sábado, 31 de octubre de 2009

Ni un peso menos a las Universidades Públicas



30 de octubre de 2009. Este día comenzó el Foro Nacional por la Universidad Pública, la Ciencia y la Cultura, en la Cámara de Diputados, organizado por Redes Universitarias, inaugurando este foro el compañero Manuel Otero, y con la participación de los partidos del Frente Amplio Progresista, quienes en voz de los legisladores Tere Guadalupe Reyes del PT, Víctor Castro del PRD, y Ramón Jiménez de Convergencia, hicieron un posicionamiento en el Foro.

Asimismo, estuvieron como invitados la Dra. Cecilia Bañuelos del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Lic. Héctor Ramírez de la UNAM y el ex diputado federal Alfonso Suárez del Real.



Por supuesto, hubo delegaciones de varias universidades de los Estados, como es el caso de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, la Universidad Nicolaita de Michoacán, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Municipal de Ecatepec de Morelos y la Universidad Autónoma de Chapingo, además del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México.

En este foro destacaron las participaciones de los estudiantes, quienes en un tono fresco y desinhibido pidieron a los legisladores defender la gratuidad de la educación, evitar el recorte al presupuesto de las Universidades Públicas, y mantener un contacto directo con la comunidad estudiantil.

El evento continuará el día 31 de octubre en el auditorio Alfonso Caso, en la Torre II de Humanidades de Ciudad Universitaria, de las 10 a las 15 horas.



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La JFCA deberá abstenerse de dictar hoy laudo sobre la terminación de relaciones laborales

Concede juez federal al SME suspensión provisional contra la extinción de LFC

La resolución no afecta el proceso de liquidación voluntaria, señala la Secretaría del Trabajo

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El dirigente del SME, Martín Esparza, a su llegada a la conferencia de prensa donde anunció que el próximo martes acudirán a la Corte para solicitarle que revise el caso de la desaparición de LFCFoto Yazmín Ortega
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 8

Un juzgado federal admitió la demanda de amparo colectivo presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y concedió la suspensión provisional solicitada.

De acuerdo con la orden del juzgado, difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá abstenerse de dictar resolución o laudo este sábado acerca de la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que la suspensión provisional no afecta el procedimiento de terminación de relaciones de trabajo que se tramitan en la JFCA ni el proceso de liquidación voluntaria.

Aseveró que la medida provisional no impide que la audiencia programada para este sábado se celebre en todas sus etapas hasta cerrar la instrucción. Lo único que no deberá hacer la junta –agregó– es dictar la resolución de fondo en tanto el juez no resuelva sobre la suspensión definitiva, el viernes 6 de noviembre.

Abogados del SME afirmaron que la suspensión beneficia a cada trabajador que haya interpuesto el amparo, por lo que no debe haber declaración de terminación de relación laboral mientras no se resuelve el amparo de fondo, relativo a la constitucionalidad del decreto presidencial.

Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero del centro auxiliar de la primera región, notificó al SME y a sus integrantes que admitió a trámite la demanda de amparo presentada por sus representantes legales y por trabajadores de LFC contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, consistentes en la emisión del decreto que declara la extinción de la empresa.

Se determinó conceder la suspensión provisional para que aun cuando continúe el procedimiento iniciado con la presentación del aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador de LFC, la JFCA se abstenga de dictar resolución en el procedimiento laboral.

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Sugiere a la cúpula del tricolor nuevo lema para su partido: El que no transa no avanza

Condena AMLO que en plena crisis el PRIAN apruebe el alza de gravámenes

Se congratula porque legisladores de PRD, PT y Convergencia se opusieron a esos impuestos

Ciro Pérez Silva
Enviado


Santa María Lachixío, Oax., 30 de octubre. Andrés Manuel López Obrador condenó que en este momento de crisis económica y con el pueblo sumido en la pobreza, los irresponsables de la oligarquía, su gobierno y sus dos partidos, PRI y PAN, estén aumentando impuestos.

Recordó que apenas la semana pasada los diputados de ambos partidos aprobaron el incremento y la creación de gravámenes, y ayer, en el Senado, los mismos legisladores del PRI que decían estar en contra de aumentar la carga impositiva al pueblo de México “al final, junto con los del PAN, se pusieron de acuerdo, como sucede siempre.

“Desde aquí le mando un recado al jefe del PRI, Carlos Salinas de Gortari; a Enrique Peña, a Beatriz Paredes, a Francisco Rojas y a Manlio Fabio Beltrones: que ya dejen de simular, de mentir. Que le cambien el nombre a su partido, que ya no se llame Partido Revolucionario Institucional sino partido de la transa institucional, y que su nueva lema sea El que no transa no avanza. Eso es lo que les recomiendo, que ya dejen de estarle mintiendo a la gente.”

Falsas promesa de campaña

Molesto, López Obrador enfatizó que hace cuatro meses, en plena campaña, los candidatos de PRI y PAN le aseguraban a la gente, al pedirle su voto, que se opondrían a la creación de nuevos impuestos y al aumento de los existentes, “pero lo primero que hicieron al llegar a la Cámara de Diputados fue levantar la mano para aprobar los incrementos. Ya ni siquiera se puede hablar del PRIAN, ahora nos debemos referir a la alianza de esos partidos como el Patán”.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se congratuló de que nuevamente los legisladores de PRD, PT y Convergencia –que integran el Frente Amplio Progresista– se opusieran a esta nueva infamia, a este nuevo golpe a la economía popular, incluso tomando la tribuna en la Cámara de Diputados.

Aseguró que las personas que integran el movimiento que encabeza vamos a seguir siendo consecuentes, como los legisladores, vamos a seguir luchando para defender al pueblo para no traicionarlo nunca.

López Obrador inició este viernes su gira por los municipios de usos y costumbres en Santa María Zaniza, un pueblo donde los niños y los ancianos, cuando tienen tos y calentura no hay quien los atienda, porque hace tres meses la clínica está cerrada y sin médico.

También existe un conflicto agrario con el municipio vecino de Amoltepec, señaló, que se ha prolongado más de 20 años. De ambas cosas el gobierno de Ulises Ruiz está al tanto y les ha hecho saber la clave para resolverles sus problemas: que comuneros y ejidatarios de Zaniza le entreguen la mina que está en sus tierras.

El tabasqueño les dijo: No cedan a chantajes, el conflicto agrario y la falta de un médico que los atienda son cosas distintas. Ustedes son los dueños de la mina, ustedes son los que mandan y es obligación del gobierno atender sus demandas.

La problemática de la concesión de grandes extensiones de tierra para la explotación minera se repite en varios municipios de la entidad, explicó, porque “esta banda, esta oligarquía que manda en el país, se ha beneficiado con las concesiones que entregaron Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.

Han entregado ya 22 millones de hectáreas en todo el país, que equivalen a más de dos veces el territorio total de Oaxaca, y a eso nos oponemos, porque no queremos que unos cuantos, nacionales o extranjeros, sigan saqueando el país. Hay muchos ejidatarios que ni siquiera saben que sus tierras ya fueron concesionadas.

Recordó que el año pasado el movimiento que encabeza logró detener la privatización del petróleo, y respecto de las minas, también estamos luchando y están luchando muchos mexicanos en otros municipios.

Entre estas luchas destacó la del cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, que está concesionado a una minera canadiense.

El presidente municipal se opuso, durante el gobierno de Vicente Fox, a la explotación minera en esas tierras y murió misteriosamente con un disparo en la nuca. El dictamen oficial señaló que se trató de un suicidio. Luego obligaron a su hijo a firmar para continuar la explotación de la mina, y ahí está la minera canadiense haciendo lo que no puede hacer en su país, sacando oro sin pagar impuestos, contaminando las aguas y destruyendo el medio ambiente.

Insistió en que el movimiento nacional en defensa de la economía popular y la soberanía nacional seguirá luchando para que haya un cambio en la vida pública del país: vengo a decirles que no pierdan la fe: somos millones a escala nacional y ya empezó a cambiar la mentalidad del pueblo, y cuando ésta cambia, cambia todo.

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Decidirán escuela por escuela el respaldo al paro nacional

Amplia participación en asamblea estudiantil en defensa del SME
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Momento de la asamblea de estudiantes solidarios con el SMEFoto Yazmín Ortega Cortés
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 9

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a cientos de estudiantes de instituciones públicas de educación superior del país, quienes –como no lo hacían desde hace varios años– volvieron a debatir y confrontar ideas en una asamblea masiva.

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Benemérita Autónoma de Puebla, Michoacana, Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma de Morelos, así como del Colegio de Bachilleres, la Escuela Nacional de Maestros, la Preparatoria Popular y otras instituciones, acordaron brindar apoyo total a los electricistas.

Durante la primera asamblea nacional del movimiento estudiantil, efectuada ayer en el auditorio de la sede del SME, los universitarios concluyeron realizar jornadas de lucha el 4 de noviembre. Sin embargo, no hubo consenso sobre qué acciones ejecutar, por lo que decidieron que cada escuela o facultad las votará en asamblea.

También pactaron que durante la asamblea del 5 de noviembre –convocada por el SME–, en la que participarán organizaciones y sindicatos, el movimiento estudiantil en su conjunto propondrá que el paro nacional en apoyo a los electricistas se realice 11, 12 o 13 de noviembre.

Los estudiantes advirtieron que independientemente de si se acepta o no esa propuesta, al interior de las casas de estudios públicas del país se impulsará un paro de actividades en alguna de esas tres fechas. Sin embargo, señalaron que el paro no se efectuaría en las escuelas cuyas asambleas no lo aprueben.

Otro de los acuerdos es que este sábado acompañarán a la dirigencia del SME a la audiencia citada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la que se decidirá sobre la terminación de relaciones laborales con la empresa Luz y Fuerza del Centro.

La pluralidad de opiniones se reflejó a lo largo de casi seis horas de debates. Ejemplo de ello fueron algunas de las propuestas que no se aprobaron, como la de realizar una marcha estudiantil el 5 de noviembre o la de bloquear calles en diversos puntos del país.

SME, aguanta, el estudiante se levanta, ¡Unidad, unidad!, fueron algunas de las consignas que se escucharon en un atestado auditorio.

Dirigentes del SME, como el secretario del exterior del gremio, Fernando Amezcua, presidieron la mesa de asamblea. Propusieron al estudiantado nombrar un delegado por plantel para futuras discusiones, así como elegir a un representante por universidad a fin de que el movimiento universitario tenga voz en la asamblea nacional del próximo día 5.

Acordaron realizar una segunda asamblea estudiantil el 10 de noviembre, en la que entre otros temas se informará qué escuelas y facultades aprobaron el paro de actividades entre 11 y 13 del próximo mes.

Los jóvenes que asistieron a la sede del SME reiteraron su apoyo a la lucha del gremio, su rechazo al decreto gubernamental de liquidación de LFC y reiteraron que es un hecho que los universitarios estarán presentes en el paro nacional.

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Buscan un esquema de análisis similar al de la guardería ABC

Pedirán electricistas a la Corte que integre una comisión especial revisora
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 8

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitará el martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que integre una comisión especial que analice el decreto por el que desapareció Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Después de 20 días de que fuerzas federales ocuparon LFC –y se dio la orden de liquidarla–, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) privilegian la vía jurídica (amparos) contra el decreto y pretenden que el Poder Legislativo revise el saqueo de documentos en la empresa, especialmente en el ámbito de la contraloría e inventarios.

Gestionarán también que la SCJN analice su caso en un esquema similar al de la comisión creada para el incendio de la guardería ABC, en Sonora –donde murió medio centenar de niños–, o un grupo como el que revisó las violaciones constitucio- nales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.

En conferencia de prensa, el dirigente del SME, Martín Esparza, señaló que lo que piden es que, por moral, la Corte haga un pronunciamiento de manera oficiosa, porque lo único que buscamos es que se respeten la Constitución y las leyes, para tener un país que permita mantener la paz sobre los problemas graves.

Los sindicatos –agregó– no somos el problema, somos parte de la solución.

Respecto a la promoción de inconstitucionalidad del decreto de extinción de LFC del pasado día 11, Esparza se refirió al proceso de 1989, cuando el Congreso autorizó el cambio de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a un organismo autónomo, a partir de 1994. Sin embargo –señaló–, hoy el gobierno federal pretende suspender las relaciones laborales mediante un decreto administrativo.

El SME solicitará a la Cámara de Diputados que llame a comparecer a todos los funcionarios que firmaron el decreto. En especial, busca que los legisladores citen al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade, para que explique cómo es posible que primero se liquide a los trabajadores de LFC y luego se les dé derecho de audiencia.

Este sábado está programada una audiencia en la JFCA para decidir sobre la terminación de la relación laboral (colectiva e individual) entre LFC y el SME, organización a la que están afiliados más de 60 mil trabajadores –44 mil en activo y el resto jubilados.

“Es una atrocidad. Eso de que ese señor se atreva a darnos el laudo (del fin de la relación laboral) violentando el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo (…) ¡significa regresar 100 años respecto a los derechos laborales!”, dijo.

El SME advirtió que el contrato colectivo está vigente, de ahí que procedería –ante la liquidación de LFC– la recontratación de todos en calidad de patrón sustituto y el pago de salarios caídos.

Este viernes, la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, acudió a la Cámara de Diputados en busca de apoyo, con el propósito de que una comisión revise la inconstitucionalidad del decreto presidencial de LFC del pasado día 11.

Entre las gestiones para denunciar lo que consideran violaciones graves a las garantías básicas de los electricistas, también acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Además promoverán denuncias en instancias como la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía.

Acerca del apoyo que ha recibido el SME, incluidos grupos como el Ejército Popular Revolucionario, la otra campaña, intelectuales y académicos, Esparza opinó que todos son bienvenidos.

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Los puntos sobre las íes
Helguera

Aquí a los ricos hay que pagarles, ironiza Pablo Gómez al aprobarse la Ley de Ingresos

Avala el Senado alzas a IVA e ISR; mantiene privilegios a consorcios

Disminuye el porcentaje que grandes grupos empresariales deben pagar por impuestos diferidos

Gustavo Madero felicita a los integrantes de su bancada por apoyar a nuestro gobierno

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Parte de la bancada panista durante una de las votaciones de ayer en el SenadoFoto José Antonio López
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El Senado aprobó anoche la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, durante una larga sesión, en la que el PAN y el Verde (y el PRI pese a su abstención en un caso) avalaron incrementar a 16 por ciento el impuesto al valor agregado (IVA), elevar en dos puntos el impuesto sobre la renta (ISR), mantener la retroactividad de la consolidación fiscal, pero disminuir el porcentaje que los grandes consorcios deben pagar por impuestos diferidos.

La discusión más ríspida y prolongada se dio en torno a lo que legisladores perredistas, petistas y de Convergencia consideraron como la decisión de mantener los privilegios fiscales para los 422 grupos empresariales más poderosos del país, mientras se cobra a los que ya pagan impuestos.

Aquí a los ricos hay que darles estímulos, pagarles. El poder político se arrastra frente a ellos, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez, mientras el coordinador de su bancada, Carlos Navarrete, reclamó desde tribuna al panista Gustavo Madero que a última hora hubiera cambiado su postura para sumarse al PRI y beneficiar a los hombres del dinero.

Navarrete advirtió que ello significa que el Presidente de la República abdicó ante los poderes fácticos del país, toda vez que, contra su discurso de los últimos dos días de que los grandes empresarios paguen los impuestos que les corresponden, en el Senado su bancada vota en sentido contrario.

En cambio, aprobar el aumento de 16 por ciento al IVA llevó menos de media hora, ya que ni priístas ni panistas subieron a tribuna y sólo escucharon impasibles las críticas de la oposición. Dante Delgado (Convergencia) advirtió que con ese gravamen se provocará más inflación y se agravará la capacidad de consumo de la población de menores ingresos.

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, dijo que es una pena que PRI y PAN, en lugar de pensar en la población, sólo estuvieran preocupados en evitar los costos políticos de esa medida y leyó declaraciones de candidatos a diputados del tricolor, quienes en julio pasado durante sus campañas electorales ofrecieron no permitir más impuestos.

Carlos Navarrete denunció la intervención indebida de los gobernadores, y advirtió que la votación en torno a ese gravamen mostrará si somos consecuentes con los mexicanos que nos dieron su voto para llegar aquí o no lo somos.

A su vez el también perredista Tomás Torres sostuvo que el incremento de 15 a 16 por ciento en el IVA es inconstitucional, pues no hubo una iniciativa de ley específica, porque en la Cámara de Diputados se modificó el proyecto de Calderón, sin presentar una nueva iniciativa.

Tal como habían acordado, los priístas se abstuvieron de votar el alza al IVA. Pero no sólo eso, la mayoría de los integrantes de la bancada salió del salón de sesiones y sólo permanecieron en el recinto ocho legisladores.

Por ello el IVA fue sólo aprobado por la bancada de Acción Nacional y algunos senadores del Verde. La votación final fue de 53 en favor, 28 en contra y ocho abstenciones.

Los senadores de PRI y PAN votaron juntos en el que ayer fue el tema más polémico, la consolidación fiscal. Ricardo Monreal y Pablo Gómez se enfrentaron a legisladores del tricolor y de Acción Nacional, que defendieron con vehemencia la decisión de modificar la minuta de la Cámara de Diputados en torno a la Ley del ISR.

El perredista insistió en que mientras el presidente Calderón retomó ya el discurso de Andrés Manuel López Obrador y pide que los consorcios paguen los impuestos que les corresponden, ustedes aquí quieren ir por otra ruta y seguir con los regímenes de privilegio.

Eloy Cantú Segovia, del PRI, y el panista Fernando Elizondo Barragán propusieron que se eliminara la retroactividad de la consolidación fiscal propuesta por el Ejecutivo, y que los diputados mantuvieron, sólo con una disminución en los porcentajes.

Argumentaron que disminuir de 10 a cinco años el periodo en que los grupos empresariales deben pagar los impuestos que adeudan tiene efectos retroactivos, y va contra la Constitución, además de que ocasionará amparos y pone en riesgo la estabilidad de la planta productiva.

Ello se desechó y lo que se aprobó por 71 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones, fue la propuesta del priísta Francisco Labastida, que consiste en disminuir de 40 a 25 por ciento el porcentaje de adeudo que los empresarios deben pagar en el primero de los cinco años que tienen de plazo. Después los porcentajes serán de 25, 20, 15 y 15, respectivamente.

Labastida sostuvo que es arriesgado obligar a las empresas a pagar de golpe 40 por ciento de adeudos que originalmente eran a cubrir en diez años, pues les causará problemas y se pueden perder 200 mil empleos. Además, insistió, también puede darse el caso de que algunas quiebren o sean adquiridas por consorcios extranjeros.

Monreal refutó tales argumentos y dijo que la propia Secretaría de Hacienda, mediante el Servicio de Administración Tributaria, difundió que los 422 grupos empresariales tuvieron ingresos el año pasado por cerca de 5 billones de pesos y sólo pagaron el 1.7 por ciento de impuestos.

No es justo, insistió, que las 72 mil pequeñas y medianas empresas instaladas en el país sí cumplan con sus obligaciones tributarias, paguen 28 por ciento de ISR y otros gravámenes.

Navarrete, en tanto, se confrontó con Madero. Le pidió explicaciones, ya que, denunció, todavía el jueves por la noche el panista se comprometió a votar junto con el PRD que se mantuviera el régimen de consolidación en 40 por ciento el primer año.

Madero respondió que se trataba de una acusación telenovelesca. Al bajar de tribuna, Navarrete le fue a reclamar hasta su escaño y el panista balbuceó que, según datos que le dio la Secretaría de Hacienda, es prácticamente lo mismo que paguen 40 que 25 por ciento.

Otro perredista, Gómez Álvarez, impugnó ante el pleno esa aseveración. Dijo que la propuesta de Calderón de que los empresarios paguen 60 por ciento de los adeudos diferidos en 2010, equivale a 27 mil millones de pesos; el 40 por ciento votado por los diputados son 18 mil millones de pesos y lo que acordaron PRI y PAN, 11 mil millones.

El priísta Manlio Fabio Beltrones, en una intervención inicial, explicó que decidieron dejar la retroactividad en la consolidación fiscal y que sea la Suprema Corte la que decida si es constitucional o no.

A su vez, Francisco Labastida defendió la postura de su partido en torno a ese paquete fiscal que ayer aprobaron. Lo vemos sólo como el mal menor, pero tenemos que actuar, que evitar males mayores.

El panista Madero sostuvo que de no aprobarse esa miscelánea fiscal la crisis será peor que la de 1995, y felicitó a los integrantes de su bancada por apoyar a nuesto gobierno.

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Provocación y golpes a la economía y al país
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Acontrapelo de las numerosas apelaciones al sentido común, en contra de los señalamientos de diversos expertos económicos y en colisión con los intereses nacionales más evidentes, la coalición de facto que ejerce el gobierno aprobó ayer en el Senado de la República una miscelánea fiscal que incrementa en distintas proporciones los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y a depósitos en efectivo, entre otros.

Con esas medidas se consumó un golpe a la economía popular y a las finanzas nacionales: por un lado, se trasladó a los sectores mayoritarios, que son los desfavorecidos de siempre y los más afectados por la crisis del momento, el costo de un aparato gubernamental ineficiente y frívolo; por el otro, se dejaron a salvo los privilegios de una cúpula empresarial que, como lo reconoció esta misma semana el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, no paga impuestos o bien los paga en proporciones mínimas y en condiciones de absoluto privilegio; asimismo, se eludió la aplicación de medidas de austeridad reales y honestas, manteniendo niveles de gasto que son injustificables en cualquier circunstancia, pero que en una coyuntura de crisis económica como la presente, constituyen un agravio y una burla al conjunto de la sociedad.

A la manifiesta inmoralidad de las alzas impositivas aprobadas ayer por el Senado, y cuya inspiración proviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe agregarse la improcedencia y el contrasentido de aumentar gravámenes en una situación recesiva como la que vive México, que es el país del continente que más ha resentido la crisis mundial y en el que ésta adquiere una duración más prolongada y destructiva en términos sociales.

En efecto, como lo han señalado diversos economistas destacados, los incrementos impositivos lastran al conjunto de la economía, contribuyen a prolongar y profundizar las secuelas de la recesión e inciden en la postergación de la deseada reactivación. No es casual que la mayor parte de los países industrializados hayan optado, ante las actuales dificultades, por incrementar los déficit fiscales y por lanzar, desde el sector público, estrategias de apoyo al empleo, la inversión y el consumo, es decir, exactamente lo contrario que lo hecho por el grupo gobernante de nuestro país.

La votación senatorial satisface, en suma, los desmedidos y depredadores apetitos presupuestales de gobernantes estatales y de la Federación, así como la impunidad fiscal de que disfruta, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes empresas, pero atenta contra la estabilidad política y la gobernabilidad, toda vez que introduce factores de irritación social insoslayables en un contexto en el que confluyen, además, el desgaste institucional, la erosión del estado de derecho y el déficit de legitimidad que viene arrastrando, de origen, la actual administración. En esa circunstancia, el paquetazo impositivo aprobado ayer en el Senado de la República por la mayoría gobernante equivale a una monumental provocación.

Paquetazo fiscal
Fisgón

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Desfiladero

Hazañas calderónicas

Jaime Avilés
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“Como a las ocho de la noche me hizo la parada frente al Metro San Cosme un señor con dos chavitos, como de 15 o 16 años. Luego supe que eran sus hijos. A las pocas cuadras el señor sacó una pistola y me dijo que me estacionara en una calle oscura. Me obligó a acostarme en el suelo; uno de los chavitos me quitó mi cinturón y me amarró las manos por detrás de la espalda, mientras el otro me ponía un cuchillo aquí en la garganta. Ya después me vendaron los ojos. No, no fue un secuestro exprés: desde esa hora y hasta las cuatro de la mañana anduvimos repartiendo cocaína; fuimos a varias vecindades de Tepito, a otros lugares como por La Merced, yo nomás oía y sacaba deducciones. El señor manejaba mi taxi y sus hijos se bajaban a entregar la droga y a cobrar el dinero. Ya casi era de día cuando me aventaron del vocho como un costal y se fueron. Hacía mucho frío y sonaba ruido de agua. No sé ni cómo me pude desamarrar, pero me quité la venda y me dí cuenta de que si hubiera tratado de levantarme así, a ciegas, me habría caído y me habría ahogado, porque me dejaron juntito al borde de una presa en el estado de México. Si esa presa hablara, quién sabe cuántos cadáveres diría que tiene allá dentro...” (Testimonio de un taxista del Distrito Federal, acerca del secuestro que sufrió en marzo de 2007, en el contexto de la guerra calderónica contra el narcotráfico.)

II

Los campesinos deben aprender del modelo del narcotráfico. [Los mafiosos] identifican su mercado y crean su logística. ¡Ellos sí saben atender los mercados!. Jeffrey Max Jones Jones, inventor, mercenario, abigeo, agente doble, cantante de serenatas, aviador y jugador (que) conduce viajes espaciales, administra gobiernos, sofoca insurrecciones, arregla carreras de caballos, deroga impuestos, doma tigres, y castra dinosaurios, según su tarjeta de presentación personal. Hasta el jueves era subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura del gobierno de Felipe Calderón.

III

En febrero de 2002, en la Unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quedó terminada una sala de terapia intensiva para seis pacientes de trasplante de corazón, otra de hospitalización para ocho más y un área de oficinas. Las flamantes instalaciones no se inauguraron en ese momento porque no había dinero para contratar personal. Corría el sexenio de Vicente Fox y México estaba produciendo los mayores excedentes petroleros de su historia y ganando, por ese concepto, más millones de dólares que nunca, pero la sala de trasplantados siguió sin estrenarse.

Terminó el periodo de Fox, comenzó el de Calderón y la sala continuó cerrada. En febrero de 2009, el doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE) del Siglo XXI, nombró director general de Cardiología a su amigo, el doctor Ricardo Jáuregui. Éste, ni tardo ni perezoso, vio una buena oportunidad de negocio y ordenó desmantelar los techos y muros de la sala para trasplantados y volver a construirlos, pero a un costo cinco veces mayor que el original, denuncian a esta columna médicos de ese nosocomio que piden el anonimato por temor a ser despedidos.

Jáuregui ha montado un coto de poder, en el que controla a los proveedores y a los peritos que supervisan y autorizan las compras, y todos se reparten comisiones que resultan de los precios que inflan. Al solicitarles un ejemplo concreto, los médicos subrayaron que recientemente Jáuregui adquirió dos monitores telemétricos (o sea, que permiten verificar la temperatura, la presión y el ritmo cardiaco de un paciente a larga distancia) para la sala de terapia intensiva de la unidad de Coronarias.

En el mercado, cada monitor tiene un precio de 100 mil pesos; sin embargo, añadieron los denunciantes, Jáuregui autorizó que se pagaran 300 mil por cada uno, y lo peor es que uno era de segunda mano. Esto, por desgracia, concluyeron, ocurre diariamente: esperamos que Daniel Karam (el director general del IMSS) ordene una investigación exhaustiva y detenga el saqueo.

IV

Hoy, desde las 10 de la mañana, con el apoyo de las organizaciones Pro Tlalpan, Salvemos Tlalpan, Amigos del Bosque de Tlalpan y vecinos del Ajusco Medio, se efectuará una clausura simbólica de la gasolinera que en el número 4097 de la avenida Insurgentes Sur construye el empresario José Talavera Ugalde, miembro de la familia que hace muchos años posee allí los restaurantes Don Enrique y Ponte Vecchio.

La movilización se llevará a cabo en solidaridad con los vecinos de la unidad habitacional Tlalpan 2, un conglomerado de 120 viviendas en las que habitan sobre todo catedráticos de la UNAM, médicos, profesionistas de otras disciplinas y jubilados. Para ellos, la instalación de una gasolinera con tres tanques subterráneos de 100 mil litros cada uno, que dará servicio 24 horas al día, constituye, en primer lugar, una amenaza a nuestra seguridad y a nuestra salud, una agresión al medio ambiente, una violación a la Ley de Participación Ciudadana y una garantía de que el negocio causará embotellamientos continuos en un tramo de Insurgentes, de por sí estrecho debido al Metrobús, dijo a esta columna José Luis Suárez, uno de los vecinos del conjunto, quienes decidieron organizarse como la APPO, es decir, sin líderazgos protagónicos.

Suárez añadió que, por ley, ninguna gasolinera puede estar a menos de 15 metros de una vivienda, y sin embargo, ésta va a estar separada de nuestras casas apenas por un muro de 25 centímetros. Además, para qué quieren un depósito de 300 mil litros, que es una bomba de tiempo, si en la gasolinera Leo, que está 800 metros más adelante sobre la misma avenida, el promedio semanal de ventas es de 40 mil litros. Hemos hecho ya varias peticiones a Marcelo Ebrard para que intervenga y ponga alto a esta obra que están construyendo en una zona donde hay viviendas, escuelas, comercios, hospitales y una estación del Metrobús.

Los vecinos, aseguró, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para detener este atropello, y si el gobierno del PRD no nos toma en cuenta buscaremos el apoyo de otros partidos.

V

En la colonia Palmitas, en Iztapalapa, hace 19 días no hay luz. A diario se producen cinco bloqueos viales en esa delegación, donde vecinos desesperados por la falta de energía eléctrica no hallan otra forma de lograr que los atienda la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando las protestas se dan en vialidades como la calzada Zaragoza, José Angel Ávila, secretario de Gobierno de Marcelo Ebrard, manda a los granaderos a golpear a la gente. Clara Brugada, titular provisional de esa demarcación, ha tenido que interponerse entre los gorilas y los inconformes para evitar la violencia. Por su parte, los técnicos de la CFE andan con la lengua de fuera, llegan a la capital desde el norte y el sur del país, y como no conocen los aparatos de Luz y Fuerza del Centro tardan en promedio cinco horas en arreglar un desperfecto que cualquier electricista del SME compondría en 20 minutos. ¿Y la huelga general para cuándo?

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Conoce nuestra propuesta para no aumentar impuestos


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BOLETÍN DE PRENSA

A los medios de comunicación,

A las comunidades: universitaria y politécnica,

Al pueblo de México:

La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra del Inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se ha constituido en una demostración gigantesca de apoyo popular, magisterial, sindical y estudiantil. Ese apoyo, que va creciendo sin parar, a todo lo largo y ancho de nuestra República se está constituyendo en un peligroso escollo para el gobierno federal.

Nuestra juventud estudiosa, siempre tan generosa con las causas dignas y justas, se están desbordando en la solidaridad para el SME: recolectando víveres, distribuyendo volantes, organizando foros, realizando asambleas, cerrando vialidades, etc, etc. Para intentar contener y suprimir esas manifestaciones solidarias, diversas autoridades universitarias y politécnicas, están comenzando a reprimir a profesores y estudiantes que nos apoyan. Así, lo mismo de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, en la Universidad Nacional Autónoma de México; de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional, entre otras escuelas se están presentando fenómenos de represión contra nuestros compañeros.

Pero son esfuerzos fallidos, este descontento no lo va a detener nadie, va creciendo en todos los sectores sociales, porque la justeza de nuestra lucha esta a la vista de todos, y solo se va a detener hasta lograr la salida de las fuerzas policiacas y militares de nuestros centros de trabajo, la derogación del decreto de extinción de nuestra empresa, la modificación de la política económica neoliberal y el cambio del régimen político excluyente y antidemocrático.

Vaya toda nuestra solidaridad y respaldo a las compañeras y compañeros, que están sufriendo en carne propia, la insensata represión de las autoridades ciegas e insensibles a los reclamos de Justicia, Libertad y Democracia. ¡Camaradas!, no están solos.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 30 de octubre de 2009

Fernando Amezcua Castillo

Secretario del Exterior

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Decreto de extinción de la Presidencia de la República


Gilberto López y Rivas

Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.

RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno,


y CONSIDERANDO


Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada opinión pública; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;


Que el que se dice comandante en jefe y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;


Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;


Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;


Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:


Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.


Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.


Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.


Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.


Artículo 6. La llamada residencia oficial de Los Pinos se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.


TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
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No se abrirán puestos para profesores y se estancará la cobertura en bachillerato

Plan de gasto en educación, 6.7% menor al de 2009, acepta la SEP

Si se toman en cuenta los ajustes de este año prácticamente se iguala el presupuesto solicitado, dice Lujambio al reunirse con diputados

El traspaso de plazas, opción para cubrir necesidades

Foto
Cerca de 500 alumnos realizaron ayer una marcha de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros a la SEPFoto José Carlo González
E. Méndez y R. Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 34

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, reconoció que la propuesta de gasto del Ejecutivo para el próximo año en ese sector representa una disminución de 6.7 por ciento en términos reales al aprobado por el Congreso para 2009.

Al reunirse con diputados de las comisiones de Presupuesto y de Educación para solicitar ampliaciones de fondos, el funcionario admitió que el año próximo no se abrirán plazas para profesores en el país ni se avanzará en la ampliación de la cobertura de educación media superior, y eso nos inquieta.

Explicó que la propuesta de Felipe Calderón a la Cámara de Diputados sobre el gasto de la SEP para el próximo año asciende a 196 mil millones de pesos, cuando lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2009 fue de 200 mil 930 millones 557 mil 665 pesos.

Lujambio dijo que la propuesta del Ejecutivo para 2010 representa una disminución de 6.7 por ciento en términos reales respecto del nivel aprobado por esta cámara para 2009; sin embargo, recordemos que hubo un importante recorte en el ejercicio.

Según Lujambio, si lo planteado por Calderón se compara con el presupuesto que realmente ejercerá la SEP, luego del recorte que le aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces la reducción real es de 0.7 por ciento.

Y agregó: De manera que, de acuerdo con los techos presupuestales que estableció Hacienda en el proyecto 2010, estamos prácticamente igualando el presupuesto ajustado, recortado, del año fiscal 2009.

En el rubro de plazas, refirió que la secretaría solicitó mil 340 millones de pesos para la creación de 16 mil puestos de trabajo para docentes de educación básica, secundaria, media superior y superior. No obstante, dijo, el artículo 20, fracción II del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 determina, como medida de austeridad, no crear nuevos puestos de trabajo en el sector público, por lo que se buscará cubrir las necesidades con el traspaso de plazas.

Lujambio admitió también que persiste un rezago en la cobertura de la educación prescolar, a pesar de que es obligatoria, y un déficit de atención de 5 por ciento en secundaria, de 54 por ciento en media superior, y no se diga en superior, aun cuando la meta del gobierno de Calderón era alcanzar 30 por ciento de atención de la demanda.

Detalló que la deficiencia en educación media superior no ha podido ofrecer a los jóvenes un espacio para estudiar, sobre todo por el recorte que aplicó Hacienda, pero esa perspectiva no mejorará para el próximo año.

Estamos a buen ritmo en la meta; estamos en 64 por ciento de cobertura. Sin embargo, el año pasado tuvimos un déficit de mil 700 millones de inversión en infraestructura que no se resarce en 2010, dijo.

El titular de la SEP refirió que si bien existe un rubro en el proyecto Expansión de la oferta educativa, con una partida de mil 828 millones de pesos, lo que formalmente aparece para expansión de la oferta educativa no es exactamente para eso.

En realidad, aceptó, se destinará a la regularización y homologación salarial del Colegio de Bachilleres y de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.

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El Congreso Nacional decidirá si el presidente constitucional es restituido o no

Gobierno de unidad y reconciliación, para poner fin a la crisis hondureña

El acuerdo que se alcanzó prevé que el 5 de noviembre se constituiría la administración interina

Teme el gobernante de facto que la restitución desate una campaña de persecución en su contra

Foto
Manuel Zelaya (centro) y simpatizantes celebran en la embajada de Brasil la solución de la crisis políticaFoto Reuters
Afp, Dpa y Reuters

Tegucigalpa, 30 de octubre. Representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya y del régimen de facto de Roberto Micheletti firmaron hoy un documento que pone fin a la crisis política hondureña, y más tarde entregaron el acuerdo alcanzado al Congreso Nacional, el cual determinará si el mandatario es restituido o no en el poder después de su expulsión por los militares el 28 de junio.

El calendario previsto para el cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa-San José-Diálogo de Guymuras (el nombre del país antes de la llegada de los españoles), como se le denominó, prevé que para el 5 de noviembre se haya constituido el gobierno de unidad y reconciliación nacional, según el texto, que entró en vigor este mismo viernes tras su firma por las partes.

Me complace anunciar que hace unos minutos autoricé a mi equipo negociador firmar un acuerdo que marque el inicio del final de la situación política del país, señaló Micheletti. Sin embargo, también expresó su temor de que la restitución de Zelaya desate una campaña de persecución en su contra y de los miembros del gabinete golpista.

Por su parte, el presidente Zelaya se declaró optimista moderado por el acuerdo pactado. Es un primer paso para concretar mi restitución, que tendrá que sufrir varios momentos. Pero mientras no se haya establecido su restitución, dijo, va a seguir refugiado en la embajada de Brasil.

Dijo confiar en que el régimen de facto cumpla con los términos del acuerdo, que se alcanzó tras la presión estadunidense, y advirtió que Honduras ha pagado una alta cuota de sufrimiento y fractura.

Zelaya apuntó que el próximo presidente que salga de las urnas en noviembre debe entender que el retorno de la violencia y las armas no debe ser aceptado para resolver problemas políticos, y que la democracia necesita de una permanente renovación.

Por último, agradeció a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Latinoamérica y Europa, que presionaron para restablecer la democracia” en Honduras.

El acuerdo también prevé el traspaso de poder el 27 de enero de 2010 al presidente que resulte electo en los comicios del 29 de noviembre, y para el primer semestre del próximo año quedará también instalada la Comisión de la Verdad, que tendrá que investigar los acontecimientos que ocurrieron antes, durante y después del golpe de Estado contra Zelaya.

El delegado de la OEA, Víctor Rico, dijo que no hay un plazo para el pronunciamiento del Congreso. Pero confió en que los legisladores tendrán plena comprensión de la importancia y de la urgencia política” del acuerdo.

Además, anunció que en los próximos días se conformará la comisión de verificación que va a coordinar la OEA, en la que participarán dos extranjeros y dos hondureños, que constituye uno de los puntos del acuerdo en relación con el cumplimiento de los compromisos pactados por ambas partes.

Ya está el acuerdo totalmente firmado, indicó el representante de la delegación de Zelaya, Rodil Rivera, al llegar a las puertas del Congreso para entregar el documento a los congresistas, seguido por cientos de seguidores del mandatario que celebraban.

Si bien el Congreso se encuentra en receso, el texto fue recibido por una secretaria de guardia y se informó que se tendrá que convocar a una sesión extraordinaria para abordar el tema, que sigue siendo controvertido porque además los congresistas antes de decidir deberán conocer la opinión de Corte Suprema de Justicia que, en su momento, avaló el golpe.

La negociadora de Micheletti, Vilma Morales, señaló que todavía falta fijar fecha para que los 128 diputados de la Cámara den su fallo definitivo que ponga fin a la crisis de cuatro meses, donde hasta el momento sólo 25 favorecen el regreso de Zelaya al poder.

Gente de Zelaya –como su asesor Carlos Eduardo Reyna– que lo acompañan en la legación de Brasil han empezado a decir que si el Congreso no favorece su restitución significará que no se llegó a acuerdo exitoso y que la comunidad internacional no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre.

Otros puntos del acuerdo piden el fin de las sanciones a Honduras de la comunidad internacional, la renuncia de Zelaya a convocar a una Constituyente o reformar la Carta Magna, el rechazo a la amnistía política y la transferencia de la autoridad de los militares al tribunal electoral.

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Lula y Hugo Chávez, felices por el triunfo de la negociación

Beneplácito internacional por la solución
Afp, Dpa y Reuters

Río de Janeiro, 30 de octubre. Brasil expresó hoy su satisfacción por el acuerdo alcanzado en Honduras para poner fin a la crisis política desatada tras el golpe de Estado, y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva manifestó su deseo de que el Congreso del país centroamericano finalmente restituya al presidente Manuel Zelaya para que presida las próximas elecciones.

El resto de los países latinoamericanos se sumaron a esta celebración, así como naciones de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos, al destacar el acuerdo pactado entre Zelaya y el régimen de facto que pone a Honduras camino hacia el restablecimiento del orden constitucional.

La secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton, se congratuló con el pueblo de Honduras, así como con el presidente Zelaya y el señor Micheletti por lo que describió como histórico acuerdo logrado entre las partes en conflicto, que augura el fin de la crisis de cuatro meses, en declaraciones hechas desde Pakistán.

El subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, Thomas Shannon, que presionó en Tegucigalpa en la parte final para este acuerdo, advirtió que la aplicación será complicada pero que Micheletti y Zelaya se han comprometido a respetar la decisión del Congreso y les creo.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se dijo alentado por el acuerdo pactado en Honduras. Asimismo, España, Francia y la Unión Europea saludaron el documento hondureño.

En Washington, los países miembros de la OEA debatieron entre el júbilo y la cautela por el acuerdo alcanzado en Honduras, pero postergaron una asamblea general que debe levantar la suspensión de ese país del organismo, incluso para después de los comicios del 29 de noviembre.

Nicaragua y Venezuela fueron los dos únicos miembros que se manifestaron reticentes a celebrar el acuerdo, ya que primero debe darse la restitución de Zelaya.

No obstante, el presidente Hugo Chávez declaró que en Honduras pareciera que hay un horizonte abierto, y que las naciones latinoamericanas y del Caribe seguirán luchando y levantando las banderas de la democracia.

viernes, 30 de octubre de 2009


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Foro Nacional por la

Universidad Pública,
la Ciencia y la Cultura
30 y 31
de octubre de 2009

Consideramos que es
necesario que se conozca en la Cámara de Diputados el punto de vista de los
estudiantes, la lucha por incrementar el presupuesto no es sólo una tarea de
los rectores,

la comunidad estudiantil tenemos la obligación moral de defender nuestra universidad en todos los recintos donde sea posible.

Es por ello que le hacemos una cordial invitación a participar en el Foro
Nacional por la Universidad Pública, la Ciencia y la Cultura que se llevará a
cabo los días 30 y 31 de octubre.
¡Estarán
presentes las voces de estudiantes de varias universidades!

Viernes
30 de octubre: Inauguración del Foro a las 15:30

En el Auditorio del Edificio “E” de
la Cámara de Diputados

(entrar por el acceso de visitantes,
calle Zapata, frente a la Tesorería, Metro san Lázaro)

Estarán presentes la Dra. Esther
Orozco (Directora del Instituto de Ciencia y
Tecnología del DF), Alfonso Suárez del Real (Frente
en Defensa del Arte y la Cultura), Dip. Victor Manuel Castro (Secretario de la Comisión de Educación), Legisladores de diversas
fracciones parlamentarias

Sábado 31 de octubre:
10:00 hrs.

Auditorio Alfonso Caso
de Ciudad Universitaria de la UNAM (a un costado de la Torre II de Humanidades)

Nos acompañarán Rafael
Barajas “El Fisgón”, Paco Ignacio Taibo II, El Pacho (Director de la Casa del
Lago y ex Maldita Vecindad)

Mesas de trabajo y entrega de los
resolutivos a los legisladores

Pasa la voz!

Los resolutivos de
este Foro serán entregados a los legisladores de todas las fracciones
parlamentarias y estamos haciendo una invitación a todos los sectores para que
unidos evitemos el recorte.


ATENTAMENTE
REDES
UNIVERSITARIAS

(Estudiantes de la UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN)

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Aprobarán más impuestos y conservarán privilegios para consorcios, afirma en Oaxaca

PAN y PRI esperan el puente de Muertos para asestar el porrazo fiscal: AMLO

Calderón tuvo que reconocer que los grandes empresarios no pagan impuestos, sostuvo

Ciro Pérez Silva

Santa Cruz Zenzontepec, Oax., 29 de octubre. Los senadores de PRI y PAN esperan a que llegue el fin de semana, cuando los mexicanos preparen la conmemoración del Día de Muertos, para dar el golpe y aprobar una ley de ingresos con nuevos impuestos para todos los ciudadanos y conservar los regímenes especiales para los grandes empresarios, afirmó aquí Andrés Manuel López Obrador.

Espero equivocarme, pero tengo información de que, como siempre, las cúpulas de PRI y PAN ya se pusieron de acuerdo par dar un nuevo golpe a la economía popular, que va a redundar en más desempleo, más inseguridad y más violencia, aseguró.

Sólo están esperando a que la gente esté entretenida con la ceremonia de Todos Santos para que ni siquiera se enteren de que a partir del próximo año van a pagar más impuestos, indicó.

López Obrador se refirió a las recientes declaraciones del jefe del Ejecutivo federal: Ahora hasta el mequetrefe de (Felipe) Calderón tuvo que reconocer que los grandes empresarios no pagan impuestos; es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Sin embargo, hay que reconocer que esos empresarios que llevaron a Calderón a la Presidencia de la República y que nos cerraron el paso en 2006 ya no lo quieren, lo tienen como trapeador en una esquina de Los Pinos. Calderón no gobierna ni manda.

Al continuar la undécima etapa de su gira por municipios de usos y costumbres de esta entidad, sostuvo que México atraviesa por una crisis económica y social sin paralelo en los años recientes. Señaló que la falta de empleo, el abandono del campo, la carestía de la vida y la mortandad de negocios no se van a remediar si no hay un verdadero cambio de la vida pública del país.

Si sigue este gobierno corrupto, opresor e injusto, nunca van a mejorar las cosas. No queda otro remedio que darle nueva vida a México para poder sacar al pueblo de la pobreza, la marginación y el abandono en que se encuentra.

El tabasqueño sostuvo que “quienes se creen amos y señores de México, esos treinta potentados que se enriquecen y mantienen aplastado al pueblo, sólo aportan por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) 1.7 por ciento de sus ganancias, mientras el resto de los mexicanos contribuye a las finanzas públicas con 30 por ciento de su salario.

“Nuestra propuesta fue que ellos pagaran lo que les corresponde y que le redujeran salarios y prestaciones a la alta burocracia. Con sólo esos dos puntos el gobierno podría contar con 500 mil millones de pesos: 360 para cubrir el hoyo financiero que existe y 140 para apoyar al campo y la educación.

En el Senado los legisladores del Frente Amplio Progresista que integran PRD, PT y Convergencia se están oponiendo a la aprobación de nuevos impuestos y van a hacer todo lo posible porque el impuesto al valor agregado (IVA) no crezca hasta 16 por ciento, el ISR a 30 y se evite el alza de 3 por ciento en telecomunicaciones. Van a continuar impulsando nuestra propuesta, porque si se permiten nuevos impuestos y PRI y PAN aumentan la gasolina, el gas y la luz en 17 por ciento, se van a disparar los precios de los artículos de primera necesidad y habrá más alzas.

En su recorrido, López Obrador enfatizó que no se puede pensar que los políticos de PRI y PAN vayan a cambiar la política económica. Ellos son empleados de los potentados, de los más ricos del país. Hace apenas cuatro meses muchos hacían campaña para ser diputados y les venían a decir aquí y en todas partes que no iban a permitir aumento de impuestos, pero eso fue lo primero que hicieron cuando llegaron a la Cámara, levantaron la mano para aprobarlos, eso es lo que no podemos permitir, que los vuelvan a engañar. Nosotros vamos a estar pendientes para evitar que en el Senado se dé un nuevo golpe a la economía popular.

En su recorrido por los municipios de la Sierra Sur llamó a los oaxaqueños a aprovechar las elecciones de 2010 para ya no tener un mal gobierno.

Oaxaca es el estado más abandonado de México, porque esto no pasa en Chiapas, Guerrero o Puebla. Y no es que no haya presupuesto, sino que se lo lleva todo ese gobernador mediocre y ladrón de Ulises Ruiz.

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El SME
Luis Javier Garrido


El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.

1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.

2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.

3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.

4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.

5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín

6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.

7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de traición a la patria y ejercicio indebido de la función pública, pero lo que debe redoblarse es la movilización.

8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.

9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un ataque preventivo, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.

10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como una guerra y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.

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Pretenden desmovilizarnos, pero no lo lograrán, señala Amezcua

Posponen decisión acerca del fin de relaciones laborales entre SME y LFC
Patricia Muñoz Ríos

Con una maniobra política para intentar desmovilizar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) cambió para el sábado 31 la audiencia en la que decidirá sobre la terminación de relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), señaló el secretario del exterior del gremio, Fernando Amezcua.

Incluso la JFCA determinó que el sábado y hasta el domingo primero de noviembre serán considerados días hábiles para efectos de hacer la notificación al SME.

En conferencia de prensa, Amezcua sostuvo que desafortunadamente la JFCA responde a intereses políticos y no a los estrictamente legales, como le corresponde.

Refirió que esa instancia, que debía aplicar estrictamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), está a punto de avalar una total violación a la normatividad laboral, ya que con una arbitraria e ilegal maniobra del gobierno los trabajadores primero fueron sacados por la fuerza de las instalaciones de la empresa la noche del sábado 10 de octubre, y tres semanas después les van a notificar que están despedidos.

Esta es una total inconsistencia jurídica y lo saben las autoridades de la JFCA y de la Secretaría del Trabajo, aseguró. Señaló que ambas instancias actúan impunemente, porque se trata de una orden del gobierno federal contra el SME. Indicó que inicialmente la JFCA los citó a audiencia para el viernes 30 de octubre; sin embargo, como se anunció que asistirían los 44 mil trabajadores, más los 22 mil jubilados y sus familias, esta instancia curiosamente cambió la fecha y declaró hábil un día inhábil.

El cambio de fecha fue notificado al SME mediante un escueto oficio en el que no se ofrece explicación alguna. En el documento se deja en claro que en la audiencia sólo podrán estar presentes tres representantes del sindicato y tres del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

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Fernando Amezcua, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, en conferencia de prensaFoto Jesús Villaseca

Las autoridades creen que de esta forma van a desmovilizar a los trabajadores, que nos van a desincentivar para llevar la protesta ante esta instancia, pero se equivocan: ahí vamos a estar, aunque sea sábado, domingo o día festivo, aclaró el vocero del SME.

A su vez, la Secretaría del Trabajo emitió un comunicado en el que expone que el cambio de fecha de la sesión de la JFCA no obedece a ninguna estrategia política, sino a la intención de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de este órgano colegiado ante eventuales manifestaciones o protestas que también afecten a terceros.

Expuso que al difundirse que el SME convocó a un contingente numeroso para acudir a la JFCA el próximo 30 de octubre, día en que se celebraría la audiencia de ley en el procedimiento de terminación de las relaciones de trabajo, promovido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como liquidador de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se adoptó esa decisión para no entorpecer el normal desarrollo de sus actividades diarias.

Con esa medida, según la dependencia, “se logrará dar mejor atención al asunto, ya que será el único que se trate ese día y se realizará a puerta cerrada…”

Por otra parte, en cuanto a la demanda de amparo contra el despido injustificado de 44 mil trabajadores que el SME presentaría este viernes, Amezcua explicó que primero les deben notificar la terminación de las relaciones laborales, por lo cual se aplazó la interposición del recurso.

Comentó que el 5 de noviembre las organizaciones que participaron en la asamblea nacional representativa de la resistencia popular, convocada por el SME, se volverán a reunir para definir si se realiza un paro nacional.

Todas las organizaciones realizan asambleas y las bases decidirán si participan en una acción de esa naturaleza.

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Indignación ciudadana
Helguera

Autoinculpación gubernamental

Entre miércoles y jueves, y con el telón de fondo de la desarticulación en las cámaras de la iniciativa de ley de ingresos presentada recientemente por la Secretaría de Hacienda, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzó contra las empresas que más ganan y que rara vez pagan impuestos, o bien gozan de tarifas impositivas de menos de 2 por ciento –en contraste con el 28 por ciento que, sólo por concepto de ISR, debe aportar la inmensa mayoría de causantes cautivos–; dijo que esa situación de privilegio ha durado varios años y ya no puede ser, y rechazó el señalamiento generalizado en el sentido de que el gobierno que encabeza ha hecho crecer en forma desmesurada el aparato burocrático y el gasto administrativo.

Este celo crítico de última hora contra los sectores corporativos tradicionalmente privilegiados y beneficiados por el panismo gobernante resulta extemporáneo, pues debió plasmarse en la iniciativa de ley de ingresos mediante disposiciones concretas que eliminen los regímenes de excepción defendidos contra viento y marea por las últimas administraciones priístas y las dos sucesivas presidencias panistas; es inverosímil, por cuanto se manifiesta como reacción a las críticas empresariales por los elevados e injustificables niveles de gasto público; y es autoinculpatorio, pues denota la gravísima omisión en que ha incurrido el propio gobierno federal en materia hacendaria desde hace tres años.

En efecto, desde que el gobierno calderonista pretendió la privatización parcial de la industria petrolera con el pretexto de que ese sector debía generar más ingresos fiscales, se señaló que lo procedente era más bien cobrar los impuestos que la administración pública perdonaba a los grandes corporativos y potentados; más tarde, al calor del debate nacional provocado por la repudiada iniciativa gubernamental de ley de ingresos, el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador destacó que, en vez de endosar el absurdamente elevado costo del aparato gubernamental a los sectores populares, el Ejecutivo federal debía empezar a cobrar impuestos a la minoría empresarial que no los paga, así como adoptar medidas serias y honestas de austeridad en las propias oficinas públicas.

Sin duda el empresariado, empezando por el que goza de mayor dimensión financiera, está obligado a pagar impuestos en pie de igualdad con el resto de los contribuyentes; pero el gobierno federal tiene, a su vez, el deber y los medios para asegurar el cumplimiento de tal obligación, y si no lo ha hecho así, como lo reconoció el propio Calderón, ha cometido una falla gravísima, cuyo costo para el país y para la sociedad se mide en centenares de miles de millones, si no es que en billones de pesos. Esta admisión tácita invalida, por lo demás, todo el andamiaje argumental construido por el propio gobierno para lograr la aprobación de su iniciativa de ley de ingresos: si el Servicio de Administración Tributaria hubiese empezado por hacer efectivo el cobro de impuestos a los grandes empresarios, ni siquiera habría sido necesario plantear engañosos incrementos de 2 por ciento al IVA, ni al ISR, ni gravámenes especiales a las telecomunicaciones, ni ninguna otra de las disposiciones contenidas en una propuesta que se cayó a pedazos por su propia incongruencia y por la torpeza política de los operadores gubernamentales en el Legislativo.

En suma, las declaraciones formuladas por Calderón Hinojosa en horas pasadas no sólo desautorizan lo que pudiera quedar de la propuesta fiscal gubernamental, sino que conceden la razón a quienes han abogado por cubrir el hueco financiero del sector público mediante una combinación de recortes reales y drásticos a las percepciones y gastos suntuarios de los altos mandos, por un lado, y el cobro de impuestos justos y equitativos a los grandes conglomerados empresariales, por el otro. Aún es tiempo de actuar en este sentido, que es el correcto y lógico.

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Soñar no cuesta nada
Fisgón

El negociazo

José Antonio Almazán González

Todo indica que atrás del golpe fascista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mediante el ilegal e inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el despido injustificado de 44 mil trabajadores y la indefensión de 22 mil jubilados, está la guerra secreta por la fibra óptica, negocio de miles de millones de dólares que se disputan diversos sectores de la oligarquía y al cual no es ajeno el gobierno de Felipe Calderón.

Como se sabe, la infraestructura eléctrica puede ser usada como red de telecomunicación de dos formas. Mediante la red de fibra óptica de CFE y LFC, que suman más de 30 mil kilómetros y con una capacidad excedente para la transmisión de voz, datos e imagen (telefonía, Internet y televisión por cable, el triple play). O bien a través de las redes eléctricas, en media o baja tensión, aérea o subterránea, mediante tecnologías tipo power line communications o broadband over power line. En cualquiera de los casos las redes de CFE y LFC son por lo menos cuatro veces más extensas y potentes que las redes de telecomunicación de Telmex. Este es el negociazo que se disputan Telmex, Televisa, Tv Azteca, la española Telefónica presidida por Francisco Gil Díaz, etcétera.

Sin embargo, el mayor nicho de negocios, a corto plazo, lo representa LFC, con una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, en una región densamente poblada, con el nivel de ingreso más elevado a escala nacional y en donde se genera más de 35 por ciento de la riqueza del país. A esta región atendida por LFC le echó el ojo la empresa WL Comunicaciones, en la que participan como socios mayoritarios Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, ambos secretarios de Energía durante el periodo de Vicente Fox.

Creada el 23 de octubre de 1998, y con una concesión otorgada por la SCT el 24 de marzo de 2000, WL Comunicaciones firmó el 23 de agosto de 2005 un contrato de arrendamiento de infraestructura eléctrica con LFC, representada por su director, el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera (de amplio currículo en empresas eléctricas privadas) para retirar los hilos de guarda de las líneas de transmisión de 400, 230 y 85 KV (torres, cuadros y postes) y ductos subterráneos, mediante el pago de una renta y para instalar cable de fibra óptica de su propiedad. Se estipula en el convenio del 18 de diciembre de 2007 que del cable de 48 fibras ópticas, 16 serían propiedad de LFC y del cable subterráneo de 60 fibras ópticas 24 serían propiedad de LFC. Pero se deja muy en claro que LFC en ningún caso podría otorgar a terceros para su uso, aprovechamiento, explotación, ni comercialización de las fibras ópticas, salvo los usos propios y los correspondientes a los entes de la administración pública centralizada y paraestatal. ¡Y todavía dicen que no se privatiza!

El negociazo iba viento en popa. Sin embargo, en la pasada revisión contractual de marzo de este año, el SME logró que LFC gestionara una concesión, para no quedar como simple arrendadora, pues cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para poder prestar los servicios de triple play. El 11 de junio de 2009, el subsecretario de Electricidad, Francisco A. Acosta Arredondo, reconoció que “es factible que Luz y Fuerza del Centro gestione ante la autoridad competente la concesión para prestar el servicio… de telecomunicaciones a partir del uso de la capacidad excedente de la red de fibra óptica de LFC… a través de una filial creada para tal fin y en los términos señalados en la cláusula décima del convenio celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el SME el 16 de marzo de 2008”. Por supuesto, la SCT nunca respondió a esta solicitud de LFC. El resto de la historia la conocemos.

Ninguna de las razones aducidas por Calderón justifica la extinción de LFC y el artero golpe asestado al SME. Lo movió la venganza y la sed de negocios, violatorios a la Constitución. La pregunta es: ¿quién gana, en la guerra por la fibra óptica, con la extinción de LFC? La Cámara de Diputados debe pronunciarse a favor de la controversia constitucional y el pueblo de México debe conocer la verdad. ¡Todos al paro nacional!

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Vallejo fue ejemplo de dignidad sindical
Laura Poy Solano
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Ante la embestida de un gobierno neoliberal que apuesta por una política regresiva en materia de derechos humanos y sindicales, la figura de Demetrio Vallejo, líder histórico del movimiento ferrocarrilero, debe ser ejemplo de dignidad y fortaleza que nos lleve a comprender que vale la pena combatir aunque se tenga todo en contra, afirmaron luchadores sociales, intelectuales y ex dirigentes estudiantiles durante la presentación del libro Obras de Demetrio Vallejo, publicado por la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual.

Reunidos en un auditorio del Instituto Politécnico Nacional, ex líderes obreros, estudiantiles y magisteriales recordaron que Vallejo fue un sindicalista autodidacta y tenaz que “siempre luchó de frente contra el charrismo”.

La escritora Elena Poniatowska –colaboradora de esta casa editorial– señaló que la vida de Vallejo deja un mensaje muy claro: se puede ser honesto y digno en la lucha sindical.

Justamente cuando enfrentamos un momento en el que 44 mil familias (de electricistas) han quedado sin sustento, es bueno recordarlo, porque es importantísimo el reconocimiento de los líderes honestos como fue Vallejo, añadió Poniatowska.

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Astillero

Calaveritas fiscales

Falso Felipeje

Panteón legislativo

Genaro ataca

Julio Hernández López
Foto
NEGOCIACIONES EN EL SENADO. Los senadores José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda; Juan Bueno Torio (en la parte posterior) y Minerva Hernández, ayer durante la discusión del paquete económico 2010, en la Torre del CaballitoFoto Francisco Olvera


Producciones García Luna ataca de nuevo, ahora con un oportuno espectáculo de fantasía aérea y por tierra en locaciones michoacanas. El montaje de Genaro Salvador (con detenidos de primerísimo nivel, supuestamente uno de ellos sería el famoso Tuta) se produce justamente cuando el país no hallaba a cuál de los peores platillos informativos debía ponerle más atención, si a los narcocorridos empresariales entonados por el subsecretario calderónico de fomento a los agronegocios, a las despechadas confesiones de impotencia política de un ocupante de Los Pinos que se ha revelado como falso pejista de última hora, o a los tragicómicos vaivenes de los congresistas entrampados con el paquetazo fiscal a causa de cálculos electorales, riñas partidistas, futurismo marca 2012 y traiciones e indecisiones pinoleras.

Felipe amaneció con el mismo enojo humedecido que la víspera le había hecho dar un primer apunte de sus arranques contra los malvados empresarios de primerísimo nivel que rara, rara vez pagan impuestos (nomás le faltó al cuñado de Hildebrando acusarlos de haber impuesto un presidente espurio en 2006). En la mañana de un día cargado de tensión política, Felirium asegundó el golpe, ahora yéndose contra las filantropías (¿oh, el Teletón ya no recibirá cheque felipillo y cursilería oficial?) y las fachadas de ayuda social fiscalmente descontables, al tiempo que en un lance dramático salía del clóset para declararse pejista tardío, izquierdista por despecho, subcomandante contra natura, cobrador de impuestos mal tratado. Felipe el pequeño luchando por convertirse en Felipe el guerrillero, retomando cifras y discursos correspondientes al pejemundo; Calderón peligrosamente parecido a los momentos cumbre de la demencia política de Luis Echeverría y José López Portillo (aunque a éstos les pegó lo más duro del mal de Los Pinos ya al final del sexenio, no a la mitad).

Máximo agitador del momento, FC ha creado más conciencia social en unas horas que sus opositores durante años: 1.7 por ciento de impuestos pagan las grandes empresas, ha dicho la criatura electoral de esos mismos capitalistas de cúpula, y no es lo mismo que lo diga un opositor persistente, como López Obrador, que el propio compañero de brindis en julio de 2006, y no sería lo mismo decir esas cifras –que constan en documentos oficiales– en otro momento que decirlo hoy, cuando los legisladores fallidos escenifican la tragedia ofensiva de estarse peleando por los costos políticos que significará el acuchillamiento económico de una nación: Nosotros los Forbes, 1.7 por ciento de impuestos; ustedes los pobres, los aumentos que el momento y el sueño y el hambre sugieran a esos diputados y senadores que sólo podrán producir un remedio mal hecho para tratar de que el aparato gubernamental sobreviva cuando menos un año más, justamente el de las celebraciones de calendario de nuestros ímpetus históricos trastocadores.

A Felipe ya sólo le falta pelearse consigo mismo (bueno, esta columna no puede asegurar que ese desdoblamiento agresor no se haya dado). En el colmo del descontrol político, ha generado rebeldía en miembros de su propio partido que no entienden las jugadas contradictorias que se destilan desde Los Pinos, y ha colocado a las bancadas blanquiazules en la kafkiana circunstancia de ser oficialmente el partido en el poder pero estar dependiendo de la voluntad del PRI y recibir agravios y trampas de parte de su propio y presunto jefe político máximo, el ya antes dicho lic Calderón (lic no debe llevar punto, como si fuera abreviatura, pues no lo es, sino una exclamación, un hipo con licenciatura). Hoy, a la hora de las votaciones finales en el Senado, las cuentas descuadradas, los chantajes explícitos, las omisiones significativas, el priísmo colaborando apenas con lo necesario, el panismo sacrificado pero también dividido y el perredismo convertido en suplemento de la revista beltrónica habrán de mostrar el tamaño de la crisis, la profundidad de las heridas, la gravedad de los desgarramientos, y se encaminará al país al siguiente escalón de la irritación social, con la inflación tocando a la puerta, los grandes empresarios ya sabedores de que el paciente se les ha ido y la recuperación económica que en otros lares ya avanza, transformada en México en un objetivo a largo y doloroso plazo. Todo listo, pues, para el Día de Muertos. Calaveritas de azúcar para el mal rato (mal año) legislativo y político.

Aunque, por fortuna, Producciones García Luna siempre está allí, cuando las circunstancias lo requieren. Un megagolpe al narco en el simbólico Apatzingán se anunciaba a la hora en que esta columna habría de cerrar su agronegocio de teclas (teclas de la golden), con utilería bélica de primer nivel, invitados periodísticos de la capital del país y la versión de que entre los primeros actores estaría La Tuta. Todo listo para otro golpe de distracción, para aparentar que se sigue ganando la guerra contra las drogas (aunque tales victorias no lo parezcan) y, bueno, de pasada, para que el licenciado Calderón vuelva a visitar Michoacán (¡gulp!) creyéndose héroe matadragones de La familia, se aliste para ir a Miami a recibir un premio como superlíder y siga manteniendo a los mexicanos con un ¡Jesús! fiscal en la boca.

Astillas

Agustín Carstens cumplió ayer la ingrata tarea de sostener de alguna manera los exabruptos políticos de su jefe tardía y torpemente claridoso y dar alguna satisfacción a los capitanes de empresa que anoche estaban muy indignados por el trato que les ha dado en estas horas de enfelipamiento. El secretario de Hacienda de alguna manera reconoció que no es tan cierto lo que dijo FC pero también sostuvo que ciertas rendijas legales permiten ciertos comportamientos empresariales que no aportan los dineros que deben dar... Y, mientras sigue la lucha electricista, y en Oaxaca preparan diversas actividades en la víspera del 20 revolucionario, ¡feliz fin de semana!

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Lozano está obligado a rendir cuentas
Patricia Muñoz Ríos
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El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ya le declaró la guerra al sindicalismo independiente y ha torcido la ley para atacar a las organizaciones que estorban al gobierno. De esto, así como del fracaso de la política laboral, debe rendir cuentas ante el Congreso, señaló el diputado Francisco Hernández Juárez.

El también dirigente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvo que el funcionario no tiene por qué poner condiciones de ninguna índole para comparecer, porque es su obligación hacerlo.

Consideró que Lozano tiene la “piel delicada… pero va a tener que amarrarse el cinturón”, y no confundir un requerimiento a comparecer con una invitación, ya que como funcionario público está obligado a informar de la política laboral de este gobierno, que es un verdadero desastre, un fracaso.

Hernández Juárez señaló que aprovecharán la comparecencia de Lozano para reclamarle las agresiones que ha cometido contra el sindicalismo independiente. Creemos que nos ha declarado la guerra, ya que no respeta preceptos fundamentales como autonomía, democracia y libertad sindical; ha tomado partido en favor de las empresas y ha torcido la ley para afectar a los sindicatos que le estorban.

Explicó que sobran ejemplos de la actuación de Lozano: en el caso del sindicato minero ha acomodado la ley para afectar al gremio y favorecer a grandes empresarios, y en el del Mexicano de Electricistas se han violentado todas las normas y preceptos legales para afectar a esta organización incómoda para el funcionario.

Opinó que los sindicatos no pueden voltear los ojos y fingir que no ven nada de lo que pasa con el SME, porque se trata de una amenaza para todos aquellos que disientan del gobierno.

Señaló que existe la percepción de que el gobierno prefirió sacrificar a los 66 mil trabajadores y jubilados del Luz y Fuerza del Centro para tratar de reposicionarse políticamente.

Manifestó que la comparecencia de Lozano Alarcón en la Cámara de Diputados no debe ser un show, porque hay suficientes argumentos para demostrar la ilegalidad con la que se ha actuado contra los electricistas.

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Entre chómpiras
Rocha

Grupo plural analiza posibles escenarios

Diputados acuerdan hoy si procede controversia
Roberto Garduño y Enrique Méndez

El grupo plural encargado de revisar la viabilidad de iniciar una acción jurídica por el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) determinará este viernes si procede la controversia constitucional contra la determinación del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los legisladores, encabezados por el priísta Alfonso Navarrete Prida, concluyeron antier que no procederá la acción de inconstitucionalidad, motivo por el cual hoy debatirán si es viable que el órgano legislativo presente una controversia constitucional.

Navarrete Prida dio a conocer que el grupo de trabajo ya recibió los comentarios de los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acerca de la liquidación, y falta discutir la naturaleza jurídica de la determinación del Ejecutivo.

Ésta será la penúltima reunión que tendrá esta comisión. La última será para ponernos de acuerdo en qué información se llevará al pleno, por conducto de la Junta de Coordinación Política. La de hoy será una discusión sería, de fondo, técnica, sin prejuzgar, en la cual lo que valga sean los argumentos jurídicos en este caso.

Al preguntarle cuál sería la ruta legal en caso de aceptarse la viabilidad de la controversia constitucional, Navarrete Prida respondió: Los únicos legitimados para poderla presentar serán el presidente de la Junta de Coordinación Política, por conducto de la dirección deneral jurídica. Ellos tendrían que elaborarla una vez que los argumentos estén presentados y se apruebe por el pleno.

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Martín Esparza, líder del SME, y el diputado Francisco Hernández Juárez, tras concluir la reunión del grupo de trabajoFoto Carlos Ramos Mamahua

–¿El sindicato, a través de un despacho de abogados, ya presentó un proyecto de controversia? –se le preguntó.

–Son los derechos de terceros que tienen ellos en materia de amparo, que siempre han estado a salvo. Habría una instancia de control constitucional como es la controversia, que corresponde a la Cámara de Diputados, que no tiene que ver con los derechos de los trabajadores que podrían haber sido violados y que serían materia de un amparo.

Ayer el grupo plural recibió a una comisión de representantes del SME para escuchar los argumentos de esa organización acerca del decreto de extinción.

A esto se sumó la información proporcionada por el Ejecutivo federal, organizaciones sociales y los análisis elaborados por la dirección general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados.

Por separado, legisladores priístas sostuvieron un encuentro privado con Martín Esparza y un grupo de líderes de SME.

El representante de ese partido, Héctor Pablo Ramírez, refirió que con la documentación enviada por el Ejecutivo federal y la que aportaron los integrantes del grupo plural se podrá normar el criterio para entregar, a más tardar el 5 de noviembre, los resultados del análisis a la Junta de Coordinación Política.

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Los trabajadores y un Frente Nacional de Lucha

Fernando Buen Abad Domínguez


Rebelión

Hacía un Frente Nacional de Lucha [1] convoca, en plena batalla, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Convoca contra las decisiones y la política (si eso pudiese llamarse “política”) de Felipe Calderón, déspota, autoritario y represor espurio. México vive victimado por una guerra abierta contra los trabajadores, guerra brutal auspiciada por mafias burocráticas, latifundistas, empresariales y bancarias. México vive victimado por el saqueo de las pandillas serviles al imperio... victimado por las jaurías mediáticas oligarcas apoderadas de los espectros radioeléctricos. Victimado por el ilusionismo reformista de no pocos oportunistas “progres” encaramados en los presupuestos oficiales. El país vive en la náusea mientras la lucha de clases se agudiza.

Un Frente Nacional de Lucha tiene la oportunidad de dar un paso más en la batalla en contra los parásitos que Calderón comanda. Un paso y muchos contra el reino neoliberal de las oligarquías y su modelo de “economía” depredadora que lleva, al menos, 30 años de fracasos. Vemos nacer un Frente con alcances nacionales e internacionales. Una oportunidad nueva, que los trabajadores se dan, para ir mucho más allá de una contienda puramente economicista y más allá de lo sindical. Vemos nacer una oportunidad renovada con opciones de lucha para millones de trabajadores. Vemos, nuevamente, una oportunidad para la unidad.

El escenario nacional es complejo, la devastación económica y moral contra la clase trabajadora ha hecho estragos y reina la corrupción con récords de impunidad insoportables. Ahora el gobierno espurio para dejar sin empleo a 44 mil trabajadores (que se suman a los millones ya existentes) mientras los lebreles de los mass media burgueses hacen su tarea neofascista criminalizando las luchas populares. Y contra eso y más vemos nacer un Frente Nacional que convoca a pasar de las acciones aisladas a las colectivas y llama a la unidad de organizaciones democráticas, campesinas, universitarias y de la clase trabajadora, desde la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. Llaman ya a consultar con las bases la posibilidad de una huelga o paro nacional, contra el decreto que desaparece a Luz y Fuerza del Centro (LFC), contra el paquete legislativo que impulsa la derecha -con aumento de impuestos- y contra el modelo neoliberal.

Muchos trabajadores exigen acciones inmediatas, claman por la huelga nacional y por impulsar acciones más contundentes. La lucha incluye jornadas de resistencia y campañas informativas contra la difamación desplegada por el terrorismo mediático pagado desde la radio y la televisión oligarcas. Llaman a tareas de comités de resistencia y de información, en todo el país, llaman al apoyo de muchas otras agrupaciones, incluido el que dirige Andrés Manuel López Obrador. Vemos nacer una iniciativa inspiradora, e inexcusable, hacia un plan de acción por la unidad y eleve el debate a otros terrenos. Se habla de la huelga general y de la toma de carreteras e instalaciones de LFC, para enfrentar a las fuerzas federales y recuperar las fuentes de empleo, entre otras muchas conquistas, de la clase trabajadora.

Es la voz de, entre muchos, los trabajadores telefonistas, tranviarios, trabajadores de la UNAM y de otras universidades públicas; el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres (en huelga)... es la voz, incluso, de muchas secciones y grupos disidentes de los propios sindicatos. Se sumó la Central Campesina Cardenista y se sumaron muchos trabajadores que de manera independiente quieren apoyar a los electricistas, porque entienden bien que el golpe dado al SME es un golpe contra todo el movimiento obrero democrático. La hora de la unidad.

La agresión de los mass media repite sus esquemas más odiosos. Con el apoyo de la burocracia, la prensa servil se deja seducir por el odio de clase. Sin embargo la presión obrera y estudiantil, contra la ofensiva del gobierno, avanzan hacia una dirección combativa y plural que puede cambiar el panorama político para fortalecer una batalla para la defensa obrera. La pelea por la reincorporación de todos los despedidos continúa, mientras tanto, emerge una relación de fuerzas nueva. Con esta convocatoria de unidad, la batalla política y sindical de los obreros conquista un escenario magnífico. Con este paso hacia la unidad se confronta la matriz ideológica burguesa de que el conflicto es un combate de un gobierno “bueno” contra una empresa “ineficiente” y un sindicato “privilegiado”... con este paso hacia la unidad el movimiento obrero organizado, gana un lugar combativo y democrático y eso es un gran éxito.

Aunque existan divergencias fraternales en las tácticas, entre los convocantes a la unidad, la actitud correcta consiste en resolver el conflicto. La lucha recién comienza y pasa a otra fase de mayor movilización. Contra las presiones de las fuerzas represivas se presenta una lucha inteligente de los trabajadores, incluso la burocracia sindical deberá ser superada si no sintoniza plenamente con la voluntad de lucha organizada que emerge necesariamente de las bases y del malestar nacional que no es poco.

Este llamado hacia un Frente es la lucha por la defensa de todo el movimiento obrero contra un gobierno espurio. Esta es una iniciativa patrimonio de toda la clase obrera contra la explotación. Eso le ofende mucho a la burguesía que arremete animada por su odio de clase. Aunque en México hay muchos sindicatos serviles a los intereses burgueses este llamado ala unidad los pone bajo la lupa para transformarlos en instrumentos de lucha de los trabajadores.

Estamos en crisis y una de las exigencias más sentidas es que no se puede aceptar negociaciones de “convivencia pacífica” ni reformismos de derecha. Ninguna complacencia con los despidos, con los recortes de presupuestos ni con las persecuciones de trabajadores. Este llamado a la unificación, con carácter clasista, exige ya la movilización unitaria de todos como estrategia de los trabajadores para un frente único en su propia defensa. Movilización para combatir el terrorismo mediático, para probar que no estamos solos y que la clase trabajadora es mucho más fuerte en calidad y en cantidad.

Hay que derrotar el escepticismo burgués [2] que infecta a muchos. Esta convocatoria hacia un Frente es una oportunidad para que la clase trabajadora logre derrotar los planes de Calderón y sus amos y dar un ejemplo de lucha en medio de la peor crisis capitalista de la historia... se trata de cambiar las condiciones para hacia una transformación social verdadera. La Huelga General es una de las mejores rutas a esta hora.

[1] http://www.jornada.unam.mx/2009/10/25/index.php?section=politica&article=003n1pol

[2] http://www.militante.org/
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Carta abierta de la hija de un trabajador desempleado de LyF y sindicalista del SME en Nuevo Necaxa, Puebla

Gabriela Rosas Martínez

Seguramente a estas alturas a nadie debe serle desconocida la situación que enfrentan los más de 60 mil agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y sus respectivas familias ante el decreto presidencial de extinguir su fuente de empleo, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF), empresa centenaria que provee electricidad a los estado de México, Hidalgo, Morelos, el Distrito Federal y parte de Puebla.

La infame acción gubernamental es la culminación de un objetivo largamente perseguido, la liquidación de dicha empresa y su respectivo sindicato, el SME, especialmente molesto por ser uno de los últimos sindicatos fuertes que quedan en nuestro país.

El decretazo emitido por el gobierno – al más puro estilo de los gobiernos autoritarios que otrora señalaron – se produjo en un contexto de debilidad sindical, luego de que el SME enfrentara una de las elecciones más polémicas de su historia. Los comicios, efectuados en julio de éste año, dieron como resultado la reelección de Martín Esparza Flores, sin embargo su opositor Alejandro Muñoz se negó a aceptar el resultado y promovió una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que ésta invalidara el proceso electoral.

La querella interpuesta por Muñoz viola los estatutos sindicales que establecen que en el supuesto caso de que hubiera una elección pendiente, o bien que los trabajadores, “y no la autoridad”, determinarán que una elección fue nula, lo que procede es que sigue ocupando el puesto sindical quien lo tenía, por lo que aun en este caso Martín Esparza seguiría siendo el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Más aún, el estatuto no prevé una reposición de un proceso electoral. Incluso, hay una figura en la que si dos contendientes quedan empatados en un proceso, se define la situación en una asamblea general. A principios de octubre, el pleno de la asamblea general extraordinaria del SME ratificó a Martín Esparza Flores como secretario general del organismo, y validó la legalidad de la toma de posesión de su cargo.

Así las cosas, cuando el Secretario electo, Esparza, acudió a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se le otorgara la “toma de nota” que lo acreditara como Secretario General del SME, cosa que venía ocurriendo desde que las elecciones arrojaron el resultado; el titular de la citada secretaría – Javier Lozano Alarcón – sobrepasó sus atribuciones al exigir más requisitos de los que dicta la ley para efectuar dicho trámite y, finalmente, negar la toma de nota por considerar que las elecciones presentaron numerosas irregularidades. Sin embargo, la toma de nota se limita a un acuse de información sobre los resultados de las decisiones de los sindicatos, no le corresponde hacer juicios sobre los procesos ya que eso representa una flagrante violación a la autonomía de las organizaciones sindicales. No obstante, el gobierno se mantuvo en esa tónica negativa para no reconocer al líder sindical.

Las razones para no otorgarle el reconocimiento a Esparza van en dirección contraria al supuesto apego por la democracia, se trata de un intento por debilitar al SME y provocarlo. Si de democracia y elecciones transparentes se tratara se habría hecho lo propio para aclarar las polémicas elecciones presidenciales del 2006, ¿no?

Así pues, los fondos del SME fueron congelados, dejándolo sin recursos de los cuales echar mano. El gobierno esperaba que el SME cortara el suministro de luz para tener pretexto y tomar las instalaciones pero la provocación no dio resultados.

Pese a que el SME nunca instrumentalizó el abastecimiento de energía eléctrica para presionar al gobierno, por orden presidencial, la noche del sábado 10 de octubre, alrededor de 6 mil agentes, de la Policía Federal, Sedena y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República se desplegaron para hacerse cargo de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), entre ellas las de Cuernavaca, Pachuca, Necaxa, Pedregal, Anzures, Lechería, valle de México e inclusive el departamento de quejas, así como el área de control central, la cual se localiza en el Distrito Federal.

Posterior a la toma, casi a la medianoche, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón en el que se determina la extinción de ese organismo descentralizado. El argumento nodal para la liquidación es que, por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

¿Y qué creen? Paralelo a todo esto una campaña de los “abogados del diablo” los medios de comunicación para apoyar las versiones del gobierno y convencer a la gente de que es lo mejor, ahí tienen a Carlitos Lorett, el supuesto “Teacher”, el bogotón del 13 y otros siervos del gobierno diciendo que está de lujo lo que el gobierno hace, que está de lujo que más de 40 mil familias se queden sin ingresos, después de todo todavía les deben lo de la LEY TELEVISA y otro favores.

Así, con una firma y un papel quedaban desempleados los más de 41 mil trabajadores en activo que laboran en LFC. Los argumentos dados por Calderón, sólo un día después de anunciado el decreto, giran en torno a la inviabilidad financiera de la empresa, la culpó de ahuyentar inversiones por su mal servicio. Por supuesto, Calderón no mencionó que las inversiones también salen despavoridas ante su guerra contra el narco y que para alicientes a la inversión están los salarios miserables que se pagan en México y las numerosas exenciones de impuestos.

Para el caso de Luz y Fuerza, La Torre Mayor de Reforma, varios hoteles de la Zona Rosa y de Polanco, el periódico Reforma y unomásuno, la propia Presidencia de la República, las dependencias federales, las repetidoras de Telmex no pagan luz, por ejemplo. Más aún, los subsidios que el gobierno ofrece en energía eléctrica no son para el consumo doméstico sino para las grandes empresas. El 70 por ciento del consumo de electricidad corresponde a 46 mil grandes industriales, que pagan en promedio a 46 centavos el kilovatio-hora, mientras los usuarios domésticos lo pagan a $1.50.

Ahora bien, es cierto que la Compañía de Luz presenta deficiencia pero ello se debe a la poca voluntad que hubo para hacer de esta una empresa rentable, no como lo dijo Calderón en su mensaje; a la empresa se le venía recortando la inversión hacía mucho, para 2010 se le destino un monto de apenas 600 millones cuando sus requerimientos son de 9 mil millones.

Sobre los supuestos privilegios de sus trabajadores, es lacerante que la clase política mexicana considere un salario medianamente “bueno” y la posibilidad de una jubilación humana como privilegios que deben desaparecer por resultar demasiado onerosos. ¿No son onerosos también los gastos para sostener a la burocracia en México?, eso incluye al infame Felipillo, por supuesto.

Hay que recordar que Calderón alguna vez se hizo llamar el PRESIDENTE DEL EMPLEO, prometió un millón de empleos anuales y, según las cifras que su administración reconoce, en lo que va del año solo ha creado alrededor de 120 mil empleos. A mediados de septiembre, aseguró que la economía nacional presenta “signos muy claros de recuperación”, ya que de junio a agosto pasado se crearon 65 mil nuevos empleos con lo que “finalmente se está recuperando la planta laboral”. Sin embargo, le bastó una noche para acabar con más de 41 mil empleos de los que dependen un número igual de familias y a los que hay que sumarle las pérdidas para los comerciantes y prestadores de servicios que se beneficiaban con el consumo de los trabajadores electricistas.

Pero será que el gobierno es muy malo o hay algo más, el sindicato había presentado una solicitud para que la concesión de red de fibra óptica que pertenece a LFC la operara la misma paraestatal; incluso había dado a conocer los estudios técnicos, de mercado y de operación que demostraban que la empresa podía dar el servicio. “Sin embargo, a esta solicitud ni siquiera se le dio respuesta, porque ya tenían el negocio armado con políticos y empresarios afines al panismo.”Martens y Canales Clariond “tienen armada una empresa con capital español para explotar el negocio de las telecomunicaciones por medio de la venta de servicio de voz, datos e Internet a través de la estructura de Luz y Fuerza del Centro. Es un hecho consumado, puesto que la concesión ya la obtuvieron”. La empresa WL Comunicaciones no sólo tiene la autorización para operar, sino que aún no ha empezado a hacerlo y ya obtuvo “descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red”.

Se trata de nuevo del juego capitalista, de la tónica neoliberal, pero no tan libre porque ésta se juega entre “cuates”, los cuates del presidente, después de todo ellos lo llevaron a la presidencia y el favor no pretendía ser gratuito.

Luego Felipillo nos vende la idea de que lo que se ahorre por desaparecer la Compañía de Luz se destinará al combate a la pobreza, pero al mismo tiempo lanza un plan económico para 2010 en la que pide autorización al Congreso para elevar los impuestos a la renta de empresas y personas; cobrar mayores gravámenes a cerveza, tabacos y licores, así como a los servicios de telecomunicaciones. Además plantea la creación de un nuevo gravamen de 2 por ciento al consumo de todo tipo de bienes y servicios, incluidos alimentos y medicinas, adicional al que ya se cobra de 15 por ciento por impuesto al valor agregado. Pero si los pobres destinan la mayor cantidad de su ingreso a la compra de alimentos es obvio que estas medias no los van a ayudar mucho, ¿verdad?

Por cierto en México el gobierno reconoce que hay 50.6 millones de pobres y que tan solo de 2006 a la fecha se contribuyó con 5.9 millones a dicha cifra. ¿Felipillo lo hace bien combatiendo a la pobreza, verdad? Pues no, no lo hace. Ya salió más de un economista, incluso un Nobel a decirle que subir impuestos en época de crisis no es para nada bueno porque reduce la capacidad de consumo, cuando lo optimo sería estimular el mercado interno, pero eso al gobierno no le importa porque no gobierna para el pueblo sino para sus amigos los empresarios.

Ridículo es que Felipe haya salido a decir, cuando se dirigió a la nación, para justificar el golpe artero a LFC y al SME, que en México se debía cambiar todo aquello que no funcionara, me pregunto si eso incluye a su incompetente administración.

Sin embargo el SME no va a quedarse de brazos cruzados, el Sindicato Mexicano de Electricistas determinó promover una controversia constitucional en contra del decreto presidencial de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Los abogados de la organización preparan un amparo a nivel general del gremio y la presentación de más de 66 mil recursos individuales. Además de la batalla legal, el sindicato encabezará una movilización social opositora a la estrategia del gobierno federal y llevará su lucha “hasta las últimas consecuencias”.

Hoy les pido encarecidamente que se sumen al movimiento, no es posible que el gobierno trate de esta manera a la clase trabajado; no es posible que mientras otros países nacionalizan y protegen sus riquezas nuestro gobierno se voltee contra el pueblo para entregar lo nuestro a compañías extranjeras o nacionales que nada se preocupan por la gente; no es posible que haya gente diciendo que es bueno que le haya llegado su hora al Sindicato porque se creían muy poderosos, ahora resulta que defender sus derechos es un crimen.

Ya basta, el Sindicato Mexicano de Electricista y las familias de los trabajadores van a dar una batalla muy dolorosa, vivirán sin su fuente de ingreso, arriesgarán su alimento, la educación de sus hijos y su propia salud por dar esta pelea pero no desistirán porque este es el SME de la lucha histórica y afortunadamente no estamos solos, tenemos de nuestra parte a todo un país enojado por los abusos de poder de sus gobernantes.

Se burlan de nosotros contándonos los segundos para el bicentenario, ¿Qué vamos a celebrar? Que después de 200 años ya no somos esclavos de un poder extranjero sino de una élite nacional, que después de cien años los logros de la Revolución son nada porque acá se sigue gobernando con autoritarismo y sin respeto al estado de derecho, ¿son esos nuestros motivos para celebrar?

Aquí donde este mensaje comienza, los primeros en recibirlo son mis contactos: familiares, amigos, compañeros de la universidad a quienes le pido UN FAVOR DE AMIGOS, cuando este mensaje llegue más lejos seguirá siendo una cadena de amigos de mis amigos y sus amigos … POR FAVOR, AYÚDENNOS A DEFENDER EL PAÍS!!!

ATT. Gabriela Rosas Martínez, hija de un padre hoy desempleado, habitante de un pueblo de desempleados (Necaxa) y ciudadana de un país secuestrado pero, pero FIEL CREYENTE de que todavía es posible hacer un cambio !!!