En conferencia de prensa el artista calificó de terrorismo de Estado
el caso Atenco
El cantautor franco-español suspendió un concierto programado en el festival de Guadalajara
Canceló por motivos personales, explicó el director del certamen; hoy emitirá un comunicado
Guadalajara, Jal., 26 de marzo. El cantante franco-español Manu Chao suspendió este jueves el concierto programado en Rambla Cataluña, que se realizaría después de la proyección de La Colifata, cinta programada dentro de la sección Cinelandia, en el 24 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
El director del certamen, Jorge Sánchez, subió al templete y dijo: Manu me pidió que les dijera que por razones personales no podrá tocar hoy; mañana enviará un comunicado
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Después, el director se dirigió al edificio de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, ubicada al lado de la plaza; más tarde, los músicos de Manu Chao, quienes permanecían dentro, abandonaron el inmueble sin hacer comentarios. Enseguida, el director francés Christian Poveda dijo en entrevista con La Jornada: Jorge Sánchez nos pidió que todos los extranjeros que estuviéramos en el edificio nos fuéramos, porque iba a llegar migración, que sería mejor permanecer en el hotel. Él se quedó con los abogados
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El cinerrealizador, quien presenta en competencia el poderoso documental La vida loca, sobre la Mara Salvatrucha, agregó: Las autoridades mexicanas están preguntando a Jorge Sánchez si se nos otorgó la visa de turistas o si venimos a trabajar, porque Manu Chao está dando conciertos
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Detonante
Lo anterior se dio luego de que ayer, en diferentes medios, se informó que el gobierno de México analiza la posibilidad de expulsar del territorio mexicano al cantautor franco-español Manu Chao por haber hecho declaraciones que podrían ser consideradas como una intromisión en la política mexicana, informó la Secretaría de Gobernación
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En nota de agencia se informó: “Efectivamente, (autoridades mexicanas) están investigando qué dijo, en qué contexto, qué fue lo que pasó.
“De acuerdo con la prensa mexicana, el autor de Por el suelo se refirió el martes pasado en la ciudad de Guadalajara como ‘terrorismo de Estado’ al conflicto de Atenco, donde hace casi tres años se produjeron graves enfrentamientos entre policías y manifestantes.
“El 4 de mayo de 2006, unos 2 mil policías ocuparon San Salvador Atenco, situado en el área metropolitana de la ciudad de México, en hechos que dejaron dos muertos.
“Organizaciones de derechos humanos denunciaron que varias mujeres detenidas fueron agredidas sexualmente por policías.
“El artista se encuentra en México para participar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El martes ofreció allí una conferencia de prensa y leyó una carta que envió a Ignacio Valle, líder del movimiento de Atenco y preso en una cárcel mexicana, en la que solidariza con él.
“El artículo 33 de la Constitución mexicana prevé que ‘los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país’, y que el gobierno tiene la ‘facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional’ inmediatamente, sin juicio previo (a quienes a su parecer hayan incurrido en tal conducta).
“Las autoridades mexicanas ‘aún no determinan si se aplicará alguna sanción’, añadió la funcionaria, quien adelantó que en caso, de que se decida aplicar el articulo 33, Manu Chao será notificado inmediatamente.
El cantante tiene previsto salir del país el 29 de marzo, cuando terminen sus actividades en México.
Hasta ahí lo citado por cable. Jorge Sánchez se retiró del sitio sin hacer declaraciones.
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Manu Chao
Derecha tuerta
Hillary, Aznar, Solá
terrorismo de Estado.
Ya José María Aznar vino, durante el foxismo, a exhortar a los mexicanos a votar por Felipe Calderón, y el español –ahora naturalizado mexicano– Antonio Solá dividió a los mexicanos con su frase propagandística de que López Obrador era un peligro para México, pero nada de ello resultó punible –al ex presidente español le enviaron una carta de reconvención a la embajada de España en México, cuando él ya se había ido del país– sino premiable por la derecha mexicana tuerta que nomás ve una cara de las cosas.
Manu Chao ha dicho, por lo demás, lo mismo que cualquier ciudadano que con claridad y objetividad se asome a lo sucedido en aquella población del estado de México a finales del foxismo. Hubo terrorismo de Estado y ha habido complicidad de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para mantener en la impunidad a los altos responsables de aquella represión, como serían el propio Vicente Fox, su secretario de gobernación al que algunos pretenden encaminar a los altares, Carlos Abascal, el gobernador engominado de la entidad con capital en Toluca, Enrique Peña Nieto, y funcionarios policiales de la entidad como el almirante Wilfrido Robledo (¿también habrá solicitud de aplicación del artículo 33 constitucional a Peter Gabriel, que junto a otros artistas exigirá justicia en el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez?)
La barbarie mexicana, que ha sido condenada en muchos otros países, también se muestra en los escarceos judiciales con los que la Suprema, Corta de Justicia, pretende acercarse al caso Oaxaca. Mediante un informe de magistrados, y un dictamen que a partir de él redactará el ministro Mariano Azuela, el Poder Judicial federal tratará de torear el fondo del asunto, es decir, si hubo violaciones graves a los derechos humanos y responsabilidad de altos funcionarios. Tal como ha quedado plenamente comprobado, en los años de la represión desatada por Ulises Ruiz hubo allanamientos de morada, privación ilegal de la libertad, torturas, golpizas, asesinatos y acciones concertadas de policías y militares que cual brigadas de la muerte actuaron contra dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO. Pero esa realidad palmaria, demostrada, evidente, no es sino pretexto para que los jurisperitos federales ensayen formas de evasión y entre palabrería legaloide escurran el bulto.
Astillas
Necesitados de ganar partidos internacionales para mantener el flujo publicitario, sobre todo en las televisoras, los mercaderes que manejan la selección nacional mexicana de futbol han abierto groseramente las puertas de ese máximo equipo a extranjeros sin pizca de apego genuino a México. Sudamericanos aventureros, que en las selecciones de sus países no serían convocados, y que no necesariamente juegan mejor que los nacidos en México, han sido conminados a naturalizarse mexicanos no por apego al país, sino para enrolarse en juegos de escaparate internacional. No es un asunto de chovinismo: México es un país de larga tradición hospitalaria y su historia está llena de ejemplos brillantes de acogida a nacionales de otros países. Pero en el caso futbolero en mención se trata de meras operaciones mercantiles rápidamente aprobadas por las autoridades federales. Un ejemplo de ese desdén por lo local está en Nery Castillo, un jugador que nació en San Luis Potosí porque su padre, del mismo nombre, jugaba en ese tiempo en esa ciudad, pero que se formó profesionalmente en otros países y que dudó entre enrolarse con la selección de Uruguay o de alguno de los lugares europeos donde ha jugado, aunque acabó prefiriendo las mejores condiciones que la mexicana le ofrecía. Yo estoy en Europa y tú estás aquí, en México, dijo Castillo a un reportero de deportes, durante una ríspida conferencia de prensa, para establecer diferencias... Grrr: la demagogia oficial ha hecho que dos estaciones del Metro cambien de nombre: ahora, Viveros será Derechos Humanos, y Etiopía, Plaza de la Transparencia. Es el colmo del oportunismo el expropiar denominaciones largamente arraigadas y convertirlas en nomenclaturas burocratizadas. Pura politiquería barata y gastos innecesarios, mientras los verdaderos problemas de la ciudad crecen y son mal atendidos. A ese paso, habría otros cambios de nombre: Mariagna, en lugar de la estación Eugenia; Seguro Popular, en lugar de Hospital General; Playas Artificiales, en vez de Zócalo, por ejemplo... Dice Guillermo Sánchez, desde Monterrey: ni un solo día dejó Felipe Calderón que Luis Téllez pisara el infierno del desempleo en donde millones de mexicanos caminan a diario y sin esperanza alguna de salir. Lo que se ve no se pregunta; de ese tamaño serán los compromisos que por lo visto acompañarán a este administrador del país hasta su último día en tal impostura
... Antonio Escobar comenta: “en anterior entrega hablabas de la ‘guerra torpe y sin sentido’ iniciada por Calderón contra el narcotráfico. Estoy de acuerdo contigo, y sin embargo tiene el sentido (no creo descubrir algo nuevo) de preparar el terreno para que los panistas se mantengan en el poder. Recientemente volví a ver la pelicula Coronel Redl, de István Szabó, y en la película encuentro las claves del accionar de Calderón: invención de una guerra, búsqueda de chivos expiatorios, provocación y propagación del miedo por un enemigo no visible pero efectivo contra la población, el ejército salvador del pueblo... la escena final es el asesinato del provocador emperador austro-húngaro. Así, sobre ese camino anda el maquiavelismo calderónico”... ¡Feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
lógica presidencialista
La reforma constitucional y legal sentará, de ser aprobada, un precedente importante en un ámbito del quehacer público sobre el cual prácticamente no existe una legislación coherente y en el que proliferan la discrecionalidad, el abuso y el pillaje reglamentado. En efecto, tras décadas de presidencias priístas en las que las retribuciones a los servidores públicos se manejaban en la más completa opacidad, a partir de la década pasada se dio paso a una transparencia
en la que bastaba publicar las percepciones de los altos funcionarios para dotarlos de legalidad, por más que los salarios y las prestaciones del titular del Ejecutivo y de su gabinete, de los gobernadores y de sus subordinados inmediatos, de presidentes municipales, de la jerarquía judicial, de los legisladores y de cuerpos colegiados autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) constituyeran un insulto para una sociedad depauperada en todos los órdenes por el afán privatizador, el sentido oligárquico del poder y la llana ineptitud de ésos que se sienten con derecho a ganar, cada uno, lo mismo que 300 o 400 devengadores del salario mínimo.
Esta circunstancia a todas luces anómala ha generado un repudio social generalizado y exigencias de reducir en forma drástica lo que al país le cuestan sus gobernantes. Desde esta perspectiva, es claro que el Legislativo actúa bajo una presión social inocultable.
La implantación de un tope legal a los salarios de los altos cuadros del Estado resulta tanto más pertinente si se considera que éstos, lejos de moderar su apetito por las grandes sumas de dinero, lo han acrecentado con regularidad en el curso de la última década y que, a pesar de la estrechez económica mundial, en los ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en el de los organismos autónomos, se han multiplicado los nombramientos de toda suerte de empleados de primer nivel con percepciones desmesuradas, los incrementos injustificados y la adopción de prestaciones absurdas y hasta grotescas. Cabe recordar, a este respecto, que hace unos años el anterior presidente del Consejo del IFE, Luis Carlos Ugalde, recibió un cuarto de millón de pesos, en aplicación de una cláusula del estatuto laboral de esa dependencia, con motivo de una de sus bodas. Otro dato ilustrativo es que prácticamente ningún alto funcionario del Estado hace uso de su derecho a la asistencia médica en los hospitales y clínicas del ISSSTE, pues casi todos disponen de seguros médicos inalcanzables para la gran mayoría de los mexicanos, que les pagan gastos de salud en centros hospitalarios del extranjero. Otros datos ofensivos son las jubilaciones millonarias de que gozan ex presidentes de la República y ex ministros de la Suprema Corte, y los presupuestos para comida de que disponen los integrantes del gabinete, y que en el caso del secretario de Hacienda y Crédito Público asciende a más de un millón de pesos anuales, valga decir, más de 2 mil 800 pesos diarios.
Este breve recuento hace ver la insuficiencia de lo legislado, pues no basta con imponer un límite máximo a las remuneraciones salariales de los altos funcionarios, sino que es preciso también legislar para acotar las abusivas prestaciones que se otorgan a sí mismos.
Desde otra perspectiva, el criterio empleado para limitar los ingresos de los servidores públicos de los niveles superiores –implantar el salario presidencial como tope máximo– puede contribuir a reducir el desorden escalafonario, pero no parece el más pertinente para moralizar a la administración pública. El afán de impedir que cualquier funcionario rebase las percepciones del titular del Ejecutivo federal responde, a fin de cuentas, a una lógica presidencialista a todas luces caduca. Habría sido preferible, por consideraciones de elemental pudor social y ético, que se impusiera como referente un número determinado de salarios mínimos, cuyos niveles son, a fin de cuentas, un indicador preciso, inocultable e indiscutible de la eficiencia de los gobernantes, de su interés por el bienestar de la población y de su desempeño como servidores públicos.
1. La Constitución mexicana no autoriza al Ejecutivo federal, aun sea de facto, a ceder facultades del gobierno federal a los particulares, ni mucho menos a gobiernos extranjeros, y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está haciendo desde la silla presidencial en la que se encumbró ilegalmente: entregar facultades del gobierno mexicano al de Estados Unidos, al aceptar que Washington investigue, ahora ya de manera abierta, los delitos cometidos por mexicanos en territorio mexicano, y no sólo eso, sino que aplique la supuesta legalidad estadunidense.
2. La situación escandalosa que está viviendo el país con un gobierno fallido, que se halla en un absoluto plan entreguista con tal de sobrevivir, y que para ello ha aceptado crear artificialmente un escenario de violencia generalizada para justificar la intervención extranjera, a cambio de que Washington lo mantenga en el poder, ha suscitado un repudio de los más diversos sectores que señalan lo burdo de la estratagema, harto conocida en América Latina. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, de visita en Jalapa, recordaba antier cómo la lucha contra los enervantes ha sido un ardid histórico de Washington para someter y controlar países (La Jornada, 26 de marzo).
3. El actual gobierno de Estados Unidos tiene el mismo doble discurso de siempre, pues mientras la señora Clinton prodigó durante dos días sonrisas a México, desde las diversas instancias del poder estadunidense se siguió descalificando a Calderón buscando someterlo cada vez más. La última partida de casi 13 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas fue, según el Departamento de Defensa, a fin de mejorar su capacidad para liberar territorios
(El Universal del 25 de marzo), ya que el narco mexicano no sólo amenaza la seguridad de Estados Unidos sino que pone en riesgo
al propio gobierno de Calderón, como advirtió Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) al Congreso de su país (La Jornada, 26 de marzo). Y para subrayar la inseguridad de México se prohibió a funcionarios estadunidenses viajar ayer a una reunión en Tamaulipas.
4. La realidad de las cosas es que el gobierno de Barack Obama no tiene interés alguno en combatir al narcotráfico, como no lo tenían tampoco sus predecesores, pues mientras en México con el pretexto de combatir a los cárteles del transporte se ha instaurado en muchas regiones un escenario de violencia y de terror que ahonda la crisis nacional, en Estados Unidos el escenario es muy distinto: los cárteles estadunidenses continúan siendo intocables, las estructuras financieras del narco no han sido ni siquiera cuestionadas, los negocios de la familia Bush siguen florecientes y, como muchos lo han señalado, Washington sigue auspiciando la siembra de enervantes en el territorio de Afganistán –que los talibanes habían prohibido– y en otras regiones del planeta bajo su control.
5. La escalada entreguista de Felipe Calderón ha ido a trompicones y se ha centrado en un intento de dotar al gobierno de facto que él pretende encabezar de instrumentos jurídicos cada vez más despóticos, como se lo exigen. Y así, tras buscar la posibilidad de allanamientos de domicilio sin mandamiento judicial, ahora quiere legalizar la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos y dar al gobierno federal la facultad de confiscar arbitrariamente los bienes de los particulares sospechosos de ser malhabidos con la aberrante Ley de Extinción de Dominio, que está discutiendo el Legislativo, pretendiendo culminar estas políticas de abandono de la defensa de los intereses de la nación y de complicidad con una potencia extranjera al instalar una oficina compartida con agentes estadunidenses que fortalece la intervención.
6. La semana de entreguismo se había iniciado con el ofrecimiento de hasta 30 millones
(de pesos devaluados), hecho el lunes 23 por el gobierno espurio, para quienes delaten a los líderes del narco, el cual supone de entrada que el gobierno panista es incapaz de cumplir con la función constitucional que tiene de investigar los delitos federales, y pretende que ésta la lleva a cabo la sociedad y se la comunique por la vía de la delación.
7. La invitación a la delación, cualesquiera que sean sus razones, es no sólo en el plano político una evidencia de la ineptitud de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades, sino que desde el punto de vista ético constituye una invitación a cometer uno de los actos más bajos que se pueda imaginar, por lo que el gobierno corrupto de Calderón al estar pidiendo a los mexicanos que se envilezcan denunciándose los unos a los otros, recurre a una práctica indigna –y ajena a nuestro sistema jurídico–, la que además ya ha fracasado en el pasado por la sencilla razón de que los posibles delatores de estos hechos ilícitos, por mucha protección que les ofrezca el gobierno, saben que podrían terminar también por ser ejecutados en represalia por su felonía.
8. El fracaso histórico en México de esta medida existente en el sistema estadunidense se debe no sólo a su carácter inmoral, descrito admirablemente en la novela de Liam O’Flaherty El Delator, llevada al cine por John Ford, con Victor McLaglen, en 1935, sino a su inviabilidad en el contexto de violencia generalizada impuesto por la absurda guerra gubernamental.
9. El actual desastre nacional se agrava sin embargo por un hecho. La venalidad del gobierno panista al ir entregando facultades que no ha sabido ejercer a poderes extranacionales, en una política de abierta traición a México, está siendo posible por la complicidad de la llamada clase política
en su conjunto, y en particular de los integrantes del Senado de la República, que tiene la misión superior de fungir como un contrapeso al Ejecutivo en materia de política exterior, y que no está cumpliendo sus funciones.
10. Las políticas entreguistas actuales están en todo caso destinadas al fracaso, pero el daño que se ha hecho a la nación es ya irreparable.
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Inocente
del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre
El quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó este jueves que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez es inocente del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968, y quedó absuelto de todos los cargos que le imputó la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.
El Consejo de la Judictaura Federal informó por medio de un comunicado de prensa que los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión
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Esto significa que, si bien sí se cometió el delito de genocidio el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y no había prescrito en 2007, el ex mandatario no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido.
Al respecto, el abogado Juan Velázquez afirmó: “ya no queda nada. Las dos acusaciones que había contra mi cliente resultaron sin cargos para él. Los casos fueron la matanza del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo, y el 2 de octubre en Tlatelolco 1968.
Estamos agradecidos, Luis Echeverría y yo, con el fiscal del pasado porque nos permitió que mi cliente fuera sometido a un juicio y que en un proceso legal se le declarara inocente. Desde hoy, uno será el dicho de la gente y otro, absolutamente distinto, el fallo de un tribunal
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Minutos después de que el litigante conociera la decisión del tribunal colegiado, acudió a la casa de Luis Echeverría y dijo que intentaría que el ex presidente subiera a su coche para darle una vuelta a la manzana como un símbolo de que había recobrado su libertad.
“Tendré la mayor satisfacción de un penalista, acompañar a mi cliente del aprisionamiento a la libertad, ya que voy a llevarlo a dar una vuelta en el coche y luego lo regresaré a su casa, no habrá nada de show”, agregó Juan Velázquez.
El 2 de julio de 2002, Echeverría fue llamado a comparecer ante el MP Federal. La primera orden de captura en su contra fue en junio de ese año, pero obtuvo un amparo. Luego, el 30 de noviembre de 2006, un magistrado federal libró una orden de aprehensión domiciliaria y ordenó que fuera juzgado por ser probable responsable del delito de genocidio.
Ayer, el ex mandatario recuperó su libertad plenamente.
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