jueves, 14 de mayo de 2009

Técnicos y profesionistas de Pemex, hoy

Antonio Gershenson

El 18 de marzo de 2008 se constituyó, a partir de una asamblea nacional llevada a cabo en un auditorio de la Cámara de Diputados, la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas Petroleros, UNTYPP. Este hecho casi coincidió con el inicio de la gran confrontación que se dio a partir del envío de la llamada reforma energética, en realidad iniciativas de reforma de varias leyes relacionadas con Pemex. En su momento escribimos en este espacio sobre el asunto. Objetivamente, la polémica nacional sobre el petróleo retrasó los principales golpes contra la unión por parte de los funcionarios de Pemex, y simplemente la solicitud de que se tomara nota de la existencia legal de la unión fue siendo diferida en la Secretaría del Trabajo.

Poco después de que terminó el proceso legislativo en las cámaras, a partir del 14 de noviembre de 2008, empezaron los ataques contra dirigentes y miembros de la unión. Fueron desalojados de sus centros de trabajo, con amenazas e incluso mediante la violencia, un número creciente de ellos. El 18 de noviembre la unión solicitó su registro, en vista de que había cumplido los requisitos legales y habían transcurrido los 60 días que la ley marca como límite, sin respuesta.

Los funcionarios de Pemex pretendieron usar la táctica de “la zanahoria y el garrote”, ofreciendo reinstalaciones a cambio de renuncias a la unión. Para seguir ganando tiempo, las autoridades de Trabajo pidieron una y otra aclaraciones. Ya terminado el periodo de sesiones de las cámaras legislativas y prácticamente durante las vacaciones de fin de año, el 19 de noviembre de 2008 la autoridad laboral negó el registro.

La unión tiene a su favor no sólo la Ley Federal del Trabajo, que defiende el derecho de asociación y fija con precisión las posibles causas para negar el registro, sino también tesis jurídicas de fallos anteriores y tratados y convenios internacionales suscritos por México. Todos estos elementos se usaron en la solicitud de amparo. A este respecto, recordamos que el asunto de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez ahora ya está en un tribunal internacional, o sea que las autoridades mexicanas no necesariamente van a tener la última palabra. De modo que el amparo que se interpuso contra la negativa de registro, que está por ser resuelto en estos días, será un paso importante, pero no necesariamente el último. Y, claro, al difundir el problema tratamos de contribuir a una solución justa y de respeto al derecho de asociación de los trabajadores.

Esta parte del proceso laboral coincide, también, con un periodo en el que hay definiciones políticas y negocios dudosamente legales por parte de los funcionarios de Pemex. Ya cuando los contratos de servicios múltiples para el gas en la región de Burgos, la cual fue repartida entre seis empresas extranjeras, vimos, y vemos, la demanda de amparo por parte de una asociación de petroleros, contra el contrato de la trasnacional española Repsol, que tiene muchos otros negocios en México.

Pues ahora hay una nueva serie de contratos de servicios múltiples. En su documentación oficial en español Pemex no usa el término, pero fuentes de información en inglés sí lo usan, “multiple service contracts”. Este término sólo se aplica a los contratos de Chicontepec, y no a los de Cantarell y otras zonas. Reuniendo información de diferentes fuentes, y calculando el número de pozos en casos en que la fuente en cuestión no lo estima, hemos señalado los siguientes.

Primer contrato, otorgado a Schlumberger el 13 de junio de 2007, precio contratado a pagar por Pemex, mil 395 millones de dólares, duración cuatro años, aproximadamente mil pozos a perforar.

Segundo y tercero, otorgados a Weatherford el 25 de junio de 2008, precios contratados, el segundo contrato 612 millones de pesos más 357 millones de dólares, ambos más IVA; el tercero, 632 millones de pesos más 386 millones de dólares, ambos más IVA, tiempo de ejecución para ambos contratos, del primero de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009. Aproximadamente 300 pozos por cada contrato.

Cuarto contrato, adjudicado a Schlumberger el pasado 10 de marzo, precio 687 millones de dólares. Tiempo: del primero de abril de 2009 al 30 de junio de 2012. Prevé 500 pozos.

Quinto contrato, otorgado a Weatherford el 27 de marzo de 2009, precio 646 millones de dólares, tiempo de obra del 15 de abril pasado al 14 de julio de 2012. Incluye 500 pozos.

Hay que notar algunas cosas: este tipo de contratos se ha aplicado antes, durante y después del proceso legislativo, que supuestamente iba a fijar las reglas para los contratos, entre otras cosas. No les importó, ellos “voy derecho y no me quito”, con o sin reformas legales. El proceso lleva del orden de dos años, suma hasta el momento aproximadamente 2 mil 600 pozos contratados, mucho más que todo el resto de los iniciados, avanzados o terminados en todo el resto del país en esos periodos. Y los cinco contratos se han repartido entre sólo dos empresas trasnacionales.

La subsistencia y desarrollo de la UNTYPP implica una fuerza que tiene facultades legales, como parte afectada que son, de solicitar amparos contra esos y otros atropellos a Pemex. No está de por medio sólo el derecho de asociación, que es básico. También, un posible impugnador legal de estos contratos, como ya sucedió con otra organización petrolera en el caso de Repsol.

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