■ A su llegada a México fue recibida por legisladores y padres de sus compañeros fallecidos
Ejerzo mi derecho a permanecer en mi patria y a no seguir en el exilio injusto: Lucía Morett
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Lucía Morett, acompañada de su madre y un funcionario, en el aeropuerto de Managua Foto: Blanche Petrich
Lucía Morett Álvarez –apenas un vendaje en el tobillo, una de las últimas secuelas que le quedan después de ser gravemente herida en el ataque colombiano al campamento de las FARC en Ecuador donde se encontraba el primero de marzo– le dio un fuerte abrazo de despedida a Samuel, el hombre de la seguridad del Estado que el gobierno de Nicaragua asignó para su protección durante los ocho meses que pasó en Managua.
Entró cargada de bultos al aeropuerto internacional, que ha recuperado el nombre de Augusto César Sandino. Se documentó en la ventanilla de la aerolínea que la llevó a El Salvador y después a México.
Flanqueada por Mary Chuy y Jorge, sus padres, ambos antropólogos, su abogado Hugo Rosas y dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, le dijo adiós a una situación de asilo informal que le impedía regresar a México.
Horas después mostraba sus documentos a sonrientes empleados de migración en la ciudad de México y cruzaba la puerta de arribos deslumbrada por los flashes de medio centenar de fotógrafos. Ahí estaban, para completar el escudo de protección, más legisladores perredistas, encabezados por la dirigente de Eureka, Rosario Ibarra de Piedra: Aleida Alavez, Cuauhtémoc Sandoval, José Jacques Medina.
Los flashes fueron la señal para que estallaran, entre los cientos de personas que la esperaban, las consignas y gritos de bienvenida. Entre ellos, Rita del Castillo, madre de Juan González, palpitaba: “ya viene nuestra niña”. El hijo de Rita, uno de los cuatro jóvenes muertos en Ecuador. Y estaba el papá de Chac, Fernando Franco, los de Soren Avilés, sus compañeros de la UNAM, el Comité del 68, los de Atenco, liderados por Trini del Valle. Al final de la valla, muy alejada de los reflectores, discreta como siempre, Ana María Ramírez, la mamá de Verónica Velázquez.
Ante todos ellos, pero principalmente para los periodistas, Lucía Morett hizo una declaración largamente pensada: “Ejerzo mi total derecho a permanecer en mi patria y a no seguir más en un exilio injusto al que me ha obligado gente con ánimos de revictimizar a quienes ya fuimos víctimas”. Lejos estaba aquella imagen de una estudiante llorosa, en silla de ruedas, que comparecía por primera vez ante la prensa en Quito, después de sobrevivir a un bombardeo que dejó en la selva amazónica ecuatoriana enormes cráteres y un gran círculo de árboles calcinados. Ahora estaba de regreso, casi un año después de dejar su país. La diputada Aleida Alavez le levantaba el brazo, por un retorno victorioso.
Ante la prensa, reiteró: “No tengo ninguna orden de aprehensión, nadie puede acusarme de nada”.
Horas antes, en el aeropuerto salvadoreño de Comalapa, su padre, Jorge Morett, pedía un instante de silencio en la mesa de un pequeño restorán donde un grupo de mexicanos pedía chile para acompañar las humeantes pupusas. Levantó su vaso de ron y, mirando las enormes sonrisas de su mujer y su hija, brindó “por éste que ha sido el viaje más feliz de mi vida”.
■ Deberá comparecer ante el Ministerio Público en calidad de indiciada
La SIEDO mantiene averiguación en que se involucra a la estudiante
■ En la indagatoria el presunto acusador sólo presenta pruebas de dicho
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) mantiene abierta una averiguación previa por terrorismo y delitos cometidos por mexicanos en el extranjero, en la que la estudiante universitaria Lucía Morett es considerada indiciada, por lo que deberá comparecer ante el Ministerio Público Federal, revelaron fuentes de la Procuraduría General de la República.
La investigación incluye acusaciones en contra de Morett y otros mexicanos que estuvieron presentes en un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían en territorio de Ecuador, y que fue bombardeado el pasado primero de marzo por militares colombianos.
Sin embargo, dentro de la averiguación previa UEITA/057/ 2008, la SIEDO no ha citado a comparecer a la estudiante universitaria, y solamente cumplió una petición de interrogatorio que envió el gobierno de Colombia en abril de este año, en el que Lucía Morett fue cuestionada acerca de sus vínculos con las FARC.
En México, la averiguación previa está integrada por recortes de prensa e informes colombianos respecto del ataque de la milicia colombiana al campamento de las FARC, en el que murieron más de 20 personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos, y Lucía Morett logró salir con vida.
Asimismo, la indagatoria también contiene una denuncia presentada por el llamado Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, en la que se solicita al Ministerio Público Federal que se ejercite acción penal en contra de Morett por ser presunta responsable del delito de terrorismo.
En ese contexto, fuentes judiciales confirmaron que la Procuraduría General de la República no ha solicitado orden de aprehensión en contra de Lucía Morett, y hasta el pasado viernes no había emitido algún citatorio ministerial en contra de la estudiante mexicana, según consta en registros de un juzgado federal del cual los abogados de la estudiante solicitaron un amparo contra cualquier medida cautelar.
El abogado Hugo Rosas de León, quien redactó la demanda de amparo, confirmó a este diario que todos los jueces penales del país negaron la existencia de alguna orden de captura contra la estudiante.
“No existe hasta el momento algún acto de molestia en contra de Lucía; ningún acto de autoridad reclamado en el amparo reconoció la existencia de una medida cautelar; tampoco se le ha notificado (a la estudiante) si su calidad jurídica en la averiguación previa abierta en la SIEDO es de testigo o indiciada”, puntualizó el litigante.
Cerca de 100 jueces de procesos penales, federales y del fuero común informaron que la SIEDO no ha pedido la captura de la estudiante universitaria, según consta en el expediente del juzgado 12 de amparo penal al que tuvo acceso La Jornada.
Hasta el momento sólo existe en contra de Morett la indagatoria iniciada por la Unidad Antiterrorismo de la SIEDO, en la que consta la declaración de un detenido que dijo a la PGR que durante 2007 su ex esposa recibió adiestramiento sobre guerrillas por parte de Lucía Morett en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa.
Según consta en los documentos ministeriales, el declarante, quien dijo llamarse Arturo Gómez Delgado, aseguró que Morett se ostentaba como integrante de las FARC y que tenía conocimiento sobre adiestramiento paramilitar. Sin embargo, no presentó pruebas más allá de su dicho.
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ESTA ES LA NUEVA IZQUIERDA MODERNISTA DEL PRD... PIDIENDO APOYO A LOS ENEMIGOS HISTORICOS DE LOS TRABAJADORES:
■ Expone sus planes ante representantes de CCE, ANTAD y Coparmex
Ortega pide a empresarios apoyo para “modernizar” la izquierda
■ Reitera que se alejará de las “verdades únicas” y las recetas
Jesús Ortega Martínez delineó ayer el rumbo que seguirá el Partido de la Revolución Democrática (PRD) bajo su presidencia ante los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), un representante del Partido Acción Nacional (PAN) y, entre otros perredistas, gobernadores emanados del sol azteca. Destacó la presencia del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y la ausencia del mandatario de Michoacán, Leonel Godoy.
No asistieron el grueso de los dirigentes de Izquierda Unida a escuchar un largo discurso de Ortega, quien manifestó que junto con otras fuerzas políticas y los ciudadanos, el PRD debe encontrar soluciones adecuadas a las problemáticas nacionales. Aclaró que es tiempo de conformar una izquierda moderna, consecuente con sus principios, propositiva y contemporánea, que no confunda derrota con congruencia, y que no le apuesta a la ruina del país.
“Sabemos que el cambio por el que luchamos no vendrá del desastre y del colapso económico y social de la nación. No deseamos ni esperamos la ruina del país para entonces asumirnos como alternativa. La izquierda, ahora mismo, debe presentarse como opción de gobierno y lo seremos si frente al fracaso evidente de la derecha logramos convencer a los mexicanos con mejores propuestas para lograr el crecimiento económico, restablecer el proceso de transición y avanzar hacia un régimen político democrático”, señaló.
En el Teatro de la Ciudad, donde presentó el “nuevo espíritu del PRD”, Ortega Martínez delineó una radiografía de la situación económica, política y social que vive México. Habló de la desigualdad e injusticia social, del estancamiento de la economía, del “castigo” al salario de los trabajadores mientras los precios de productos de primera necesidad aumentan “escandalosamente” y la tasa de desempleo repunta.
De cómo la producción de electricidad continúa “extranjerizándose” y de que “somos uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero importamos cada vez más gasolina y otros derivados” del crudo. También se pronunció en contra de que México tenga una economía estatista o controlada por una oligarquía.
Cuestionó que ante la realidad, el actual gobierno mantenga sin cambios sustantivos el rumbo neoliberal. “Se carece de un programa de Estado para el desarrollo nacional; no existe una estrategia general para superar el estancamiento de la economía, ni tampoco para enfrentar la crisis de la economía mundial y la recesión estadunidense que nos está afectando en todos los terrenos”.
Se recurre, insistió, a medidas de coyuntura y de impacto mediático, en muchas ocasiones, como ocurre con el problema de inseguridad pública, en tanto, cuestionó, miles de empresas apenas sobreviven por el endurecimiento de la política fiscal y otras, especialmente las medianas y pequeñas, “llegaron a la quiebra, perdiéndose con ello decenas de miles de empleos”.
Dijo que al país le resulta indispensable una izquierda fuerte y democrática, “que se convierta en opción de gobierno progresista”, y no transite en un “penoso regreso hacia la marginalidad política”. Que incluya a los más pobres y desprotegidos, a las clases medias, los movimientos civiles que reivindican derechos humanos y los ecologistas y “a la mayoría de los empresarios que como nosotros están en contra de abusos, de la corrupción, de una economía controlada por una oligarquía y que quieren un gobierno honesto que promueva el desarrollo del país”.
Pero para ello, continuó, el pensamiento del PRD debe alejarse de las “recetas y verdades únicas”, y debemos salir airosos y triunfantes en las contiendas electorales, al “dotarnos de ideas nuevas, de las mejores propuestas”, y así derrotar culturalmente el pensamiento conservador. Por eso estamos dispuestos, subrayó, a “lograr los mejores acuerdos en razón del país y de la seguridad de la gente”.
El presidente nacional perredista expresó que pugnará por reformas políticas y electorales que restablezcan el respeto al voto. En este sentido, dijo, el Instituto Federal Electoral (IFE) debe recuperar la autoridad, autonomía y facultades necesarias para impedir que los poderes económicos u otros fácticos, como sucedió en 2006, se conviertan en los grandes electores.
Debemos convencer a los ciudadanos, manifestó, que “no somos una oposición mecánica” y aprovechó para acotar que su partido representará a una izquierda pacífica y no recurrirá a la violencia.
Pareciera, dijo, que no hay lugar para la esperanza, pero no es cierta esa visión “apocalíptica, porque desde la misma crisis se abre paso una izquierda democrática, que reconoce las virtudes del liberalismo democrático, como la libertad, la soberanía popular, la igualdad jurídica”.
En la presentación de Ortega destacaron los presidentes de la Coparmex, Ricardo González Sada; de la ANTAD, Vicente Yáñez; y del CCE, Armando Paredes, quien al final de la misma consideró que con el perredista “podemos trabajar juntos” porque hay coincidencias y celebró que impulse una transformación para que México al fin cuente con una izquierda moderna.
También asistió Gerardo Priego, diputado del Partido Acción Nacional, quien resaltó la pluralidad que representa Ortega y señaló que su partido está dispuesto a trabajar con el sol azteca en aquellos puntos en que tienen coincidencias.
Estuvieron además, los gobernadores de Zacatecas, Amalia García; de Guerrero, Zeferino Torreblanca; y de Baja California Sur, Narciso Agúndez. Asimismo asistió el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
■ Unas 40 personas denunciaron que el sol azteca se está derechizando
Queman propaganda de Ortega y renuncian al PRD
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Decenas de personas quemaron sus documentos de afiliación al PRD y mantas de Jesús Ortega, frente a las oficinas del nuevo presidente del sol azteca Foto: Carlos Ramos Mamahua
Un grupo de personas quemó ayer sus documentos de afiliación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y propaganda de Jesús Ortega. Además pintarrajearon la fachada del edificio de Benjamín Franklin, donde hoy se presentará el dirigente de Nueva Izquierda para comenzar a trabajar. Gritaron consignas en contra del dirigente y su corriente. Entre las pintas destacaron las palabras ¡Traidores! y ¡Huele a mierda! También quemaron una figura de cartón de Ortega. Fue su manera, dijeron, de renunciar al partido.
Pedro Martínez, quien hasta ayer fungía como subsecretario de Prensa de la Secretaría de Comunicación y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional perredista, señaló, al emitir un pronunciamiento en la concentración, que renunciaban porque los dirigentes de Nueva Izquierda ya habían “vendido” el proyecto que dio vida al partido.
Indicó que el PRD se está “derechizando”, y confiaron en que a sus renuncias –unas 40 de acuerdo con el número de asistentes– se sumen muchas más para iniciar un nuevo proyecto partidista para la izquierda. Pedro Martínez señaló que el partido se ha convertido en un ente burocrático.
Estados de cuenta · El Fisgón
Astillero
■ Muertos de pena
■ Rebatiña electoral
■ Elogio gringo del narco
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EN EL TEATRO DE LA CIUDAD Ante representantes de agrupaciones empresariales como la Coparmex y el CCE, y de mandatarios de origen perredista, como Marcelo Ebrard y Amalia García, Jesús Ortega Martínez presentó ayer su plan de trabajo para dirigir el sol azteca Foto: José Antonio López
El impetuoso crecimiento de la delincuencia se ha convertido en un pastel político y electoral. El primero en buscar tajada del tema ha sido el ocupante de Los Pinos, quien ha fundado su actuar administrativo en una presunta guerra al narcotráfico que ha dejado miles de muertos en este año y ha formalizado la división del país en parcelas controladas por determinados bandos de criminalidad explícita (la implícita, o no confesa, es la “institucional”), que actúan por encima del poder de lo que queda de Estado. Rédito político y electoral se busca, por ejemplo, cuando a todas horas resuena en el país la cantaleta sombría, cavernosa, con que se propicia el miedo colectivo al anunciar en espots oficiales ciertas detenciones o “éxitos” en el “combate a la delincuencia organizada” (propaganda que violenta derechos constitucionales de quienes son señalados públicamente por el gobierno federal como inequívocos responsables de hechos que jurídicamente están sujetos a un proceso que sólo a su final permite a alguna autoridad establecer culpas formales).
El ejemplo federal de ordeña publicitaria de las fallidas tareas de prevención y castigo de la delincuencia es imitado en las entidades federativas por gobernadores que en una gran mayoría se han alineado con alguno de los bandos de máxima criminalidad, a veces con alegre disposición a ser llenados de plata, a veces con genuino temor al plomo. Los rumores populares citan en varios estados presuntas historias en las que los déspotas mandatarios locales habrían sido doblegados por algún cártel que sin problema habría hecho a un lado al amenazado o cooptado equipo de seguridad del gobernador o la gobernadora de que se tratara, para que narcotraficantes de gran peso establecieran reglas y cuotas a los disminuidos encargados de las jefaturas políticas locales que luego habrían sido liberados en condiciones penosas, aunque sin maltrato físico directo.
Uno de los más recientes buscadores de raja política con el tema de la delincuencia desbordada ha sido el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que ha propuesto al congreso estatal, en el que tiene sobrada mayoría, y por tanto su iniciativa fue aprobada, la instauración de la pena de muerte contra secuestradores que asesinen a sus rehenes. Coahuila y Durango viven situaciones de constante riesgo social debido a que parte de sus regiones, sobre todo La Laguna, se ha convertido en campo de batalla de cárteles que además de pelear cruelmente entre ellos han fijado a los ciudadanos sistemas de recaudación obligatoria, sobre todo entre quienes tienen algún tipo de negocio y conforme al nivel del cual son establecidos los narcoimpuestos, bajo amenaza cumplida de ejecución ejemplar de los desidiosos u omisos (el mismo esquema rige en muchos estados, sobre todo los norteños).
En Coahuila, desde la autorizada voz del propio gobernador Moreira, se ha dicho que panistas destacados estarían metidos en el rejuego que busca controlar el gran negocio del tráfico de drogas (recuérdese que en esa zona hay amistades y compadrazgos felipistas que han tenido un rápido crecimiento político). En ese contexto de acelerada descomposición institucional, y con el agravante de que el lic. Calderón pretende ahora transferir a los estados y municipios algunas responsabilidades de combate a esa delincuencia mayor, el plurifacético gobierno de la familia Moreira (Humberto es el gobernador, Rubén preside el PRI y otro hermano es líder sindical de sección en sección) impulsó la iniciativa de pena de muerte que tanto escozor ha provocado a nivel nacional y no sólo por sus implicaciones éticas y por el evidente riesgo de que el aparato corrupto de justicia tome decisiones terminales a partir de pervertidas consideraciones y procesos, sino porque ese clan priísta norteño estaría arrebatando parte del capital político que el calderonismo pretende utilizar en los comicios venideros, posicionando al mismísimo panismo que desató la espiral de criminalidad como presunto oferente de soluciones de mano dura que ya estaba comenzando a utilizar el desacreditado partido “Verde Ecologista” y ahora tendrá una vertiente tricolor coahuilense que aun cuando no logrará que el congreso federal apruebe las consecuentes reformas constitucionales necesarias para aplicar la mencionada pena de muerte, sí tendrá material discursivo para tratar de alcanzar electoralmente a las masas ávidas de orden al costo que sea.
A tiempo electoralmente oportuno viene en camino la primera remesa de la intervencionista Iniciativa Mérida. Lo que se alcance a hacer con los billetes de Troya podrá lucirse a mitad de año, con las urnas a tiro de voto. No importa que para recibir esos puñados de dólares se deba soportar el injerencismo del embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, que ayer, al firmar con un subsecretario mexicano el acuerdo para el uso de 400 millones de dólares, colocó a las autoridades de ambos países por debajo de la eficacia de los cárteles: “a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos trasnacionales mejor que las autoridades de nuestros dos países”, dijo el bushista que se ha convertido en declarante frecuente sobre asuntos internos de México. Garza dijo que su gobierno compartirá “las mejores tecnologías de manejo de información y comunicaciones” y participará en la “capacitación en procuración de justicia”. Haya sido planeado o no, lo cierto es que el espectáculo de horror que durante dos años se ha desarrollado en México ha desembocado en la antipatriótica apertura de puertas a las fuerzas estadunidenses, en esta ocasión con el disfraz “benévolo” de la cooperación frente al problema común. Muertos de pena deberíamos estar los mexicanos todos al permitir sin mayor resistencia eficaz esta peligrosa cesión.
Y, mientras la congruencia pregunta si el que Encinas salude sonriente y de mano a Ortega (y programe sesiones de trabajo con él) no es lo mismo que si AMLO lo hiciera con Calderón, ¡hasta mañana, con la Cómer que acosada por acreedores es al mismo tiempo generosamente beneficiada por el gobierno capitalino!
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