CND-Puebla, Jóvenes y Estudiantes

Porqué NO a la Ley de Seguridad Nacional / Laura Carlsen / 14 ago 2011

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Revela que habló con Ugalde cuando el conteo no era oficial, dice

Confiesa Vázquez Mota que hubo fraude en 2006: AMLO

Presenta a empresarios de Veracruz el plan económico de Morena

Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por Veracruz, donde criticó la propuesta actual del gobierno sobre cateos y detenciones, pues aseguró que la paz es fruto de la justiciaFoto Carlos Ramos Mamahua

Jalapa, Ver., 23 de septiembre. Todos los que participaron en el fraude electoral de 2006 ya están confesando cínicamente que nos robaron la Presidencia, aunque es algo que ya todo el mundo sabía, señaló Andrés Manuel López Obrador al comentar la revelación hecha por Josefina Vázquez Mota sobre sus conversaciones telefónicas con Luis Carlos Ugalde, quien presidía aquel año el Instituto Federal Electoral (IFE).

Según Vázquez Mota, quien era coordinadora de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces titular del IFE le llamó la noche del 2 de julio de 2006 para informarle que el candidato panista a la Presidencia había ganado los comicios, cuando aún no se realizaba el conteo oficial ni había cifras preliminares sobre los resultados de la votación.

Ya confesó (Vicente) Fox de manera cínica que había cargado los dados (en favor de Calderón); confesó quien era presidente del PAN, Manuel Espino, que gobernadores priístas les ayudaron en el fraude; ahora confiesan Vázquez Mota y el que estaba de presidente del IFE (Ugalde). Yo les puedo decir que la señora Josefina también manipuló el padrón de los beneficiarios de la Sedeso (Secretaría de Desarrollo Social) para ayudar al PAN en 2006 (pues fue titular de la dependencia con Fox), dijo.

Pero el problema principal es el daño que se causó al país y al pueblo, dada la actual decadencia, fruto de la crisis económica, política, social, de violencia e inseguridad, porque no estaría así el país si no nos hubieran robado la Presidencia, aseveró al ser entrevistado tras un desayuno en Jalapa con 150 empresarios de Veracruz, a los que presentó la propuesta económica del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza.

Sus anfitriones brindaron fuerte aplauso a López Obrador cuando llamó a rescatar a los jóvenes casa por casa para evitar que terminen en la calle, en la cárcel o muertos, por ser enganchados por la delincuencia, y también cuando afirmó que gran parte de la solución para lograr la oferta educativa total es quitarle el control de la Secretaría de Educación Pública a Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, premiada por Calderón con dicha dependencia por su participación en el fraude electoral de 2006.

El tabasqueño fustigó la iniciativa del gobierno para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales con el fin de legalizar las detenciones y cateos sin mediar órdenes judiciales. Ahora los policías, sin ningún tipo de orden, podrán secuestrar prácticamente a la gente, dijo.

Manifestó que la propuesta para facilitar las llamadas detenciones urgentes y la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares es retrógrada e inútil, pues el problema de la inseguridad y la violencia no se resuelve con medidas coercitivas ni con salir a la televisión diciendo que no le temblará la mano. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

Tanto con los empresarios como en la asamblea informativa efectuada en Martínez de la Torre –a la que asistieron unos 3 mil simpatizantes del Morena–, propuso imitar las medidas que adoptó durante la crisis de 1929 el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt con la intención que su nación superará el severo deterioro económico: crear un ambiente de empleo pleno, generar fuentes de trabajo para que la gente tenga ingresos y a la vez, detener la espiral de violencia.

En el parque José María Morelos, López Obrador aseguró que las elecciones presidenciales de 2012 serán una especie de referéndum sobre el futuro del país. El pueblo, no los poderosos, sino los ciudadanos, decidirán si quieren ser dueños de su propio destino, si quieren un cambio o si se quedan con el masoquismo colectivo al votar por más de lo mismo.

Por la noche, López Obrador visitó Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla, donde criticó que los altos niveles de inseguridad del país destruyeron la economía de las ciudades fronterizas y turísticas, las cuales padecen el cierre de empresas y elevados niveles de desempleo, cuando en el pasado eran polos de desarrollo.

Es grave la inestabilidad que impera en esas urbes, pues dejaron de producir las fuentes de trabajo que garantizaban ingresos tanto a sus habitantes como a mexicanos de las regiones sur-sureste. México es de los países del mundo con menos crecimiento, y si no hay crecimiento no hay empleos ni bienes ni tranquilidad ni paz social, manifestó.

Con información de La Jornada de Oriente

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Sandak, una huelga al revés

Arturo Alcalde Justiniani

Alas 18:50 horas del miércoles pasado, los trabajadores de la empresa Calzado Sandak SA de CV, en Calpulalpan, Tlaxcala, fueron notificados de la declaración de inexistencia de su huelga; el motivo, el patrón suspendió las labores antes que los trabajadores estallaran su movimiento. La junta laboral argumenta, que conforme al artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga es la suspensión temporal del trabajo y dado que desde el 18 de julio, un mes antes, se había cerrado la fábrica, entonces la huelga no es legal. Para remate, la junta ordena que los trabajadores reinicien sus labores dentro de las siguientes 24 horas, so pena de ser despedidos sin derecho a indemnización alguna: ¿cómo lo harán si existe un paro por decisión de los patrones?

El conflicto en la planta de Sandak, propiedad de la transnacional Bata Internacional, de origen canadiense-checoslovaco, deviene de una política que pretende trasladar sus actividades productivas hacia pequeñas maquilas, la mayor parte de carácter domiciliario, para abatir costos y evadir el pago de prestaciones y seguridad social. La empresa no puede alegar el costo de salarios altos, ya que únicamente paga a la mayoría de los trabajadores 111.50 pesos diarios, pero con la maquila puede reducir los costos en más de 40 por ciento. Poco importa la ley y la degradación de las condiciones de trabajo y vida de los asalariados. Los empresarios confían en las facilidades que les han brindado las autoridades de Tlaxcala, actualizando un escenario de extrema impunidad, por cierto, a unos cuantos días de que la Organización Internacional del Trabajo realice la Jornada mundial en favor del trabajo decente, en la que México ha comprometido su apoyo.

La declaración de inexistencia de la huelga fue resuelta por unanimidad por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, integrada por su presidenta Karina Edith Torres Vázquez, quien fuera designada por el gobernador, Mariano González Zarur; el representante patronal, Maximino Romero Mendoza, y aunque parezca increíble también votó en favor de la resolución Hermilo Rojas Xicohténcatl, quien ocupa el cargo de representante obrero, siendo además, segundo regidor y miembro del consejo político estatal del Partido Revolucionario Institucional. Estos actos enfatizan la necesidad de suprimir en nuestra legislación estas juntas tripartitas, convertidas en la práctica en tribunales de consigna.

Las autoridades de Tlaxcala conocen las aviesas intenciones de Bata Internacional, saben que están en falta y aun así pretenden premiarla con esta absurda resolución de inexistencia, que busca crear zozobra y angustia entre los trabajadores, forzándolos a aceptar los ilegales pagos que les ofrecen. Se trata de una auténtica alianza entre el gobierno estatal y la trasnacional para esquilmar los derechos de los trabajadores, sin justificación alguna. La gestión pública debería centrarse, precisamente, en mantener la fuente de trabajo y crear las condiciones para su expansión, no agregar un contingente más al ejército de desempleados y trabajadores precarios.

El argumento de declarar inexistente una huelga por el hecho de que el patrón suspendió sus actividades previamente no es nuevo, existen varios antecedentes al respecto. La empresa Fertimex Cuautitlán, en la época de Arsenio Farell como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acudió a este argumento para violar el derecho de huelga. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) impuso a Fertimex una suspensión temporal de actividades por generar contaminantes ambientales que afectaban a la población del área de Cuautitlán. Aprovechándose de la sanción de Sedue, Fertimex desconoció el contrato colectivo y dejó de pagar salarios, por ello, los trabajadores se vieron obligados a acudir al recurso de huelga. Farell ordenó la declaración de inexistencia pretextando socarronamente que se apoyaba en un viejo principio filosófico consistente en que nadie puede suspender lo suspendido, en consecuencia, no podía haber huelga obrera puesto que las actividades se habían suspendido previamente.

El entonces dirigente sindical en Fertimex le respondió a Farell en el mismo tono: hay otro principio filosófico aún más antiguo: la causa de la causa, es causa de lo causado, esto es, al ser Fertimex responsable de la suspensión por su conducta, no podía beneficiarse de ella dejando de cumplir con sus obligaciones. Ante la cerrazón de Farell, el conflicto se solucionó como suele suceder en nuestro país cuando se cierran las vías legales: los trabajadores iniciaron una marcha con sus familiares y vecinos a la ciudad de México obligando a la apertura de una mesa de negociación.

La empresa llantera Euzkadi, en el Salto, Jalisco, hace 10 años, quiso utilizar la misma estrategia, pero finalmente fracasó cuando el Poder Judicial federal dejó en claro que la huelga es un medio legal de defensa constitucional, que su ejercicio es a futuro, que su legalidad no puede ser afectada por una suspensión previa imputable a la empresa y que nadie puede beneficiarse de una conducta ilegal.

En el caso de Sandak, aceptar esa argucia llevaría al extremo de acabar con el derecho de huelga. Con un mínimo de lógica y buena fe se entiende.

Por lo pronto, el Poder Judicial federal, por conducto del juez segundo de distrito en Tlaxcala, Miguel Bonilla López, ya empezó a poner orden al otorgar en favor de los trabajadores la protección constitucional de suspensión de los efectos de la inexistencia. Hay que estar muy atentos de lo que suceda los próximos días.

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Conmemoran activistas 46 años del asalto al cuartel Madera

Rubén Villalpando

Ciudad Juárez, Chih., 23 de septiembre. Decenas de activistas de los estados se reunieron en Ciudad Madera, para recordar que hace 46 años 15 jóvenes, entre maestros, campesinos y estudiantes, asaltaron el cuartel militar de esa ciudad resguardada por 125 soldados, con el propósito de acabar con los abusos y despojos de los caciques de la región solapados por el entonces gobernador del estado, Práxedes Giner, hecho que marcó el inicio de la acción guerrillera en México.

En el acto, recordaron al profesor Arturo Gámiz que murió en el ataque junto con otros siete guerrilleros y rindieron homenaje al activista Salvador Gaytán, uno de los siete sobrevivientes –fallecido este año en un accidente vial–, de quien refirieron fue luchador social mexicano, y durante casi 50 años mantuvo en alto la bandera de la revolución socialista.

Recordaron que al cumplirse 46 años de aquella gesta heroica, están nuevamente presentes el 23 de septiembre, en Madera, Chihuahua, para rendir homenaje a los pioneros del movimiento armado socialista, especialmente a Salvador Gaytán, y ratificar nuestro compromiso con la lucha del pueblo mexicano por su liberación definitiva.

La promotora de la conmemoración, la Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre, salió en caravana de la ciudad de México el 21 de septiembre y llegó el jueves en la noche a Madera. Por la mañana, se realizó el homenaje a los ocho mártires en el panteón donde se encuentran los restos y luego en un programa de radio se presentó el libro Gaytán en su Utopía.

Este sábado, los convocantes estarán en la capital de Chihuahua para homenajear a los guerrilleros caídos el 15 de enero de 1972, fecha en que Diego Lucero, Avelina Gallegos, Mario Pérez, Asunción Carrillo y Gilberto Flores Díaz coordinaron tres asaltos bancarios simultáneos para financiar nuevos frentes guerrilleros y posteriormente murieron a manos del Ejército.

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Desfiladero

Antílopes: no se lo digan a nadie

Jaime Avilés

Desde Los Pinos, por diversos conductos y con sospechosa insistencia –para que todo el mundo lo sepa, pues–, están revelando el plan secreto de Felipe Calderón hacia las elecciones de 2012: imponer a Ernesto Cordero como candidato del PAN –derrotando a Josefina Vázquez Mota en la contienda interna, haiga de ser como haiga de ser–, y luego obligarlo a declinar en favor de Marcelo Ebrard, para forjar un gobierno de coalición.

Mientras el rumor se propaga, han ocurrido tres hechos públicos que lo fortalecen. El primero fue un prolongado encuentro que la tarde del 15 de septiembre sostuvieron en un restaurante capitalino (Reforma, 16/09/11) los diputados Javier Corral Jurado (PAN) y Armando Ríos Piter (PRD), los ex candidatos a los gobiernos de Hidalgo (Xóchitl Gálvez, PAN) y Nayarit (Guadalupe Acosta Naranjo, PRD) y otros antílopes (como les dicen ahora, en las filas del Morena, a quienes intentan por todos los medios impedir la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador).

En el ágape, tanto el apasionado defensor de la Ley de Seguridad Nacional (Corral) como el coordinador de los diputados perredistas (el ex priísta y ex panista Ríos Piter) y el prominente miembro de la facción de Los Chuchos (Acosta Naranjo), hablaron de formar un gobierno de coalición (¿con Ebrard como presidente?) y, en el Congreso, una mayoría legislativa para impulsar una agenda común.

Tres días después, Manuel Camacho Solís, padrino político de Ebrard, publicó un artículo (El Universal, 19/09/11) para exaltar las supuestas bondades que ofrecería al país ese gobierno de coalición. Entre ellas, reducir la confrontación en 2012, conformar una nueva mayoría, hacer frente a la crisis de seguridad y a la difícil situación de la economía y transitar a un nuevo régimen semipresidencial que nos aleje de los riesgos de anarquía, retorno autoritario y metástasis de la corrupción.

El tercer hecho público –aunque paradójicamente menos visible, pues lo transmitió el Canal del Congreso, que casi nadie ve– se verificó el 20/09/11, durante la sesión de la Cámara de Diputados, cuando la bancada del PRI elevó su enérgica protesta contra la Secretaría de Marina por el allanamiento ilegal del domicilio de Eduardo Bailey Elizondo, legislador federal, cuya casa en Monterrey fue invadida por elementos de la Armada, que cometieron destrozos y aterrorizaron a su esposa y a sus hijos, sólo 24 horas después de que el diputado exigiera que una comisión de esa cámara investigue a fondo el negocio de los casinos, en el cual los panistas, empezando por Santiago Creel, tienen mucha cola que les pisen.

Pero mientras los del PRI se quejaban por ese cateo y por el asesinato del diputado federal guerrerense Moisés Villanueva, los panistas, encabezados por Javier Corral, aprovecharon el debate para insistir en que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional, que no aspira sino a extenderle un certificado de legitimidad al cuartelazo que estamos sufriendo pero todavía no se atreve a decir su nombre.

A los ridículos e insostenibles argumentos de Corral –la Ley de Seguridad Nacional va a armonizar los derechos humanos con la presencia de las fuerzas armadas en las calles– se opusieron rotundamente el perredista Alejandro Encinas y no pocos diputados del PT –Mario di Costanzo, Jaime Cárdenas Gracia, Gerardo Fernández Noroña, entre ellos– que se identifican con el Morena. Lo escalofriante, sin embargo, fue que ninguno de los perredistas que coordina Ríos Piter abrió la boca. ¿Para reducir la confrontación, como escribió Manuel Camacho? ¿Para amarrar la agenda común?

¿Qué pretende con estos malabarismos el hombrecito de Los Pinos? ¿A qué le apuestan Ebrard y Camacho al seguirle la corriente? Lo cierto es que mientras todos ellos intentan jugar al mago Chen Kai, en el puerto de Veracruz 35 cadáveres fueron dejados en la calle a las puertas de la reunión nacional de procuradores de justicia, al mismo tiempo que el dólar se iba a 14 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores se venía abajo.

En 1998, mientras la humanidad entera contemplaba la primera fase eliminatoria del campeonato mundial de futbol, en México hubo una efímera pero brusca devaluación: el dólar saltó de 10 a 12 pesos. Sin duda para opacarla, el gobierno de Ernesto Zedillo, con escasos días de diferencia, generó dos terribles noticias: las fuerzas armadas atacaron a los zapatistas en el paraje de El Bosque, allá en Chiapas, y acribillaron a un grupo de supuestos guerrilleros en El Charco, Guerrero.

Zedillo acaba de ser acusado por un despacho jurídico de Estados Unidos como el máximo responsable de la matanza de Acteal (22 de diciembre de 1997), pero sus enseñanzas, al parecer, han sido puestas en práctica en Veracruz. ¿Alguien recuerda que, apenas en julio, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció el secuestro de alrededor de 80 migrantes centroamericanos que viajaban a bordo del tren de la muerte a su paso por aquella entidad? Nunca más volvió a saberse de ellos.

Ahora, con una ligereza que indigna y a la vez horroriza, el procurador veracruzano, Reinaldo Escobar Pérez, sólo unas horas después del hallazgo de los 35 cadáveres en Boca del Río, informó (sic) que la mayoría de los cuerpos fueron identificados y que se sospecha pertenecen a una célula del crimen organizado (La Jornada, 21/09/11). Dos días más tarde, de acuerdo con funcionarios del Servicio Médico Forense del puerto de Veracruz solamente han sido identificados seis de los 35 cuerpos (La Jornada, 23/09/11).

¿Quiénes eran esas 35 personas? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué edad tenían? El pasado 17 de junio, en la comunidad de El Lencero, a las afueras de Jalapa, soldados y marinos torturaron y dieron muerte a tres pacíficos profesionistas de una empresa constructora que viajaban a bordo de una camioneta blanca. Sus cadáveres, desfigurados por los golpes de la tortura y de las balas, fueron retratados a bordo de una camioneta negra. El procurador Escobar Pérez y el gobernador Javier Duarte aseguraron a la prensa que eran sicarios. Desde ese momento su credibilidad es nula.

Pero como estamos en pleno naufragio, y todo se hunde bajo nuestros pies, en medio del torbellino de noticias negativas, Calderón envía al Congreso una iniciativa de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que vuelve a exigir del Poder Legislativo la aprobación de normas que anulan las garantías individuales: cateos a domicilios sin orden de un juez, en atención a una denuncia anónima, grabaciones de conversaciones telefónicas que pueden ser utilizadas como pruebas de culpabilidad en contra de un acusado, detenciones urgentes, etcétera. Si en 2007 fracasó su intento de imponernos la Ley Gestapo, ahora vuelve a la carga con este proyecto que parece un complemento, o quizá un sucedáneo, de la Ley de Seguridad Nacional. Qué bien que ponga todas sus cartas sobre la mesa.

Porque ahora llegó el momento de quitarse las máscaras. Los panistas van por un régimen de mano durísima. ¿Quiénes, desde el PRD, los acompañarán en esa aventura, jugando a cogobernar con ellos en coalición? ¿Quiénes impulsarán las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Federal de Procedimientos Penales formando con la extrema derecha una nueva mayoría legislativa para impulsar una agenda común? ¿Su idea de reducir la confrontación en 2012 significa dejar fuera de la contienda a López Obrador? Urgen las respuestas a estas preguntas.