Hernández
y muge), el mejor antídoto contra la violencia intrafamiliar es la Triple R.
A las mujeres que son golpeadas por sus hombres, les aconseja resignarse, reír y rezar, explica Verónica Cruz, presidenta del Centro Las Libres, asociación civil que defiende los derechos civiles y reproductivos de las mujeres de Guanajuato. Cuñada de Gerardo Mosqueda, secretario del gobierno estatal y número dos en la estructura local del Yunque, Ramírez Villalpando declaró hace días que
las mujeres que se hacen tatuajes son las principales responsables de la pérdida de valores en nuestra sociedad.
En 2001, tras la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, su heredero en el trono estatal, Carlos Romero Hicks, tomó el poder con los votos del PAN y la fuerza de la ONY (Organización Nacional del Yunque), la poderosa secta secreta, ubicada a la derecha de la ultraderecha mexicana. Durante el sexenio de Romero Hicks, tanto leyes como políticas públicas vinculadas con educación sexual y derechos reproductivos fueron modificadas para armonizarlas
, precisa Verónica Cruz, con las ideas religiosas de los nuevos mandones.
La educación sexual para púberes y adolescentes fue prácticamente suprimida en los colegios privados y las escuelas públicas. De los libros de ciencias naturales fueron eliminados los dibujos que mostraban los órganos reproductivos masculinos y femeninos, porque a juicio de los talibanes del Bajío incitan a la lujuria
. Éstos lanzaron una campaña permanente contra el uso del condón y los anticonceptivos, basada en otro dogma: para evitar las enfermedades de transmisión genital y los embarazos no deseados, lo único que sirve es la abstinencia.
Cuando, en respuesta a las protestas de distintos sectores del país, elgobierno
federal prohibió el libro de ciencias naturales del Yunque y exigió que se entregara a los estudiantes el que había editado la SEP, los talibanes de Guanajuato lo quemaron en una plaza pública de León, recuerda Verónica Cruz. Y Carlos García, corresponsal de La Jornada en la entidad, asegura que en opinión de la directora del Imug, que no es médica sino decoradora de interiores, las mujeres en el momento en que están siendo violadas segregan un líquido espermicida, que las protege del embarazo
. Sin duda por eso, en las bardas de Guanajuato se repite esta consigna, pintada entre los escudos y emblemas del gobierno estatal:Por amor o por violencia el aborto es un delito
.
Úteros asesinos
En el verano de 2004, una investigadora del Instituto de Estudios Sociales (ISS, por sus siglas en inglés) de La Haya, Holanda, documentó en la región selvática de Chiapas algunos casos de mujeres que sufrieron abortos espontáneos a causa de la pobreza extrema en que viven. Este reportero obtuvo, por su parte, datos de mujeres que habitan en zonas urbanas y gozan de cabal salud, pero interrumpieron involuntariamente su embarazo entre el quinto y el sexto mes de gestación, porque tienen útero infantil
, o sea, una matriz incapaz de alojar un feto en crecimiento.
En Guanajuato, desde 2001, los abortos espontáneos por desnutrición o por cualquier otro tipo de limitación física se castigan hasta con 35 años de cárcel. Y los que se realizan en forma voluntaria también. Para los talibanes del Bajío sonhomicidios en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación
, según el código penal vigente en el estado. O, como lo simplificó el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en una entrevista publicada por La Jornada ayer, soninfanticidios
.
Hoy mismo, por esta infame acusación, cinco jóvenes campesinas amanecieron presas en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Puentecillas, a la salida de la capital de Guanajuato, y una más en el de Valle de Santiago, cerca de Michoacán. Todas purgan condenas de más de un cuarto de siglo de encierro –la veterana
del grupo, de apenas 26 años de edad, lleva nueve tras las rejas y aún le faltan 17–, pero ninguna recibió jamás atención médica, educación en salud reproductiva ni ayuda para evitar, o interrumpir, sus embarazos. Una de ella quedó encinta la cuarta vez que fue violada, sin que la policía que después la detuvo por abortar la protegiera de los machos que la maltrataron por años.
Además de ser víctimas de una injusticia tan atroz como insoportable, todas tienen en común el hecho de que, cuando llegaron a los hospitales públicos chorreando sangre y devastadas sicológicamente, se llevaron la misma sorpresa: antes de proceder a curarlas, los médicos que las trataron en las salas de urgencias llamaron a los agentes del Ministerio Público para denunciarlas in fraganti
.
Las seis –más Alma Yareli Salazar Saldaña, que ya está libre– pasaron del hospital a la cárcel. Después de ser sentenciadas, algunas apelaron al Tribunal Superior de Justicia, pero por falta de buenos abogados perdieron en segunda instancia y ahora, para elevar su caso a la Suprema Corte –basurero moral de la nación– cada una necesita reunir al menos 500 mil pesos para lograr que un jurista la represente: un sueño imposible, pues sus familiares viven en condiciones de extrema pobreza, y muy de vez en cuando consiguen los 400 pesos que les cuesta ir desde sus comunidades al Cereso de Puentecillas a visitarlas.
La ONU vs la ONY
Por esto de las distancias, hace pocos días, en vísperas de la visita a México de la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato obligó a cuatro de las internas en Puentecillas a firmar un documento en el que piden ya no ser entrevistadas por la prensa. ¿Por qué suscribieron tan absurda solicitud, como si fueran Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Rachel Weisz y Natalie Portman hartas de lospaparazzi? Porque las amenazaron con trasladarlas a Valle de Santiago, que para sus familiares, radicados cerca de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, queda tan lejos como, para nosotros, Iztapalapa de Nueva York.
Ahora que sabemos de su existencia y de su martirio –todas son menores de 30 años y tienen la vida por delante–, no vamos a permitir que se pudran en la cárcel. Primero que nada, hay que hacerles llegar, por todos los medios, mensajes para decirles que ya no están solas; que no deben resignarse, reír y rezar, sino al contrario, seguir luchando por sus derechos con la certeza de que, mucho antes de lo que suponen, volverán a ser libres.
Desfiladero convoca a sus lectoras y lectores –en donde quiera que estén– a pensar, imaginar, organizar, darle forma y contenido y poner en marcha una campaña nacional e internacional de solidaridad por la inmediata libertad de María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías y Liliana Moreno. La campaña, desde luego, debe tener como eje el Centro Las Libres, cuyas valientes integrantes viven y pelean en Guanajuato y necesitan ser rodeadas por los brazos de todas y todos, para protegerlas.
En estos momentos, en Guanajuato hay 166 mujeres más que también fueron entregadas por sus médicos
a la policía. De ellas, 43 se encuentran a disposición de un juzgado para ser sometidas a proceso penal. No se trata solamente de las seis jóvenes campesinas presas, ni de las que aguardan su turno en la antesala del espanto, sino de todas las mujeres de México y del mundo. ¿Ponemos en marcha la campaña? Se admiten adhesiones, críticas y sugerencias. ¿Presas por abortar? ¡No por mucho tiempo más!
- Represión en GuanajuatoCallar, advierten en penal a sentenciadas por aborto
- Joven narra la pesadilla que vivió en la cárcel
- En el Cereso sí hay coacción y mucha, afirma
- Quedas libre pero falta recuperar a tu familia
- Carlos García y Jaime Avilés
- Corresponsal y enviado
Alma Yareli Salazar (con anteojos) se rencuentra con una amiga tras dejar el Cereso
San Miguel de Allende, Gto. 4 de agosto. “En el Cereso sí hay represión y mucha. Cuando va Derechos Humanos a visitarnos las custodias no se nos despegan. Te escuchan en todo momento y te sientes presionada; y si dices por qué estás ahí te ponen pies y manos donde no van [tergiversan todo] y aunque no te amenazan directamente, sí te advierten: oye, si sigues con las entrevistas te puede afectar en tu caso…”
Habla Alma Yareli Salazar Saldaña, trabajadora doméstica de 26 años de edad, recién liberada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Guanajuato, donde purgó tres años de una sentencia de 27, a la que fue condenada como responsable de homicidio en razón de parentesco
por haber sufrido un aborto espontáneo en octubre de 2007 en esta ciudad.
Declarada inocente por el magistrado Miguel Valadez Reyes, del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Alma Yareli es la única integrante de un grupo de siete jóvenes sentenciadas a largas penas de encierro que ha recuperado su libertad. En una entrevista concedida a La Jornada aquí esta mañana, pidió para sus compañeras que permanecen tras las rejas:
Justicia, que las liberen pronto
. Y al preguntarle qué opina sobre el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, según el cual aquí no hay mujeres presas por abortar
, afirma: Para él, ellas son un cero a la izquierda
.
Al relatar su pesadilla en la cárcel, recuerda que la mañana del 21 de octubre de 2007 “desperté con dolores y sangrado; fui al baño y se me rompió la fuente. Y no supe más. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, como a los 15 minutos, el producto estaba sin vida, no respiraba. Y como no podía faltar al trabajo, me lo llevé a la zapatería, para ver si reaccionaba, pero no… Y en la noche, cuando salí, lo envolví en una sudadera y lo dejé en la calle [del Calvario]. Sé que fue un gravísimo error”.
Después de varios días, la Policía Ministerial la localizó. “Cuando me detienen preguntan por otra persona, nunca me dijeron de qué me acusaban. Me suben a la camioneta y me iban pegando todo el camino; me insultaban: ‘hija de tu puta madre di la verdad, no te hagas pendeja’; pero repito, nunca me dijeron de qué estaba acusada, sólo me preguntaban ‘di con quién ibas cuando dejaste a la bebé’”
Sin pruebas concluyentes para inculparla por homicidio, el Ministerio Público la consignó al juez Carlos Alberto Llamas y éste la condenó a partir de un dictamen de autopsia dogmático, y por lo tanto irrelevante
, según la resolución absolutoria que emitió el magistrado Valadez Reyes, ex procurador de Justicia estatal, al admitir el recurso de apelación interpuesto por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a favor de Alma Yareli.
abandonó a su niña viva en la calle, donde, según ellos, murió de frío, pues al levantar el cadáver
éste presentaba la misma temperatura que las piedras de la calle Calvario(sic). Sin embargo, un perito en discordia demostró que Alma Yareli no recibió atención médica durante la expulsión del producto y ofreció como evidencia el hecho de que al ser localizado el cuerpo en la vía pública, el cordón umbilical del producto no contenía restos de sangre, señal inequívoca de que ya había expirado cuando la joven lo abandonó
por temor a tener problemas familiares, lo que ahora reconoce como
un gravísimo error.
Sin atención médica, ni educación reproductiva, fue condenada en primera instancia a 27 años de prisión. ¿Qué sentiste en ese momento?, le pregunta La Jornada. Se me cayó el mundo encima. 27 años y medido se dicen fácil, pero pensar que uno va a vivirlos encerrada entre cuatro paredes, es algo que no se puede describir. Sólo pensé, qué voy a hacer, mis hijos van a crecer, no van a venir a verme, me van a abandonar. Me voy a quedar sola en el olvido
.
Madre de tres menores –un niño de 10, una niña de seis años y una bebé de año tres meses, que concibió en el penal–, ahora que dejó atrás el Cereso, Alma Yareli se declara “contenta, feliz, libre. Pero recuperar a tu familia no es fácil. En esos tres años que perdí allá adentro, mis hijos se adaptaron con mi mamá y mi ex suegra. Y me dicen ‘te quiero mucho, pero me quedo con mi abuela’. Ellos no entienden la realidad ni el porqué. A veces mi hija me dice Yareli, y a veces mamá”.
¿Qué es lo que te da más miedo cuando estás presa? Que te trasladen a otra cárcel. Eso es lo que más angustia ahorita a mis compañeras, porque sería más difícil para sus familias visitarlas. Por eso entiendo por qué firmaron las cartas en que dizque ya no quieren entrevistas con la prensa. Y es que cada vez que haces algo por tu bien, puede venir un traslado porque dicen que alteras el orden dentro del Cereso
Represión en Guanajuato
No estamos conformes con el trato ni la condena, lanza una reclusa
La pregunta es si quieren dar entrevistas, exige funcionaria
Guanajuato, Gto., 4 de agosto. Las cuatro jóvenes campesinas que purgan condenas de más de 25 años de cárcel, al ser señaladas culpables de homicidio por abortar, fueron presentadas esta tarde a reporteros y fotógrafos de distintos medios para declarar, por consigna, que no desean conceder más entrevistas de prensa.
Con una palidez extrema, sometidas a una presión tan evidente que una de ellas rompió a llorar a causa de un ataque de nervios –¡me quiero ir!
, gritó, cuando una de sus compañeras afirmó que las sentencias que les impusieron son injustas
–, las internas Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas y Araceli Camargo Juárez (que según el gobernador Juan Manuel Oliva no existen
) fueron obligadas a protagonizar una escena para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal demostrara que no están incomunicadas
, como lo denunció La Jornada en su edición del 4 de agosto.
De acuerdo con el libreto oficial, la vocera de la dependencia, Alicia Arias Muñoz, iba a preguntarles, delante de los medios, si querían seguir dando entrevistas, a lo que las jóvenes campesinas debían responder que no. Pero antes de que empezara la representación, La Jornada se adelantó e interrogó a las reclusas: ¿Están de acuerdo con las sentencias que recibieron y con el trato que les dio el Ministerio Público?
.
Con ojos impacientes, Alicia Arias tomó la palabra: ¡No, no, no! La pregunta es si quieren dar entrevistas
. Y dirigiéndose a las internas les echó la pelota: ¿Quieren dar entrevistas?
. De pronto se impuso un silencio insoportable, en el que sólo se escuchaba el zumbido de un ventilador.
Vigiladas a escasos centímetros por una robusta custodia vestida de negro, inmóviles, uniformadas con pantalones y camisola color caqui, alineadas de espaldas a la pared de una estrecha sala de juntas en la que había al menos 12 reporteros (que habían sido despojados de sus cámaras y grabadoras), la más alta y morena de las jóvenes, echando el corazón por delante, dijo con firmeza y claridad:
Voy a contestar por educación. No, no estamos conformes con las sentencias ni con el trato del Ministerio Público. Fueron injustas. Pero ustedes ya conocen nuestras versiones y lo que pensamos, y somos respetuosas del reglamento
.
En ese instante, la más bajita de las cuatro estalló en llanto, se dio la vuelta y pegando la cara contra la pared, gritó: ¡Me quiero ir, me quiero ir!
.
La custodia la abrazó para consolarla. La vocera de la SPP esbozó una delgada sonrisa de desaliento y los reporteros volvieron a la aduana donde habían dejando sus pertenencias, lamentando el hecho de haber participado en un montaje tan degradante para las internas, para las propias autoridades y para la prensa, que también fue víctima de la mordaza oficial.
no realizar entrevista (sic) con medio alguno.
Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda. Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha?
Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010.
en el centro de cómputodel Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.
defensoras de oficio–como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien
asesoróa tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.
homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación, delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.
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