Esperamos que el Legislativo intervenga para elaborar un plan contra la crisis, señala
idiotezde Calderón, encarar el hampa sólo con mano dura, dice AMLO
Tepehuanes, Dgo., 21 de febrero. Una de las idioteces de (Felipe) Calderón y la mafia (que gobierna) es querer enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia con soldados, policías, más cárceles, amenazas de mano dura y leyes más severas
, aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Y veo con mucha preocupación todo lo que está pasando en esta materia. Lo empecé a percibir, dijo, desde que Calderón se robó la Presidencia (de la República). Actuó con desparpajo y de manera irresponsable porque (con su política de combate al crimen organizado) desató más la inseguridad y la violencia
.
Dejó este problema a los mexicanos por “toda su frivolidad. No sé si acuerdan que llegó a ponerse hasta un chaleco militar. ¡Le quedaba grande!, ¡se parecía al comandante Borolas!, creyendo que (así) iba a resolver el mal”, continuó el ex candidato presidencial en el penúltimo día de su gira por municipios de esta entidad, que registra un alto índice de operación de narcotraficantes.
Todavía hace dos días, siguió, fue a Monterrey, Nuevo León, a decir lo mismo que hace dos años: que no le va a temblar la mano, que va actuar con mano dura. ¡Puras tonterías!, ¿dónde está realmente el plan para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia? ¿Por qué no empieza diciendo que van atender a los jóvenes de este país?
, preguntó.
Luego –sugirió– que convoque al pueblo a llevar a cabo una transformación de la vida pública de nuestro país. Porque no es que el mexicano sea malo por naturaleza, es que llevamos 26 años con una política económica que ha hecho a un lado a la mayoría; que conduce al pueblo o al destierro (migración) para poder progresar, o a la sobrevivencia
.
Sólo que quien se queda en territorio nacional está condenado para irla pasando y siempre va a tener la tentación de inscribirse en las filas de la delincuencia, pues no hay expectativas, no hay esperanzas
. Es muy difícil progresar en el país, sólo unos cuantos
lo logran, insistió el dirigente ante duranguenses con familias divididas, a consecuencia de la migración.
Alejandro González Yáñez, senador petista, explicó durante el recorrido de acompañamiento a López Obrador, que de 39 municipios de Durango, 25 están en decrecimiento. 10 años atrás –afirmó– eran sólo dos en esta situación: San Pedro del Gallo y San Luis Cordero, pero la política neoliberal ha dejado al campo en el abandono y se opta por la migración.
En las asambleas informativas que encabezó aquí, en Tepehuanes, y luego en Guanaceví, en San Bernardo, El Oro y en Indé –en ese orden–, López Obrador recordó que hace unos días presentó a diputados y senadores un plan emergente para enfrentar la crisis económica, mismo que –aclaró– no le propusimos a Calderón porque ése no existe, ése está desaparecido. ¡Ni manda ni gobierna!
¡No sirve para nada!
No sólo no tiene autoridad moral
, insistió, se ha revelado como un inepto. ¡No sirve para nada! Y como hay ese vacío de poder, estamos haciendo un planteamiento a diputados y senadores para que ellos intervengan y haya un plan emergente, se atienda a la población y se atemperen los efectos de la crisis económica
.
Confió que los legisladores federales intervengan, mientras enfatizó, a lo largo del día, sobre la falta de atención para los habitantes más pobres de esta entidad, que se encuentra en el cuarto lugar a escala nacional con población en esas condiciones, después de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entre otras problemáticas padecen de inseguridad, violencia, aislamiento y vías de comunicación en malas condiciones, además de escaso o nulo apoyo gubernamental.
En San Bernardo, el dirigente del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional supo que a los pequeños ganaderos de la región les compran vacas a cinco pesos el kilo. Imagínense, si pesa 400 kilos. Sólo les pagan 2 mil pesos.
Hoy concluye su gira de esta semana. Le faltan dos –a Tamaulipas y San Luis Potosí, en una etapa, y Chihuahua, más Terrazas, Durango– para concluir su recorrido por los 2 mil 38 municipios con régimen de partido.
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Jorge Moch
tumbaburros@yahoo.com
Guiñol
Para Jorge Lobillo
Bien dijo José Revueltas en Dialéctica de la conciencia: “Desde su aparición histórica, la plusvalía señala al otro antagónico del hombre.” La derecha que dice gobernar México es oligarquía cuya filia ultracapitalista no permite mucha largueza de miras, ni parar mientes en mantener su cuota de privilegio, de poder y de infinitos réditos a costa de lo que sea, aunque ello signifique el país mismo. Y cuando es funcionaria pública, la oligarquía empresarial no brilla como estratega. Largos, dolorosos lustros nos va costando el simple axioma como condena por muchos entrevista: una cosa es administrar empresas, fábricas o bancos con mentalidad de cuentachiles que siempre trata de pagar a sus empleados el menor salario posible, mientras intenta siempre vender lo más caro que se pueda, y muy otra es gobernar, hacer Estado. La derecha siempre terminará convirtiendo el interés social en lucro, y lamentables ejemplos sobran: Javier Lozano en la secretaría del trabajo –eso que precisamente cada vez más escasea en el gobierno del “candidato del empleo”–; Miguel Yunes, empresario oscuro, más oscuro funcionario priísta en Veracruz durante el salinato y ahora… ¡director panista de un instituto socialista como el issste!; Juan Molinar, vocero de derechas en los medios, ¡dirigiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social!, y en fin, una recua de ineptos, reconocidos por su voracidad o su indiferencia ante la cuestión social, paradójicamente allí, en puestos de interés social y estratégico. Y así todos los secuaces del régimen, invariablemente, además, amigos de los medios electrónicos, clientes suyos y, en algunos casos, antiguos empleados de la oligarquía mediática. Por eso, quizá, esa oligarquía se presume más poderosa que el gobierno mismo y se atreve a retarlo. Esa presunta potestad de un poder superior ha funcionado en algunos sitios, como Estados Unidos o México, pero en otros lugares el tiro le salió por la culata a los empresarios. El ejemplo más reciente es, desde luego, Venezuela.
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Televisa y tv Azteca se ponen histéricas solas. Ponen trampas a cualquiera que osa enfrentarlas, porque nacieron y viven bajo la premisa de que primero sus intereses que cualquier otro interés aunque sea público. Se dan disimuladas pero dolorosas patadas en las espinillas por debajo de la mesa, o de plano, ebrias del poder que detentan o creen detentar, manipulan asuntos y verdades, el poder de la información, y la doblan y acomodan para fabricar opiniones contundentes con las que buscan meter en problemas al adversario. Muy bien si se trata de otras entidades empresariales, tal que eso dicta el cutre encarnizamiento capitalista y la feroz competencia en un país donde la autoridad reguladora es una tierna broma, pero la cosa se vuelve avieso rejuego inmoral y perverso cuando se trata de manosear las leyes, de volverlas herramientas a su servicio, aprovechando la corrupción que opera como sistema, siempre con nada más esencial en su proyecto que hacer más y más dinero o, cuidado, buscando convertir a esa retorcida –intonsa, dúctil en su ignorancia– opinión pública en ariete con que golpear a la autoridad cada que ésta pretenda poner coto, precisamente, a los mecanismos de manipulación y lucro desmedido de las televisoras. Allí, como ejemplo claro y reciente, la colección de omisiones, de verdades a medias o francas mentiras que han sucedido a la zancadilla de las televisoras cuando interrumpen un partido de futbol, para transmitir propaganda política de modo que el pueblo, ese señor con barriga de cervecero y plato de chicharrones en el regazo, termine mentándole su madre no a la televisora que busca precisamente exasperarlo, sino al gobierno y a los partidos políticos que se atreven a cruzarse así, con lentitud vacuna y obliteración a las pasiones que el “juego del hombre” desata en el horizonte del hincha furibundo que, según parece, cada mexicano lleva dentro.
Los pleitos de la derecha contra sí misma, de empresarios televisivos contra un gobierno salido de sus propias filas es, aunque verlo así parezca despojar el asunto de relevancia y ya estemos en este país hasta el cepillo de que sean las inmediateces las que le administren –hurten, más bien– preponderancia a las cuestiones realmente importantes, un espectáculo, una especie de reality show , de teatrito guiñol que, de no tener implicaciones serias en la vida del país, sería hasta divertido observar. Pero por lo pronto, después de la indignación inmediata, lo que provocan es una honda, genuina preocupación.
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CANDIDATO DEL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL PACIFICA Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE CHOLULA EN PLENA PRECAMPAÑA EN EL DISTRITO ELECTORAL 10:
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Durante una reunión en 2005, consideraron peligroso que Creel fuera el candidato
Red Familia también alabó a Alberto Cárdenas y Carlos Abascal por ser gente que ama la vida
Desde 2005, los grupos conservadores del país agrupados en la Red Familia señalaron su interés porque Felipe Calderón Hinojosa llegara a la Presidencia de la República porque él ama la vida
, a diferencia del entonces precandidato Santiago Creel, en quien veían un peligro porque seguiríamos en la línea del aborto, la anticoncepción y los homosexuales
.
Así lo planteó Guillermo Bustamante, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), durante una reunión de las agrupaciones que forman parte de la Red Familia, efectuada en aquel año, en la cual uno de los principales temas de discusión fue la inclusión, reciente en ese momento, de la anticoncepción de emergencia (AE) en el cuadro básico de medicinas del sector salud.
El encuentro privado, y del cual La Jornada tiene un video, fue también el escenario para que los representantes de los grupos de ultraderecha reclamaran la falta de contundencia
del entonces presidente Vicente Fox y del propio blanquiazul, en la defensa de la dignidad de la persona y, principalmente, de la vida.
Ante la incorporación de la AE al cuadro básico y un año antes en la Norma Oficial Mexicana de planificación familiar, los asistentes a la reunión efectuada en agosto de 2005 también externaron su preocupación por la incertidumbre que les generaba el hecho de que el PAN no hubiera hecho un pronunciamiento público refrendando su compromiso con la defensa de la vida y de su postura ideológica.
Los comentarios se hicieron a Cecilia Romero, actual titular del Instituto Nacional de Migración, quien señaló que el PAN no es el gobierno ni el sector salud
. El partido, señaló, es un actor más
que se suma al resto de las organizaciones y expresiones de la sociedad con las que comparte los principios ideológicos.
En su turno, Bustamante cuestionó que cuando Santiago Creel se desempeñó como secretario de Gobernación haya dejado pasar
los cambios a la NOM de planificación familiar, en enero de 2004. De ahí su preocupación –en ese momento– de que el ex funcionario aspirara a la Presidencia de la República.
Resaltó, sin embargo, la actitud que tuvo su sucesor en Gobernación, Carlos Abascal, quien ante las protestas de los conservadores por la entrada de la AE al cuadro básico, convocó al diálogo y él mismo se manifestó en favor de la vida
.
De la misma forma hablaron bien de Alberto Cárdenas –otro de los contendientes por la candidatura a la Presidencia– y Calderón Hinojosa, pues son gente que ama la vida
, subrayó Bustamante.
Enseguida, una mujer expresó su preocupación porque no tenemos una esperanza para las elecciones
de 2006. ¿Por quién vamos a votar si no hay un pronunciamiento público de que el PAN va a defender la vida?
, y señaló que todavía era tiempo de que su partido demostrara que lo que dice lo hace en el gobierno
.
Ahí mismo, un sacerdote criticó la falta de contundencia del Ejecutivo y del partido en los temas en cuestión y denunció el incumplimiento de compromisos del gobierno foxista con la jerarquía de la Iglesia católica. Sin dar mayores detalles mencionó que en algún momento se le dijo a altos niveles en el Ejecutivo, que mientras tengamos en la Secretaría de Salud a gente que no respeta la vida
no sería posible detener el avance de las posturas de los grupos feministas y los promotores de los derechos sexuales y reproductivos.
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Los trabajadores exigen alza salarial de 6%; los patrones sólo ofrecen 2.5 por ciento, dicen
Cuernavaca, Mor., 21 de febrero. Los 120 trabajadores sindicalizados y 80 de confianza de la empresa Aluplast –que produce envases para medicamentos– se encuentran en huelga desde el viernes para demandar un incremento salarial de seis por ciento y hasta ahora los patrones sólo ofrecen 2.5, informó Vinicio Limón Rivera, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Morelos.
Informó que el emplazamiento se produjo hace ocho meses y los trabajadores ganan 800 pesos semanales desde hace más de dos años sin haber tenido aumentos, prestaciones o mejoras, ni siquiera para los de mayor antigüedad (algunos con 30 años).
Debido a los bajos salarios y la falta de prestaciones, y sobre todo la falta de respaldo del gobierno del estado ante el último acuerdo que se firmó, se nos hace absurdo que desde hace un año se sabe que esta planta tiene problemas y hay todo un programa supuestamente en apoyo al empleo, en respaldo a la inversión y en los hechos no vemos con claridad que se estén apoyando a las empresas
, expresó.
Criticó la cerrazón de Guillermo Marmolejo, gerente de la empresa, para negociar con los trabajadores, así como la falta de compromiso del gobierno del estado para cumplir con lo establecido en el plan estatal anticrisis. Porque los trabajadores no querían la huelga por la situación económica que atravesamos, pero ni la empresa ni el gobierno pusieron de su parte para impedirlo
, dijo.
Hace unas semanas se firmó un acuerdo estatal para sostener el empleo y para sostener la productividad de las empresas, y aquí yo pregunto dónde está el apoyo del gobierno del acuerdo estatal que se tuvo para apoyar a las empresas que tuvieran problemas financieros, no hay tal, es letra muerta ese acuerdo al no solicitarse solo para sus beneficios electorales
, dijo el dirigente de la CTM.
Víctor Reyes Adams, secretario del Trabajo del estado, afirmó que pese a que los trabajadores colocaron las banderas rojinegras en la empresa será hasta el lunes cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje declara existente la huelga. Aluplast está ubicada en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.
Nuevos intentos de reforma laboral
No es difícil que el responsable mayor, secretario del Trabajo, manifieste su oposición al nombre, pero me temo que no le servirá de mucho. Lo mismo quiso hacer Carlos María Abascal y no pudo impedir que el que preparó bajo su dirección una comisión mayoritariamente corporativa, se haya conocido por su apellido.
Arturo Alcalde, perverso como siempre, me ganó la partida. Lo peor del caso es que se enteró antes que yo mismo de la existencia del proyecto. A mí me llegó poco después, cuando Álvaro Castro, con gran gentileza, entregó un ejemplar a Carlos de Buen. Arturo me dijo, por cierto, que recibió una respuesta majadera de algún funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ofreció mandarme la copia y me dejó con las ganas de leerla. Me la debe.
He hecho una revisión inicial y superficial del proyecto. No podría dar ahora una opinión definitiva, aunque sí puedo subrayar que en muchos aspectos es interesante la propuesta porque, sin duda alguna, mejora desde una perspectiva formal algunas de las disposiciones de la ley vigente. Pero lo interesante está en los puntos clave: contratos a prueba, trabajo en régimen de subcontratación, trabajo por temporada y salarios caídos o vencidos. Hay muchos otros temas pero también hay tiempo para considerarlos.
El contrato a prueba o sometido a un periodo de prueba (artículo 39-A) permite al patrón, en una relación por tiempo indeterminado, darlo por terminado sin justificar la causa dentro de los treinta primeros días de vigencia. Y si se trata de trabajadores en puestos de dirección o administración, o labores técnicas o profesionales especializadas, el plazo se extiende a 180 días.
El antecedente está hoy en el primer párrafo del artículo 47, que permite al patrón separar al trabajador si fue engañado por el propio empleado o el sindicato con certificados falsos o buenas referencias infundadas. En ese caso el patrón debe asumir la carga de la prueba, lo que no se hace en el proyecto. Éste, simplemente, plantea una libertad de despido.
En el viejo reglamento bancario se establecía, de manera general, un plazo de prueba de seis meses. Que yo sepa, a nadie se le ocurrió criticarlo. Yo lo viví, en mi primer trabajo formal, y no dejó de preocuparme. No me opondría terminantemente a admitirlo.
Un tema muy preocupante es el del llamado en el proyecto Régimen de subcontratación (artículos 15-A a 15-D). Es, ciertamente, un tema de moda. Por ahí, con intención malévola, se le llama outsourcing, como si fuera la compra de una mercancía que debe ser incluida en el armado final de un producto. En la horrorosa experiencia mexicana, no es más que el alquiler de trabajadores, como si éstos fueran objetos. La empresa que propone los servicios, generalmente insolvente, recibe del destinatario el valor de los salarios con una sabrosa comisión. El arrendador
los inscribe en el IMSS y en el Infonavit y en lo que sea, y convierte al supuesto arrendatario en una empresa gloriosa que no tiene trabajadores ni las responsabilidades consiguientes.
Los artículos del proyecto que se mencionan, sin duda alguna, protegen esas soluciones ilícitas. ¡Cuidado con ellos!
Por último –y falta mucho que comentar–, se limitan los salarios caídos a seis meses (artículo 48). Ya se puede imaginar quién o quiénes redactaron ese artículo.
Volveremos sobre este tema, tan sabroso, con la finalidad de poner de manifiesto los peligros del proyecto Lozano. La verdad es que eran de esperarse.
Declaracionitis-Hernández
Que en el Senado se haya tenido que operar, como dicen los gringos en su pedestre jerga parlamentaria, fast track, para impedir que los monopolios televisivos siguieran impidiendo adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a la legislación electoral aprobada, fue, por decir lo menos, sorprendente, pero justificable porque, en efecto y a la postre, prevalece el interés general. Interés particular: impunidad de los medios para desobedecer abiertamente y casi sin explicaciones la legalidad reinante, como venganza por haberles quitado (en la nueva normatividad electoral) los jugosos ingresos por propaganda electoral. Interés general: que se sometiera a los medios a esa normatividad y no siguieran medrando, como en el pasado, con los dineros públicos que son de toda la sociedad y los administra su Estado.
Eso destaca la duplicidad que existe entre la ley, que representa el ideal deseado, y la realidad, en la que los intereses en juego (particulares todos) se imponen en los hechos a favor suyo. En el derecho, el Legislativo es un órgano representativo en el que los legisladores son elegidos por partidos que representan la pluralidad de los intereses sociales (todos ellos particulares) y que quieren presentarse como los que convienen a toda la sociedad. En los hechos, resulta que no todos los intereses tienen el mismo peso y, en particular, aquellos que están ligados a la riqueza privada tienen muchos más recursos para imponerse y, aunque abiertamente ni siquiera simulan ser los generales de la sociedad, a fin de cuentas se imponen sobre el Legislativo y lo hacen trabajar a su favor.
Eso es lo que ha estado pasando con la legislación en materia de radio y telecomunicaciones. El deplorable sainete en el que estuvieron enfrascados el IFE, sus consejeros y las televisoras resultó la gota que derramó el vaso. Ya ni siquiera vale la pena seguir el relato de los hechos que se dieron, baste con decir que la autoridad institucional del IFE resultó terriblemente dañada y de eso se tomó nota en el Senado. El PRD y el PT fueron los únicos partidos que en el Consejo General impugnaron los arreglos con las televisoras que, en los hechos, fueron exoneradas por sus abiertas violaciones a la ley o muy mal sancionadas. Había que hacer algo y consistió en volver coincidentes la legislación electoral y la legislación sobre medios.
En un Legislativo tal y como está diseñado en la Constitución se supone que los intereses que llevan los partidos al debate sobre las leyes se confrontan y, al final, se negocian. No puede haber otra base. La institución del cabildeo privado pone las cosas en otro nivel: un partido que sostiene ciertos principios (que responden siempre a ciertos intereses) puede ser alejado por las presiones de los cabilderos privados de las posiciones que le son propias y tomar decisiones que lesionan esos principios. En esos casos ya no importan los principios sino la fuerza de la presión. Para eso, a veces, ni siquiera hace falta la presión, porque muchos legisladores no son más que personeros o mandaderos de los poderosos y ellos, con ese respaldo, pueden hacer mucho para favorecer a sus patronos.
Las televisoras, en el fondo, nunca justificaron que la libertad de expresión que tanto cacarean era su objetivo. El principio constitucional de la libertad de expresión no tuvo nada que ver con sus transgresiones de la ley. Su verdadero motivo de irritación era que la nueva legislación electoral les había quitado el jugoso negocio de las transmisiones de mensajes de los partidos y de la autoridad electoral. Nunca lo admitieron, pero era lo que resentían. Su argumento cumbre era que, en todo caso, la nueva legislación electoral no las podía vincular porque la legislación sobre medios no decía lo mismo y no las obligaba a cumplir lo en aquella estipulado. No tenían razón, pues cualquier ley vale para todos, pero era un buen escudo.
Ese pretexto artificioso y falaz se les acabó con unas cuantas modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión (todavía en proceso). En su nuevo artículo 79-A, inciso cuarto, se impone que las televisoras y radiodifusoras están obligadas a reconocer la suprema autoridad del IFE en la materia y los concesionarios no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos adicionales a los aprobados por el instituto, amén de no regatear y poner a disposición del IFE el tiempo de 48 minutos diarios en cada emisora que corresponde al Estado, sin pagar nada por ello, pues se trata de derechos e impuestos que ellas le deben. Lo que quiere decir que están obligadas a transmitir íntegramente y en los tiempos señalados en las pautas correspondientes los mensajes y programas que ordene
. ¿Qué libertad individual se transgrede cuando lo único que se establece es que el Estado se toma lo que le corresponde?
Aunque el senador Ricardo García Cervantes propuso en su dictamen que en caso de infracciones graves y sistemáticas
a las nuevas disposiciones el IFE pediría que se revocara la concesión de las empresas insumisas (artículo 107), el cabildeo interno (legisladores gatos de los monopolios) impuso que sólo se dará cuenta a la autoridad competente (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para que decida al respecto. Eso es como darle al caco las llaves de la casa. Pero, a final de cuentas, no resultó mal. Ahora ya está claro que el dinero de los contribuyentes no será para los tiburones de los medios.
Carlos Sotelo, presidente de la comisión en el Senado, dijo que era penoso
aprobar de forma rápida, sin debate y con dispensa de lecturas en el pleno (pues era la única forma de sacar
) esa reforma. Los senadores deberían preguntarse por qué tienen que legislar al oculto para evitar ser presionados por los poderosos y por qué no pueden hacer su trabajo, digamos, normalmente.
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M
ás rápido que pronto, los directivos de Citigroup aclararon los rumores que surgieron sobre la posible venta de Banamex haciendo énfasis en que su subsidiaria en México por ningún motivo será vendida, ya que sigue siendo considerada un elemento central en las futuras operaciones de este banco estadunidense.
Y es que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio se desprendería de un banco que opera y ha operado en nuestro país con toda clase de apoyos gubernamentales, legales e ilegales, que le han permitido obtener durante los últimos siete años utilidades por aproximadamente 80 mil millones de pesos, cifra que representa entre 15 y 20 por ciento de las utilidades mundiales de Citigroup (que tan sólo en nuestro país controla 22 por ciento del mercado).
Para corroborar lo anterior basta mencionar que en mayo de 2001 quedó registrado en la historia financiera del país como la fecha en que las autoridades financieras mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional.
Así, la venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso de la estrategia implementada en 1995 por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos como resultado de las acciones llevadas a cabo por el Fobaproa estuvieron presentes en la multimillonaria operación, por medio de la cual el gigante estadunidense Citigroup adquirió el Banco Nacional de México (Banamex).
La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el Fobaproa, en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de acuerdo con los estándares establecidos por las normas de esa época.
Este diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que inclusive manifestó la necesidad de descontar 9 mil 600 millones de pesos de la deuda que el gobierno tenía con Banamex, en virtud de haber sido producto de operaciones consideradas ilegales.
Lo anterior provocó que Vicente Fox interpusiera una controversia constitucional contra la ASF para evitar que dicha suma le fuera descontada al banco. En este punto, por cierto, cabe señalar que la elaboración de esta controversia a favor de Banamex le fue encargada a Luis Mancera Arrigunaga, ex procurador fiscal y primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Y es que entre 1995 y 1997 el Fobaproa le otorgó apoyos a Banamex mediante la compra de cartera (créditos chatarra), por aproximadamente 50 mil millones de pesos a valor histórico, que para mayo de 2001 ascendían a casi 80 mil millones de pesos.
Estos ilegales apoyos fueron aprobados en su momento por los integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, entonces director del Fobaproa y quien después se convertiría en director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien años después se desempeñaría como director general de Avantel y posteriormente como secretario de Hacienda de Vicente Fox; y Jonathan Davis, quien a la postre sería designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien durante el rescate bancario fungió como tesorero de la Federación y en tal carácter, con su firma, avaló la ilegal deuda adquirida por el gobierno.
Así, ante la pasividad y complacencia de las autoridades financieras, que sólo se limitaron a señalar que nada podían hacer en virtud de que se trataba de un asunto entre particulares
, el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández anunció la decisión de vender Banamex al gigante financiero Citigroup en 125 mil millones de pesos, mediante una operación que se llevaría a cabo a través de la Bolsa de Valores y, por lo tanto, estaría exenta del pago de impuestos.
La realidad es que a todas luces fue ilegal considerar a la operación como un asunto entre particulares, pues el gobierno había rescatado a Banamex con dinero público: luego entonces, el banco existía debido a los apoyos otorgados por el gobierno.
De hecho, al momento de su venta Banamex tenía pagarés del Fobaproa registrados en su Activo Contable
por 73 mil millones de pesos (pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes). Esta cantidad representaba 58 por ciento del valor total de la venta, lo que significa que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser vendido en ese precio. O bien, que ese 58 por ciento de lo que Roberto Hernández recibió por la venta del banco debió ser para el gobierno federal y para los contribuyentes.
Sin embargo, como resultado de la operación ni siquiera se pagaron impuestos. Por ello, la venta de Banamex a Citigroup se puede considerar como el crimen perfecto
, ya que los acusados (es decir, los que permitieron su ilegal rescate) se convirtieron a la postre en los jueces que debieron intervenir en la sanción de su venta. Y los asesinados, como siempre, fueron millones de mexicanos.
Vale recordar que Agustín Carstens, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, fue quien tuvo la última palabra que permitió la inmoral e ilegal venta de Banamex.
Por ello, y en virtud de contar con todas las complacencias del gobierno mexicano que se ha empeñado en continuar como rehén de cuatro instituciones bancarias extranjeras, entre ellas Banamex, los directivos de Citigroup han señalado con respecto de su subsidiaria en México antes muerto que vendido
.
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Venezuela: escenarios posibles
Toda la derecha y los sectores conservadores esta vez se unieron en el No, un solo punto claro y simple, y aun así perdieron. De modo que, salvo catástrofes sociales imprevistas que rompan la alianza entre el gobierno y los sectores populares mayoritarios, es evidente que en las elecciones siguientes (para la Asamblea Nacional, para la elección presidencial) lo más probable es que se repita en las urnas el triunfo gubernamental frente a una derecha que estará más dividida del centro derecha.
Si el éxito obtenido ha significado para el gobierno el reforzamiento –para bien y para mal– de la tendencia centrípeta; para la oposición, por el contrario, fortaleció las tendencias centrífugas; o sea que en el seno de la actual oposición surgirán más claramente posiciones de adaptación a esta realidad, líneas conciliadoras, grupos que, por desmoralización u oportunismo, tenderán puentes hacia el gobierno chavista. Los sectores opositores más duros, por el contrario, sacarán una conclusión opuesta. Y, al ver que por la vía de las urnas el camino al gobierno está cerrado, recurrirán a las vías extralegales, es decir, a la conspiración, los preparativos de levantamientos cívico-militares, la compra de militares y de altos funcionarios, e incluso los atentados contra Chávez, con ayuda de las trasnacionales y, sobre todo, de la diplomacia estadunidense.
Los distintos sectores del gobierno, con la victoria en el referendo, han reforzado, por su parte, su unidad y su posición. Pero precisamente este hecho podría llevar a algunos a buscar lazos con los opositores más llevados a la conciliación. Esto es lógico y necesario (conviene dividir más al bloque opositor). Pero, dada la composición de clase y las similitudes en la visión del mundo y en las afinidades ideológicas que existen entre la derecha del aparato gubernamental chavista y el centroderecha, se corre el riesgo de que se borren las fronteras entre los que, de una u otra manera, se llaman bolivarianos, y los opositores más o menos conciliadores o democráticos.
Éstos, de uno u otro modo –o siendo cooptados o formando la opinión política y social de la derecha chavista militar o civil– lograrían carta de ciudadanía política entre los bolivarianos moderados y meterían una importante cuña ideológica en el aparato chavista. Sobre todo porque el chavismo no ha definido aún si se apoya en la organización y los poderes populares (misiones, barrio adentro, municipios) esencialmente para que el aparato estatal centralizado y vertical tenga mayor margen de maniobra frente a los empresarios bolivarianos
a los que busca privilegiar y desarrollar o si, por el contrario, quiere dar un protagonismo en la construcción de un sistema social alternativo a los trabajadores y sus gérmenes de poder.
Porque, en un Estado con fuerte centralización y verticalismo, que se apoya en el ejército y que practica una economía capitalista de Estado, la primera opción conduce al aumento de la dominación capitalista sobre los oprimidos y explotados y, por tanto, favorece la construcción de un bloque conservador entre la boliburguesía y las clases medias asustadas por la crisis económica y social, mientras la segunda lleva, por el contrario, a desarrollar la creatividad y la independencia política del pueblo venezolano, a unir horizontalmente las experiencias de democracia directa, a descentralizar el Estado y debilitarlo como aparato, a desarrollar experiencias productivas alternativas y autogestionarias en el territorio, reforzando la revolución.
Ahora bien, la opción entre ambas vías debe hacerse ahora, ya mismo, porque la crisis mundial reducirá el consumo energético y, por tanto, el precio del petróleo venezolano y el número de barriles de crudo exportados, porque la desocupación crecerá y se achicarán las reservas en divisas y, además, se reducirán los salarios reales y aumentará la pobreza. La boliburguesía lucra con los negocios, con la corrupción, con la fuga de divisas y las importaciones de lujo. O sea, con todo lo que hay que impedir si se quiere una verdadera revolución y privilegiar el mercado interno y los consumos esenciales. Y la renta extraordinaria del petróleo ya no alcanza para asegurar lo necesario para el desarrollo social, hacer una política internacional solidaria y, además, mantener el lujo, la corrupción, el despilfarro.
Un viraje conciliador hacia los sectores burgueses y conservadores conlleva implícitamente una política de distribución de los ingresos favorables a los enemigos de la revolución bolivariana. Un fortalecimiento de las experiencias de autorganización y de autogestión, y de los organismos del poder popular, además de aumentar el peso de los mismos en el bloque político que da base al gobierno, reforzaría el desarrollo nacional, la producción, el consumo, el control del modo en que se gasta cada dólar, la responsabilidad política de cada uno, que comenzaría así a ser ciudadano y no mero objeto pasivo de decisiones de un aparato superior y ajeno.
El proverbio dice que la ocasión es como el fierro y que hay que golpearla mientras está caliente. La victoria electoral, por consiguiente, debe ser base para nuevas definiciones: se ganó una batalla menor, en el terreno más conveniente para la revolución bolivariana, pero la guerra sigue, más encarnizada que nunca, y no se debe permitir la reorganización del enemigo ni la dispersión de las propias fuerzas.
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