Guerrilla militar en Quintana Roo
Un guerrillero en Quintana Roo
Lydia Cacho
“No me preocupa ni me mete miedo, al contrario, me da risa; me pongo a pensar que de verdad esos cabrones me tienen miedo”; dijo en general Carlos Bibiano Villa, nuevo Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, al referirse a los Zetas. Ese militar de 62 años que confesó hace un mes asesinar a mujeres y hombres bajo sospecha de pertenecer a grupos criminales http://www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol, es el mismo que, luego de recibir órdenes, envió a los medios una carta disculpándose por el lenguaje en su entrevista, argumentando que él defiende los derechos humanos y cumple la ley. El gobernador Roberto Borge declaró que sí le cree a Bibiano, “Me lo recomendaron la Sedena e Isabel Arvide”, ha dicho el joven priísta sin retirar sus pulgares y la mirada de su Blackberry.
Helguera
Y hay que poner atención, porque desde Chihuahua hasta la península de Yucatán, estos militares toman los cuerpos policíacos para implementar estrategias de guerra en un país, que ya ha dicho Calderón, “no está en guerra”. Entonces ¿Qué hace el general Bibiano en Quintana Roo? Hace unos días explicó que para desarrollar aquí su misión trajo un equipo con tecnología de punta, con valor de más de 4 millones de pesos, que pagó de su bolsillo; tiene capacidad para interceptar llamadas, detectar movimientos “y otras cosas que mejor no digo, son secretos de guerra”.En una advertencia de opacidad monumental ha dicho “en la guerra no se pide permiso, se interviene y ya”.
El mismo que hace unas semanas sonreía afable asegurándonos que viene tras “los malandros y los cochinos”, dijo “lo mío es la guerrilla urbana”. Es experto en telecomunicaciones, entró al Ejército a los 16 años, recibió adiestramiento especial en inteligencia y contrainteligencia en Israel; tiene dos licenciaturas y una maestría, y sus declaraciones no son una casualidad. Este militar viene con mano dura a un estado que, durante dos décadas, ha trabajado por una cultura de derechos humanos al margen de gobiernos corruptos y ambiciosos.
La guerrilla urbana del general es una táctica bélica que suele ser adoptada por los grupos de combatientes que se encuentran en desventaja frente a fuerzas militares bien organizadas (en este caso los Zetas). Consiste en evitar confrontaciones abiertas con las tropas enemigas, buscando pequeños combates en los que no exista superioridad numérica, así como actos de sabotaje. La meta es causar el mayor número de bajas (homicidios) posibles, para debilitar al enemigo.
Para los militares entrenados en técnicas de guerrilla urbana, dos cosas son imprescindibles, dice un colega de Bibiano: considerar que el enemigo está en todas partes y actuar sin previo aviso (sin jueces de por medio para intervenir líneas telefónicas o hacer detenciones arbitrarias).
El gobernador Mario Villanueva abrió al puerta al narco y las negociaciones se han mantenido estables con los sucesores. Los responsables de seguridad del aeropuerto han dicho que no trabajarán con Bibiano, puesto que él es responsable de la policía preventiva y de fortalecer la seguridad pública y no tienen reconocimiento para trabajar en áreas federales, como el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
No puedo sino preguntarme ¿implementará la seguridad pública con guerrilla urbana? Sus desplantes nos hacen comprender que el general ignora que en Quintana Roo hubo 0.8% de ejecuciones mientras que en Chihuahua hubo 17.6; en cambio en Quintana Roo el delito de mayor incidencia es la violación con un 40.9% comparado con el 19.6% de Chihuahua. Los índices delictivos más altos de Quintana Roo son por violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio imprudencial, robo y amenazas; es decir los dleitos del fuero común que no se abaten con tácticas de guerra. El narcomenudeo es similar al de otros estados turísticos y fronterizos. Todos los estudios indican que lo que le urge al estado es crear una cultura de paz y civilidad, mejorar el procedimiento penal, abatir la pobreza, fomentar un turismo ético, impulsar la cultura en políticas integrales de prevención del delito con jóvenes (para ello trabajan organizaciones civiles desde hace una década). Sin embargo un bravucón obsesionado con la guerra y el narco dice que “implementará la seguridad pública” con violencia en nuestros barrios.
No cabe la menor duda de que debe abordarse la violencia generada por el narco y sus cárteles; la naturaleza federal de estos delitos exige estrategias muy puntuales y transparentes a la vez, de la PGR y SIEDO, instituciones responsables de investigar y perseguir delitos federales contra la salud. Esta tarea no le corresponde a un Secretario de Seguridad Pública local, en primer lugar porque en vez de fortalecer las instituciones las desvirtúa más al llevar a cabo trabajo de inteligencia militar que no está regulado ni avalado por las autoridades federales ni estatales; en segundo lugar porque el hecho de que sea militar (retirado) no significa que haya pasado las pruebas de control de confianza federales, que exigen salud mental, honestidad, transparencia y apego a la ley, entre otros factores fundamentales. En tercer lugar porque la inestabilidad que la delincuencia organizada ha generado en las instituciones policacas, sólo se puede resarcir con trabajo de equipo, transparencia y apego a la legalidad. Lo que el general Bibiano Villa propone es lo contrario: trabajar solo porque desconfía de toda la gente local, incuidos los miembros del Consejo Estatal de Seguridad (amenazó a uno de ellos y se fue del estado), este consejo fue creado legalmente justo como contrapeso de los abusos del poder y para la transición hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal aprobado por el Congreso de la Unión en 2006. Por último Bibiano Villa no tiene ni el poder, ni la posibilidad y respaldo de investigar a personal cercano a su propio jefe (el Gobernador de Quintana Roo) ni a los miembros de su gabinete, incluído el Procurador de Justicia (a quien investigaciones periodísticas y de SIEDO han señalado como negociador entre el gobierno estatal y los carteles.)
Yo vivo en quintana Roo desde 1986, tengo amistades que han huido de Playa del Carmen y Cancún por miedo a las amenazas y extorsiones de los Zetas, yo he recibido amenazas directas de ellos, y nuestro Centro de Atención a víctimas, que durante una década ha rescatado a cientos de sobrevivientes de violencia extrema, y defendido a víctimas de la delincuencia organizada, ha denunciado sistemáticamente el daño que el crimen organizado hace al tejido social. No cabe duda de que es urgente acotar al crimen organizado en quintana Roo, sin embargo la presencia del general Bibiano Villa, su discurso y el del gobernador Borge, son simple maquillaje para un problema claro que necesita de un abordaje multisectorial y transparente. Hay duficiente evidencia para demostrar que militares en retiro como Bibiano Villa no han hecho sino estragos en otros estados; asesinar presuntos culpables no es la respuesta, generar paz social y una cultura de legalidad y derechos humanos es la clave. En ese contexto la militarización policiaca resulta inaceptable, y el miedo no puede impedirnos decirlo en voz alta: la violencia no es el camino para la seguridad y la justicia.
Fisgón
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México: ¿Legalizará PAN y PRI la represión contra movimientos sociales, como en Colombia?
Pedro Echeverría V.
1. PRI y PAN han presentado un proyecto de dictamen ante los Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional dando espacio al presidente de la República para solicitar y declarar la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo”, si considera que “constituyen un desafío o amenaza” a la seguridad interior. Incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Cisen para intervenir teléfonos, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.
2. Otorga a las fuerzas armadas derecho de restricción de la circulación de mercancías y vehículos, de revisión de las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con “cualquier herramienta que resulte necesaria” y pueden contar con informantes anónimos y hacer uso de cualquier método de recolección de información. Sin embargo parece que algunas fracciones del PRI y del PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados. Idéntico a lo sucedido en Colombia.
3. “Si se aprobara, señala el perredista Tomás Torres, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano, porque la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en el Senado el 27 de abril de 2010, eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado”. Esperemos que el movimiento social, el zapatismo o el amloísmo tengan alguna respuesta o que algún sector de legisladores que aún conserva algo de dignidad, convoque a movilizarse. Se ve muy difícil frenar esa medida fascista que ilegaliza o penaliza la lucha social con el pretexto del “combate contra la inseguridad”.
4. Pero, si no existe un movimiento social que responda mediante la movilización a esas medidas de represión, encarcelamientos y asesinatos, de ninguna manera hay que sentirse derrotado y ponerse a llorar; quizá sería mejor pensar en aquel dicho popular de que “no hay mal que por bien no venga”, de que si te cierran la puerta de tu casa por la entrada, hay que entrar aunque rompiendo la puerta del patio. Los podridos y pestilentes medios de información no descansarán –como siempre lo han hecho- de condenar la “violencia” de los de abajo y silenciar la brutal represión de los de arriba. Pero no hay que tener miedo porque donde el hambre crece y la dignidad aparece, toda lucha es justa.
5. Quizá el pueblo y sus mejores representantes –con las medidas fascistas extremas instrumentadas por el gobierno y los empresarios- empiecen a convencerse que no le quedan ya otros caminos que la organización y violencia armada. Eso pasó en los sesenta –hace casi 50 años en Colombia y otros países de América Latina, Asia y África- dando lugar a un gran movimiento de insurgencia continental. ¿Qué carajos puede hacer el pueblo cuando le prohiben reunirse, cuando sufre espionaje en la casa, en el trabajo, en la escuela, por el teléfono y el Internet? PAN y PRI están absolutamente de acuerdo en asuntos fundamentales y perseguir la lucha social es esencial para ellos.
6. Estas “leyes antiterroristas” que hoy se recrudecen en México obedecen a una política yanqui puesta en práctica por Obama-Clinton en todo el mundo, sobre todos en estos tiempos de elección presidencial en EEUU. De argentina este comunicado: “Les quiero contar sobre la LEY ANTITERRORISTA que tenemos en nuestro país. Dicha ley existe por presión directa de Washington. Esos yanquis estúpidos que cuando no están invadiendo militarmente un país lo hacen metiendo sus narices en temas que no tendría porque importarles. Al fin y al cabo, su motivo es el mismo: invadir, conquistar, expandirse… acciones propias de un Imperio y más uno tan enfermo como EE UU.
7. ¡Qué gran cinismo!: Como ya es de conocimiento universal porque se ha escrito muchas veces: Los EEUU, que a lo largo de su historia ha exportado el terrorismo como política de dominación internacional; que desde sus escuelas militares de entrenamiento de los ejército de Américas enseña cómo instrumentar el terrorismo de Estado para garantizar los privilegios de los sectores del poder aliados de los intereses yanquis en la región, impone ahora, a través de esta normativa continental, su visión unilateral del terrorismo. Los principales terroristas del mundo, los gobiernos de EEUU y de sus aliados, Colombia y México en primer lugar, asesinan a luchadores sociales con el calificativo de terroristas.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
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ACTÚA YA, DESPUÉS SERÁ TARDE. RECHAZO A LEY DE SEGURIDAD NACIONAL.
Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto modifica lo referente a dicha reforma en el sentido de que el Presidente solicite la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior. Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje. La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”. Prevé informantes anónimos del ejército y usar “cualquier método de recolección de información”. Bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía este obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares. Esto significaría una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de estado de excepción.
La reforma solamente enuncia el respeto a los derechos humanos, pero abre la puerta a que sean violados de manera “legal”. Hay contradicciones en el planteamiento de la reforma que en conjunto con el momento en que se está queriendo aprobar nos hace pensar que la intención de fondo no es únicamente el combate al crimen organizado sino el camino a un golpe de estado por vías legislativas y al establecimiento de un estado policiaco. Esta reforma pretende ser aprobada antes del 30 de abril, durante el período vacacional.
La reforma se encuentra en manos de las comisiones a cargo de:
Comisión de Gobernación
Dip. Javier Corral Jurado (PAN)
javier.corral@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 57130
Twitter: @Javier_Corral
Comisión de Seguridad Pública
Dip. José Luis Ovando Patrón (PAN)
jose.ovando@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 51217
Twitter: @JLOvandoP
Comisión de Defensa Nacional
Dip. Rogelio Cerda Pérez (PRI)
rogelio.cerda@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 66004
Twitter: @rogeliocerda
Comisión de Justicia
Dip. Victor Humberto Benítez Treviño (PRI)
victor.benitez@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 57148
Twitter: @HumbertoBeniTre
Comisión de Derechos Humanos
Dip. Manuel Cadena Morales (PRI)
manuel.cadena@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 66318
Twitter: @manuelcadena38
1. Enviar desde este momento mensajes al correo y Twitter de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: ¡Rechazamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar!
2. Llamar a partir del lunes 25 de abril a las 8:00 hrs a los teléfonos de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: Llamo porque rechazo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar
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