Para transformar el país, el pueblo necesita tomar el poder. Para tomar el poder, tiene que reunir 25 millones de votos en las elecciones del 1º de julio de 2012. Para lograr esa meta, deberá triunfar en la mayoría de las 65 mil casillas (o secciones electorales) que el IFE instalará ese día. Para alcanzar la victoria en la casilla que nos toque, hay que ponernos a trabajar desde ya.
Ante todo, es indispensable contar con una credencial de elector. ¿Usted ya posee la suya? Pues cuídela: cuando no la use guárdela bajo siete llaves. Es una herramienta de trabajo, pero también un arma para derrotar al crimen organizado (Salinas + Calderón + las televisoras + la oligarquía mexicana y española) por la vía pacífica.
En la parte baja de su credencial busque el número de la sección
(o casilla) donde votará el mero día. Localice en Internet el mapa del territorio que abarca esa sección; hable con los amigos, parientes y conocidos que vivan dentro de ese perímetro e invítelos a formar un comité coordinador, y organícense todas y todos para ir, casa por casa, cuadra por cuadra, manzana por manzana, edificio por edificio, haciendo contacto con otras personas que estén hartas de Calderón, del PRI, del PAN, del PRD y del desempleo, la carestía y la violencia, para invitarlas a sumarse a la lucha.
Ahora bien, preguntarán con justificado escepticismo, ¿luchar para qué? Bueno, para ganar la Presidencia y la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores: si queremos evitar que el país termine de desbaratarse, nos urge un presidente que tenga amplio respaldo popular y un Congreso con una clara definición política. Juntos con el pueblo, ambos pueden impulsar cambios de fondo a corto plazo.
Un presidente fuerte, por ejemplo, el día de su toma de posesión, puede derogar por decreto las pensiones de los ex presidentes, reducir a la mitad los sueldos de la alta burocracia –de directores generales a secretarios de Estado—, eliminar bonos, viáticos, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales y otros privilegios, para destinar esos recursos a la educación, la salud, el deporte, la creación de empleos, la investigación científica y tecnológica, el rescate social de espacios conquistados por la delincuencia...
Apoyado por el pueblo y por el Congreso, un presidente fuerte puede ordenar la construcción inmediata de cinco refinerías: gracias a ellas, a partir de 2015, dejaríamos de importar gasolina y nos ahorraríamos 10 mil millones de dólares anuales. Puede, asimismo, prohibir que los consorcios españoles sigan produciendo y vendiendo energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, en perjuicio de los consumidores que pagamos por eso tarifas prohibitivas.
Si la destrucción del campo es uno de los factores que fomentaron la siembra de drogas donde antes se cosechaban frutas y verduras, un presidente fuerte puede exigir la revisión del TLCAN –para renegociar, por ejemplo, las cláusulas que prohíben al gobierno mexicano subsidiar a los campesinos de acá, mientras los de Estados Unidos gozan de todo tipo de créditos oficiales allá–, y puede también desarrollar nuevas políticas agropecuarias, con objeto de facilitar que los migrantes regresen a sus comunidades a reconstruir los pueblos y las milpas, y los jóvenes urbanos desempleados se trasladen al medio rural y contribuyan a la producción de alimentos, para que dejemos de importarlos.
Un gobierno fuerte, mediante los buenos oficios del Congreso, puede remplazar el actual régimen de captación tributaria por un sistema mucho más sencillo, que según cálculos del experto economista Rogelio Ramírez de la O, elevaría en 500 mil millones de pesos (o 50 mil millones de dólares) al año la recaudación de impuestos.
En 2006, Andrés Manuel López Obrador ofreció un programa de 50 puntos para transformar al país. Calderón y los levantacejas se cansaron de burlarse preguntándole –sin permitirle responder– de dónde sacaría el dinero para tantas cosas. Bueno, aquí están las recetas: ninguna de ellas imposible (¿construir cinco refinerías?, ¿reducir sueldos de altos burócratas?, ¿facilitar el pago de impuestos?), pero requieren de una voluntad política colectiva, de una férrea disciplina y de una gran honestidad para que sean exitosas.
El domingo pasado, en el Auditorio Nacional, durante la presentación del nuevo Proyecto Alternativo de Nación, que discutieron y redactaron decenas de intelectuales de altos vuelos al servicio del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ramírez de la O demostró que es posible abaratar los precios de los servicios si los monopolios dejan de serlo –que Telmex tenga su red de televisión y Televisa su empresa telefónica, por ejemplo, para que compitan bajando tarifas–, pues el predominio de cada uno de ellos en estos 10 años de gobiernos del PAN apoyados por el PRI
ha ocasionado una pérdida, o sea, un no crecimiento del producto interno bruto, valuado en 350 mil millones de dólares.
Mientras en el sótano de la pirámide social los pueblos indios reciben cada año menos de uno por ciento del gasto público, 400 grandes corporaciones tienen ingresos anuales por 6 billones de pesos pero no pagan impuestos
, como no los pagan tampoco quienes especulan en la Bolsa de Valores, ni las empresas mineras (la del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, obtiene 20 millones de dólares al mes), que destruyen la tierra, se llevan íntegras sus alucinantes ganancias y no dejan ningún beneficio.
¿Vale la pena organizarse para ganar las elecciones presidenciales de 2012 en la casilla donde nos toque votar? A la luz de lo expuesto en esta plana, ¿tiene México recursos para volver a crecer económicamente y posibilidades de superar la miseria, el terror y el desconsuelo al que creen que nos condenaron para siempre Salinas, Calderón y las televisoras?
Uno de los rasgos más positivos de la lucha pacífica propuesta por López Obrador en el territorio de la casilla electoral donde votaremos, es que para construir esa mayoría de vecinos, parientes y amigos, tendremos que hablar también con quienes piensan distinto y creen en otros proyectos: dialogar con ellos, oírlos, entender sus problemas y exponerles los nuestros, buscar soluciones comunes y buenas para todos, implicará iniciar un proceso de reconciliación, por ejemplo, con los amables panistas que viven en el piso de abajo, con el joven matrimonio de izquierda que nos saluda desde el edificio de enfrente pero simpatiza con la otra champaña, con el maestro plomero que desconfía de AMLO desde el plantón de Reforma, con la señora que nos vende los discos pirata en la tintorería, con la veterana prostituta que hace más de 40 años atiende en la misma esquina, con la Narda de la fonda que sirve comidas corridas...
Con tal de que un pigmeo maligno se robara la Presidencia, los obispos mandaron a las beatas a pedir a los ingenuos que le rezaran a la Virgen para que AMLO no llegara al poder; al mismo tiempo, cada dos minutos, la tele repetía que AMLO era un peligro para México, y propagandistas de toda laya, nos hundieron en un clima de odio que desató la peor carnicería de nuestros tiempos. Para ganar las elecciones del año próximo en la casilla que nos toque, debemos hablar, pero ya, con nuestros vecinos, organizarnos y reconciliarnos. Al hacerlo, todas y todos reconstruiremos el tejido social, y poco a poco empezaremos a ponerle fin a la estúpida guerra del monstruito.
jamastu@gmail.com
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Es un mensaje claro a la juventud: no hay futuro
, lamentan
La iniciativa priísta es regresiva
y con bases mercantilistas
, advierten expertos
Integrantes de la CNTE desplegaron pancartas en contra de la iniciativa de reforma laboral priísta durante el plantón que realizaron el miércoles pasado frente a la sede de la Cámara de DiputadosFoto José Carlo González
La propuesta de reforma laboral planteada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que tiene el apoyo panista– formaliza las violaciones a los derechos laborales, es regresiva
y se basa en una lógica mercantilista
, señalaron investigadores universitarios, representantes de sindicatos y miembros de organizaciones de defensa de las garantías laborales.
En conferencia de prensa, aseguraron que ese planteamiento formaliza en la ley violaciones sistemáticas a los derechos laborales como la subcontratación (outsourcing), la flexibilización laboral a través del reconocimiento legal de contratos de prueba y capacitación inicial, las renuncias en blanco, entre otros aspectos.
Aleida Hernández, profesora del posgrado de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que el planteamiento priísta manda un mensaje claro a la juventud: no hay futuro.
Es una dedicatoria a los jóvenes en el sentido de que se enfrentarán a inseguridad laboral y social. Con ello, se les deja como única opción incorporarse al crimen organizado.
En la conferencia participaron también representantes de sindicatos independientes como la dirigencia del comité democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Telefonistas, y de organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Frente Auténtico del Trabajo, entre otros.
Advirtieron que la propuesta de legalizar la subcontratación –que actualmente es ilegal, aunque ya se presenta en la práctica– tiene como finalidad ocultar quién es el verdadero patrón para quitarle la responsabilidad frente a los trabajadores. Se usa como una estratagema para no dar plenos derechos laborales, como las prestaciones de seguridad social, estabilidad en el empleo, salario justo y la posibilidad del derecho a la sindicalización
.
Para académicos, sindicalistas y activistas la propuesta del PRI resulta regresiva porque elimina el principio de bilateralidad y estabilidad en el empleo, permite el libre despido del trabajador, pulveriza el salario al autorizar el pago de fracciones según el tiempo trabajado, exime a los patrones de avisar de despidos injustificados a los empleados, legitima las renuncias en blanco, permitirá la rotación ilimitada de los trabajadores despedidos para no otorgar base y deja la posibilidad de que exista un contrato colectivo de trabajo a voluntad de la parte patronal y no por la existencia de la materia de trabajo
.
Gerardo González, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que con estas posibles reformas se degradará aún más la situación laboral de los mexicanos. Recordó que en años recientes la administración federal no ha generado suficientes empleos formales, pues 60 por ciento de los nuevos trabajos en el país han sido en la informalidad.
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Anuncia que tendrá el apoyo de AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo
Registra Encinas precandidatura y reitera rechazo a la alianza con AN
El tricolor está muy preocupado
por la coalición opositora en Edomex, dice Marcelo Ebrard
Acusan a priístas de repartir monederos electrónicos de tienda para promover voto por el no
Alejandro Encinas Rodríguez se inscribió ayer para competir por la postulación del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del estado de México. En conferencia de prensa, acompañado por Dolores Padierna, Rosendo Marín y Armando Ríos Píter, entre otros, aseguró que la unión de partidos de izquierda es suficiente para arrebatarle la gubernatura al PRI en las elecciones del 3 de julioFoto MVT
Israel Dávila y Silvia Chávez
Toluca, Méx., 25 de marzo. Alejandro Encinas se inscribió hoy como precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del estado de México, arropado por casi todas las corrientes internas y después de dialogar con el líder nacional, Jesús Zambrano, y con el estatal, Luis Sánchez, ambos impulsores de la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).
Encinas aseguró que cumple con todos los requisitos de la convocatoria emitida por la comisión electoral del PRD a fin de iniciar este lunes una precampaña de 10 días. Entre otros documentos, entregó una constancia expedida por el ayuntamiento de Texcoco, la cual avala no sólo la residencia de al menos cinco años, sino también que es ciudadano del estado.
Tras completar el trámite reiteró que no abanderará una alianza con el PAN y aclaró que su único objetivo es representar a las fuerzas progresistas y de izquierda en la elección del 3 de julio, pues con ello basta para derrotar al candidato de Enrique Peña Nieto y desterrar al Grupo Atlacomulco, que tanto daño ha hecho a la entidad
.
Expuso que contar con el respaldo de la inmensa mayoría
de los grupos del PRD es un aliento importante y señal de que su candidatura concita la unidad para esta elección, por lo confió en que no habrá divisiones y anunció que en campaña lo acompañarán Andrés Manuel López Obrador; el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros personajes.
En posterior conferencia de prensa, Encinas dijo que hará comentarios sobre la consulta que realizarán el domingo PAN y PRD cuando se conozcan los resultados, pero reiteró que por convicción y congruencia
no está de acuerdo con la alianza porque no puede darse la espalda a los principios
.
Acompañaron a Encinas la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, y la senadora Yeidckol Polevnsky, así como Camilo Valenzuela, de la Red de Izquierda Revolucionaria-MLN; Higinio Martínez, del Grupo de Acción Política (GAP); Gilberto Ensástiga, de la Unidad Nacional de Izquierdas (UNI), y Rosendo Marín, de Izquierda Democrática Nacional (IDN).
También acudieron Jesús Valencia, Alejandra Barrales y Armando Ríos Píter, cercanos a Marcelo Ebrard, quien ratificó su respaldo a Encinas e insistió en que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le preocupa mucho
la alianza.
Padierna señaló que no apoya la consulta porque no forma parte de las actividades propias del PRD y sólo busca impedir la postulación de Encinas. Refirió que hay pláticas para que los promotores de la alianza con el PAN desistan y se sumen a una estrategia de triunfo y no a una aventura derrotista y derechista donde harán el ridículo
.
Higinio Martínez previó que ganará el sí a la alianza porque la dirigencia perredista y sus operarios acarrearán votantes.
Además de Alejandro Encinas, se inscribieron los militantes perredistas José Guadalupe Luna, de Nezahualcóyolt; Plácido López Maralirio, de Nicolás Romero, y José Gutiérrez Cureño, ex edil de Ecatepec, así como el ex procurador de medio ambiente del estado, Ramón Ojeda Mestre, como aspirante externo. Previamente sólo se había registrado el ex dirigente estatal del PRD Jaime Enríquez Félix.
En un comunicado, la dirigencia nacional del PAN reprobó al gobernador Peña Nieto por calificar de farsa
la consulta y le demandó que deje de ser el principal operador priísta
; mientras, el líder del tricolor en el estado, Germán Octavio Martínez, ofreció en Naucalpan una conferencia de prensa con su homólogo perredista Luis Sánchez Jiménez, y ambos dijeron que el gobierno estatal reparte despensas para promover el rechazo a la alianza.
Los dos dirigentes también se comprometieron a ciudadanizar los órganos electorales y a promover los derechos humanos y la transparencia en el estado en caso de aliarse y ganar la elección.
La alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares aseguró que participará en la elección interna y pidió a sus correligionarios no descartar a nadie
, pues se puede cabildear hasta el domingo.
En Tlalnepantla, Iván Gatica y Aníbal González, directivos de la Fundación Nacional Transformando México, afirmaron que algunos alcaldes y comités locales del PRI reparten desde hace 20 días monederos electrónicos de la tienda Soriana con sumas de 500, 700 y 5 mil pesos a fin de conseguir votos.
Con información de Gabriela Romero Sánchez, reportera
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La izquierda del capitalismo
Marcos Roitman Rosenmann
No cabe duda, la obligación de adjetivar las conductas de los partidos socialdemócratas y progresistas como pertenecientes a la izquierda trae consigo ejercicios teórico-ideológicos propios de un malabarismo intelectual. Es común hablar de la existencia de una izquierda institucional
, sobre todo cuando nos referimos a organizaciones políticas cuyas bases doctrinales no cuestionan el capitalismo, factor suficiente para negarles el calificativo de izquierdas. No debemos olvidar que la socialdemocracia y los llamados reformistas no compartían las premisas del capitalismo. La estrategia cuestionada era la forma de enfrentarlo, la transición al socialismo. El dilema se expresaba dualmente: reforma o revolución. Ahora, el problema es otro. Quienes se autodefinen pertenecientes a la izquierda institucional
comparten y aceptan las reglas del juego de la economía de mercado. El hacerlo trae consigo consecuencias inmediatas. Su decisión conlleva avalar el proceso de concentración y centralización del capital como mecanismo para la creación de riqueza. Por consiguiente, dentro de sus programas desaparece la crítica de fondo a las relaciones sociales de explotación sobre las cuales, el capitalismo, construye y ejerce el poder político. Los militantes de esta nueva izquierda institucional, parecen sentirse cómodos navegando en las aguas del capital. Eso sí, para justificar el abandono de la lucha anticapitalista, la izquierda institucional y la socialdemocracia utilizan argumentos maniqueos y pedestres. Su lógica consiste en negar la lucha de clases y la división social del trabajo basada en la propiedad privada de los medios de producción. De su lenguaje han desaparecido, por arte de magia, los capitalistas y con ello la dualidad explotados-explotadores. Asumen, sin cuestionar, una visión del mundo donde el imperialismo y los intereses depredadores de las trasnacionales se esfuman en pro de la ideología de la globalización. Sin explicación coherente enfatizan el sentido armónico de la globalización, promoviendo una gestión de la crisis con rostro humano. Según ellos, todos somos responsables y debemos compartir costos. Así sugieren un pacto estratégico entre trabajadores y empresarios, considerándolos parte de un mismo equipo con las mismas metas. De esta manera, nadie quedaría excluido de los beneficios de un trabajo solidario. Ni ganadores ni perdedores. Si actuamos con tino, nadie se verá perjudicado. Es el dilema del prisionero extrapolado ante las relaciones sociales de explotación. Si se coopera se consiguen los objetivos, todos obtienen beneficios. Los trabajadores mantienen su empleo, aunque sea en peores condiciones, y los empresarios, ya nunca más capitalistas, verán aumentar sus ganancias y con ello invertirán, incrementándose el producto interno bruto. Un verdadero pacto de caballeros. Puestos en esta lógica, el quid del capitalismo cambia de eje, no se encontraría en las relaciones de explotación. Su sitio se ubicaría, a partir de ahora, en la fuerza autorregulada de la economía de mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Para la nueva izquierda institucional
y la socialdemocracia, el capitalismo debe redefinirse como un sistema político destinado a generalizar los beneficios de la economía de mercado. Con ello, lo importante es consumir, no importa qué, cómo y cuándo. Se trata de garantizar el acceso al mercado y formar parte de un ejército de consumidores diferenciados por la calidad y la cantidad de los productos que adquiere. Unos comerán angulas, caviar, beberán champagne, conducirán Lambordinis, Mercedes Benz , irán de vacaciones en yates y viajarán en primera clase; otros, en cambio, deberán conformarse con sucedáneos, imaginarse unas vacaciones virtuales, utilizar el transporte público, consumir gaseosas o tomar agua no contaminada, en el mejor de los casos. Pero tampoco se olvidan de los menos agraciados, quienes sobreviven con menos de un dólar al día o simplemente no tienen ni eso. Para este sector social les aplican el criterio de políticas para pobres. Podrán comer, tendrán un trabajo precario, y se verán avocados a la miseria, la exclusión y la marginalidad. Pero siempre tendrán una opción de salir adelante, en sí son capital humano y ese es su máximo activo. El mercado está siempre atento para recibirlos con las manos abiertas.
En otro orden de cosas, la izquierda institucional
traslada el debate de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la esfera de la eficiencia y la racionalidad económica para lograr un mejor funcionamiento del mercado. No tienen empacho en señalar que están actuando en beneficio de todos y en favor del progreso de la humanidad. Muy a su pesar, sólo les queda constatar la pérdida de los derechos laborales, sindicales y políticos en beneficio de la comunidad del mercado. Cómplices del secuestro de la democracia, se manifiestan en pro de los tratados de libre mercado, las trasnacionales y los grandes capitalistas. Asimilados a los postulados del capitalismo se han transformados en sus cancerberos. Adoptan la función del policía bueno. Mientras critican las maneras políticas de la derecha neoliberal y conservadora, ellos encarnan, dicen, el bien común y la moral pública. Pero ambos son la cara y cruz de una misma moneda y comparten un mismo objeto, doblegar la voluntad de las clases populares. Para ellos no hay alternativa al sistema, es mejor someterse y vivir de acuerdo a las leyes del mercado. Luchar contra el capitalismo es un suicidio, porque éste siempre gana.
No hay por donde equivocarse, gracias a la izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo se reinventa y queda absuelto de ser un orden de violencia, deshumanizante, asentado en la desigualdad, la explotación y la injusticia social. Por consiguiente, es mejor llamar las cosas por su nombre y quitarle la máscara a esta nueva izquierda y sus aliados socialdemócratas. Es más apropiado llamarla izquierda del capitalismo, concepto apegado a sus prácticas y claudicaciones estratégicas de lucha anticapitalista. Por este motivo, démosle la bienvenida, poniendo al descubierto sus espurios intereses que consisten en mantener inalteradas las estructuras de explotación inherentes al modo de producción capitalista.
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Reforma laboral y la OIT
Arturo Alcalde Justiniani
En tan sólo unos días la iniciativa priísta de reforma laboral provocó una condena generalizada del sindicalismo democrático, académicos, organizaciones no gubernamentales, abogados, analistas y sectores diversos de la sociedad civil; también de dirigentes y legisladores del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI), unos reclamando que su texto no coincidía con el presentado en el cónclave celebrado en Acapulco en enero pasado; otros, reconociendo que aprobarla en sus términos era darse un balazo en el pie
, porque los trabajadores, cuyo despido facilita la propuesta, nunca se los perdonarán.
Una pregunta que no resulta fácil responder está relacionada con los motivos por los cuales el PRI cambió radicalmente de rumbo en tan sólo tres meses, pasando de aquella iniciativa presentada en diciembre de 2010 a una que destruye los cimientos del derecho laboral, del que presumen haber sido constructores. Tuvieron la oportunidad, y aún la tienen, de regular de manera distinta al menos, los dos aspectos más lesivos: la subcontratación (outsourcing) y las reglas para el despido.
En relación con la subcontratación, al igual que el colesterol, hay una mala y otra buena. La primera tiende a simular relaciones de trabajo ocultando la responsabilidad del verdadero patrón receptor del servicio, busca reducir salarios y ampliar la indefensión, trastoca dos principios elementales del derecho laboral: el que reconoce la calidad de patrón al que recibe un servicio personal subordinado y el principio de igualdad trabajo-salario entre los propios trabajadores. Por otro lado, el bueno es aquel, de carácter excepcional, justificado por aportar al proceso productivo un insumo especializado que no forma parte de las tareas ordinarias de la empresa beneficiaria. Asumirlo tendría un costo que afectaría su viabilidad y competitividad. Por ello, la subcontratación debe ser regulada adecuadamente, acotar los elementos que la justifiquen, registrarla y someterla a inspección y vigilancia para evitar abusos, que dañan no sólo al trabajador, sino también al sistema de seguridad social y al fisco.
Respecto de la justicia laboral, los legisladores tienen la oportunidad de resolver un añejo reclamo en el que coinciden empresarios, trabajadores y sociedad en su conjunto: contar con un sistema de justicia que resuelva con rapidez e imparcialidad los conflictos de trabajo. Si nos atenemos a los plazos de ley los juicios deberían concluir en tres meses y no en cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, pero para lograrlo hay que identificar las causas que generan la tardanza y no endilgar a los trabajadores su costo, como propone la iniciativa priísta, al señalar que de estos cinco años sólo se debe pagar al trabajador máximo uno, si se espera, si gana el juicio y si logra cobrar.
Una justicia laboral imparcial y eficiente sería aplaudida por toda la sociedad, así lo ha demostrado la consulta nacional que llevó a cabo en años pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, se deben identificar las causas que la hacen parcial y lenta, reconocer que el carácter tripartito de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) es anacrónico y ficticio; es caro, porque hay que pagar salarios a representantes sectoriales cuya presencia no se justifica; lento e ineficiente, pues buena parte de la tardanza deviene del incumplimiento y conducta burocrática de dichos delegados gremiales; y parcial, porque responde a las consignas del Poder Ejecutivo federal y locales. Un segundo factor se origina en su falta de recursos presupuestales, trabajan con carencias materiales y humanas y al ver crecer su cúmulo de trabajo, simplemente alargan los procesos. Existen JCA que entre un trámite y otro duran seis meses o difieren por más de dos años juicios ya concluidos sólo para dictar resolución.
Un tercer elemento está relacionado con las medidas de prevención para evitar el exceso de juicios, que podrían resolverse de manera más sencilla, por ejemplo, a través de la inspección laboral, como sucede en otros países y que en el nuestro es casi inexistente. En este escenario, la propuesta priísta resulta un crimen, ya que en lugar de acortar el tiempo de juicio, será un incentivo para alargarlo aún más, salvo que el trabajador doble las manos desde un principio.
El mismo miércoles 23 de marzo que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados discutía la iniciativa priísta, se conoció la noticia de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) daba a conocer en Ginebra, Suiza, la resolución sobre la queja presentada contra el modelo laboral mexicano, por considerar que violaba integralmente los convenios y compromisos internacionales relativos a la libertad de asociación sindical, acceso a una justicia imparcial y expedita y, particularmente, porque promovía los contratos de protección patronal
, caso 2694. Se trata de un proceso presentado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), organización que agrupa a las centrales más grandes del orbe, por la dinámica Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y organizaciones sindicales mexicanas.
A pesar de las tretas del gobierno mexicano, apoyado en testimonios de las cámaras patronales y de centrales obreras de corte corporativo, la OIT, por conducto del Comité de Libertad Sindical, ha emitido una serie de consideraciones y recomendaciones que deberían darse a conocer en todo el país. Plantea al gobierno mexicano la necesidad de resolver temas centrales, como la participación de los trabajadores en la firma de los contratos colectivos, la parcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, excesiva duración de sus procedimientos y la necesidad de generar un diálogo con todos los sectores de la sociedad; su contenido aparece en la página web de la OIT, en la 310 reunión del consejo de administración.
La reforma laboral y el gobierno mexicano deben atender sin excusas esta histórica resolución. Recordemos que conforme a nuestra Carta Magna, los convenios internacionales tienen una jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo.
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Hoy, audiencia de pruebas de representantes del sindicato, CFE y SAE
Anuncia el SME plantón permanente en la JFCA para exigir reinstalación laboral
Integrantes del SME que no han cobrado su liquidación anuncian protestas ante la JFCA. La imagen del pasado 31 de enero durante la marcha por la soberanía alimentaria y energéticaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fabiola Martínez
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizarán hoy una protesta en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para exigir una resolución expedita a las 16 mil 599 demandas de reinstalación laboral.
Martín Esparza, dirigente del SME, dijo que esta acción derivará en un plantón permanente
a la entrada de este tribunal, el cual –aseveró– ha interpuesto todo tipo de tácticas para dilatar el proceso.
Tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre de 2009, las operaciones, equipo e instalaciones de la empresa fueron transferidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desde entonces da servicio en el centro del país, zona de influencia de lo que fue LFC. Es por ello que los miembros del SME exigen que la CFE asuma su función de patrón sustituto
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Argumentan también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto presidencial con base en el cual se dio por terminada la vida de LFC, pero dejó a salvo los derechos laborales y, por tanto, las vías para promover las demandas que resultaran del decreto de extinción.
Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, se realizará en la JFCA la audiencia de pruebas, en la que los representantes de SME, CFE y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) presentarán los documentos que sustentan sus posturas.
El sindicato entregará pruebas para exhibir que la CFE está dando servicio formalmente y, por tanto, debe asumir su responsabilidad de patrón sustituto
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De acuerdo con el comité central del gremio, llevarán a la JFCA –ubicada en Azcapozalco– más de 200 pruebas que tienen que ver con contratos de usuarios, fotografías de centros de trabajo donde está el logotipo CFE-Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), así como de oficios de esta empresa para informar a usuarios el cambio de medidores en bloque.
Aunque no se espera de inmediato la resolución de la titular de la junta especial número 5, para los electricistas esta audiencia de pruebas es una de las más importantes de su defensa
desde 2009, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del SME, quien junto con Martín Esparza está acreditado como representante colectivo de todos los afiliados a este sindicato, trámite y visto bueno que por más de un año les negó la autoridad laboral.
La JFCA deberá emitir también un veredicto sobre 17 demandas interpuestas de manera independiente por electricistas que tampoco han cobrado su liquidación, así como unas 7 mil de ex trabajadores de LFC que reclaman reinstalación y revisión de montos de finiquitos y jubilaciones.
En tanto, Esparza comentó que la próxima semana esperan un nuevo encuentro en la Secretaría de Gobernación. Ellos deberán presentar propuestas. Si en la próxima reunión no hay una respuesta inmediata, daremos por hecho que ya no habrá nada qué hacer en Gobernación y será el Congreso el que fije una respuesta definitiva
, señaló.
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