EN SU ANIVERSARIO LUCTUOSO:

Vigencia de Emiliano Zapata

Hoy hace 90 años, en una hacienda de Chinameca, en Morelos, fue asesinado el general Emiliano Zapata en una emboscada fraguada desde las filas del carrancismo. Concluyó, de tal forma, una vida consagrada a la lucha en defensa de la justicia, la libertad y los reclamos de los desprotegidos, y pionera en la reivindicación de una causa que habría de estar, desde entonces hasta la fecha, en el centro de los reclamos políticos y sociales en nuestro país y que habría de servir de inspiración a futuros dirigentes: el derecho de los campesinos sobre la tierra.

Hoy, nueve décadas después de su muerte y a casi un siglo del inicio de la Revolución Mexicana (1910) y de la promulgación del Plan de Ayala (1911), los ideales del Caudillo del Sur cobran particular vigencia y relevancia ante la desastrosa situación que enfrentan el campo y los campesinos en México. En efecto, después de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, el campo mexicano sufrió durante el siglo pasado un proceso sostenido de abandono al fragor de los planes de industrialización nacional. Más tarde, el inicio del ciclo neoliberal profundizó ese deterioro con episodios como la contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, con el propósito de incrustar al agro mexicano en la lógica de mercado y en la apertura comercial, modificó el artículo 27 constitucional –eliminando el concepto de propiedad social– y, de esa manera, puso fin a los programas de redistribución de la tierra, liquidó el sistema ejidal y acabó, en suma, con una de las principales herencias del zapatismo y la Revolución.

Por añadidura, durante los pasados cinco lustros las sucesivas administraciones han puesto en marcha directrices que han significado el abandono de los entornos rurales y el empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes: han desmantelado los apoyos estatales a la pequeña producción y al consumo interno de alimentos, han concentrado el presupuesto destinado al campo en un reducido grupo de grandes exportadores y han iniciado procesos de apertura comercial indiscriminada –cuya expresión más acabada es el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, que hoy amenaza las perspectivas de vida de millones de campesinos. Ante ello, el grupo en el poder ha mantenido una actitud de cerrazón, insensibilidad y ceguera, y ha carecido de voluntad política para atender las expresiones de descontento que no sólo recorren al sector agrícola, sino que se extienden por amplias franjas de la población.

Por añadidura, desde los altos círculos del poder público se han emprendido, como en tiempos de Zapata, campañas de agresión y persecución en contra de luchadores sociales y activistas que han intentado continuar, de una u otra manera, el camino trazado por el Caudillo del Sur. Baste mencionar, como botón de muestra, las excesivas e injustas condenas que se han impuesto en contra de Ignacio del Valle y otros dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco.

En una coyuntura como la presente, cuando queda de manifiesto la necesidad de reactivar al campo mexicano y apoyar a sus habitantes, con miras a que el país recupere algo de lo que ha perdido en materia de autosuficiencia alimentaria y de justicia social, los ideales zapatistas se presentan intactos y vigentes. Corresponde a la sociedad retomarlos para saldar la deuda histórica con los sectores más desfavorecidos y para construir una nación más justa, libre y equitativa.

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Se conmemoran 90 años del aniversario luctuoso del caudillo

Lanzan micrositio en Internet para documentar la historia de Zapata

Zapata, el gran insurrecto

De la Redacción

La vida y obra de Emiliano Zapata, sus compañeros, sus imágenes, sus documentos y la gestación de su proyecto revolucionario son parte del micrositio especial de Internet que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) acaba de lanzar al público, en el contexto del 90 aniversario luctuoso del Caudillo del Sur, que se conmemora este viernes.

En la dirección electrónica www.bicentenario.gob.mx/zapata, los internautas podrán encontrar una selección de textos, fotografías, cápsulas de video y sonido e incluso datos curiosos, en los que pueden revisarse de manera completa y exhaustiva diversos aspectos de la vida de Zapata.

Fotografías en formato móvil

Además de una colección de artículos académicos sobre la demanda zapatista de restitución de tierras, escritos por especialistas como Salvador Rueda Smithers, Édgar Rojano y Alejandro Rosas, en el sitio web se pueden encontrar más de 100 fotos del revolucionario morelense, expuestas con un formato móvil muy vistoso.

La página ofrece también pinturas inspiradas en la figura de Zapata, así como imágenes de los lugares claves donde se desarrolló la lucha revolucionaria, como Anenecuilco –donde nació el caudillo–, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca.

Asimismo pueden verse cuatro pequeñas cápsulas documentales; la versión en audiolibro del ensayo Zapata y el Plan de Ayala, de Ana Romero; podcast del programa de radio Conversaciones sobre historia, con Javier Garciadiego, y la versión completa de varios libros relativos al zapatismo, así como documentos de interés histórico, entre ellos el Plan de Ayala y el acta de defunción del revolucionario.

El sitio incluye además una sección especial para niños, con videos animados en los que se aborda de manera sencilla e interesante el significado de la rebelión zapatista, la muerte de su líder y algunos de los corridos populares que hasta la fecha todavía se cantan.

El INEHRM también montó una página de Facebook, en la que el público puede dejar comentarios y añadir información sobre el líder del Ejército Libertador del Sur.

Ahí mismo pueden encontrarse ligas a los sitios de otros personajes importantes de la Independencia y la Revolución, entre ellos Porfirio Díaz, Benito Juárez, Carmen Serdán, Francisco I. Madero y Felipe Ángeles.

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Astillero

Crucifixiones

Los Mochis, un caso

México, sin Sábado de Gloria

Julio Hernández López

ECOS DE LA GUERRA SUCIA. La organización HIJOS y el Comité Eureka realizaron un mitin frente a la Casa Coahuila, en el aniversario del asesinato de José Luis Martínez y Elín Santiago en la ciudad de TorreónFoto José Antonio López

Los mexicanos viven martirios cotidianos. No sólo a causa de los problemas económicos o la crónica infuncionalidad del vigente sistema de gobierno. A partir de diciembre de 2006, apenas unos días después de que Felipe Calderón tomó el poder formal y declaró una desquiciada guerra contra el narcotráfico, los habitantes de este país entraron en una espiral de violencia institucional, agravios a los derechos humanos y ofensas diarias al presunto estado de derecho. De golpe (ha sido, política y socialmente, un Golpe) los mexicanos vieron multiplicados los retenes en las carreteras y los operativos en zonas habitacionales, en una inocultable ruptura de los mecanismos de cierto control que sobre el actuar de los soldados se tenía en el esquema de mando civil. Felipe Calderón se entregó al poder verde olivo y entregó el país a prácticas que diariamente arrojan saldos de muertes que simplemente son adjudicadas al expediente del crimen organizado, sin que haya leyes y procedimientos que permitan investigar hechos y determinar responsabilidades.

Este viernes de Cuaresma es posible asomarse cuando menos a uno de los muchos casos de criminal abuso que contra la población realizan las fuerzas policiacas militarizadas. El pasado martes en Los Mochis, Sinaloa, el ejidatario Sergio Moreno Mora, de 38 años de edad, fue sacado de su domicilio por agentes de la Policía Federal Preventiva, quienes lo torturaron para que aceptara ser un asesino a sueldo de narcotraficantes. “Yo no era. ¿Por qué a mí? Se dieron vuelo golpeándome, me dieron con lo que quisieron, con las cachas de los rifles, me ahogaban con una bolsa en la cara y otras veces con agua de garrafón para que confesara que sí era un sicario, de apodo El Pelón”, narró el agredido a sus familiares, según nota de El Debate redactada por Rafael Inés Verdugo.

Llorando de dolor e impotencia, señaló que tras dejarlo medio muerto, y luego de robarle el dinero que llevaba y una esclava de oro, lo tiraron como a un perro en las cercanías de una gasolinera, hasta donde llegó arrastrándose. Los miembros de la PFP lo habían detenido porque lo había acusado Jesús Adrián Moreno Lerma, él sí un asesino a sueldo, involucrado en un enfrentamiento con soldados en Chihuahua, donde hubo 21 muertos, quien de esa manera pretendía engañar a los policías. Llevado a un hospital para ser atendido, Sergio fue recogido por sus familiares, que lo debieron tomar por los brazos y llevar a rastras a un automóvil. El propio agraviado denunció los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa y un agente del Ministerio Público Federal. Nadie espera gran cosa. Saben todos que reina la impunidad y que alguien hará como que hace algo para acabar no haciendo nada. Sergio es uno más de los diarios crucificados de este México sin Sábado de Gloria.

Astillas

Sumamente ofendidos porque el clon panista pretende restregarles con fines electorales inmediatistas el rol oscuro y corrupto que con profesialismo han escenificado durante décadas, los altos mandos del cártel del priísmo han decidido darse por ofendidos y ponerse moños de más alto costo en caso de que los vuelva a invitar a arreglos bajo la mesa el germanismo blanquiazul (con apellido Martínez o cualquier otro, pues el titiritero es sólo uno: chaparrito, pelón y de lentes). Primero fue el impoluto Beltrones quien se permitió decir que supuestamente Felipe Calderón había ganado las elecciones. Ahora, según la nota de Andrea Becerril en La Jornada de este jueves, han saltado al foro otro par de ejemplos de limpieza y honestidad, el hidalguense Jesús Murillo Karam y el también senador Carlos Lozano de la Torre, para recordarles a los ocupantes ilegales de Los Pinos que si tienen lo que ahora presumen es porque ellos, los bautismalmente institucionales priístas, se prestaron (aunque ahora los panistas no quieren pagar los réditos agiotistas de ese préstamo) para que el jaqueado Felipe tomara posesión y luego desarrollara su intento de gobierno. Las verdades electorales que están sacando las comadres enojadas constituyen confirmaciones de que Calderón no ganó las elecciones en 2006 y que el priísmo contribuyó a darle viabilidad a un proyecto ilegítimo mediante arreglos subterráneos que han dado al tricolor el carácter de virtual cogobernante, hasta ahora, y a personajes como Beltrones un poder equivalente a un vicepresidente. Desesperado porque sabe que hay una opinión colectiva altamente contraria a los abusos y novatadas que él y su equipo han hecho (aunque las encuestas de opinión bajo contrato digan lo que los interesados deseen) y que ese sentir se manifestará mediante votos en contra de los candidatos panistas, Calderón está haciendo cuanto le es posible para no perder San Lázaro. Entre otras cosas, está desplegando una campaña sucia contra el históricamente sucio PRI, aun al costo de romper alianzas con el tricolor que se siente encaminado a victorias electorales en julio próximo y en 2012... Andrés Tovilla plantea: “La clase política mexicana, de cualquier partido, es corrupta e insensible a las necesidades de la gente. No rinden cuentas y están implícitamente de acuerdo en pagar con nuestros recursos –tan necesarios en esta crisis económica– campañas costosísimas, que solamente llevan a ineptos a la Cámara de Diputados. No representan a nadie y por ello lo mejor es no votar. El Estado ha empantanado la transición democrática. Para forzar a que se mejore la oferta política, se haga una mejor selección de candidatos y exista congruencia de los partidos con su plataforma y principios, lo mejor es no votar en 2009”... Y, mientras llega a tiempo el dinero del Banco Mundial para que el Cordero de Sedeso trate de limpiar los pecados del panismo antes de los comicios, en auténticas Oportunidades de clientelismo electoral, ¡feliz fin de semana, con los partidos haciendo los últimos ajustes a sus listas de candidatos a diputados federales!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

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Pago en especie-Fisgón

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Las maniobras

Luis Javier Garrido

En vísperas de la visita del presidente Barack Obama, la soberanía e independencia de México están amenazadas cada vez más, y el anuncio de que está a punto de concretarse la integración del Ejército Mexicano al Comando Norte es el detonador de un nuevo escándalo.

1. El gobierno de facto de Felipe Calderón está muy cerca de enfrentar la mayor crisis por la que ha atravesado en estos dos años tras conocerse que las fuerzas armadas de México participarán, en violación a la Constitución General y ya en plena subordinación a Washington, en una serie de ejercicios militares organizados por el Pentágono, durante un operativo llamado Unitas 50-09, que se llevará a cabo en las aguas de Florida del 19 de abril al 7 de mayo, según informó el pasado lunes 6 de abril el general James Cartwright, subjefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas estadunidenses.

2. El hecho de que una información de enorme trascendencia, que entraña un viraje histórico de magnitud impredecible en las políticas de México, sea dada a conocer a los mexicanos por el gobierno de Estados Unidos aprovechando la Semana Santa y no por el de México, y que hasta ahora éste haya guardado silencio, no ha hecho más que confirmar el carácter de pelele de las fuerzas trasnacionales que tiene Felipe Calderón.

3. La información difundida por el Pentágono el lunes 6 de abril ante el silencio del gobierno espurio, que fue difundida de inmediato por El Noticiero de Televisa de esa noche –y paradójicamente soslayada por casi todos los medios–, en el sentido de que las fuerzas armadas mexicanas participarían en maniobras militares bajo la conducción de Estados Unidos por primera vez en la historia, y de que el Pentágono tomaba para el futuro la iniciativa de determinar cuáles serían las necesidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de México y sus políticas, constituye una afrenta para el país y resulta inconcebible que ni el Senado de la República, corresponsable de la defensa y de la política exterior, ni mucho menos las propias fuerzas armadas, hayan refutado hasta ahora.

4. El hecho que se presenta como consumado –sin serlo–, en el sentido de que el gobierno de facto negoció con la Casa Blanca, a espaldas de los mexicanos, y desde luego del Senado, esta subordinación a las viejas exigencias de Washington, de uncir nuestras fuerzas armadas a las políticas imperiales estadunidenses, deja al presidente ilegítimo en una situación en extremo vulnerable ante las acusaciones que van a insistir en que está traicionando los intereses fundamentales de la nación, en particular a los pocos días de que uno de sus aliados y comparsas, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, líder del tricolor en el Senado, le advirtiera el lunes 6 que hay mexicanos que lo siguen viendo como espurio.

5. El anuncio es de extrema gravedad para el futuro de México como nación soberana e independiente, pues, aun sin haberse llevado a cabo, este acto de indudable traición a la patria confirma que la complicidad del grupo panista en el gobierno con las mafias de poder económico, político y militar estadunidenses es total ante las pretensiones hegemónicas de Washington, y que ha aceptado no sólo la entrega de los recursos básicos del pueblo mexicano y el control estratégico del territorio nacional por Estados Unidos, sino el pleno dominio del gobierno de Obama sobre el aparato estatal de nuestro país al reducir a las fuerzas armadas mexicanas a meros cuerpos de apoyo de las políticas expansionistas de Washington.

6. El anuncio hecho el 6 de abril no deja, por otra parte, lugar a dudas, pues por un lado Cartwright señaló que el Comando Norte va a luchar “contra los cárteles de la droga”, pero no se detuvo ahí, sino que agregó que su gran objetivo –y entiéndase lo que se quiere decir– es la defensa de la región, para lo cual Washington se arrogaría el derecho de determinar cuáles han de ser en el futuro las políticas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de México y el armamento con el que cuenten.

7. La integración de las fuerzas armadas de México en el Comando Norte, preparada con la supuesta “guerrra contra el narco” de Calderón, se hace en violación flagrante a la Constitución, que por un lado no da a éstas más papel que defender la soberanía y la integridad de la nación y no les autoriza de ningún modo a subordinarse a las fuerzas militares de otro país, y que por otra parte establece claramente en su artículo 89 fracción X que el Ejecutivo está obligado a dirigir la política exterior con base en principios, entre los cuales están la autodeterminación, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza y uso de la fuerza en las relaciones internacionales que han sido violados por las acciones del tristemente célebre Comando Norte.

8. La participación de México en las maniobras programadas no constituiría nada más un símbolo de que el Estado mexicano se doblegó por completo ante Washington, lo que Estados Unidos buscó afanosamente desde principios del siglo XIX, sino que constituiría en los hechos una gravísima abdicación del proyecto de México como nación soberana e independiente. De nada valen los seudoargumentos de que no son más que simples ejercicios navales o de que estarán presentes algunos otros países del continente como Brasil, que por cierto secundó las políticas intervencionistas de Bush enviando soldados brasileños a otras latitudes.

9. El escándalo es todavía mayor porque la vocación histórica de México ha sido formar parte de ese gran proyecto que es América Latina y que ahora, como nunca en nuestra historia, está en vías de irse concretando, y no fungir como un protectorado del decrépito poder imperial estadunidense, mucho menos en los días en que el proyecto del capitalismo neoliberal que ellos han buscado imponer al mundo ha evidenciado su fracaso rotundo. Así lo veía, entre otros, Lázaro Cárdenas, en particular cuando fungió en plena Segunda Guerra Mundial como comandante del Pacífico (1941) y secretario de la Defensa Nacional (1942-1945), según se lee en su correspondencia con Francisco Castillo Nájera, embajador de México en Washington, y que ni siquiera en ese grave contexto cedió ante las presiones para que las fuerzas armadas de México se subordinaran a las estadunidenses.

10. Las maniobras entreguistas que se proyectan ponen en entredicho al régimen mexicano en su conjunto y en particular al Senado de la República, que está ahora ante la oportunidad histórica de frenar las políticas entreguistas y de traición a la patria de Calderón, porque de no hacerlo dejará solo al pueblo de México.

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DIARIO DE YUCATÁN HIZO CAER AL CURRUPTO DIRECTOR DE LOTERIA

Pedro Echeverría V.

1. He gozado la denuncia, luego la caída del director de la Lotería Nacional provocada por el Diario de Yucatán, porque demuestra una vez más la profunda corrupción en que siempre se han sustentado los procesos electorales nacionales. Pienso que si los narcotraficantes pudieran hablar y publicar ampliamente la lista de sus socios políticos y empresarios este país quizá se caería en pedacitos. Lo del perredista Bejarano es un juego de niños agrandado por la televisión, el gobierno de Fox y los panistas. La corrupción que se da en el país es profunda e increíble, por ese motivo he sostenido siempre que las elecciones son un fraude, que ganará siempre quien más dinero controla y que el voto es manipulado por los medios, empujado por las encuestas y arreglado por acuerdos partidarios.

2. Diario de Yucatán no aceptó el soborno y representa una rareza (uno de cada 10 mil) en este sistema capitalista dominado absolutamente por el dinero. Diayuc no se vendió pero los funcionarios panistas pueden acudir a otros medios de información que con toda seguridad sí aceptarán el soborno. No debe olvidarse que todas las secretarías de Estado e instituciones oficiales, no solo panistas sino que desde los tiempos del PRI, han puesto el presupuesto público y demás recursos para favorecer al partido de gobierno (vehículos, choferes, trabajadores) Los seis millones, no se si diarios, con los que el director de la Lotería quería comprar al Diayuc para apoyar al PAN en Campeche es realmente nada frente a los otros miles de millones que se entregan a Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula.

3. El Diario de Yucatán, que aparece en Mérida en 1925 (cuyos antecedentes, Revista de Yucatán (1912) y Revista de Mérida, fundada en 1869) es un periódico de extrema derecha que estuvo al servicio de los hacendados henequeneros y del clero católico. Combatió la Revolución mexicana, al Cardenismo, la Revolución rusa, la Revolución cubana, se opuso durante 70 años a los gobiernos del PRI y apoyó siempre al Partido Acción Nacional (PAN), al gobernador Patricio Patrón y a todas las alcaldías panistas de Mérida que se iniciaron en 1991. Por sus batallas político/periodísticas y por su rica historia, es el periódico de la derecha clerical más importante del país, por encima de El Universal y Reforma de carácter nacional.

4. En su página de articulistas, aunque en un 90 por ciento predominan los derechistas, los anticomunistas, los clericales y los panistas, han estado Miguel Ángel Granados Chapa, Luis Javier Garrido y Lorenzo Meyer. Yo estuve once años (1985/95) publicando de 3 a 5 artículos por semana (más de dos mil) con contenidos antipriístas, anti sistema y de crítica a los “socialismos degenerados”. Con nosotros buscó justificar su “pluralidad”, aunque el 100 por ciento de las noticias publicadas son interpretadas con la ideología derechista. Sin embargo no puede negarse que la actitud del periódico diario frente al funcionario gordillista/panista de la Lotería Nacional lo ha levantado dentro del diarismo nacional. ¿Qué pensarán los panistas que un diario de su propia casa los haya presentado como un gobierno corrupto?

5. Una de las posiciones históricas importantes de Diario de Yucatán es ser quizá el único medio de información insobornable ante la propaganda de los partidos. Lo han dicho en sus editoriales innumerables veces. Sus directivos deciden a qué partido o candidato hacer campaña, pero al parecer nunca la han hecho obedeciendo a un soborno. Más aún muchas veces han hecho propaganda o publicidad de manera gratuita cuando los directivos así lo desean. Según se publicó hace algunos años los propietarios de Diario de Yucatán tienen mucho dinero, pues es una familia con 140 años en el periodismo; además aproximadamente el 60 por ciento de sus espacios diarios son de publicidad y venden otros servicios. Es un Diario rico con gran apoyo de la derecha internacional.

6. Me pregunto: ¿Por qué un diario que fue creador del PAN en 1939, que lo ha ideologizado y apoyado con todas sus fuerzas, que le ha dado cuadros políticos, no aceptó el soborno del funcionario panista/Panal? Pienso que no se cuidaron las formas y que el director de la Lotería sobredimensionó su poder porque ha sabido siempre que no hay nadie que no acepte un “cañonazo” de millones de pesos. ¿Si Diario de Yucatán ha sido el creador del panismo, si durante 70 años ha alimentado política e ideológicamente a los líderes y militantes panistas, cómo puede llegar un personaje desconocido (por más gran funcionario que sea) arrojando dinero para que los demás lo recojan? Otra cosa hubiese sido si personajes cercanos, amigos del diario, hubieran sido comisionados para hacer el trabajo.

7. Al parecer fue la líder magisterial corrupta Esther Gordillo, con la total confianza y el apoyo político/electoral de Calderón, la que “metió la pata” al querer aplicar a rajatabla con Diayuc la misma estrategia de soborno que aplica con otros medios de información. Es difícil imaginar las enormes cantidades de dinero nacional, estatal, municipal, que los funcionarios dilapidan para apoyar al PAN y al PRI en las campañas. Se mueven decenas de miles de autobuses, camiones de redilas, camionetas, para transportar gente a los mítines de de los candidatos. Se derrochan cientos de millones de pesos en dinero en efectivo, en refrescos, tortas, playeras, gorras, para actos públicos de campaña. ¿Puede olvidarse a caso que en las campañas electorales se compra y se vende todo, incluso la dignidad de las personas?

8. Aunque periódico de la derecha empresarial y clerical, Diario de Yucatán con su actitud ha puesto un ejemplo de resistencia al diarismo del país y ha advertido a los partidos y políticos que para sobornar hay que tener estilo. Pero lo más importante es que con ese hecho el pueblo mexicano vio una vez más la enorme corrupción que se registra en los procesos electorales y que la llamada “democracia electoral” es un fraude total contra el pueblo. Algún día los electores abrirán los ojos y se darán cuenta que cada tres y cada seis años son engañados como niños en elecciones que ya han sido arregladas y que sus votos no tienen ni un ápice de independientes porque la televisión y demás medios, con diferentes tácticas muy bien planeadas y dirigidas, lo obligan a votar por el candidato designado.

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UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

BOLETÍN DE PRENSA

Ciudad de México, 10 de abril de 2009

¡PRIMERA LLAMADA, ZAPATA VIVE!


Zapata vive. Y vive en nosotros, las y los mexicanos trabajadores que luchamos todos los días para sobrevivir en la selva capitalista y soñamos con un mundo mejor, una patria para todos, en la que no haya hambre, violencia y delincuencia de gobiernos y explotadores.

Vive en nosotros los pueblos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Atenco y tantos otros, que se han alzado orgullosos contra la tiranía y el abuso gubernamental, y que han construido nuevos paradigmas de representación asambleísta y popular, como los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los Consejos Democráticos en Morelos y otros movimientos que por igual luchan por la tierra que los vio nacer, por el medio ambiente, por el techo, el sustento, la libertad de sus presos y el cese a la persecución de su dirigentes.

Vive en nosotros, las y los maestros que luchamos permanentemente por seguridad social, educación popular y contra la reforma laboral neoliberal. Vive en nosotros, los mineros, siempre firmes en defensa de nuestras huelgas y demás derechos en ejercicio de nuestra libertad sindical. Vive en nosotros los electricistas, los telefonistas, los universitarios, los tranviarios y tantos otros gremios que han mantenido con dignidad y valor la bandera de la emancipación.

Vive en nosotros, en las comunidades de los pueblos zapatistas, en los movimientos cívicos en defensa del petróleo y la economía popular, en los afanes diarios de nosotros los humildes obreros, jornaleros, campesinos e indígenas; vive en las acciones valerosas de los soñadores, de los insurgentes, de los presos por la tierra, de los huelguistas; vive en nosotros los trabajadores del intelecto, la pluma, la imprenta y la Internet ; vive en nosotros los empleados, los estudiantes, los desocupados, los sin tierra y los indigentes, vive en todos, en todo vive, mientras haya una pizca de esperanza, un anhelo de justicia… un atrevimiento por buscar y lograr en este momento histórico la más amplia unidad por la democracia y la libertad de nuestra patria.

Hace 90 años, como si fuera hoy, un diez de abril de 1919, en la Hacienda de Chinameca, en el Estado de Morelos, siendo jueves como a las dos de la tarde con diez, nuestro General Zapata fue arteramente acribillado junto con varios de sus soldados y generales de división; el líder murió esa tarde y dejó paradójicamente de existir para nunca más morir. ZAPATA VIVE Y VIVE EN NOSOTROS.

Hoy te honramos general y te damos parte. Las y los mexicanos seguimos luchando por los ideales que tú enarbolaste de ¡tierra y libertad!; seguimos luchando por rescatar a la patria de los buitres y construir un gobierno democrático popular de transición que instale un nuevo constituyente y promulgue una nueva constitución que norme y haga realidad las altas aspiraciones de justicia social de nuestro pueblo y para ello, te decimos nuestro general, que en cada centro de trabajo, fábrica, escuela y oficina; en las comunidades, pueblos y barrios; en la trinchera, en la huelga y en las calles, tu recuerdo y tu ejemplo sobrevivirán por siempre. Corre la voz, en la ruta 2010 – 2012 México libre, esa es la opción.

POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO: EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA Y CESAR DE LEÓN. POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO: JOSE ENRIQUE GONZALEZ RUIZ E HILDA VENEGAS NEGRETE.

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Crece descontento y conflictos sociales con este otro gobierno panista de cuates improvisado e inepto en el que todos cobran sueldazos como si de veras...

Movimientos sociales en aumento

Alba Martínez

Revista Contralínea

Asciende a 2 mil el número de conflictos sociales durante el gobierno de Felipe Calderón; la cifra aumenta y la intensidad para reprimirlos también. Las fuerzas armadas del Estado infunden “terror” para contrarrestarlos. De acuerdo con un informe de Serapaz, son “graves” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres e indígenas.

De 2006 al primer semestre de 2008 se registraron 2 mil conflictos sociales en México; durante 2007 fueron 900. De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), la conformación de movimientos sociales se incrementa y la intensidad utilizada para reprimirlos se diversifica.

El Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el OCSM –grupo de investigación integrado a la asociación civil Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz)–, señala que a partir del año 2000 los gobiernos de transición han provocado que las condiciones de los derechos humanos se deterioren.

El análisis, basado en las denuncias presentadas ante organismos de defensa de los derechos humanos y diversas fuentes documentales, evidencia que la criminalización de las luchas sociales se deriva de las modificaciones “neoliberales” a las leyes.

Entre estas modificaciones se ubican las reformas a las leyes laborales, de pensiones y ahorro para el retiro; de radio y televisión, particularmente las que se refieren al desarrollo tecnológico; las que regulan la producción de energéticos y su posibilidad de privatización.

Pablo Romo Cedano, coordinador de la investigación, explica que los gobiernos neoliberales buscan adecuarse a los tratados internacionales de seguridad nacional y antiterrorismo.

“En nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.

De acuerdo con el reporte –que fue presentado en el seminario “Criminalización de la pobreza, represión a los movimientos y luchas sociales en América Latina”, en São Paulo, Brasil–, México registró una mayor desigualdad en comparación con el resto del mundo.

Los sectores indígena y de las mujeres son los más afectados. “Se les castiga no sólo por su disidencia, sino por ser lo que son. Se encuentran en una situación alarmante”, subraya.

La desigualdad

Con base en cifras de la Organización de las Naciones Unidas, México se ubica en el lugar 103 de 126 naciones estudiadas en condiciones de desigualdad.

Y de éstas, el 10 por ciento concentra el 40 por ciento de los ingresos, lo que representa el mayor motivo de conflictividad.

La criminalización de la protesta social está enmarcada, fundamentalmente, en el ámbito económico “cada vez más complejo y difícil para quien menos tiene”. El 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, “sin acceso al mínimo de satisfactores básicos y donde las mujeres representan más del 60 por ciento”.

Como los sectores más reprimidos aparecen los individuos marginados, que son los mayores protagonistas de conflictos sociales: campesinos, trabajadores del comercio informal, obreros, y sectores de colonias pobres urbanas.

Del reporte se desprende que 24 millones de habitantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Las remesas que se generan y envían a México equivalen a más de 23 millones de dólares anualmente, “sólo por debajo de los ingresos petroleros y por encima del turismo”. Sin embargo, al primer semestre de 2008 las cifras decrecieron debido a la crisis económica de Estados Unidos.

En este contexto, los conflictos sociales se han multiplicado, y según el análisis del observatorio, “existe una tendencia al crecimiento tanto en número como en intensidad”.

La criminalización

Pablo Romo señala que hay tres momentos en el proceso de conflicto: la tendencia a la negación del mismo, su invisibilidad por parte de las autoridades y de los medios de comunicación y el no reconocimiento de la legitimidad.

“En esta última se da el inicio de las movilizaciones sociales”, puntualiza.

Agrega que el “no reconocimiento” deriva en confrontación y represión, y que estos factores se conjuntan en “una estructura de leyes que favorecen la acción ejercida por las autoridades; de una política sistemática ejercida por el Estado, y de un andamiaje de construcción de opinión pública como justificación”.

Los pueblos indígenas tienen un 12 por ciento de los casos de conflictividad en el país. “La criminalización de la protesta social tiene un rostro claro, definido básicamente en la clase pobre”. El porcentaje se refiere a los actores que se confrontan con el gobierno, según los datos del observatorio.

El 6 por ciento de los casos de conflictividad social registrados en 2007 son contra el Estado. Y de éstos, el 70 por ciento “no tiene interlocución real con el mismo” y tienen como contraparte a servidores públicos.

Mujeres, objeto de represión

De los resultados obtenidos, Romo Cedano considera que la mujer es objeto de disputa y represión. Explica que los altos niveles de violencia son consecuencia y, al mismo tiempo, síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género.

Respecto de los feminicidios, el análisis expone que las autoridades, ante su incompetencia para resolver los crímenes, los niegan o publicitan como solucionados. En el primer semestre de 2008, el observatorio registró el mismo número de mujeres asesinadas que en 2007.

“El sujeto criminalizado es el que muestra más vulnerabilidad y fácilmente es invisibilizado”, cita el reporte del que se desprende una evaluación de casos como el de Atenco: “Mujeres y hombres son abusados sexualmente por elementos de la policía antes de ser entregados a las autoridades”.

Cita que ésta es la tendencia encontrada entre diversos conflictos registrados y que tiende a multiplicarse. Otra constante son los abusos perpetrados por militares: “Violan, asesinan y hostigan”.

Y entre los casos representativos, el estudio señala las violaciones sexuales de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en Acatepec y Ayutla de los Libres, Guerrero; así como los ataques a la población civil de Nocupétaro, Michoacán.

En otro apartado, el reporte señala que en el país existen 25.9 millones de hogares, de los que 2.4 millones son monoparentales o están encabezados por mujeres. Por ello, considera, “las mujeres participan de modo significativo en los conflictos relacionados con la demanda de satisfactores básicos, la defensa de los recursos naturales y el territorio, y la lucha contra la impunidad”, explica el investigador.

Indígenas, los más activos

De un total de 151 conflictos indígenas en el país registrados por el OCSM, cerca de la mitad se ubican en Chiapas, con 47.02 por ciento; en Oaxaca, 21.19; y 6.62 por ciento en Guerrero.

Los pueblos indígenas con mayor protagonismo o visibilidad en conflictos sociales, según las cifras del observatorio en 2007, son los choles, zoques, tlapanecos, nahuas, purépechas, mixtecos, zapotecos, tojolabales, mixes, triquis, tzeltales y tzotziles.

El coordinador de la investigación encuentra como una constante que dichos pueblos son los que cuentan con Tlatelolco, en la ciudad de México; de indígenas, en Wolonchán, Chiapas, o de activistas en todo el país, tampoco.

Según Romo Cedano, lo anterior habla de una acción decidida y consciente del gobierno mexicano o de sus partes contra ciertos actores sociales que le son incómodos o antagónicos.

“El Estado ignora y niega deliberadamente al actor o sus demandas deslegitimando su interlocución. Éste es su modo de hacer política”, aduce.

Considera que, con tales acciones, la lucha está terminada antes de iniciarla. “Tú no existes y tu voz no vale”. Se fortalece la discriminación, el racismo y el machismo. Se enaltece el estatus social. “Por ser pobre no te escuchan, por ser mujer no vales, por ser indio tu palabra no cuenta”.

El especialista destaca el papel que desempeñan los medios de comunicación en relación a su posicionamiento con la autoridad: “Si está a favor de la manifestación: incrementa las cifras de los participantes, exalta a los líderes y su probidad, enumera puntualmente las reivindicaciones que pretenden los peticionarios, expone el extraordinario comportamiento de los manifestantes y su pulcritud, y la civilidad en el ejercicio del derecho de petición”.

Y, por el contrario, si el medio de comunicación está en contra de alguna manifestación: habla del caos vial que produjo y no de la agenda que exige; de lo corrupto de los líderes, de los desmanes que se produjeron, de lo sucio que dejaron los “revoltosos” y los “mitoteros”, y de lo “triste” que resulta el acarreo de personas ingenuas o ignorantes.

“En Atenco la reacción fue contundente y fue un linchamiento mediático”; pero fue diferente en Oaxaca, las mujeres que tomaron las estaciones de radio lograron revertir la situación; “informaron y motivaron el movimiento rebelde”.

La judicialización de conflictos

La represión mediante las fuerzas del orden público tiene un uso considerable, pues representa la tercera forma más recurrente en que se interviene frente a conflictos de carácter social. Según lo que ha podido verificar el observatorio, el uso de la “política-política” como instrumento de gobierno se retira y da paso a la judicialización de los procesos conflictivos.

En la evaluación de estudios recientes, el OCSM muestra que son pocos los ciudadanos que acuden ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. Solamente un 23 por ciento formula una queja y un porcentaje muy reducido logra consignarla ante un juez.

Sin embargo, en los procesos jurídicos se hacen toda clase de artimañas para engañar a la población: “El cambio de uso de suelo y la privación del más elemental derecho a la información”.

Lo que se busca con esas acciones es establecer a toda costa una “sumisa relación clientelar con la población a través de mecanismos como la compra de votos y la simulación de asambleas agrarias”.

El observatorio destaca los casos del conflicto por el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, pues con base en la compra de votos y simulación de asambleas agrarias se ha pretendido realizar el cambio de uso de suelo ejidal, necesario para la expropiación de las tierras en donde la Comisión Federal de Electricidad planea construir la presa.

“Así, se constituyó en la zona un movimiento social a favor de la defensa de la tierra llamado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota”.

Una situación similar ocurrió en Zimapán, Hidalgo: se mintió a los ejidatarios de la zona en que se pretende realizar un confinamiento de desechos tóxicos, diciéndoles que se trataba de una planta recicladora que generaría empleos. Y sólo después de la realización de la mayor parte de infraestructura de la obra se descubrió de qué se trataba realmente.

Ello generó el movimiento cívico Todos Somos Zimapán.

El Observatorio de la Conflictividad consideró situaciones similares en distintas partes del país, como el proyecto eólico de La Venta y de Paso de la Reina, en Oaxaca; y la presa hidroeléctrica el Cajón, en Nayarit, “donde el Estado, mediante sus funcionarios, suele estar coludido con intereses económicos de grandes empresas sin tomar en cuenta la voluntad de los pobladores donde se realizan los proyectos”.

Infundir miedo

Entre los asuntos menos conocidos que ejemplifican la criminalización de la protesta social, la investigación publicada por Serapaz tipifica algunos por la fabricación de delitos y en los que participan elementos del Ejército Mexicano. En Morelos, la conformación del Frente en Defensa del Agua en Cuautla ha luchado en los últimos años en defensa del líquido. Durante 2007, ésta se intensificó contra la construcción de un expendio de gasolina, lo que derivó en dos asesinatos y en la persecución de los líderes.

Otro conflicto documentado por el observatorio es el Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, que desde 1999 emprendió acciones buscando apoyo gubernamental, sobre todo subsidio a las altas tarifas eléctricas.

Los campesinos, al no sentirse escuchados por sus autoridades, realizaron marchas, mítines y otras formas de presión para ser atendidos y para que la prensa visibilizara su agenda. La respuesta de las autoridades de Guanajuato fue la detención del líder local del movimiento, Rubén Vázquez, acusado de “delitos políticos”.

Ante esa detención, los campesinos agremiados cambiaron su principal demanda por la libertad de su dirigente.

Días después Rubén Vázquez fue liberado, pero no se cumplimentaron las demandas del movimiento.

El 14 de marzo de 2008 fue asesinado el dirigente de la organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, principal promotor de protestas contra el Tratado de Libre Comercio.

El investigador Pablo Romo considera que los factores sicológicos recurrentes entre los sectores reprimidos son “el terror, la amenaza de cárcel y el canje de presos para la desmovilización de grupos”.

“Terror militar”

En otro apartado, el análisis retoma ocho de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en julio de 2008, de la 029/ 2008 a la 036/2008.

De los casos de víctimas del proceso de militarización en el país, el OCSM detalla y evalúa las recomendaciones elaboradas por la CNDH que hace referencia al procedimiento de acción de elementos del Ejército en el supuesto “combate al narcotráfico”.

“En las narraciones –explica Romo Cedano– afloran las formas de operar, no sólo de los malos elementos del Ejército, sino de todo un mecanismo que acepta con normalidad la tortura, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, etcétera”. Agrega que “hay que recordar que la presencia del Ejército en las calles del país responde a un llamado de extrema excepción, que nada tiene que ver con la legalidad o la Constitución.

El proceso de militarización del país está generando que se criminalice a la población sin motivo alguno. Esta situación está generando tensiones, miedo y una situación de sentimiento de persecución”.

La confrontación

En cuanto al comportamiento de los actores sociales que se encuentran en una situación de conflicto, el reporte del observatorio evalúa que éstos se manifiestan de distintas formas para hacer visibles sus demandas. Dichas formas en un principio están normalmente apegadas al marco normativo que contempla la ley como formas de libertad de expresión; sin embargo, la mayoría son estrategias de muy bajo perfil.

Las formas de confrontación institucional más usadas son la denuncia pública en algún medio de comunicación, los carteles o volantes en las marchas y mítines, así como las demandas legales.

Ante la negación de las autoridades y la invisibilización de los medios de comunicación, los movimientos sociales cambian su dinámica y recurren a formas de expresión que se ubican en la frontera del marco normativo. A estas maneras más directas de confrontación con el Estado, el observatorio las llama “formas no institucionales de confrontación social”.

Los bloqueos a vialidades se han vuelto más recurrentes entre los actores sociales en conflicto. Otras, como la confrontación física, la retención física de autoridades, la toma de instalaciones o la protesta armada son normalmente separadas de la legitimidad del contexto social que las acompaña y que trata de reivindicarse, siendo catalogadas por el Estado como delitos graves que deben ser castigados.

En este sentido, los y las dirigentes sociales que encabezan los movimientos dejan de ser tomados como interlocutores válidos y se les persigue como delincuentes. Por ejemplo, el estudio retoma el caso de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: “Un día dialogaban civilizadamente con la autoridad política más alta del país y al día siguiente fueron detenidos como criminales y encerrados en cárceles de alta seguridad”.

Para el investigador de Serapaz, “resulta evidente que un actor social, en la búsqueda de reivindicar sus demandas, utilice varias estrategias de confrontación frente al Estado, dependiendo de la dinámica con la que se vaya desarrollando el conflicto, lo que puede llevarlo a acciones más directas”.

Tal es el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que “inician su movimiento con mítines y alguna marcha, y poco a poco escalan la confrontación para hacerse visibles y generar una correlación de fuerza diferente con sus interlocutores”.

Romo Cedano puntualiza que en ciertos casos de confrontación, el Estado toma como rehenes a presos, amenaza con aprehensiones y encarcelamientos para negociar su libertad a cambio de la desmovilización del proceso social de protesta.

Según los datos del observatorio, en un primer momento, la mayor parte de los actores sociales recurren a formas de confrontación institucional no violenta para exigir sus demandas.

Y de éstas, más del 60 por ciento de las estrategias de confrontación utilizadas por actores sociales son institucionales.

El investigador explica que al interior del conflicto se dan con cierta frecuencia fisuras entre el liderazgo moderado y dialogante de sus actores, con el radical y combativo.

Explica que esta fase del conflicto es usada por las autoridades y se agudiza por los medios de comunicación, que califican a los radicalizados de “ultras”, “intransigentes”, “miembros de organizaciones armadas”, “terroristas”, “desestabilizadores”, etcétera. En tanto que a la franja moderada la autoridad la procura corromper, comprar o chantajear.

De igual modo, en esta fase, en algunos conflictos –detalla el análisis– aparecen los golpeadores, los “porros”, los infiltrados, quienes inician su labor de intimidación, espionaje y desestabilización de los liderazgos que agudizan las contradicciones internas y provocan la confrontación física. Las acusaciones internas de “traidores” y “vendidos” son utilizadas para fracturar la lucha.

En esta fase aparecen con frecuencia las disidencias, las expresiones de otros pares que piden lo contrario. Por ejemplo, en Zimapán, Hidalgo, apareció un grupo empujado por autoridades del estado y financiados por la empresa que construye el confinamiento de desechos tóxicos en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla.

El estigma de la represión

El análisis considera que otra manera de vulnerar los movimientos sociales, y que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, son los ataques de grupos provocadores ligados al gobierno o, en casos más extremos, grupos paramilitares.

“Al final de la confrontación, los acontecimientos siempre serán calificados por el Estado como frutos de un conflicto intercomunitario ajeno a la responsabilidad gubernamental. Lo que permite actos de mayor brutalidad en los que suelen generarse violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, el estudio define otra forma de represión selectiva que está dirigida hacia líderes o individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. Cita el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La represión selectiva puede operar con más sigilo a través de la desaparición de miembros de movimientos u organizaciones cuya responsabilidad oculta nunca es reconocida por el Estado.

Pablo Romo Cedano explica que este tipo de represión puede lograr su cometido al descabezar o desarticular por completo a un movimiento; sin embargo, “puede encrespar los ánimos en las reacciones de distintos grupos al interior de la población o del movimiento, llegando a ser contraproducente para el Estado”.

Añade que “organizaciones armadas como el EPR o incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han tenido la necesidad de generar una estructura sumamente fuerte a partir de su línea militar para evitar estas acciones”.

El reporte concluye con la síntesis de algunos casos de represión que se llevaron a cabo en 2007 y sus organizaciones: el Movimiento de Estudiantes no Aceptados; la represión a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el movimiento de estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

También cita la ofensiva del gobierno del estado de Guerrero contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, en Ayutla de los Libres; el enfrentamiento por anulaciones en Altamirano, Chiapas; y los actos de hostigamiento y represión contra la radiodifusora comunitaria Radio Nandia, en Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.