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DIA DEL PRECIOSO (CINICO Y DESCARADO) DE MARIO MARIN
"Que pasó mi gober precioso...."
VOLANTE DE LA COALICION
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Breves sobre el desempleo en la juventud
Los estragos del desempleo se dejan sentir entre toda la población. Pero existe una realidad que no se puede obviar, el desempleo entre nosotros los jóvenes que en porcentajes representa la tasa mas alta (6.3% por sobre la general que es de 3.7%), esto lejos de tener como consecuencia solo la frustración, trae consigo estragos sociales más complejos.
La necesidad de incursionar en el mercado laboral tiene como origen la carestía de una buena fuente de trabajo que pueda satisfacer los gastos que implica una familia con todos sus integrantes. De modo que los jóvenes se presentan ante la necesidad de aminorar los problemas que trae consigo la pobreza en sus familias y salen a buscar trabajo sin tener otra elección.
Pero aunque la necesidad es muy grande y la juventud representa un alto índice de la fuerza laboral, nos encontramos que es efectivamente este sector quien presenta una taza mayor de desempleo a la de cualquier otro.
En los últimos días hemos escuchado que Pepsi-Co. despidió a miles y miles de trabajadores, o cuantas veces no hemos escuchado de un recorte de personal en la empresa de WAL-MART, o Aurrera. Al mismo tiempo vemos anuncios de “se solicita personal”, obviamente esta situación pone al trabajador en un estado de competencia, sin importar que para obtenerlo tengan que trabajar más horas por un menor salario.
En el caso de las mujeres jóvenes, la tasa de desempleo es mayor que la de los hombres, (en el sector de los 14 a los 24 años de edad, la falta de empleo en los hombres es del 4.9 por ciento, mientras que en las mujeres es del 6.0 por ciento) esto evidencia la discriminación hacia la mujer aún existente en el mercado laboral
Joven Guardia.
Publicado en el semanario Vanguardia ProletariaNúmero 311
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■ “Protegido por la mafia, su único atributo es su copete”
El mexiquense, Barbie masculino candidato de Televisa, dice AMLO
Banámichi, Son., 13 de febrero. En el caso Atenco, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron dar impunidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, antes que hacer justicia, denunció Andrés Manuel López Obrador.
Actuaron de ese modo –afirmó– porque el mexiquense “es ahora al que están proyectando los de la mafia política; es el candidato de Televisa. Están fabricando una especie de Barbie masculino. Es otro muñeco, un pelele cuyo único atributo es su copete.
“¡Claro que lo protegen, y por eso no hubo justicia!”, frente a la esperanza que mantenían algunas personas de que se actuara para sancionar el uso de la policía en Atenco –mayo de 2006–, donde “se golpeó, se torturó y se violaron los derechos humanos de esa población”, señaló el ex candidato presidencial.
Con indignación frente al fallo que se logró con el voto mayoritario de los ministros, recordó que cuando después del fraude electoral él dijo: “al diablo con sus instituciones” y se hizo “todo un escándalo, estábamos hablando con la verdad.
“¿Qué sucede en México, que todas las instituciones están tomadas, secuestradas, al servicio de la mafia de la política, de unos cuantos, y no hay justicia para la mayoría ni apego a la legalidad, no se respeta la Constitución, se castiga al que no tiene con qué comprobar su inocencia, al que no tiene influencias ni agarraderas?”, preguntó.
Defendió entonces el movimiento que encabeza, porque “ya no queremos esta clase política corrupta, ladrona”, a la cual, además, ubicó en todos sus discursos como beneficiaria del modelo económico “irracional” y carente de resultados positivos, que insiste en mantener vigente el “gobierno usurpador”.
Ese modelo –añadió – ha permitido que se enriquezcan unos cuantos, y por eso el país es el cuarto productor de millonarios y tiene al segundo hombre más rico del mundo, “lo que no estaría del todo mal si no hubiera también tanto pobre.
“¡Esa es la política absurda que debe cambiarse!”, exclamó una y otra vez en los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviácora, donde refrendó su convocatoria a manifestarse el próximo martes frente a la Cámara de Diputados para exigir la aplicación de un plan anticrisis mediante los 200 mil millones de pesos que se lograrían con un ajuste al presupuesto federal si se disminuyen los sueldos de la alta burocracia, así como otros “privilegios”. Apuntó que ese dinero serviría también para evitar la gran mortandad de empresas medianas y pequeñas que sobrevendrá con el “huracán” de la crisis, y podría utilizarse para apoyar el campo y reducir los precios del gas y de la gasolina.
En la región sierra centro de Sonora, cuyas interminables extensiones semidesérticas han sido escenario de la violencia derivada del narcotráfico, López Obrador insistió en que si no cambia el modelo económico “ya no se va a poder vivir en el país. No sólo habrá más pobreza e inseguridad, también más violencia”.
El mexicano no es malo por naturaleza; quienes delinquen –resaltó– son “fruto podrido” de las políticas que se han venido imponiendo. “¿Qué esperábamos, que después de 26 años sin crecimiento económico y sin generar empleos no hubiera inseguridad y violencia?”, preguntó.
Sin embargo, una vez más criticó las medidas anticrimen aplicadas por Felipe Calderón, quien –dijo– “le dio un balazo al avispero” y por eso se ha disparado la criminalidad. Se refirió también a lo ocurrido el pasado jueves en Monterrey, donde “grupos de jóvenes taparon las calles y, según los reportes, están al servicio de la delincuencia organizada, ya en un abierto desafío a la autoridad”.
Ante los sonorenses que, como él, son muy afectos al beisbol, López Obrador se quejó de la “apabullante” transmisión de partidos de futbol en la televisión. Por eso, y como sabía que quienes acudieron al mitin le entenderían, presumió: “así como me ven, ando bateando como 400 de porcentaje”.
■ Los ministros citaron tesis de Nuremberg, pero “al final dieron impunidad a altos mandos”
Antepuso la Corte futuro político de Peña Nieto sobre víctimas: abogado del FPDT
■ Falso, que el uso de la fuerza pública haya sido un recurso necesario, asegura Leonel Rivero
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Andrés Manuel López Obrador en Banámichi, Sonora Foto: La Jornada
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) citaron en dos ocasiones tesis jurídicas basadas en los juicios de Nuremberg y en los más recientes tribunales especiales para Ruanda y Yugoslavia, sobre la responsabilidad de los altos mandos y los gobernantes en la comisión de excesos y violaciones a los derechos humanos por sus mandos inferiores, durante los cuatro días que se enfrascaron en el análisis del caso de San Salvador Atenco.
Sin embargo, apunta el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Leonel Rivero, pese a reconocer ese marco legal internacional, caminaron en sentido contrario para concluir que pese a la brutalidad ejercida, el uso de la fuerza pública en mayo de 2006 fue “legítimo” y deslindaron de toda culpa a gobernantes, autoridades y altos mandos.
“Tenía expectativas moderadas. Pero el resultado fue peor al que esperaba –expresa en entrevista–; pensé que el ministro dictaminador, José de Jesús Gudiño, y el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, honrarían la palabra que habían empeñado ante un grupo de víctimas (en particular mujeres violadas, ex presos golpeados y familiares de procesados) con quienes se reunieron durante el proceso de investigación.”
Rivero, defensor de los reos de Atenco desde que los familiares dieron por terminada la labor de la abogada Bárbara Zamora, expresa: “lo que más me llamó la atención, al final, fue una frase de Ortiz Mayagoitia para cerrar la sesión. Dijo: ‘Avizoramos la oportunidad de valorar los hechos pasados con la mirada puesta en el futuro’. Sí, claro, en eso estaban pensando, en el futuro político del gobernador Enrique Peña Nieto. Concretamente, en 2012. Eso fue lo que determinó el giro final de la última sesión, que tendió un manto de impunidad sobre todos los que, en palabras del ministro Genaro Góngora, podrían haber sido señalados incluso como autores intelectuales de las graves violaciones a las garantías individuales”.
El abogado siguió los cuatro días de debate sentado al lado de Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión. “Después de tener que pelear por nuestro derecho a estar presentes en el salón de plenos, en nuestro carácter de víctimas, nos colocaron en la hilera de hasta atrás, junto a la puerta. Fue Trini quien me hizo notar algo de lo que no me percaté al principio. ‘Mira –me dijo–, fíjate cómo nos miran con desprecio’. Al final, cuando todo concluyó, me hizo otro comentario muy certero: ‘para nosotros ha sido una lección muy valiosa. Nos confirma que en este país la justicia no es para los pobres’. Y tiene razón, esta nueva injusticia se reduce a una cuestión de clases sociales”.
Intermediación e incumplimiento
En opinión del defensor, son muchas las objeciones que pueden hacerse a la resolución de la Corte, pero se centran en una sola. “Los jueces dictaminaron la legitimidad del uso de la fuerza en Atenco alegando que era un medio necesario para controlar los disturbios, ya que se habían agotado todas las vías de solución pacífica al conflicto suscitado. Pero no fue así. Lo sé porque fui el intermediario entre los dirigentes del frente y las autoridades. El día 3 de mayo, yo mismo hablé con Ismael Urzúa, funcionario de la Secretaría de Gobernación, pidiendo una interlocución con el gobierno de Peña Nieto. El frente ya tenía cerrada la carretera. Él propuso una reunión en Ecatepec, esa misma tarde. El frente ofreció, y cumplió, permitir que las ambulancias entraran a la clínica a recoger a los policías ahí resguardados, que no secuestrados. Urzúa prometió que en 10 minutos se comunicaría con nosotros el procurador estatal Humberto Treviño. No lo hizo. Trini insistió y logró hablar con él. Fue él quien dio por rota la negociación al decir que lo que pasara ya no era su problema. Y colgó. Todo esto lo saben los ministros, lo declararon y documentaron los del frente durante la investigación de la Corte. Al principio no entendí por qué Gudiño no incluyó esta información clave en su dictamen. Ahora entiendo por qué”.
Rivera se pregunta si, ante la opinión pública, la decepcionante resolución de la SCJN tendrá un costo político. “Dejaron pasar una oportunidad histórica. El peso de su pronunciamiento era, sobre todo, moral. Ellos son el tribunal garante de la Constitución. En lugar de poner en el centro de su preocupación el derecho de las personas –lo que llaman el principio pro homine–, optaron por la vía letrista, rígida, y tomaron como referencia la Ley de Seguridad Pública del Estado de México y otras secundarias para exonerar a Peña Nieto, a Eduardo Medina Mora y a las otras autoridades que ordenaron los operativos”.
Frente a este resultado, le surge otra duda: “¿Qué le espera al movimiento popular de Oaxaca con este antecedente?”
Déjense de cuentos · El Fisgón
Gómez Mont pidió al IFE anular multa a las televisoras: Monreal
El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, denunció que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, presionó de manera “ilegal e inmoral a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE)” a fin de que desistieran de sancionar a Televisa y Tv Azteca, consorcios que manipularon la transmisión de los espots de los partidos políticos. En conferencia de prensa, informó que uno de los consejeros le reveló que debido a la intervención de Gómez Mont, quien habló con cada uno de ellos para que dieran por concluido el conflicto con las televisoras, por lo menos cuatro de los integrantes del Consejo General del IFE cambiaron su voto. Por la tarde, cuando se confirmó que la autoridad electoral dio marcha atrás a la sanción de 11 millones de pesos que impuso a las televisoras por transmitir en bloque y en medio de programas los espots de los partidos, Monreal comentó que es un mal precedente. “Queda un IFE muy pequeño, sin credibilidad, ya que es claro que sus consejeros son unos timoratos”. Sostuvo que “el gobierno de facto de Felipe Calderón está subordinado por completo a las televisoras, porque le ayudaron a apoderarse de la Presidencia de la República”.
Chamuscado · Helguera
Reforma laboral absurda
Repentinamente y en el momento más inoportuno, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó su plan de reforma a la Ley Federal del Trabajo. De un solo golpe ignoró las propuestas de especialistas, del movimiento sindical democrático, la academia, la sociedad civil y la experiencia internacional, y se limitó a formular una especie de pliego petitorio empresarial desperdiciando la oportunidad de presentar al país una iniciativa que permitiera atender los problemas del mundo laboral, incluyendo los distintos actores: los trabajadores y los sectores productivos, especialmente la pequeña y mediana empresa, en esta etapa de crisis excepcional.
La propuesta de reforma laboral, cuya paternidad reconoce, no se presenta como una iniciativa de ley, sino como el supuesto resultado de “diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión durante los últimos 11 años…” Es falso que integre la riqueza de estas propuestas; al contrario, al partir de un diagnóstico equivocado del país y sus necesidades, plantea cambios absurdos colocando al gobierno en la posición extrema del sector empresarial, como si se tratara de una revisión de contrato colectivo de trabajo, abdicando de su condición de árbitro y respondiendo a las exigencias más agresivas del departamento jurídico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El documento conocido como Iniciativa Lozano propone que los salarios caídos en los juicios laborales se reducirán a seis meses, el resto del tiempo será a costa del trabajador. Difícil encontrar una propuesta más lesiva a los asalariados al dejarlos en franco estado de indefensión; basta señalar que los juicios laborales tardan varios años para concluir por causas imputables al propio gobierno, debido también a la integración tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a un conjunto de factores ajenos a los trabajadores. Es claro que con esta reforma al artículo 48 de la ley a ningún empleado se le ocurrirá demandar, a sabiendas de que la lentitud del proceso operará en su contra; no le quedará otra que aceptar el pago que le imponga el patrón. La gigantesca dimensión de esta iniciativa da una idea de la pérdida de contacto con la realidad por parte de sus autores y la osadía de comprometer las facultades constitucionales de un gobierno para responder al viejo sueño empresarial de poder despedir e imponer discrecionalmente condiciones de trabajo sin prever sus graves consecuencias sociales y el impacto al mercado interno, que hoy muchas voces calificadas aconsejan fortalecer.
Otro propósito añejo de la Coparmex es el contenido en la reforma al artículo 83 que se refiere a la contratación y pago por horas, lo cual destruye de un plumazo el conjunto de garantías vigentes en materia de estabilidad, jornada, salario y prestaciones complementarias. Seguramente la STPS alegará en su favor que el tope en salarios caídos y la contratación por horas existe en otros países, pero omitirá advertir que en ellos hay seguro de desempleo, contratación colectiva por rama de actividad, protección universal a la salud y retiro, tribunales imparciales y eficientes con recursos suficientes, sanciones a las violaciones empresariales y un conjunto de protecciones que no operan en el nuestro y que la propuesta laboral no contempla, puesto que evidentemente se limitó a atender las sugerencias de abogados empresariales, quienes hoy, con el pretexto de la crisis, buscan una ley laboral a la medida de sus deseos.
La iniciativa de la STPS hace imposible el ejercicio de la libertad sindical, contratación colectiva auténtica y derecho de huelga, contraviniendo el texto constitucional, los convenios y compromisos internacionales en la materia, así como el propio discurso oficial. En los artículos 899-A fracción III y 920 fracción IV inciso c, se consolida el control empresarial al obligar a los sindicatos a informar previamente los nombres de los trabajadores inconformes cuando se pretenda emplazar a huelga en busca de la firma de un contrato colectivo de trabajo o cambiar de sindicato. Se fortalece así el sistema de contratos de protección patronal y la prerrogativa actual empresarial de escoger al sindicato de su preferencia, manteniéndolo aun contra la voluntad de los trabajadores. Todas las libertades al patrón, todas las restricciones a los trabajadores y los sindicatos; nada de propuestas nuevas para favorecer la democratización gremial, el fortalecimiento de la contratación colectiva entendida como el espacio idóneo para una flexibilidad laboral concertada, que responda a las necesidades de un mercado de trabajo cambiante y una creciente exigencia de mejorar la calidad de vida.
Ningún cambio importante en el sistema de justicia, por el contrario, da marcha atrás en temas propuestos con anterioridad, entre ellos la transparencia en contratos colectivos y registro de asociaciones, al introducir una figura que sólo obliga a informar de “índices actualizados”; además, la propuesta de voto secreto en los procesos electorales hoy se sustituye con una nueva redacción, al señalar que podrá ser “mediante voto secreto o votación pública”. En varios textos se busca otorgar carácter de ley a prácticas y maniobras procesales, como la figura del allanamiento en materia de huelga y nuevas causas de inexistencia (léase Minera México). En materia individual, suprime los principios de estabilidad en el empleo mediante una nueva tipología de contratos temporales y en temas que se relacionan con la subcontratación.
Ahora más que nunca urge un diálogo abierto a la sociedad sobre el modelo de relaciones laborales que necesitamos, porque en él se tiene cifrado el futuro de la mayor parte de la población. Seguramente esta iniciativa fracasará, pero ello no debe inhibir una urgente transformación, sin duda, hacia un rumbo distinto del que hoy se propone.
En una asamblea sindical un trabajador señaló, refiriéndose a esta propuesta, que “sólo le faltó un artículo: en caso de duda se estará a lo que diga el patrón”.
■ Agravará la crisis, afirman abogados
“Regresiva”, la reforma laboral del gobierno
La reforma laboral que propone el gobierno federal no sólo es “regresiva”, sino que también agudizará más la crisis para los trabajadores y por ello “no debe pasar”, consideraron abogados laborales.
En suma, es una iniciativa “retrógrada, propuesta por un troglodita”, consideró Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.
Para los abogados, la iniciativa entregada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a la Cámara de Diputados claramente da más control a la dependencia y a los empresarios sobre sus trabajadores, fortalece a los sindicatos blancos y corporativos y resta garantías a los trabajadores y a los sindicatos independientes.
En entrevista por separado, el abogado Manuel Fuentes –defensor de las mujeres que perdieron a sus esposos en la tragedia de Pasta de Conchos– y Héctor de la Cueva coincidieron en señalar que la propuesta, lejos de ayudar a sobrellevar la crisis, la intensificará, pues propone una flexibilización de las condiciones laborales, las cuales ya de por sí los empresarios, amparados en la debacle económica, están “atropellando” en mayor medida.
Justificación · Ahumada
Desfiladero
■ Slim-Televisa-Los Pinos: parte de guerra
■ La Corte legalizó la represión
Los magnates mexicanos Carlos Slim, el hombre a veces más rico del mundo, y Joaquín Vargas, del consorcio Multivisión, han establecido una sociedad para crear la tercera cadena televisiva del país. Sin embargo, no han logrado llegar muy lejos. Televisa y Tv Azteca se oponen a sus planes y cuentan con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón, que en realidad hace lo que el duopolio le ordena. Ahí está la servil actitud del IFE ante Televisa por el asunto de los espots.
A principios de este año, el dueño de Teléfonos de México y numerosas empresas más, distribuidas por el mundo, concretó una inversión de 250 millones de dólares en acciones del periódico más influyente de Estados Unidos, The New York Times. La operación –lo dijo así esta columna hace dos sábados– fue para “golpear” las acciones de Televisa en la bolsa de valores neoyorquina. Era, en otras palabras, una velada declaración de guerra.
Y la guerra estalló, o se hizo visible, muy poco después. La semana pasada, coincidencia o no, The New York Times publicó un despacho de su corresponsalía en México acerca del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La percepción de la redactora del texto era que la popularidad del político tabasqueño estaba de nuevo a la alza, debido a la crisis económica y a la incapacidad de Calderón para enfrentar la recesión. La nota, por supuesto, enfureció al hombrecito de Los Pinos.
El lunes de esta semana, Slim ofreció una conferencia en el Senado donde pronosticó lo peor de lo peor para los próximos años: cierre masivo de empresas “grandes, medianas y chicas”, quiebra de comercios, tiendas departamentales vacías y un desempleo “como no se veía desde los años 30”. Esta vez Calderón, el porro mayor del gabinete que funge como secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el bulldog que ladra como líder nacional del PAN, Germán Martínez, y las plumas mercenarias de Los Pinos tronaron histéricamente contra el multimillonario de origen salinista, perdón, libanés.
Cosa curiosa, los coordinadores del PRI y del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados hicieron declaraciones coincidentes al pedir serenidad a ambas partes, con una actitud que pareció más bien favorable a Slim. Este, por su parte, respondió en forma directa a la andanada de reproches oficiales lanzada en su contra por el espuriato. El miércoles, Telmex anunció una reducción de 4 mil millones de pesos en su plan de inversiones para 2009, dadas las “perspectivas económicas” del país. Así, el monopolio telefónico disminuirá de 12 mil a 8 mil millones de pesos sus gastos para el año en curso. Pero entonces la guerra dio un giro con olor a programa de chismes de Juan José Origel, Paty Chapoy o gente por el estilo.
Desde España, donde los familiares políticos de Calderón cultivan estrechas relaciones con los medios, la revista Semana destapó el “romance secreto” entre Slim y la reina Noor de Jordania. ¿Respuesta? Anteayer, jueves, el nuevo programa radiofónico de Carmen Aristegui en Multivisión dio a conocer la existencia de una grabación en la que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, afirma que Carlos Salinas de Gortari se “robó” la partida secreta de Los Pinos, cuando gobernaba el país.
Téllez, no se olvide, por su cargo público, es el principal responsable de las relaciones entre el gobierno (bueno, es un decir) de Calderón y las televisoras. Y por lo tanto es quien en la práctica ha cerrado las compuertas que le impiden a Slim entrar a la industria que rellena de imágenes y palabras, en su inmensa mayoría insulsas, las pantallas chicas. Así estaban las cosas hasta ayer en la mañana. Quién sabe ahora qué pase, pero en un primer balance las acciones ofensivas a cargo de Slim han sido notablemente más duras que las de Calderón y Televisa unidos, mientras Tv Azteca brilla por su ausencia en la pelea.
La tremenda corta
En ocasiones, cuando uno ingiere alimentos descompuestos, lo mejor que puede hacer es devolverlos. Hay personas que, por distintas razones, no son capaces de “expulsar por la boca, en forma violenta y espasmódica, el contenido del estómago”, como describe el diccionario la acción del verbo vomitar. Por fortuna, ése ya no será un problema. Gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora cualquiera vomitará en el momento que le plazca. Para ello sólo tiene que observar los videos del espectáculo que 10 de los 11 magistrados de ese establo del derecho, con la admirable excepción de don Genaro Góngora Pimentel, representaron del lunes al jueves de esta semana al deponer sus doctas opiniones sobre la represión de mayo de 2006 en Atenco.
¿Que la acción conjunta de la Policía Federal Preventiva y la del estado de México provocó la muerte de dos jóvenes, el ultraje sexual de decenas de mujeres, la violación de incontables domicilios sin orden de cateo, el arresto en forma brutal de más de un centenar de personas que fueron molidas a palos y más tarde torturadas durante los interrogatorios? Sí, y qué, dijeron en resumidas cuentas los togados, que ganan 600 mil pesos mensuales. Pese al evidente derramamiento de sangre que hubo en Atenco, consideraron que el gobernador Enrique Peña Nieto es más inocente que el niño Jesús. Y lo mismo Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública, y más aun Wilfrido Robledo, jefe de la PFP. Además, nadie se acordó de Vicente Fox, autor intelectual de esa carnicería, concebida como venganza contra los campesinos que le echaron a perder el negocio del aeropuerto.
La suprema corta, como la llama el pueblo, ha legalizado la represión en México. Ahora ratificará su histórica decisión cuando examine el salvaje aplastamiento de las protestas de la APPO en Oaxaca, con su cauda de asesinatos, torturas, desaparecidos y presos políticos y, en consecuencia, declare inocente de toda culpa o sospecha a Ulises Ruiz.
Desde hoy, con la bendición del máximo tribunal del país, cualquier remedo de “gobernante” podrá soltar a sus gorilas contra la población inconforme y, pase lo que pase, quedará impune porque Peña Nieto y Ulises Ruiz ya sentaron jurisprudencia en la materia. Ahora todo se vale, y máxime a la puerta de una crisis como la que anticipa Slim.
Contralínea: nuevo atropello
Policías del Distrito Federal, representantes del 13 juzgado de lo civil en Guadalajara y abogados de la empresa petrolera Grupo Zeta allanaron el miércoles a las 11 de la mañana las oficinas de la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo y que fue la primera publicación que, a principios de 2007, dio a conocer la existencia de los contratos de Juan Camilo Mouriño en Pemex, incluso antes que los denunciara López Obrador. En agosto de ese año, los zetas de los hidrocarburos interpusieron en Jalisco una demanda por “daño moral” contra Badillo y su colaboradora Ana Lilia Pérez Mendoza, a quienes pretende encarcelar. La enlutada mano de Calderón se ve detrás de esta inaceptable represalia.
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