye a usuarios de tarjetas bancarias, créditos hipotecarios, automotrices, tiendas departamentales y créditos del Infonavit, informaron autoridades del centro bancario del estado.
La organización no gubernamental Frente en Defensa de la Economía Popular y Amas de Casa sostuvo que 70 por ciento de la población de Guanajuato tiene deudas con la banca, compañías que venden artículos para el hogar a crédito –con cuotas bajas y largos plazos de pago–, como Elektra, Coppel y Famsa, o con 120 compañías que prestan dinero rápido y fácil
.
A su vez, la Condusef indicó que 12 por ciento de un millón 370 personas de Guanajuato que tienen tarjetas de crédito cayeron en cartera vencida, situación que el delegado del organismo, Felipe Zavala, atribuyó a la pérdida de empleos.
La agrupación de deudores El Barzón también relacionó la cartera vencida en tarjetas y créditos hipotecarios en Nuevo León con el desempleo. Ochenta mil personas han perdido sus trabajos de octubre de 2008 a la fecha. La dirigente barzonista estatal, Liliana Flores, reprochó la actitud irresponsable
de bancos y usuarios. Expuso el caso de una persona que contrató 27 tarjetas de crédito, por las cuales debe millón y medio de pesos, aunque su salario mensual es de 10 mil pesos.
La Condusef estimó que el incremento de la cartera vencida propició que el número de quejas que recibe aumentara este año 81 por ciento en Querétaro y 40 por ciento en Durango respecto de 2008. El delegado del gobierno legítimo
de Andrés López Obrador en Querétaro, Sinhué Piedra, recordó a los morosos que los documentos que reciben con amenazas de embargo o llamadas intimidantes en el mismo sentido son acciones extraoficiales que difícilmente proceden
.
César del Pardo Escalante, integrante de la directiva del Frente Nacional de Organizaciones en Defensa del Patrimonio Familiar en Sonora, detalló que el problema de los deudores con el Infonavit es la amenaza seria de perder su patrimonio familiar. De acuerdo con estimaciones estatales, más de 30 mil personas podrían ser desalojadas de sus viviendas en meses próximos si el gobierno recrudece sus mecanismos de cobro.
Algunos efectos de la contracción económica
En el caso de Chiapas, ante el incremento de la cartera vencida y la cerrazón de los bancos para otorgar nuevos créditos al consumo, han proliferado las casas de empeño.
Aun cuando Chiapas ocupó en el segundo trimestre de 2009 el segundo menor índice de desocupación en el país, con 1.9 por ciento, la proliferación de las casas de empeño, que se ha reportado en años recientes, evidencia la crisis económica que vive la población.
En ese periodo, sólo en Tuxtla Gutiérrez se posicionaron 23 casas de empeño, 15 de ellas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. Otros establecimientos, como Prendamex, abrieron más de 20 sucursales en la entidad.
Inclusive, algunas empresas como Farmacias del Ahorro, propiedad de Antonio Leonardo Castañón –también copropietario del equipo de futbol Jaguares de Chiapas–, cambiaron de giro algunos de sus establecimientos. Se convirtieron en casas de empeño bajo el nombre de Prenda Ahorro.
(Con información de Miroslava Breach, Ángeles Mariscal, Luis A. Bonfil Gómez, Ulises Gutiérrez Ruelas, Carlos García, David Carrizales y Octavio Vélez)
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En la imaginación adolescente se construye una vida futura, un sueño. Ser médica o arquitecta, abogado, diseñador industrial, ingeniero aeronáutico, veterinaria, bióloga marina, experto en comunicaciones, sicólogo, matemática, historiador, arqueólogo, artista, socióloga, física, filósofo, tecnóloga, científico. Pondré todo mi esfuerzo –sueño con ellas y ellos–; si tengo éxito con mi trabajo serviré a la humanidad y a mi país. Voy a ayudar a mis padres y hermanos, algún día les compraré una casa… Pero el sueño se transforma en una terrible pesadilla.
Entre 100 mil y 200 mil jóvenes son rechazados cada periodo de ingreso en la educación superior. No hay lugar para ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Construirán otros sueños? Pero tampoco hay empleos. Algo estamos haciendo muy mal.
Los jóvenes se inconforman con esa humillación. Este año, en Oaxaca, se instalaron en la Universidad Autónoma Benito Juárez y fueron apedreados por porros. Luego la policía les lanzó gases lacrimógenos. El mensaje es claro en esa entidad federativa: si mantienes tu sueño, te vamos a aplastar. Ésta es tu realidad, vete a la mierda, con todo y tu esperanza.
En la ciudad de México –lo que me recuerda que tenemos un país dentro de otro país–, los estudiantes rechazados hicieron marchas, mítines y labor de información en los semáforos. Recurrieron además a una protesta extrema, la huelga de hambre. Fue un movimiento sui géneris, pues aunque su inconformidad se dirigía también a las instituciones de educación superior, se enfocaron principalmente al gobierno federal, acudieron en busca de solución a la Secretaría de Educación Pública. Sí, ya sé, en estos movimientos de rechazados siempre se encuentran infiltrados provocadores, pero este hecho no logra opacar, a mi juicio, lo justo de las demandas de los jóvenes por tener un lugar en la educación superior.
Lograron en el Distrito Federal acuerdos que son paliativos, en los que se ofrecieron sitios en la educación a distancia y en las universidades privadas (incorporadas), mediante becas, y un ingreso posterior a las instituciones públicas dependiente de su rendimiento académico. Pero es innegable que aquí hay una bomba de tiempo. Es evidente el contraste con Oaxaca, gobernado por trogloditas. Hay que hablar primero con ellos y entenderlos, en lugar de tirarles piedras, como en las tiras cómicas de Tarzán: ¡Ugah! ¡Kriga! ¡Bundolo! ¡Mata!
Pero mejor vayamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En una publicación reciente de esta organización (Education at Glance 2008) puede observarse que el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que han logrado obtener educación en el nivel terciario (que incluye educación superior, especialidades y posgrado) es en nuestro país de 19, mientras en Canadá es de 55; Estados Unidos, 39; Japón, 54, y Corea 53. Esto indica claramente que México va por un lado y el mundo por otro. Es indiscutible el papel de la educación superior y la investigación científica y tecnológica en el desarrollo del mundo de hoy. Pero en México, con las cifras más bajas de la OCDE, nos damos el lujo de excluir a casi 200 mil jóvenes de la educación superior, y se reducen, también ahora, las becas de posgrado que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Nuestro futuro se presenta así más que sombrío.
Por si fuera poco, la crisis económica, que las naciones con mayor potencial educativo comienzan a dejar atrás, se convierte en nuestro país en los próximos años en la certeza de recorte del gasto público. En las manos del gobierno panista, la educación superior pública se encuentra, quizá como nunca, en grave peligro.
Al Ejecutivo le importa muy poco la educación. Quienes han tomado en sus manos su defensa son, además de los universitarios, los legisladores. Se ha producido un cambio muy interesante en la composición de la Cámara de Diputados, que es en la que se aprueba el presupuesto. El partido del licenciado Felipe Calderón perdió curules en las pasadas elecciones. Esperemos que la nueva legislatura impida que se reduzca el presupuesto a las universidades públicas. Es imprescindible dotar al país de un potencial educativo para garantizar su desarrollo… y devolver a los jóvenes sus sueños.
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Rocha
Falsa bandera blanca
Felipe repartidor
Temas para dialogar
La administración felipista ha comenzado a repartir responsabilidades por la catástrofe en curso. Un funcionario de la secretaría de Hacienda ha reprochado a estados y municipios no haber sabido administrar la abundancia de recursos de años pasados y el propio Calderón ha hecho saber, desde Brasilia, que él no puede solito con la crisis y que son necesarios el diálogo político y la colaboración de los legisladores. De hecho, no hay que esperar a que el sedicente gobierno federal se decida a culpar directamente a los ciudadanos de a pie por el desfonde nacional, pues ya lo planea hacer mediante nuevas formas de recaudación fiscal, de endeudamiento público y de reducción de programas, obras y servicios.
La presunta bandera blanca, en busca de paz y ayuda, es absolutamente falsa, en cuanto pretende socializar un proceso de descomposición que de manera aplicada impulsaron muy en privado los miembros de la banda que asaltó el poder mediante fraude electoral en 2006. Felipe no puede hoy con el gobierno como antes no pudo con los comicios: su incapacidad política, dramáticamente manifiesta en poco más de dos años y medio de ejercicio formal, es una prueba concreta de las limitaciones que, sin embargo, fueron mediática, cibernética y manualmente infladas para aparentar un triunfo que con algo más de un supuesto medio punto de diferencia fue asumido por los titiriteros empresariales y el equipito de gobierno
como una victoria verdadera, rotunda, aplastante y suficiente como para pretender la aniquilación de un segmento social activo, crítico y memorioso, que incluso en términos de los adulterados resultados oficiales significaría virtualmente la mitad de las voluntades cívicas actuantes en las urnas (por cierto, durante larguísimo tiempo los jilgueros oficialistas, sobre todo los electrónicos, se la pasaron lamentando el supuesto despilfarro impresionante de capital político que López Obrador habría cometido en tan poco tiempo, pero hoy callan ante la espeluznante caída electoral de F.C. desde las alturas presupuestales).
Calderón llegó al poder de manera ilegítima y se rodeó de un mediocre y pésimo equipo de gobierno (el contralor interno de esta columna pregunta al tecleador si no exageró tamaños al decir que el tal equipo fue mediocre), excluyendo a quienes no formaran parte de una intimidad de club y repartiendo entre los favoritos la riqueza nacional como botín de guerra (Juan Camilo Mouriño fue el ejemplo extremo de esa voracidad consentida, como ahora un abogado de causas de elite maneja
la política desde Bucareli. Esas prácticas bucaneras se repiten casi en la totalidad de las secretarías y direcciones).
Desprovisto de poder fáctico real, perseguido por su pecado original que es la ilegitimidad electoral, carente de oficio y equipo políticos, peleado hasta con los de su misma casa ideológica (ayer, un pitazo llevó a soldados en Ciudad Juárez a allanar el domicilio de Manuel Espino), entrampado en la guerra contra el narcotráfico desde siempre sabidamente perdida y antes fanfarrón ante la crisis económica mundial que hoy nos tiene a la cola en la lista de recuperación, el licenciado Felipe ofrece diálogo.
Bien por el súbitamente compartido Felipe, mas un diálogo serio y productivo debería considerar, entre otras cosas, compromisos para cobrar impuestos en términos justos a los grandes empresarios (hayan firmado o no, ayer, acuerdos para garantizar libertades de expresión, como si ese ámbito requiriera de tales tutelajes antitéticos, como si no fueran esos monopolios una fuente de desigualdad social y de su consecuente manipulación mediática); para revisar rubros de saqueo nacional como han sido los programas de rescate a bancos y a constructores de carreteras; para implantar una austeridad verdadera en la administración pública (reducir plantillas, sueldos y privilegios, comenzando por la casa del horror político, Los Vinos, donde los gastos se disparan mientras el pueblo se hunde); para ofrecer cuentas claras a la nación respecto a ingresos petroleros durante el foxismo y parte del calderonismo; para mostrar congruencia en el hablar de Calderón, que días atrás denunció el enriquecimiento de políticos a partir del erario (allí están los ejemplos Fox, Bribiesca, Mouriño y sucesores y Gordillo, para empezar, o algunos de sus acompañantes a Sudamérica, como el Niño Verde, Kawahgi y Cesarín Nava Pemex).
Una remodelación auténtica de este país que va en caída libre debe tomar en cuenta la urgencia de restablecer la viabilidad electoral y la verdadera capacidad de competencia política, limpiando la podredumbre de ife, tribunal electoral federal y fiscalía para delitos electorales, de tal manera que haya una garantía institucional de que los próximos comicios serán equitativos y justos, es decir, con resultados respetados y asumidos por los participantes. Las enmiendas electorales deberían devolver la posibilidad de crear nuevos partidos antes de 2012 (candado especialmente diseñado contra AMLO) y permitir candidaturas ciudadanas, a más de cerrar el paso a la pretensión del duopolio televisivo de anular en los hechos las reformas pasadas que les quitaron el negocio económico y de manipulación de la contratación de propaganda partidista en sus canales. Fundamental sería cancelar el clima de linchamiento contra la parte de la sociedad que no está con el calderonismo y, en especial, contra el movimiento de resistencia civil pacífica y su dirigente. Sólo con pluralidad en los medios y con garantía de acceso para las corrientes importantes del país se podría restaurar un clima de diálogo real y reconstrucción nacional. Lo demás parecen ser simples palabras al aire o ganas de repartir culpas ante el gran fracaso felipesco en lo administrativo, político y moral. Y, ante la posibilidad de que en la delegación Miguel Hidalgo le digan a Demetrio ¡Sorry!, ¡Hasta mañana, en esta columna que escucha a Medina Mora jurar que la violencia pública está mejor que quince años atrás!
Rumbo firme
Fisgón
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La inminencia del baño de sangre en Acteal fue advertida por muchos reporteros, analistas y conocedores de la región. Los dramáticos reportajes de Hermann Belinhausen, Blanche Petrich y Juan Balboa mostraron las huellas de la preparación del crimen antes de que se produjera. El sacrificio estaba anunciado.
Para comprender a cabalidad la tragedia se requiere entender tanto lo que sucedió en la comunidad como lo que pasó en Chiapas. Lugares como la región chol y el municipio de Bachajón vivieron situaciones similares desde meses atrás. Aunque hablaba de paz, Ernesto Zedillo hacía la guerra. En los lugares claves del estado se promovió la formación de grupos paramilitares. Pero muchas de sus víctimas no fueron zapatistas, sino civiles pacíficos y desarmados que, como en el caso de Acteal, oraban por la paz.
Sendos editoriales de La Jornada del 22 de noviembre y el 17 de diciembre de 1997 advirtieron sin ambigüedad lo que sucedería en Acteal. En el primero se señaló que (la escalada de la violencia) es en extremo preocupante, ya que el padrón de conflicto en Chenalhó tiene grandes similitudes con lo sucedido en la zona norte del estado, donde actúa Paz y Justicia
. El suplemento Masiosare dedicó su entrega del 14 de diciembre de 1997 a este asunto y la tituló: Chenalhó, otra vuelta de guerra
.
El padre Miguel Chateau, párroco de Chenalhó y uno de los más profundos conocedores de la región, advirtió: la guerra de baja intensidad aniquila al mundo tzotzil
(La Jornada, 15/12/97). El cura no hablaba por hablar. Él mismo estaba amenazado de muerte. Jacinto Arias, presidente municipal del PRI y uno de los principales promotores de los paramilitares, le puso una cerveza en la mano y le dijo: Si no controla a su gente, un día lo vamos a matar. Se lo digo cara a cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se quemen los gusanos
.
En un reportaje televisivo sobre los indígenas desplazados del municipio por los paramilitares, titulado Chiapas: testimonio de una infamia, Ricardo Rocha percibió la tormenta que se avecinaba. Al entrevistar a don Samuel Ruiz y don Raúl Vera, el periodista les confesó: vengo de los Altos de Chiapas, y vengo profundamente indignado, asombrado de que estas cosas todavía puedan ocurrir (...) profundamente adolorido también por lo que ocurre allá y seguramente ustedes no son ajenos: es inhumano...
Andrés Aubry y Angélica Inda, dos de los más grandes conocedores de la dinámica social de los Altos de Chiapas, analizaron con rigor el surgimiento de los paramilitares en la región en nueve deslumbrantes artículos publicados en La Jornada. El primero de ellos, Chenalhó en vilo
, aparecido el 30 de noviembre de 1997, tres semanas antes de la matanza, desbarató la hipótesis de que detrás de la violencia en curso se encontraba un conflicto religioso. En Chenalhó los dos dirigentes antagónicos, el presidente constitucional (del PRI) y su contrincante, el presidente (en rebeldía) de la sede autónoma del mismo municipio, son evangélicos
, escribieron.
Meses antes, en Chenalhó: los peligros del alma
, publicado en La Jornada en junio de 1997, analicé la gestación de la ofensiva paramilitar en ese municipio para concluir: Lo que hoy está en peligro no es el alma, sino la vida de los hombres murciélago
. El 2 de diciembre, en La guerra que no se atreve a decir su nombre
, escribí que la paramilitarización era la respuesta gubernamental a la expansión política y social del zapatismo, evidenciada por la exitosa marcha de los mil 111 rebeldes a la ciudad de México en septiembre de ese año, así como a su creciente implantación en territorio chiapaneco. “Los paramilitares –anoté–, a diferencia del Ejército o la policía, no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan al escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como víctimas.” Desgraciadamente, el reciente fallo de la SCJN da la razón a estas líneas.
La masacre no fue un hecho aislado o fortuito, producto de la revancha de facciones indígenas enfrentadas por problemas comunitarios. No fue un enfrentamiento. En Chiapas hay una guerra, y no hay actividad humana más planificada que ésta. Acteal fue una acción bélica que respondió a su lógica profunda: la intensificación del conflicto, la que subyace, según Clausewitz, cuando dos ejércitos se enfrentan y deben devorarse entre sí sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran
.
La estrategia gubernamental estaba trazada de antemano. Inmediatamente después de la masacre el Ejército amplió su presencia en Chiapas con más de 5 mil efectivos adicionales, y autorizó su participación en la prevención de nuevos hechos violentos
. Se trasladaron hacia las Cañadas tropas destacadas en Campeche y Yucatán, al tiempo que se instalaron nuevos campamentos en la región de los Altos. Se quiso tender un nuevo cerco militar al zapatismo, un nuevo cordón sanitario, para tratar de frenar su expansión y el funcionamiento de los municipios autónomos.
Esta lógica quedó al descubierto en los meses posteriores. La guerra sucia contra el zapatismo siguió su curso sangriento. Acteal fue el banderazo de salida para acrecentar la ofensiva bélica. Fuerzas combinadas de diversas policías y ejércitos atacaron violentamente los municipios de Taniperlas, Amparo Aguatinta, Nicolás Ruiz y El Bosque, hasta que el 6 de julio de 1998, en Chavajeval y Unión Progreso, las fuerzas represivas toparon con pared.
La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios.
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Envía participación por escrito a la consulta organizada por el Congreso de Querétaro
Castigar la interrupción del embarazo sería un retroceso histórico, advierte Hugo Gutiérrez Vega
Patricia Mercado exhorta a panistas a no insistir en los errores que causaron su derrota electoral
Querétaro, Qro., 17 de agosto. La derecha quiere fiscalizarlo todo, y su campaña contra la despenalización del aborto es porque desemboca en la ampliación del Estado laico, que se da partir de las exigencias de la bioética y los derechos ocultos de minorías y mayorías, pospuestos o cancelados hasta ahora, señaló el escritor Carlos Monsiváis.
A la derecha le importa el ejercicio del poder, que le permite negociar y refrendar a la sociedad que vive en culpa y pecado
; pero la lucha del Partido Acción Nacional (PAN) contra la despenalización del aborto, con apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo ha tenido un éxito legislativo que no significa gran cosa
, pues desde el punto de vista de la sociedad hay una despenalización moral
expresa.
En la participación que envió por escrito a las audiencias públicas del Congreso local, donde se analiza la llamada ley antiaborto del estado, Monsiváis asegura que negar a mujeres violadas el derecho a abortar, como ya se aprobó en varios congresos estatales, implica simplemente creer que las concepciones medievales regresan al gusto de una minoría
.
Se preveía que el escritor expondría su punto de vista ante los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, pero no acudió y su ponencia de 10 cuartillas fue leída por Modesto Sixtos Cervantes.
En su texto, Monsiváis define la derecha como una decisión de pensar por los demás y ordenar a los demás un comportamiento
, y como la usurpación organizada del libre albedrío en nombre de Dios o de la empresa y el libre mercado u otros componentes de la Trinidad, la moral y las buenas costumbres
.
La derecha, añade, es la herencia virreinal que se extiende a la tradición de intolerancia hasta 1857
, cuando el desarrollo de las libertades, principalmente la de culto, se logra merced a las Leyes de Reforma, aunque en su enfrentamiento con el Estado se arrogó el control de la formación de la clase dirigente
para también apropiarse de la educación de las elites
.
La derecha, recordó, hizo campaña contra la educación sexual en 1932, cuando el entonces secretario de Educación, Narciso Bassols, proponía incorporarla en la instrucción primaria y secundaria; mientras, la censura se volvió su enclave más poderoso
y sirvió para negar a la sociedad la mayoría de edad sicológica y cultural
.
Otra fortaleza de la derecha, agregó Monsiváis, es el control histórico sobre las mujeres, con la consagración del machismo en la vida social
y la culpabilización de las víctimas, que ha prevalecido hasta fechas recientes. Sin embargo, el aborto ya es un tema más
, no un tópico prohibido, lo cual prueba el fracaso cultural de la derecha, que no entiende las limitaciones del mero triunfo legislativo
.
El bastión central de la derecha
, escribió, es la noción de pecado y el sentimiento de culpa, al estar contra el cine obsceno
de los años 50 y lanzar campañas desde los púlpitos contra Agustín Lara y Cri-Cri, o con la quema de revistas pornográficas
y el decomiso de material pecaminoso
antes de llegar a expendios de periódicos y revistas.
El poeta Hugo Gutiérrez Vega tampoco pudo acudir. Su ponencia, leída por Luis Felipe Zamudio, indica que oponerse a la despenalizacón del aborto es un retroceso histórico, una falta de respeto a la capacidad de decisión de las mujeres y un ataque al Estado laico.
Martha Lucía Micher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, dijo que un Estado que penaliza el aborto sacrifica la vida de las mujeres embarazadas, las deshumaniza, atenta contra su carácter de personas y las confunde con un simple vehículo de desarrollo molecular.
Si los diputados locales aprueban la iniciativa presentada por el panista Fernando Urbiola Ledesma estarán violando tratados inernacionales en materia de derechos humanos
, advirtió la funcionaria capitalina.
Patricia Mercado, ex candidata del Partido Social Demócrata a la Presidencia de la República, llamó a los legisladores panistas de la entidad a recuperar su camino y su doctrina democrática
, en lugar de cometer más errores como los que provocaron su reciente derrota electoral.
Niega el Departamento de Estado de EU haber colaborado en la expulsión de Zelaya
Una delegación del gobierno de facto será recibida en Washington por segunda ocasión
Grupo de la CIDH trabaja en un informe sobre la situación de los derechos humanos
Pl, Notimex, Afp y Dpa
Tegucigalpa, 17 de agosto. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado volvió hoy a las calles de esta capital para exigir la vuelta del orden constitucional, a pesar de la amenaza del gobierno de facto de perseguir a los líderes de estas movilizaciones, a las que hoy se sumaron taxistas de todo el país que apoyan el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya y el pago de subsidios al consumo de gasolina.
La manifestación antigolpista tuvo lugar este lunes después de un receso de dos días en las protestas, que hasta la semana pasada se habían llevado a cabo sin interrupción desde el 29 de junio, un día después de que Zelaya fue expulsado hacia Costa Rica en un avión oficial hondureño que hizo escala en la base militar de Palmerola, enclave militar establecido por Washington para dar apoyo logístico a los contrarrevolucionarios nicaragüenses en los 80.
Sobre lo sucedido el 28 de junio en Palmerola, oficialmente conocida como base aérea coronel José Enrique Soto Cano, un vocero del estadunidense Departamento de Estado, Philip Crowley, afirmó que el personal militar de su país no colaboró en la expulsión de Zelaya.
La escala en Palmerola
La afirmación ocurre un día después que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que la escala en Palmerola fue para consultar a los estadunidenses.
Ahí aparecieron oficiales yanquis que discutieron con militares hondureños y la orden fue llevarlo a Costa Rica porque no sabían qué hacer con él
, dijo Chávez.
También el presidente Daniel Ortega de Nicaragua –donde Zelaya ha fijado temporalmente su residencia– dijo el jueves que Estados Unidos colaboró en la expulsión hacia Costa Rica, cuyo mandatario, Óscar Arias, dice no haber sido notificado del ingreso del hondureño hasta que ya estaba en el aeropuerto de San José.
En el trazado de ruta que hay de los vuelos que salen de Honduras hacia la región, aparece que el avión en el cual fue expulsado Zelaya
salió de la base de Palmerola
, dijo Ortega.
El día de su expulsión, Zelaya informó haber sido trasladado al aeropuerto internacional de Tegucigalpa (Toncontín) y de ahí a una base militar. La base de Palmerola se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Comayagua, unos 70 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. El aeropuerto de San José, Costa Rica, se encuentra unos 800 kilómetros al sureste de la base de Palmerola.
Según Crowley, el personal militar no estuvo involucrado en el vuelo que transportó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio. Los miembros de la Fuerza de Tarea Bravo no tenían conocimiento ni colaboraron en las decisiones sobre el aterrizaje, el cargamento de combustible o el despegue
.
La base Soto Cano pertenece a Honduras. Está dirigida y es operada por la fuerza aérea hondureña, y ellos deciden sobre su uso
, añadió Crowley.
Ahí están destacados unos 600 militares estadunidenses, entre ellos soldados, miembros de la fuerza aérea y marines, oficialmente ocupados en tareas de vigilancia antinarcóticos.
Tras la decisión del gobierno de Barack Obama de no reconocer al gobierno golpista hondureño, los militares en Soto Cano han cesado de colaborar en misiones conjuntas con los hondureños, informó Crowley, quien insistió en que el gobierno estadunidense no tenía ninguna información por adelantado de lo que ocurrió
el día del golpe.
Crowley confirmó además que una delegación enviada por el gobierno del golpista Roberto Micheletti será recibida este martes por funcionarios del Departamento de Estado, por segunda ocasión en este mes.
La comisión se entrevistará con el secretario de Estado adjunto en funciones, Craig Kelly, quien según el vocero Crowley continuará animando
a los representantes del gobierno de facto a aceptar las propuestas del mediador en la crisis política hondureña, el costarricense Óscar Arias.
En Tegucigalpa, mientras tanto, comenzó este lunes la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar seguimiento a las denuncias de violación a los derechos humanos en contra de opositores a la administración golpista.
A su llegada a la capital hondureña, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, informó que la delegación no se entrevistará con representantes del gobierno de Micheletti, cuya membresía en la OEA fue suspendida días después del golpe, al tiempo que la nueva administración era desconocida por estados de todo el continente.
La delegación de la OEA permanecerá hasta el viernes en Honduras y ese día dará a conocer un informe preliminar sobre sus entrevistas con representantes de organizaciones sociales, que han denunciado las violaciones a derechos humanos, así como la muerte de cuatro personas durante las protestas antigolpistas.
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado adelantó que entregará a la CIDH los casos de 24 personas detenidas por autoridades del gobierno de facto.
Un millar de personas integrantes del frente, que exige el restablecimiento del orden constitucional, marcharon hoy desde la Universidad Pedagógica Nacional hacia el palacio presidencial, pero el ejército cerró las calles de acceso a las instalaciones oficiales.
El pueblo consciente, está aquí presente
, gritaron los antigolpistas, mientras que en otra zona de la ciudad, cientos de taxistas protestaron contra la suspensión de un bono de compensación por el alto costo de la gasolina.
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