TODOS LOS CIUDADANOS POBLANOS NOS VEMOS EN LA TORRE PEMEX
NI A NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO!!
Inicia hoy la lucha
en la torre de Pemex
Hoy comienza una nueva jornada de movilizaciones para frenar la privatización de los recursos energéticos, con un mitin frente a la torre de Petróleos Mexicanos, en la capital del país, convocada por el Movimiento en Defensa del Petróleo, que encabezan Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP).
En la cita de este domingo, que se prevé inicie a las 11 de la mañana, se dará a conocer un plan de acción de la resistencia civil pacífica para evitar que los recursos energéticos se entreguen a empresas extranjeras.
En el acto, en el que se espera la presencia de organizaciones sociales, obreras, campesinas, estudiantiles y civiles, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también se dará a conocer la integración de los 32 comités para la defensa del petróleo y se definirán las acciones a seguir en todo el país. Por el FAP acudirán dirigentes, diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia.
Una vez que se definan en la asamblea de este domingo cuáles serán las acciones a seguir, se espera que se sumen a las protestas trabajadores e integrantes de organizaciones civiles de todo el país.
“Nunca vamos a caer en la trampa de la violencia”, aclara el político tabasqueño
Advierte AMLO sobre otra embestida contra defensores del sector energético
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Mitin de Andrés Manuel López Obrador en Naucalpan, estado de México Foto: La Jornada
Tlalnepantla, Méx., 23 de febrero. “Los ladrones más tenaces” son quienes “usurpan” la Presidencia de la República y los que ahora impulsan la privatización del sector petrolero, señaló Andrés Manuel López Obrador.
“Aunque el priísta Francisco Labastida diga que todo es producto de mi imaginación, cuando sostengo que hay intención de entregar el petróleo a empresas extranjeras, nosotros ya no nos chupamos el dedo, sabemos que quieren hacer negocio y quedarse con los excedentes petroleros, pero se los vamos a impedir”, advirtió el ex candidato presidencial.
Así que “de una vez les decimos que estamos esperando una campaña más de desprestigio, porque estamos seguros que la van a intensificar, diciendo que somos unos revoltosos, que queremos la confrontación, la inestabilidad política”. Porque, subrayó, “estamos seguros que van a decir lo que sea para cumplir con su cometido. Pero no les vamos a permitir que se roben lo que es del pueblo de México”, sentenció el dirigente. Eso sí, aclaró, nunca “vamos a caer en la trampa de la violencia.
“No importa que la mayoría de los medios de comunicación sigan utilizando en nuestra contra una técnica de la época de Hitler, diciendo una mentira que se repite muchas veces hasta convertirse en verdad”, remató el dirigente.
“Sabemos que los panistas se las dan de gente decente, de gente de bien, y nosotros somos la chusma, los nacos, sí, pero no somos bandidos como ellos”. Por eso, dijo, “este domingo nos congregaremos a partir de las 11 de la mañana frente a la torre de Pemex en la ciudad de México, para asumir el plan de acción que emprenderemos contra las reformas que pretenden hacer para cumplir su cometido.
En su visita por cuatro ayuntamientos gobernados por el PAN –Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan– y uno por el PRI –Huixquilucan–, López Obrador aprovechó para expresar su rechazo a la reforma judicial. Adelantó que solicitará a los legisladores del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia– actuar con mayor firmeza para que no se aprueben esos cambios que, sostuvo, representan una “flagrante violación a los derechos humanos”.
La reforma, insistió, “está violando la Constitución, pero de todas maneras no van a lograr su propósito. Ni modo que nos quedemos encerrados en nuestras casas, que les tengamos miedo. ¡La libertad no se implora, se conquista!”, exclamó.
Sus palabras fueron acompañadas con aplausos, vivas, proclamas de ¡duro, duro, duro!, por parte de la gente que abarrotó los lugares donde se presentó. Ello pese a que en Tlalnepantla el presidente municipal, Marco Antonio Aguirre, quiso bloquear su presentación, tras de que ya había dado su permiso para ocupar la plaza.
No obstante, López Obrador se acomodó en las escalinatas de la entrada principal del inmueble e invitó a “que entre todos impidamos que se entregue el petróleo a extranjeros”, que acudan al mitin de este domingo y conozcan que el fondo de la iniciativa del PRI y el PAN es “seguir haciendo negocios al amparo del poder público; seguir robándose los bienes de la nación, porque son unos reverendos ladrones”. Desde hace 25 años, recordó, han privatizado más de mil empresas públicas.
“Cuando digo que quieren privatizar el petróleo –remarcó–, lo digo por experiencia, porque así ocurrió con el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro). Un mes antes de que se aprobara esa deuda tuve un debate con Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, en el programa de José Gutiérrez Vivó, y allí me señaló que no aprobarían esa medida, pero al mes (siguiente) todos los diputados de ese partido, junto con los del PRI, lo aprobaron”.
Por otra parte, los mítines que encabezó López Obrador fueron aprovechados para hacer propaganda en favor de candidatos a puestos en el PRD, pese a la disposición de la dirigencia del sol azteca para que no lo hagan.
Se desplegaron mantas donde se llamó a votar por candidatos a encabezar el comité ejecutivo del estado de México. En Tlalnepantla y Naucalpan además se entregó un volante donde se explican las razones para sufragar en favor de Alejandro Encinas. Afuera del auditorio municipal del segundo ayuntamiento se repartieron trípticos con la fotografía y plataforma política de Camilo Valenzuela.
Impulsa figuras violatorias de derechos humanos
La reforma judicial legalizará atropellos: ONG a la CIDH
Envían al organismo información urgente sobre el tema
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Protesta de organizaciones civiles frente a la Cámara de Diputados en rechazo a la reforma judicial, el pasado 19 de febrero Foto: Jesús Villaseca
Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en la que “prevalecen elementos contrarios a las garantías de debido proceso y al respeto pleno de los derechos humanos”, diversas organizaciones civiles (ONG) enviaron información con “carácter de urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores del Sistema de Naciones Unidas en la que manifiestan su preocupación ante las modificaciones que prevén elevar a nivel constitucional figuras “violatorias de las garantías fundamentales”, como el arraigo y los allanamientos sin orden judicial, entre otras.
La Red Todos los Derechos para Todos –que aglutina a más de 50 ONG–, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos hicieron además un llamado a los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado democrático, con la aprobación de las reformas.
“Nuestra preocupación por los aspectos de la reforma que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos nos llevó a acudir –en octubre de 2007– a la CIDH para informar al respecto. En vista de que el proceso ha continuado y existe el grave riesgo de que sea concluido sin que se eliminen los puntos de la reforma que limitan las garantías procesales, el miércoles 20 de febrero hemos enviado información actualizada a ese órgano internacional, con carácter de urgente, así como a los relatores de la ONU con competencia para conocer del tema”, señalaron.
En el documento de exposición ante las instancias internacionales, las ONG destacan que la reforma permitiría a la policía realizar allanamientos sin orden judicial de por medio. “Los defensores de esta modificación tienden a olvidar la tradición de abusos característica de las policías mexicanas. Un legislador ha recordado al respecto que ‘la segunda y tercera causas de las quejas por transgresión de derechos humanos’ emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales”.
Otra vulneración es que se elevaría a la Constitución la figura del arraigo en casos de delincuencia organizada: “esta práctica, tal como funciona en la realidad mexicana, ha sido considerada como violatoria de los derechos humanos, pues funciona como prisión preventiva, carente de control judicial efectivo”.
En su exposición destacan que la reforma permitiría la existencia de “delitos inexcarcelables”, ya que en el artículo 19 de la Carta Magna se incorporaría una serie de pautas para decidir sobre la prisión preventiva, entre los que se incluye que ésta vaya siempre aparejada al procesamiento por ciertos delitos, enumerados en la propia Constitución. “Esta norma atenta contra el principio de presunción de inocencia, pues de acuerdo con éste, la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y revisable”.
Asimismo, refieren que las modificaciones crean un subsistema de excepción para los acusados de delincuencia organizada. Con ello existiría “un régimen excepcional para procesar a personas acusadas de pertenecer al crimen organizado, régimen que se aplicaría desde la investigación de los hechos, lo que no sólo atenta contra las garantías del debido proceso, sino contra el principio de igualdad, reconocido en el artículo primero de la Constitución”.
Experto en la materia · Hernández
La verdad son los hechos y no su explicación
No cabe duda de que si algo ha sobrado a Felipe Calderón y a su equipo son las explicaciones y justificaciones de la situación por la que atraviesa el país, así como los anuncios de grandes proyectos que llevarán a México al tan anhelado crecimiento económico.
Y señalo lo anterior en virtud de que durante la semana que termina el autodenominado “presidente de la estabilidad y el empleo” anunció con bombo y platillo la asociación de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa Industrias Derivadas de Etileno (Idesa) para la construcción de una planta petroquímica que producirá etileno.
A decir de Felipe Calderón, el proyecto requerirá una inversión de mil millones de dólares y generará aproximadamente 6 mil quinientos empleos; sin embargo, omitió señalar que el anuncio no es más que la redición del malogrado Proyecto Fénix, el cual fue cancelado durante la administración de Vicente Fox.
Hay que recordar que el 13 de noviembre de 1996 se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, quedando especificados aquellos productos considerados como petroquímicos básicos, los cuales sólo podían ser producidos por la nación, y los secundarios, que podían ser producidos por particulares.
El etileno es un petroquímico que quedó definido como secundario, por lo que desde ese entonces está permitida su elaboración por parte de particulares.
Así fue como a Vicente Fox se le ocurrió que, dado que la ley permitía la elaboración privada de este petroquímico, fuese Pemex en asociación con particulares los que elaboraran dicho compuesto, el cual vale decir es el principal insumo para la elaboración de plásticos y otros petroquímicos.
Por ello, en mayo de 2003 Pemex Petroquímica inició la promoción del Proyecto Fénix, durante la cual identificó a 20 empresas potencialmente interesadas en ese proceso, y la culminó el 21 de octubre de 2004 con la selección de tres socios estratégicos en ese momento: Grupo Idesa, Indelpro y Nova Chemicals Corporation.
El proyecto no se concretó, entre otras cosas, porque Idesa e Indelpro nunca se pudieron poner de acuerdo sobre la ubicación del futuro complejo, ya que el primero pretendía desarrollarlo en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras el segundo (filial de ALFA) proponía Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, gracias a esas discusiones trascendió que el principal obstáculo fue que entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a subsidiar el precio del gas que sería vendido al Proyecto Fénix para producir el etileno, porque se trataba de un subsidio de casi 300 millones de dólares anuales que recaería finalmente sobre los contribuyentes.
Por eso resulta lógico preguntarse por qué razón, si desde 1993 está permitida la elaboración de etileno para los particulares, ninguna empresa privada ha entrado a producirlo. Más aún, en la actualidad Petróleos Mexicanos es el único productor de etileno, controla el 100 por ciento del mercado y, a pesar de ello, Pemex Petroquímica cerró desde 2006 dos plantas productoras de etileno, una en Pajaritos y otra en Poza Rica.
Esto suena por demás absurdo, no sólo para muchos mexicanos, sino también para muchos ingenieros de Pemex que se preguntan las razones que llevan a una empresa a cerrar dos plantas productoras de un petroquímico que es insumo para fabricar plástico y del que son los únicos productores en el país.
¿Será que la verdadera razón de la asociación anunciada por Felipe Calderón entre Pemex e Idesa no es la creación de empleos o el desarrollo de infraestructura, sino más bien el interés de la empresa privada por obtener la materia prima (gas natural) para la producción de etileno a precios subsidiados, robarle el mercado a Petróleo Mexicanos y con ello continuar acabando con el potencial de ingresos en materia de petroquímica en el país?
En otras palabras, la asociación de Pemex con Idesa garantizará a ésta última la obtención gratuita del gas natural; o mejor dicho, la paraestatal pone el gas natural e Idesa se lleva las utilidades de la venta del etileno.
Peor aún si consideramos que Pemex cuenta con recursos suficientes para invertirlos en una nueva planta productora de etileno y que si acaso no los tuviera puede obtenerlos a través de financiamientos, ya que el mercado de su producto está garantizado, además de que no existen barreras de tecnología como se aduce en el caso de la perforación profunda.
Así, el proyecto anunciado por Felipe Calderón es en sí mismo el ejemplo más actual de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el sector energético del país: la materialización de una asociación delictuosa entre empresas privadas y gobierno contra el patrimonio de la nación. Es, en pocas palabras, la transferencia de la renta petrolera a los particulares, con el argumento de que se hace en beneficio de los mexicanos, olvidando que la verdad son los hechos y no las explicaciones.
Por ello debemos preguntarnos quién será el mayor beneficiario de esa asociación: ¿Pemex y los mexicanos o Idesa y sus accionistas?
* Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”
Nacionalidad y ciudadanía en México
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“Es lamentable que la Constitución esté llena de despropósitos y de pifias que a ningún legislador, desde 1857, le ha parecido sensato corregir”. Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 21 de febrero Foto: Marco Peláez
El Estado se instituye por voluntad de sus ciudadanos y para la protección de los mismos y de los suyos. Eso es lo que reza el artículo 39 de nuestra Constitución y es el modo en el que todos los Estados del mundo deben justificarse. Si, de acuerdo con ese artículo, la soberanía reside en el pueblo y éste decide crear el Estado, a nadie se le ocurriría que quiere dar vida a una potencia enemiga que lo va a esclavizar o a limitar en sus derechos. La nacionalidad, haber nacido como parte de la nación mexicana, y la ciudadanía, volverse miembro con plenos derechos del pueblo mexicano, el cuerpo político que crea al Estado, no dependen del Estado creado, sino de su creador, el pueblo mediante el pacto fundador.
De acuerdo con este principio, según la letra y el espíritu del 39, la nacionalidad no la otorga el Estado creado, sino la Nación, que es el conjunto de los individuos que han nacido de ella o en su territorio o se han ligado a ella y lo decide el pueblo fundador. Si se está de acuerdo con ello, la nacionalidad es un derecho que no puede perderse jamás. Se adquiere de tres modos: por haber nacido de connacionales; por haber nacido en el territorio de la Nación, o por haber decidido unirse a esta nación. Pero está claro que, en ningún caso, puede perderse ni ser objeto de excepciones. El pueblo mexicano no permite (y su Constitución lo establece) ninguna excepción a este principio. El artículo segundo dispone, incluso, que cualquier extranjero esclavo que venga al territorio nacional alcanzará la libertad y la protección de su Constitución y de sus leyes. El Estado nace para proteger y garantizar la nacionalidad.
La ciudadanía está ligada en todo momento a la nacionalidad, con independencia de cómo ésta se adquiera y, como ella, no puede perderse. En esto la doctrina sufre de innumerables confusiones. La ciudadanía puede ser limitada e incluso suspendida, pero perderla significaría la anulación de lo instituido en el artículo 39. No ejercer los derechos ni cumplir con las obligaciones que implica la ciudadanía no debería significar perderla. Si se incurre en violaciones de la ley, es el mismo estatuto de ciudadanía el que obliga a pagar por la falta; pero deducir de ello que la ciudadanía se pierde va en contra del espíritu protector de nuestra Carta Magna. El delito de traición a la patria siempre ha sido dificilísimo de tipificar como tal y, cuando se comete, se debe pagar por él; pero sostengo que ello no implica perder la ciudadanía.
Es lamentable que la Constitución esté llena de despropósitos y de pifias que a ningún legislador, desde 1857, le ha parecido sensato corregir. Mientras el artículo 38 impone que la ciudadanía se suspende por no cumplir con las obligaciones que dicta el 36, este precepto, por ejemplo, obliga a inscribirse en el catastro de la municipalidad dando cuenta de la propiedad u ocupación. A nadie se le ocurrió pensar en quienes no tienen propiedad ni ocupación cierta. También obliga a alistarse en algo llamado, desde 1857, “Guardia Nacional” y que jamás ha existido. Asimismo, votar en las elecciones (creo que en las recientes elecciones de Hidalgo más de la mitad de los hidalguenses tiene suspendida su ciudadanía).
Los derechos y prerrogativas de que habla el 38 los instituye el 35: votar y ser votado, asociarse políticamente, tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional para defender la República y sus instituciones, y ejercer en todo negocio el derecho de petición. Suspender un derecho quiere decir que por un tiempo (la suspensión es siempre temporal) no puede ejercerse. Ninguna ley nos dice nada al respecto con toda claridad y ni la Corte ha sido certera al definir lo que es la suspensión. ¿Qué tipo de faltas implica el no ejercer esos derechos, porque a nadie se le ocurriría decir que son delitos? Lo peor es que en ningún lado están tipificadas y la famosa suspensión no hay quien la dicte o la ejecute.
Lo más detestable para mí ha sido, desde que empecé a estudiar la carrera de derecho, la prepotente y ridícula xenofobia que se entrevera en nuestros textos constitucionales sobre nacionalidad y ciudadanía. Cuando llevé mi curso de derecho constitucional (1958), mi maestro, Jesús Ortega Calderón (un constitucionalista que me hizo amar la materia desde entonces), nos pidió un ensayito de unas seis o siete cuartillas sobre un tema de la Carta Magna. Yo escogí el de nacionalidad. Recuerdo que escribí: “Es una soberana indecencia que la nacionalidad y los derechos de ciudadanía se definan por un simple acto de fornicación”. Mi maestro me puso seis, en castigo, me dijo, porque yo no entendía nuestra historia patria ni que no podíamos entregar el poder a los extranjeros.
Claro que yo tenía un interés personal en ello: por aquellos años mis mejores amigos eran compañeros estudiantes de Guatemala y Venezuela que habían huido de la dictadura y llegado a Morelia. Y lo sigo teniendo: un día de 1977, estábamos mi esposa, yo y nuestros pequeños hijos en la salita de nuestra casa (mi hijo tenía cinco años y mi hija uno y medio). Ellos jugaban y se divertían. A un cierto punto, le dije a mi esposa, mirando a mi hijo: “¿Sabes que él no podrá ser presidente de México?” (ahora ya lo puede ser). Mi esposa me miró fijamente y me dijo: “¿Para qué demonios querría yo que mi hijo fuera presidente de un país que es xenófobo y, a la vez, malinchista y racista?” Mi amada me dejó frío, pero tuve que reconocer que ella decía la verdad.
El artículo 34 de nuestra Constitución está bien. Son ciudadanos mexicanos los que teniendo la calidad de mexicanos (artículo 30), hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. El problema surge cuando se empieza a definir los derechos políticos de ellos. El 55, el 59 y el 95 dictan que para ser diputado, senador o ministro de la Corte se requiere ser mexicano por nacimiento; el 82 dice que para ser presidente de la República se requiere haber nacido en el país de padre o madre mexicanos. Todas las legislaciones de los estados y hasta nuestras instituciones universitarias y de educación superior reproducen tales requisitos. Para ser presidente de la República, además, hay que haber vivido 20 años seguidos en el país. Parece que Calderón no cumplió con ello.
Cuando pienso en los cientos de amigos mexicanos entrañables que tuvieron la suerte de nacer en el extranjero, maldigo esa apestosa xenofobia en la que hemos vivido todo el tiempo y no hay agresión histórica a nuestra patria que la pueda justificar. Además, mi esposa tenía razón: somos unos malinchistas que adoramos lo que percibimos como un modelo en el extranjero, en especial el gringo. De nuestra idiosincrasia racista ni para qué hablar. A los que andan preocupados por la nacionalidad de Juan Camilo Mouriño les debería dar vergüenza. ¿Por qué no indagan si ese sujeto ha violado nuestras leyes migratorias y dejan de estar jodiendo con eso de querer saber qué madre lo parió?
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