jueves, 19 de julio de 2012




 

Dinero ilícito benefició a Peña Nieto: López Obrador
Agrega pruebas a su solicitud de invalidar la elección presidencial
Procederemos contra autoridades si no investigan el asunto, advierte
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Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa en que denunció que hubo lavado de dinero en la campaña de Enrique Peña NietoFoto Marco Peláez
Roberto Garduño y Alma Muñoz
Andrés Manuel López Obrador reiteró el señalamiento contra el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, quien se habría beneficiado con dinero de procedencia ilícita, lo que comúnmente se llama lavado de dinero. Al presentar pruebas supervenientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sustentar la solicitud de invalidación de la elección presidencial, advirtió que si persiste una actitud de omisión institucional a pesar del cúmulo de elementos aportados, vamos a proceder contra las autoridades responsables.
El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista postergó para el viernes el anuncio de su plan nacional de defensa de la democracia y la dignidad, debido a la importancia de lo revelado ayer en rueda de prensa, donde se expusieron pruebas de un fondeo y triangulación de fondos, que va de 70 millones de pesos a 106 millones 914 mil.
De nuevo la intervención de López Obrador atrajo a cientos de periodistas. Con insistencia, se le solicitó opinar sobre la reunión entre Enrique Peña y Felipe Calderón, celebrada el martes. No consideró importante el hecho, e incluso ironizó:
No sabemos. Nosotros vamos a seguir la vía legal, es lo que estamos haciendo. No tengo mayor información, más que lo que salió en todos los periódicos y desde luego en ocho columnas en los periódicos más libres (rió).
–Ese encuentro entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿qué significa?
–No nos adelantemos. Vamos a esperarnos. Todavía esto no termina; es como en el beisbol, como decía Yogi Berra: esto se acaba hasta que se acaba, y sólo pedirles de manera muy respetuosa, fraterna, cariñosa, a los medios de comunicación que nos ayuden a defender esto, porque por lo general no publican nada.
Se le preguntó en torno a los elementos que posee para denunciar lavado de dinero en la campaña priísta.
Respondió: tengo elementos para decir que se utilizó en la campaña de Peña Nieto dinero de procedencia ilícita. Y sería muy grave que no se actuará. Nosotros vamos a seguir procediendo por la vía legal. Esto significa que vamos a utilizar todo lo que establecen en este caso la Constitución y las leyes. Si no se investiga el asunto, si hay impunidad, vamos a proceder en contra de las autoridades responsables.
Solicitó a Jaime Cárdenas que entregué en expediente a Felipe Calderón, al secretario de Hacienda, y a la PGR, para que el día de mañana no digan que no sabían. De acuerdo con la Constitución, con la ley, si no se actúa cuando se conoce de un delito, se está encubriendo, se está permitiendo que se lleve a cabo ese delito, y estamos hablando de un delito grave: el uso de dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El candidato informó que subirá a su página de Internet todo el expediente, y reprochó al IFE su incapacidad de investigar y resolver en materia jurídica el actual enredo legal.
Recordó que el domingo pasado viajó a Tabasco para agradecer a sus paisanos por su respaldo, y tras una entrevista radial “llegaron muchos ciudadanos y me entregaron tarjetas que allá utilizaron para la compra del voto, una tarjeta que denominaron La Choca. Entregaron muchas de ésas, pero me llamó la atención que me entregaron una de estas, Monex Lealtad”.
El candidato mostró los plásticos y provocó cientos de fla-shazos de las cámaras.
“Estas son Monex Lealtad. Las otras, las que tiene que ver con las facturas que estamos probando, son Monex recompensa. Me llama la atención. Ayer al mediodía se mandó un aviso en la radio para que nos (las) entregarán los que tengan estas tarjetas, y la mayoría priístas, todos priístas que tienen problemas de remordimiento de conciencia.
Yo estoy seguro, porque vamos a seguir solicitando a todos los ciudadanos que nos entreguen pruebas, que se van a ir acumulando muchas más y las vamos a ir presentado como pruebas supervenientes al tribunal.
–¿De qué manera se puede proceder en contra de las autoridades electorales en caso de que no investiguen?
–Vamos a esperar, no nos adelantemos, pero sí se debe tener en cuenta que en la Constitución, en las leyes, se establece que no se puede permitir que las autoridades sean cómplices de delitos. Por eso vamos a enviar los expedientes a Felipe Calderón, al secretario de Hacienda, a la procuradora (general de la República) y se van a dar a conocer los documentos en nuestra página de Internet.
–Las manifestaciones contra Peña Nieto comenzarán el próximo domingo. ¿Ustedes van a participar?
–Nosotros damos a conocer nuestro plan el viernes, y ustedes van a conocer las acciones que vamos a llevar a cabo, pues todos los ciudadanos son libres para actuar. Nosotros tenemos una postura que vamos a dar a conocer el viernes próximo.
–¿Usted tiene condiciones para volver a contender?
–No nos adelantemos. Vamos a esperar a que resuelva el tribunal electoral.
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            Lavado electoral, con documentos
 

El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista en la pasada elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la opinión pública información documentada sobre operaciones con recursos de procedencia presumiblemente ilícita para distribuir decenas de millones de pesos en el marco de la campaña de su rival priísta, Enrique Peña Nieto. Tal información se suma a la denuncia que ya había presentado el Partido Acción Nacional contra el tricolor por la dispersión de dinero, por medio de tarjetas de la empresa Monex, en una contabilidad paralela a la declarada al Instituto Federal Electoral. Lo anterior se agrega a la petición de invalidez de la elección del primero de julio por las masivas operaciones de compra de votos de que se acusa al PRI y por las condiciones de inequidad mediática en que se desarrollaron las campañas políticas.
De acuerdo con los documentos difundidos por López Obrador, Monex fue retribuida con más de 100 millones de pesos por las empresas Inizzio y Efra, las que a su vez recibieron ese dinero de una pesona física y tres personas morales: el particular Rodrigo Fernández Noriega y las empresas Atama, Koleos y Tiguan. Destaca el hecho de que Koleos y Tiguan fueron constituidas el mismo día –8 de septiembre de 2001–, ante el mismo notario público, situación que se repite con Inizzio y Atama. Significativamente, los domicilios fiscales de las firmas en cuestión resultaron ser inexistentes.
La información referida constituye, de entrada, una contundente descalificación de los propósitos enunciados por la administración calderonista –mencionados cuando se nombró secretario de Gobernación a Alejandro Poiré– de impedir que recursos ilícitos fluyeran a las campañas políticas, así como de la capacidad fiscalizadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Procuraduría General de la República (PGR) en su conjunto. Asimismo, las revelaciones ponen en evidencia una gravísima falla del IFE, en la medida en que fue incapaz de supervisar financiamientos irregulares que habrían debido ser detectados desde un inicio.
Las revelaciones comentadas colocan a la administración calderonista en la obligación perentoria de investigar y consignar a quien corresponda por la planeación y ejecución de las turbias triangulaciones por medio de las cuales Monex y el resto de las empresas involucradas habrían operado como canales de distribución de dinero en la campaña de Peña Nieto y en la elección –por ejemplo, más de 9 mil tarjetas de Monex fueron distribuidas entre operadores priístas, representantes de casilla y sus coordinadores, con saldos de entre 15 mil y 20 mil pesos en cada tarjeta–, y a determinar el origen de los fondos.
Por otra parte, la documentación del caso pone al TEPJF ante la disyuntiva de declarar válida la elección presidencial del primero de julio a sabiendas de que en ella pudieron cometerse delitos graves o de invalidarla no sólo por las irregularidades propiamente electorales denunciadas con anterioridad, sino también porque los resultados oficiales pudieron haberse configurado, en alguna medida, por medio de prácticas que podrían ser descritas como lavado de dinero.
La institucionalidad en su conjunto se encuentra, pues, en una circunstancia delicadísima, que sólo puede decantarse por el esclarecimiento pleno de los hechos denunciados, con todo lo que ello implique, o por una maniobra de encubrimiento que minaría en forma irreparable la de por sí erosionada base de credibilidad de los organismos públicos involucrados.

 
             
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RESCATE EN IZTAPALAPA. Elementos de la Policía Federal realizaron ayer un operativo en la delegación Iztapalapa, durante el cual detuvieron a siete presuntos secuestradores y rescataron a una mujer que mantenían retenida en una casa de seguridad ubicada en la calle Las Rosas, de la colonia CitlaliFoto Alfredo Domínguez
 
Fue una exhibición cruda de golpismo electoral, un desfile de modas autoritarias, una muestra del catálogo sexenal por venir (que, en realidad, ya llegó), una confesión contundente de la alianza bipartidista nuevamente tejida, una descarnada forma de presionar a los magistrados del tribunal de por sí tan proclive a obedecer la línea en favor del peñanietismo, una obscena escenificación de complicidades fortificadas en Los Pinos que creyeron urgente cancelar a los ojos de los mexicanos cualquier esperanza en lo electoral, tanto en el ejercicio en las urnas como en las vías jurídicas de objeción y corrección posteriores.
El manotazo político fue dado con reloj político en mano: virtualmente a la misma hora en que recibía paquetes de impugnaciones el tribunal electoral federal, así borrado del mapa real sin guardar siquiera las formas, y a 18 horas de que el principal opositor a la imposición se apareciera ante la prensa para anunciar su plan de lucha y, supuestamente, nuevas pruebas contundentes del fraude tan mentado (anuncios que finalmente no se produjeron, posponiendo López Obrador la presentación de la hoja de ruta de combate para este viernes y dejando en suspenso los datos que renovarían escándalos, según eso relacionados con retiros bancarios multimillonarios del operador estelar del peñanietismo, el corregidor Videgaray).
A propósito de la conferencia lopezobradorista ha de decirse que fue a contracorriente de lo esperado. Más pruebas a acumular en un expediente jurídico que sólo con mucha buena voluntad puede suponerse que será atendido sin consigna y con sentido justiciero por el tribunal electoral federal. No es poca cosa señalar que el presunto presidente Peña habría obtenido su formal victoria echando mano del recurso delictivo de lavado de dinero. Es una acusación grave, al igual que la exigencia de que las autoridades correspondientes, las electorales y las gubernamentales, actúen en consecuencia o se acepten como cómplices susceptibles de denuncia penal.
El plan de lucha política no fue dado a conocer, pero diversas voces internas anuncian que se buscará difundir por el país los alegatos en busca de invalidación, explicarlos, levantar firmas de apoyo y seguir los senderos legales tanto nacional como interamericano. Batalla legal y movilización social acotada, con la esperanza puesta en lo que de manera pacífica hagan los jóvenes y otros segmentos sociales no partidistas ni obligados a respetar pactos de civilidad.
Dijo el presunto presidente Peña (PPP, aunque se aceptan propuestas para la tercera pe) que de reformas habló con el presunto presidente pinolero actual, el saliente Felipe que tan a gusto se ve en estos espectáculos de marrullería política sin tapujos. Lo que no pudo negociar el calderonismo porque lo obstruyó el peñanietismo en las cámaras, sobre todo la de diputados, podría realizarse ahora bajo acuerdo de los priístas, el panismo, los verdes y el gordillismo.
En el partido que se apresta a dejar el poder formal están por resolverse algunas incógnitas. Gustavo Madero ha sido presidente de fachada del comité nacional panista. Rompió la racha de imposiciones que había colocado en el liderazgo formal del PAN a verdaderos instrumentos de la voluntad de Los Pinos: Germán Martínez y César Nava, ahora devueltos a sus niveles políticos verdaderos. Pero por ello tuvo y tiene en contra a Felipe Calderón, que ahora dedica su tiempo a la intriga partidista, con la mira puesta en Madero, al que se pretende relevar en pocos meses para instalar a una pieza plena del calderonismo, que recoja la pedacería del jarrito reventado en estos comicios recién pasados y comience a construir la expectativa de vuelta familiar al poder, con la ya emplazada Margarita Zavala Gómez del ABC, perdón, del Campo, como precoz precandidata.
En ese reacomodo de cartas ha saltado una peculiar designación: la candidata presidencial de reducida fuerza política personal y sabida orientación al sacrificio (pieza de negociación con el peñanietismo), Josefina Vázquez Mota, ha aceptado ser la coordinadora de acción política del comité nacional panista, presuntamente por decisión del débil Madero, aunque todo apunta a que se trata de una decisión del intrigante FC. La excandidata ha hecho desfiguros varios: se rindió el domingo 1º cuando ni siquiera había comenzado la cuenta de protección (oficialmente, aún no había caído a la lona), luego pretendió asumirse como súbito fenómeno político que encabezaría un movimiento social que formarían sus millones de votantes y finalmente se fue de significativas vacaciones al extranjero.
La propia Chepina está interesada en presidir lo que queda del PAN, pero no sólo le es adversa la consideración generalizada de que ayudó con mucho a la derrota que de por sí le estaba predestinada desde Los Pinos, sino que además tiene enfrente la misma voracidad oscura de su verdugo a plazos, el antes citado Calderón, a quien algunos ven con clara disposición a encabezar personalmente el comité nacional panista. Claro está que de esa manera garantizaría buen cauce para la pretensión de hacer candidata presidencial a su esposa Margarita (proyecto movido por el frío cálculo político y no necesariamente por la calidez conyugal) y continuaría con la ruda tarea de imponer a sus cercanos en cargos importantes y posiciones plurinominales viables (como sucedió en esta ocasión: perdió Josefina, pero ganó Calderón con su familia y amigos instalados en las cámaras).
Sin embargo, habrá de verse si el signo de la muerte impuesto tan aplicadamente por FC en términos cualitativos y cuantitativos no le impedirá cualquier pretensión, al menos en el corto y mediano plazos, de desarrollar actividades políticas de manera abierta, como exige un liderazgo partidista, a menos que, como sucedió con la hermana Cocoa en Michoacán, los mítines y la grilla panista se realicen entre blindajes militares y policiacos, con más personal de custodia que asistentes a los actos panistas.
Y, mientras sigue el escándalo del HSBC, ¡hasta mañana, con el general Ángeles en espera de libertad!

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