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| Poniatowska apoya coalición opositora sólo como medio para la alternancia |
| Por Patricia Méndez | ||
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| La escritora y periodista Elena Poniatowska se pronunció a favor de la coalición del PRD y el PAN en Puebla siempre y cuando se busque un cambio de gobierno en la entidad, y para que los partidos alcancen un fin común como limpiar la política y el gobierno.  Foto esimagen.com.mx "Puebla puede ser ejemplo de cambio", señaló la escritora, al explicar que las malas prácticas de los gobiernos han propiciado un descontento generalizado entre la ciudadanía difícil de revertir, pues "la gente tiene poca fe en que todo va a cambiar". De visita en la capital del estado para respaldar a Josefina Buxadé Castelán como candidata de la coalición Compromiso por Puebla a diputada local por el Distrito 5, Poniatowska dijo que un cambio de gobierno en la entidad se traduciría en un ejemplo para los demás estados del país. En entrevista al término de una mesa de análisis que compartió con Buxadé así como con la académica Marta Lamas y Martha Erika Alonso, esposa del candidato a gobernador de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle Rosas, Poniatowska evitó mencionar si también respalda al abanderado panista, al señalar que ella no vive en Puebla y que ni siquiera podría votar por él. "Conozco a un muchacho campesino que está en Tomatlán, y él dice que creía que el mejor era Moreno Valle, y respeto su criterio pero no conozco a Moreno Valle, pero sí les puedo contar de este campesino y a él le tengo mucha fe", respondió, al tratar de evadir la pregunta de su respaldo al candidato panista. La periodista mencionó que su respaldo a Buxadé obedece a que la ex comisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), no es una persona cercana a los partidos políticos, pues los que sí lo están llegan al poder y olvidan a la gente, pues se encuentran una fuente de enriquecimiento ilícito. Otra de las razones que argumentó para votar por Josefina Buxadé, es porque es mujer y los hombres ya tuvieron su oportunidad en la política y demostraron que "lo hacen muy mal". Yo estoy con López Obrador  Foto esimagen.com.mx La escritora explicó que aunque apoya a algunos candidatos de las alianzas que conformaron el PRD y el PAN en el país, su respaldo aún continúa con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien fustigó dichas coaliciones. Dijo que si personas como Josefina Buxadé no formaran parte de las coaliciones, vería a estas alianzas como las ve López Obrador, de manera general y seguramente también estaría en contra. Respecto a quien respaldará para la sucesión gubernamental del 2012, pues se prevé que el candidato del PRD pueda ser el actual regente de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, Poniatowska únicamente expresó que su apoyo siempre estará con la izquierda, independientemente del candidato que postule. Con tonó irónico y al mismo tiempo lúcido, como se caracteriza "Elenita", rechazó un escenario en el que López Obrador y Edrad sean postulados como candidatos a la Presidencia de la República por distintos partidos. "¡Hay no, no nos echen la sal!", comentó. Sobre el gobernador del estado, Mario Marín Torres, a quien criticó luego de que el mandatario fue involucrado en violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, la escritora se limitó a mencionar que de ese "renacuajo" no habla. | ||
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Las fallas en el suministro de luz, por incapacidad de CFE, señala
Sábado 15 de mayo de 2010, p. 5
Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aseveró que la instalación del Centro de Atención y Reacción Inmediata –que operará para identificar actos de sabotaje– es producto de la incapacidad
gubernamental para resolver las fallas en el suministro de energía eléctrica y constituye la vía para calumniar y reprimir a los trabajadores.
Lo dijimos desde hace meses e incluso nos ofrecimos como mano de obra para atender las 24 zonas críticas (de la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro). No nos hicieron caso y hasta se burlaron, pero hoy se les está colapsando el sistema
, agregó.
Reiteró que los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan sin preparación ni equipo suficiente, por lo que no han podido sustituir el trabajo de más de 10 mil técnicos y especialistas, incluidos unos 3 mil ingenieros y mil 200 sobrestantes.
En entrevista durante la protesta de jubilados por la desaparición del fondo que alimenta los pagos de los electricistas en retiro, Esparza rechazó cualquier imputación directa o indirecta al gremio que encabeza de ser responsables de las averías en bóvedas del Centro Histórico de la capital o de las múltiples y constantes fallas en el suministro en la zona central del país.
El gobierno, agregó, continúa evadiendo su responsabilidad de la misma forma en que lo hizo, por ejemplo, en el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, en el conflicto laboral en Cananea y en hechos en que han muerto civiles.
“Lo mismo llama pandilleros a estudiantes acribillados que ‘daños colaterales’ a los abusos de autoridad de las fuerzas armadas; ahora trata de justificar supuestos actos de sabotaje” ante la falta de pericia y de mantenimiento de la CFE y sus contratistas.
Sin embargo, comentó, aquí estamos los electricistas en pie de lucha, con 30 mil demandas laborales y administrativas interpuestas y con una huelga colectiva de hambre en el Zócalo para defender nuestros derechos.
El gobierno, en cambio, sólo usa la represión y la fuerza policial y militar; así ocurrió en el sabadazo del 11 de octubre, cuando entró por la puerta de atrás para ocupar LFC y dejar sin empleo a más de 44 mil trabajadores. Es así como intentan justificar lo injustificable
.
A la titular de Energía, Georgina Kessel, agregó Esparza, se le hace fácil descalificar y calumniar sin evidencia. En el Centro Histórico, abundó, hay cámaras de video; que presenten las imágenes de los supuestos actos de sabotaje.
La verdadera causa de los apagones es que no hay mantenimiento en instalaciones caducas, con transformadores viejos –de más de 40 años de antigüedad– en una red subterránea obsoleta que, sin embargo, los integrantes del SME mantenían en operación, agregó.
Lo hemos dicho una y otra vez y hoy lo repetimos: Felipe Calderón fue engañado; Javier Lozano (secretario del Trabajo) le dijo que en unos cuantos días todos estaríamos liquidados, mientras la secretaria de Energía y el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, le dijeron que podían sacar adelante el servicio, y ahora se dan cuenta que no tienen dinero ni recursos humanos para dar de manera eficiente el servicio.
Ahora el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, inicia su responsabilidad descalificando nuestro movimiento y nos intentan culpar de todas sus fallas. La huelga de hambre del SME sigue porque es indefinida y llegaremos hasta las últimas consecuencias en la defensa de LFC
, advirtió.
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Electricidad: sabotaje, pero del gobierno
Las acusaciones del gobierno federal chocan, por un lado, con los reportes de las autoridades de seguridad pública local –encargadas de la vigilancia de las zonas afectadas–, que aseguran no haber visto acción alguna de sabotaje, así como con consideraciones técnicas que subrayan la imposibilidad de dañar intencionalmente los cables de alta tensión del suministro eléctrico sin sufrir las consecuencias de una descarga. Más aún, los empeños por responsabilizar a los trabajadores del SME de las constantes fallas en el suministro de electricidad quedan desacreditados ante el comportamiento de un gremio que se ha movilizado en forma pacífica, aun cuando sus integrantes han sido colocados en la perspectiva de la desesperación y el desempleo masivo.
Es mucho más claro, en cambio, el vínculo causal entre la multiplicación de las fallas del suministro eléctrico en la zona centro del país y la toma del control de ese servicio por la Comisión Federal de Electricidad (CFE): más que por acciones de sabotaje, las extendidas y constantes interrupciones en el flujo de energía se pueden explicar por la imposibilidad del gobierno federal para suplir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la totalidad de sus funciones y por la impericia de los técnicos de la CFE para operar una red que se hizo obsoleta como resultado de años de abandono gubernamental. Son significativas, al respecto, las advertencias que ha venido lanzando la dirigencia del SME desde antes del decreto de extinción de LFC, de que diversas zonas críticas
en la capital del país requieren de mantenimiento con urgencia, señalamientos que, sin embargo, han sido desatendidos por las autoridades federales.
En suma, y salvo prueba en contrario, en los siete meses transcurridos desde el asalto a las instalaciones de LFC ha sido el gobierno federal, no el SME, el que ha incurrido en algo muy parecido al sabotaje: no otra cosa es el designio de concesionar la operación del servicio eléctrico a contratistas privados, a todas luces incapaces e insuficientes, y sustituir con un puñado de trabajadores subcontratados por la CFE a decenas de miles de electricistas experimentados del SME. En tal circunstancia, los empeños por culpar de las fallas a integrantes de ese sindicato se presentan ante la opinión pública como un componente adicional de la cruzada antisindical emprendida por el calderonismo y como otro intento por criminalizar la lucha emprendida por los electricistas tras la extinción de LFC, el pasado 11 de octubre.
Ante la cerrazón y la indolencia exhibidas por el gobierno calderonista, y frente a las persistentes afectaciones que ha sufrido en meses recientes el corazón político y económico del país, es necesario que las autoridades locales empleen las herramientas y los recursos jurídicos a su alcance para revertir esta situación. En concreto, cabe insistir en la pertinencia de que el Gobierno del Distrito Federal estudie la propuesta de crear una entidad pública encargada de generar y distribuir energía eléctrica para la capital del país, a efecto de garantizar su viabilidad económica y social.
Fisgón
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Sábado 15 de mayo de 2010, p. 6
Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que, sin presentar pruebas, no se puede acusar a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de sabotear instalaciones eléctricas.
El perredista Carlos Navarrete dijo que no dará credibilidad a la versión de las partes en conflicto, porque si el gobierno federal ya diagnosticó
que hay sabotaje detrás de los recientes apagones y accidentes ocurridos en las instalaciones eléctricas, ello puede ser parte de su interés por acorralar al SME y de cargarle todas las responsabilidades
.
Demandó por ello que haya una investigación seria de lo que ocurre con el servicio eléctrico en la ciudad y la zona centro del país, pero que no sólo quede a cargo del gobierno, que es parte interesada, sino de instituciones imparciales, como el Instituto Politécnico Nacional, a fin de que evalúen lo que realmente pasa.
Mientras, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, recalcó que hasta ahora todo son dichos de autoridades federales, pero no hay pruebas de que intencionalmente se hayan causado daños que dieron origen a apagones.
Si tienen pruebas que las presenten y además que nos informen
, recalcó el priísta. A su juicio, de comprobarse el sabotaje se debe aplicar la ley, pero el gobierno de Felipe Calderón debe resolver el conflicto con el SME. Yo intensificaría las pláticas de avenimiento y de concordia para la solución de las demandas [de los trabajadores].
Campaña sucia
El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, señaló que los integrantes del SME han mantenido su movimiento en defensa de su fuente de empleo, dentro de la legalidad y las acusaciones de sabotaje forman parte de la campaña sucia
que Calderón ha emprendido contra los trabajadores.
“Todo mundo sabe –dijo– que el sistema eléctrico en el Distrito Federal está a punto de tronar y que la gente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en lugar de los trabajadores del SME no tiene capacidad para operarlo”; por ello los accidentes y apagones.
Recordó que desde un principio, el SME denunció que se había puesto a gente sin experiencia ni capacidad para operar el sistema y es obvio que perdieron el control. Además, agregó, quieren acabar con un grupo de trabajadores que no ha dejado de luchar por la vía pacífica y que tiene a varios de sus integrantes en huelga de hambre”.
La alta tensión electrocutaría a quien lo intentara, dice; apagones afectan unas 100 colonias
Sábado 15 de mayo de 2010, p. 7
Si alguien intenta cortar con navaja un cable subterráneo en la capital del país se electrocutaría al instante –incluso si se queda a 40 centímetros de distancia de los equipos– porque la tensión que corre ahí es de 23 mil voltios; se trata de una red automática, no de simples coladeras independientes, explicó el ingeniero Héctor Paniagua Silva, coordinador de la comisión técnica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Por ello, las hipótesis y especulaciones del gobierno respecto al origen de las averías carecen de toda lógica y conocimiento técnico y científico, añadió.
No pueden probar el sabotaje simplemente porque no hay tal. En cables subterráneos hacerlo es casi imposible.
Expresó que las recientes fallas se deben a ausencia de mantenimiento: no se extrae el agua de las bóvedas
. Además, estamos hablando de redes automáticas; esto quiere decir que si hay una falla, la energía eléctrica trata de entrar por otra subestación
.
Señaló que las fallas que ocurren en la ciudad de México y municipios de lo que fue el área de influencia de Luz y Fuerza del Centro (LFC), incluso de manera simultánea en decenas de colonias –el SME calcula que los apagones afectan un centenar de éstas–, se deben a la ignorancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de las empresas contratistas para operar la red, las cuales están aprendiendo a punta de ensayo-error.
En especial, carecen de conocimientos para controlar los sistemas de alimentación de energía y suspender con pericia sólo el tramo que se busca reparar, y no todo el bloque, lo que afecta a miles de usuarios, apuntó.
Si en las colonias se va la luz es porque CFE quita el suministro en todo el alimentador debido a que no conoce qué debe seccionar; no sabe cómo hacer un seccionamiento de una línea, trabajo que nosotros hacíamos con pleno conocimiento de la red de distribución a fin de dejar fuera la parte fallada, y se proveía con otro alimentador para que la gente tuviera el corte de energía el menor tiempo posible
, expuso Paniagua en entrevista.
Agregó que el tiempo de interrupción al usuario (que contabilizaba LFC cuando ocurrían fallas pasajeras o francas) se ha triplicado en los pasados siete meses, desde el decreto presidencial de extinción del organismo.
Otro factor que influye sustancialmente en los apagones es la falta de mantenimiento preventivo desde el 11 de octubre pasado, sostuvo.
Nosotros, afirmó, dábamos a diario 50 licencias de servicio, de las cuales 40 por ciento eran sólo para acciones preventivas.
Entre los trabajadores del SME consultados tras conocerse la creación del Centro de Atención y Reacción Inmediata (para prevenir supuestos actos de sabotaje) surgió de inmediato la molestia por la intención gubernamental de encontrar culpables de las fallas en el suministro eléctrico.
En principio, porque nunca se hizo caso
a la solicitud del SME para que se dotara de más presupuesto a la LFC; sin embargo, señalan los electricistas, ahora vuelve la campaña para culparlos de todo:
Las fallas del fin de semana pasado se multiplicaron por los fuertes vientos en el Distrito Federal y, seguramente, dirán que también somos culpables de ello. Seguramente los 44 mil trabajadores que fuimos despedidos el 11 de octubre nos pusimos a soplar.
Paniagua comentó que si el 11 de octubre el SME hubiera optado por combatir el decreto por la fuerza, no se hubieran enfocado en las bóvedas subterráneas, sino en las líneas aéreas y en centros estratégicos, con lo que se arruinaría el suministro en todo el país, no sólo en la zona central.
El sistema nacional está interconectado, y la falta de luz en el sector central provocaría que todos los generadores se desconectaran, y entonces sería un apagón nacional.
Sin embargo, ésa no fue ni es la estrategia del SME, sino la lucha pacífica, insistió.
Helguera
Tras la marcha de hoy, montará un campamento informativo y de denuncia
En la movilización participarán delegaciones de 18 estados
Mañana se convocará a una asamblea nacional para definir acciones ante la falta de respuesta a su pliego petitorio
Sábado 15 de mayo de 2010, p. 33
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalarán este sábado un campamento de denuncia e información en el Zócalo, como parte de la jornada nacional de lucha.
Esta corriente magisterial saldrá una vez más a las calles para exigir mejores condiciones de trabajo y la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Elba Esther Gordillo Morales.
Francisco Bravo, secretario general democrático de la sección nueve del Distrito Federal, señaló que el plantón permanente que instalarán este Día del Maestro es una de las primeras acciones para informar a los ciudadanos sobre el creciente deterioro en las relaciones laborales con la Secretaría de Educación Pública (SEP)
.
Aseguró que con la aprobación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) está en riesgo la plaza de base y el respeto a los derechos conquistados por los trabajadores de la educación
.
Indicó que tras la marcha, en la que se prevé que participen delegaciones de unas 18 entidades, que partirá de las inmediaciones de la Benemérita Escuela Normal de Maestros hacia la Secretaría de Gobernación, y de ahí al Zócalo, montaremos un campamento informativo para denunciar los atropellos a nuestras condiciones generales de trabajo
.
Bravo destacó que en las escuelas con horario ampliado, en las cuales se extiende el servicio escolar de 12:30 a 14:30 horas, las autoridades no quieren reconocer que en este periodo extraordinario subsiste una relación de trabajo entre la SEP y los docentes. Sin embargo, se niegan a que forme parte de la jornada laboral, por lo que no tendrá impacto en aguinaldo, prestaciones ni derecho a bonos
.
Agregó que la movilización tiene como propósito denunciar el fracaso de la ACE, exigir la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE, demandar un incremento real de salario y no una simulación, como lo aprobado entre la SEP y Gordillo Morales, pero defender en forma contundente nuestras condiciones de trabajo
.
Dirigentes de la CNTE informaron que este domingo convocarán a una asamblea nacional representativa para definir los detalles del plan de acción en el que se prevé un paro de labores de 24 horas, así como la convocatoria a una marcha masiva para el 28 de mayo, si no recibimos pronta respuesta a nuestro pliego de demandas entregado a las autoridades federales el pasado 30 de abril
.
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Es, sin duda, una señal contundente que han decidido enviar a propios y extraños que, por diversas razones, quieran apoyar y acompañar el proceso de lucha que, de manera cotidiana, libran los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto para conseguir la autonomía, la democracia, la justicia y la paz en la entidad. Con la espada desenvainada, piensan que, no quedando otro recurso, es hora de recurrir a la violencia en todas sus formas para lograr dos objetivos fundamentales: por un lado, detener el proceso de autonomía en los barrios y las comunidades triquis, y, por otro, generar un escenario de terror y miedo para intentar detener el cambio democrático que exigimos y necesitamos los oaxaqueños.
Esta agresión no es nada nuevo para los triquis. En su milenaria historia, particularmente en los tiempos de la colonización española y después de la creación del Estado mexicano, este pueblo ha sufrido un largo proceso de sometimiento político, desintegración territorial, explotación económica, discriminación racial y exclusión en todos los órdenes de la vida cotidiana, y es, desde luego, una de las razones torales que subyacen en todo el ambiente dramático que vive la región.
En este contexto, no hay que perder de vista que los afanes de control político y económico de los poderosos en esta región han tenido el objetivo de socavar todas las formas de organización comunitaria indígena. Aunque después de la llamada Independencia de México se crearon los municipios triquis de San Andrés Chicahuaxtla, San Juan Copala y San Martín Itunyoso, posteriormente con la Revolución Mexicana se desconocieron los dos primeros, manteniéndose en la actualidad solamente el municipio de San Martín Itunyoso, quedando las nueve agencias municipales y 35 barrios diseminados en los municipios no indígenas de Tlaxiaco, Putla, Constancia del Rosario y Juxtlahuaca.
Este hecho da constancia de la agresión, desintegración y pulverización política, administrativa y territorial a que se han visto sometidos los triquis, lo que ha traído como consecuencia que la gran mayoría de sus barrios y comunidades hayan sido excluidos de cualquier acto de decisión que repercuta en sus vidas y destinos, socavándose su autonomía y libertad de decisión. De este modo, las determinaciones políticas y económicas de la región han quedado en manos de los caciques, las instituciones del gobierno estatal y federal presentes en la zona, los dirigentes partidistas afines al PRI y las organizaciones sociales que, privilegiando sus propios intereses, han dejado de lado los principios comunitarios indígenas.
Pero, como nos han advertido los sabios y eruditos, la historia no sólo está hecha por los vencedores. También tiene su contraparte. Aunque se quiera olvidar, por las venas del pueblo triqui corre sangre de dignidad y hay una profunda raíz y larga historia de resistencia, trabajo y organización. Así lo ha demostrado en el pasado en su lucha contra cualquier cacicazgo. En este sentido conviene recordar el trabajo organizado que desde la década de 1970 empezaron un puñado de líderes triquis coordinados después por Paulino Martínez Delia, asesinado el 23 de marzo de 1990. Y, aunque sus asesinos intelectuales y materiales fueron plenamente identificados, sólo fueron apresados algunos autores materiales, permaneciendo los primeros en la más absurda y total impunidad hasta hoy.
Basados en sus más antiguas tradiciones, a principios de 2007 decidieron dar el paso histórico de crear el municipio autónomo de San Juan Copala como el mejor camino para recuperar su autonomía y buscar la reconstitución integral de las comunidades y barrios de la parte baja del pueblo triqui. Así, fundados en sus propias normas y costumbres ancestrales, recrearon un sistema de autogobierno indígena que tuviese la capacidad de sentar las bases para lograr la paz en la región y construir un proceso de crecimiento y desarrollo conforme a su cultura e identidad.
Sin duda, esta iniciativa ha sido un parteaguas en la historia de la región. Por un lado, los triquis han dejado en claro que ya no están dispuestos a aceptar cualquier estructura política, jurídica y económica que les sea ajena y que sea producto de la imposición. Por otro, se han asumido como los sujetos colectivos de sus propias decisiones, quitarse cualquier atadura y ser dueños de su propia historia y destino.
Por la magnitud y alcance de esta decisión, las respuestas de quienes históricamente han controlado y explotado esta región no se hicieron esperar. Estas reacciones han ido desde la descalificación, el chantaje, la persecución y hasta el uso de la violencia en todas sus formas, como el caso reciente. Se ha persistido en la lógica de la agresión y no se ha entendido que los sueños de libertad de un pueblo nada ni nadie los podrá destruir.
Por eso, además de atender urgentemente la exigencia de que haya justicia en la región para sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos ayer y hoy, la solución pasa necesariamente por el reconocimiento y respeto, en la ley y los hechos, del proceso de autonomía triqui, tanto en el nivel de los barrios y comunidades, así como en el ámbito municipal y muy especialmente en el contexto de la región, que incluya tanto la parte baja como la parte alta del pueblo triqui en un proceso pleno de reconstitución indígena. Necesitamos en este contexto una mirada que atienda el proceso histórico del pueblo triqui, así como la vertiente regional y resolución integral del problema.
Estamos conscientes, sin embargo, de que ante este delicado problema no existe la voluntad política del gobierno y de algunos actores en el conflicto para darle una solución de fondo. Impera lamentablemente la lógica de la administración del conflicto aun cuando esto implique dolor y muerte para un pueblo. Por eso en Oaxaca, particularmente en estos tiempos, se hace necesario seguir trabajando para crear las condiciones que den lugar a estructuras jurídicas, políticas y económicas, que posibiliten el reconocimiento de los procesos de autonomía de los pueblos indígenas, en los términos y condiciones que estos mismos decidan, sin injerencia ni imposiciones. Éste sería el punto de partida para colocar los cimientos de paz, autonomía y desarrollo en la región triqui.
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Hay alerta roja
en Cananea; grupos de choque intentan eliminarnos, dijo un minero
Existen cuatro ámbitos de ofensiva gubernamental, indicó Garrido en un foro en la UNAM
Sábado 15 de mayo de 2010, p. 35
Representantes de diversos gremios, abogados y académicos advirtieron que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), presentada por el PAN, pone en riesgo no sólo prestaciones laborales, sino derechos básicos, como la huelga y la posibilidad de agruparse en sindicatos.
En un foro realizado en la Facultad de Derecho, trabajadores mineros y electricistas, despedidos de sus empleos, señalaron que incluso con la normatividad actual el gobierno de Felipe Calderón ha hecho de la represión y el autoritarismo una práctica, totalmente alejada de un estado de derecho y democrático.
Antonio Navarrete, de la sección 65, correspondiente a Cananea, propiedad del Grupo Minero México, calificó de inconcebibles
las acciones del gobierno federal en contra de los mineros.
Estos desgraciados (patrón y gobierno) han dejado sin servicio médico a miles de personas; estamos frente a un asunto que no se vale ni siquiera en las guerras, al dejar a 11 mil derechohabientes al garete, con gente muriéndose por la falta de atención, medicina, diálisis
, comentó.
En Cananea, dijo, hay alerta roja
porque se enfrentan a la legalidad (la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el término de la relación laboral en esta mina) y a grupos de choque que buscan destruirlos.
Sin embargo, afirmó, los mil 100 trabajadores y sus familias están dispuestos a todo. No vamos a permitir que vividores se queden con la riqueza de la nación
, enfatizó.
Luis Javier Garrido, investigador de la UNAM y articulista de este diario, se refirió a los constantes ataques de la derecha hacia los trabajadores.
La ofensiva del gobierno torpe y fascistoide calderonista
se ha manifestado, expresó, en cuatro ámbitos: el jurídico, al dejar la Constitución de 1917 prácticamente como un documento histórico; en ese contexto se presenta la más reciente iniciativa de reforma a la LFT.
El segundo es que el gobierno defiende a ultranza a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, especialmente en la minería; el tercer ámbito de esta ofensiva fue tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, con base en la fuerza policiaca, el pasado 10 de octubre.
Eso fue un acto de gravedad sin precedente en la historia mexicana, porque entrañó un sinnúmero de violaciones al orden constitucional y legal, por lo que se puede calificar esta decisión de un verdadero golpe de Estado
, señaló.
El decreto de Calderón, explicó, se fundamenta en derechos que la ley no le otorga, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que resolverá acerca de la solicitud de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas– se encuentra ahora en un dilema de suma trascendencia.
Este máximo tribunal, dijo, se ha convertido en un elemento faccioso de la derecha mexicana. El dilema de la SCJN es fallar en contra de la razón y contra el derecho
, dijo.
La cuarta manifestación de la ofensiva calderonista en contra de los trabajadores ha sido pues, finalmente, la iniciativa de reforma a la LFT que conduce a la eliminación de los sindicatos como organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores.
En el foro participó también Agustín Rodríguez, dirigente del sindicato de la UNAM.
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Sábado 15 de mayo de 2010, p. 29
Campeche, Camp., 14 de mayo. Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, activistas integrantes de la Resistencia civil pacífica contra las altas tarifas eléctricas, quienes son considerados presos de conciencia
por Amnistía Internacional, iniciaron una huelga de hambre indefinida en el penal de San Francisco Kobén, en demanda de que los tribunales federales reconozcan su inocencia.
Al mismo tiempo, la coordinadora general del Comité del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, anunció que este sábado acudirán a esa penitenciaría para entregar personalmente el Premio Nacional de Derechos Humanos a la luchadora social y compañera Sara López
.
David Peña Rodríguez, abogado defensor de los presos de conciencia, explicó que ayer se reunió con autoridades estatales con el propósito de verificar que estén dadas las condiciones para la realización de la huelga de hambre, que comenzó este viernes.
Explicó que el ayuno será indefinido
, hasta que los tribunales federales reconozcan la inocencia de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, y acepten la sentencia del amparo 41-2009-B, emitida por el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida, Yucatán que reconoce que no se cometió ningún delito.
Tramitan revisión
Actualmente, el Tribunal Colegiado de Circuito tramita la revisión que interpusieron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) contra la sentencia de amparo que beneficiaba a los activistas de la Resistencia civil pacífica contra las altas tarifas eléctricas.
A pesar de que legalmente se contaba con un plazo de 30 días hábiles para resolver este recurso, han dejado pasar el tiempo alegando carga de trabajo, por lo que ha colocado a los presos de conciencia en un caso de detención arbitraria
, señaló Peña Rodríguez.
La huelga de hambre comenzó este viernes y durará el tiempo que sea necesario, por lo que se pidió la participación de las autoridades para garantizar las condiciones adecuadas y la observancia médica necesaria
, apuntó el integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
En tanto, ya se encuentran en Campeche representantes de diversas organizaciones civiles que este sábado acudirán a las instalaciones del Cereso de San Francisco Kobén, para entregar a Sara López el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.
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Señalan que EU debe abrir la frontera; la migración, imparable
Sábado 15 de mayo de 2010, p. 17
La ley Arizona no tardará mucho en ser derogada en tribunales federales de Estados Unidos porque es anticonstitucional, debido a que contiene elementos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos, aseveraron Dale Beck Furnish y Stephan Zamora, especialistas en derecho y comercio internacional de las universidades de Arizona y Houston, durante el coloquio América del Norte en el siglo XXI, organizado por la UNAM y la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México.
Consideraron que aunque el tema sea planteado por el presidente Felipe Calderón a su homólogo de Estados Unidos en la reunión que sostendrán la semana próxima, ambos optarán por que el proceso siga en tribunales.
Más que una ley es un “proceso político irracional sólo para detener hispanos”, con más efectos políticos y simbólicos que reales, pues jefes policiacos de Arizona declararon que no tienen tiempo para aplicarla, indicó Dale Beck Furnish, profesor emérito de la Universidad de Arizona y árbitro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Estados Unidos, dijo, debe abrir la frontera, porque además de ser infrenable
el flujo de migrantes, con nuestro sistema de control lo que estamos haciendo es subsidiar toda una sociedad criminal en la frontera, con tráfico de armas y drogas
, y generar cada año la muerte de cientos de personas en el desierto.
Ambos coincidieron en que, aunque el tema migratorio quedó excluido del TLCAN y se pretendió que quedara limitado sólo al ámbito comercial, de facto se ha registrado mayor integración entre la población de Estados Unidos y México, a grado tal que hay muchas zonas que están mexicanizadas. Somos Estamos Unidos Mexicanos
, refirió Beck Furnish.
Justamente por esa integración, aseveraron los investigadores, surgen los conflictos y el rencor de una minoría muy patriota
contra los migrantes, además que no debe perderse de vista que en Estados Unidos hay muchas personas afectadas por la crisis económica, y en ese entorno han creído las mentiras propagandísticas lanzadas contra los latinos que trabajan allá, como que no pagan impuestos.
Beck Furnish expresó que si la legislación fue aprobada, se debió a que quienes se oponían fueron poco activos
. La gobernadora Jan Brewer, expresó, se vio obligada a aprobar la ley, aunque no quería porque 80 por ciento de correos que recibió fueron en favor, pero ahora las encuestas indican que no hay una mayoría tan clara porque quienes la apoyan representan 52 por ciento del total.
Si la ley Arizona tiene un efecto positivo, subrayó Stephan Zamora, es que la opinión pública de Estados Unidos en general se levante para exigir a su Congreso federal que apruebe una reforma migratoria, porque el país se ha polarizado.
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Continúa la precarización laboral; trabajadores no tienen prestaciones ni seguridad social
El número de personas en esa condición creció en un millón 65 mil, según informes del Inegi
Sábado 15 de mayo de 2010, p. 23
Uno de cada dos empleos generados en el último año fue creado en actividades informales, en las que los trabajadores no gozan de prestaciones, sueldos fijos ni acceso a la seguridad social, indicó un informe oficial.
La precarización laboral ha sido la tónica del mercado de trabajo en este gobierno. En el transcurso de la actual administración federal, el universo de mexicanos que obtiene su ingreso de actividades informales creció en un millón 65 mil personas, indicó una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgada ayer. En el mismo periodo, el empleo en el sector formal aumentó en 662 mil 564 plazas, según el registro de altas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Entre marzo de 2009 y el mismo mes de este a
El resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de este año, elaborada por el Inegi, da cuenta de que la recuperación del mercado de trabajo es lenta y que continúa el deterioro de las condiciones laborales, opinaron analistas.
Continúan el deterioro en la calidad del empleo
, opinaron Arturo Vieyra y Sonia Machain, analistas de Banamex.
Los datos: entre el primer trimestre de 2009 y el mismo de este año la población económicamente activa (PEA) aumentó en 888 mil 200 personas, hasta alcanzar 46.1 millones de personas, de acuerdo con los datos del Inegi. En el periodo, 718 mil 144 personas hallaron una ocupación y de ellas la mitad, es decir, 364 mil 808, lo hicieron en actividades informales, añadió. El resto, 170 mil jóvenes, se incorporaron a las filas del desempleo.
El registro de altas del IMSS da cuenta de que entre marzo de 2009 y el mismo mes de 2010, el número de empleos formales creció en 301 mil 230 personas.
Dos indicadores adicionales dan cuenta del deterioro en la calidad del empleo
, apuntaron los analistas de Banamex. Uno de ellos, la llamada tasa de condiciones críticas
, que ubica el porcentaje de la PEA que trabaja menos de 35 horas a la semana, o que trabaja más de ese tiempo pero percibe menos del salario mínimo, se sostuvo en niveles altos
: 12.18 por ciento de la población económicamente activa (5.9 millones de personas), nivel similar al de hace un año.
El otro indicador mencionado por los especialistas fue el de la población que se desempeña en la economía informal, a la que el Inegi define como a las personas ocupadas que trabajan para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar
.
La informalidad siguió en aumento a lo largo del último año. En el primer trimestre de 2010 fue equivalente a 28.58 por ciento de la población económicamente activa. La cifra implica que prácticamente una de cada tres personas en edad y condición de trabajar en el país lo hace en actividades ajenas a los sistemas de protección social y con recursos generados en el mismo hogar. Esto es, en empleos de escaso valor agregado y baja productividad.
Es el sector informal el que ha logrado crear una barrera de contención a la pérdida de empleos en este gobierno. Al finalizar el cuarto trimestre de 2006, cuando inició la actual administración federal, 11.4 millones de personas se desempeñaban en el sector informal, cifra que creció a 12.5 millones en marzo pasado. En ese periodo, la informalidad absorbió 1.1 millones de plazas, de acuerdo con los datos del Inegi.
La tendencia al deterioro se ha mantenido. En el primer trimestre de este año, la tasa de ocupación en el sector informal fue de 28.58 por ciento, mayor a 28.21 del mismo periodo de 2009. También es mayor a la del cuarto trimestre de 2009, que fue de 28.49 por ciento de la población económicamente activa.
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