El PRI dice estar dispuesto a asumir el costo político por aprobar la iniciativa
Martes 26 de abril de 2011, p. 2
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.
Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona
con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.
No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.
En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.
Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.
Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.
En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.
Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales
, declaró.
Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento
, dijo.
Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria
de riesgo a la seguridad interior.
Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.
Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia
, con la que justifica la intervención militar.
Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.
Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.
Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral
, afirmó.
El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso
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Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo jueves iniciará en Morelia, Michoacán, una gira por todo el país para evaluar el avance en la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y que el recorrido concluirá con una concentración el 5 de junio en el Zócalo capitalino a las 10 de la mañana.
En su mensaje semanal, López Obrador expresó que se trata de realizar asambleas de evaluación del movimiento que –detalló– se va conformando desde abajo y con la participación de ciudadanos libres, conscientes, de buena voluntad y que trabajan todos los días por la transformación del país.
Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente haga lo que le corresponda para que entre todos salvemos a México. Vamos adelante a la regeneración nacional, con mucho entusiasmo; tenemos la razón, vamos a lograr el renacimiento del país. Ese es el reto y lo vamos a lograr
, afirmó.
Explicó que el próximo jueves se iniciará la primera parte del recorrido –que incluye 10 estados– en Morelia, con una asamblea informativa a las siete de la noche; al día siguiente, el ex candidato presidencial estará en Pachuca, a la misma hora.
La gira continuará el 30 de abril en Puebla, a las 11 de la mañana, y a las seis de la tarde estará presente en Tlaxcala. El domingo primero de mayo viajará a Chilpancingo, Guerrero, y a las siete de la tarde tiene previsto realizar un mitin en Cuernavaca, Morelos.
Todos estos actos se van a llevar a cabo en las principales plazas públicas y me sigo. La semana que viene vamos a estar en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; luego en Villahermosa, Tabasco; en la capital de Campeche; en Quintana Roo, vamos a Cancún, y haremos esta gira por todo el país para concluirla el 5 de junio con un acto en el Zócalo capitalino
, agregó.
La esencia de las concentraciones, expuso López Obrador, es reunirse con los integrantes de los comités seccionales del movimiento que encabeza, y con todos aquellos que han aceptado ser protagonistas del cambio verdadero
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Hernández
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Intentan convocar a un periodo extraordinario en el Congreso para aprobarla, advierte
La organización vigilará que la consulta del tricolor sobre esa iniciativa no sea una farsa
La marcha del primero de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo anarbolará la demanda del rechazo a la reforma laboral del PRI y el PAN. El sector obrero independiente no bajará la guardia
en su movilización para frenar esta iniciativa, sobre todo porque hay la intención de convocar a un periodo legislativo extraordinario con la intención de revisarla y aprobarla.
Los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez, sostuvieron que esta organización va estar muy pendiente de que la supuesta consulta que lleva a cabo el PRI sobre esta reforma no vaya a ser sólo una farsa y que al menor descuido se proponga un nuevo periodo para aprobarla.
Hernández Juárez comentó que a la marcha del Día del Trabajo se llevan múltiples demandas laborales, porque se han acumulado en este sexenio una serie de agravios a los trabajadores, que van desde una política salarial restrictiva hasta la desaparición por la vía de los hechos de los derechos laborales, la precarización del trabajo y el ataque a los sectores independientes, como los electricistas y los mineros.
Sin embargo, los trabajadores harán hincapié en el rechazo a la reforma laboral, para que no pase el proyecto del PRI y el PAN
. O que al menos se le quiten al proyecto tricolor aquellos puntos que vulneran y afectan los derechos de los trabajadores, como la contratación a prueba, la legalización de la tercerización, la limitación de dejar en un año el pago de salarios caídos, la imposición de más escollos para poder estallar huelgas y demás, dijo el también diputado del sol azteca.
El sector independiente va a seguir movilizado para impedir que se imponga esta reforma, ya que aunque PRI y PAN tienen los tiempos muy forzados para llevar a cabo las consultas sobre la iniciativa, pues el periodo legislativo de septiembre va a ser eminentemente electoral y no se va a poder sacar ahí este proyecto, están moviéndose fuerzas en la Cámara de Diputados para que haya un periodo extraordinario donde el único punto de la agenda sea esa reforma, señaló el dirigente de los telefonistas.
Agustín Rodríguez indicó que es una prioridad para los trabajadores rechazar el modelo de iniciativa propuesto por el PRI, por lo que una de las banderas principales de la movilización del primero de mayo será el rechazo a la reforma del tricolor, la cual curiosamente los más interesados en quererla sacar son los panistas, lo que evidentemente habla de que favorece a la patronal y afecta los derechos de los trabajadores, por lo que es un encargo de los grupos empresariales del país
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