Astillero
Esta(do fa)llido
Funcionarios necios que acusáis...
Discursos contra realidad
El estallido nacional en nada podría ser relacionado con la apacible ceremonia en que seis de los grandes responsables oficiales de la catástrofe patria estampaban su firma para asegurar que están dando cumplimiento a los acuerdos de Palacio Nacional generados por un incidente que parece perderse en la noche de los tiempos, el asesinato del hijo del empresario deportivo Martí. Remoto y nebuloso parece aquel Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
, pues tantas desgracias han sucedido desde entonces que ya no se singulariza el episodio de las indignaciones manifestantes promovidas desde el calderonato para oponer una variante de activismo social a la que en aquel momento se daba desde la izquierda en defensa del petróleo.
Pero los señores de traje, corbata e historial denso se ponen solemnes: Cabeza de Vaca, García Luna y Medina Mora que desde sus cargos en el foxismo fueron artífices de lo que hoy dice quejarse Calderón (¡oh, ¿cómo hemos permitido esta barbarie?!). Funcionarios necios que acusáis al narcotráfico sin razón, sin ver que fuiste los artesanos de Frankenstein. Trío del pasado imborrable que en el presente da continuidad a sus libretos cargados. Y dos hechuras endebles del PSP (Pobrecito Señor Presidente): el opaco secretario de desarrollo social que fue nombrado para darle sustento presupuestal a las campañas panistas venideras, Cordero de Sedesol Mapacheril que no ha crecido ni despuntado, y el secretario de salud que parece no entender ni lo que sucede en su derredor, sobrellevando el tiempo y las circunstancias.
Y, reinando entre ellos, la voz del litigante de las alturas, Gómez Mont que jura y perjura que toda la fuerza de la ley y la potencia de las instituciones existe para luchar contra aquella violencia que ataca a los más vulnerables, para que éstos no se vean sometidos por la fuerza de los hechos, para someter a todos a las reglas intrínsecas de la ley, que no es más que expresión sensata de los anhelos y valores de una comunidad
. Gómez Mont que vive en el pasado de la pompa y la gravedad, de la retórica afectada y demostradamente ajena a la realidad, tanto como que, mientras los funcionarios posan para las cámaras, en una ciudad tamaulipeca fronteriza dura más de tres horas un enfrentamiento entre fuerzas parejeras, los militares y cierto cártel de narcos, y calles citadinas son cerradas al tráfico por la fuerza social que peor sería para los gobiernos si fuera cierto que son financiadas y organizadas por el narcotráfico que entonces sí sería una fuerza política capaz de cambiar las connotaciones del ejercicio del poder público.
En San Lázaro, López Obrador vuelve a proponer acuerdos nacionales de salvamento económico en los que ofrece participar si no fuesen simple marrullería. Pero al hombre que ha convertido al país en un calderón lo que le interesa son las elecciones y el golpeteo a su adversario sobreviviente, así es que sus influencias mediáticas desatan una empaquetada crítica a quienes se opusieron al plan privatizador petrolero del año pasado porque, al impedir
que se contara con tecnología privada para explotar tesoritos supervinientes, ahora no se puede aprovechar el descubrimiento de un Chicontepec que ya es todo un yacimiento electoral de chantaje hipotético de los panistas. Por cierto, el señor del Calderón ha dicho otra de sus cada vez más frecuentes frases célebres: lo malo no es la tormenta, sino perder el rumbo; o dicho de otra manera: lo malo no es que se vaya la música, sino perder el ritmo. ¡Azúcar (amarga)!
Astillas
Teresa Villegas, de 19 años y habitante de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, narra que “ayer anduvo tocando puertas en la colonia El Arenal gente de un candidato, Alejandro Piña, y cuando mi abuela abrió la puerta le preguntaron si lo conocía, sus propuestas y su planilla, a lo que mi abuela contestó en todos los casos que no, pero luego le dijeron: ‘¿nos apoyará el 15 de marzo?’, y mi abuela dijo que sí. Entonces le pidieron su nombre completo, el teléfono y la dirección exacta. Yo pregunto, ¿es válido este tipo de propaganda, si así se le pudiera llamar?, porque la verdad es que no me extrañaría un uso indebido de esa información”. Según lo que se ha publicado respecto al tal Piña, es precandidato de Nueva Izquierda a suceder a su amigo y, dicen, compadre, Julio César Moreno, que solicitó licencia a la jefatura delegacional para buscar una diputación local por esa zona...
Y, mientras en el Senado les pasan una bola de humo, con letra chiquita, a los legisladores que así aprobaron reformas en materia de radio y televisión, justamente cuando el IFE se ha arrodillado ante el poder fáctico de esos medios electrónicos (a los que los partidos nacionales se niegan a enfrentar jurídicamente por el indulto relacionado con los espots envenenados, temerosos de revanchas en momentos electorales críticos), ¡hasta mañana en esta columna que escucha al sembrador de esperanzas asegurar en Washington que comienza el fin de la crisis económica!
De varias maneras, este tinglado sui generis ha ejercido su negativa influencia sobre toda clase de instituciones. Pretenden, y lo han logrado, hacerlas funcionar de acuerdo con sus muy particulares intereses hasta doblegarlas en toda ocasión o lugar. Los privilegios que ha acumulado este ralo conjunto de familias en el transcurso del último medio siglo son de una magnitud casi sin parangón con otras naciones (Rusia está peor). Los múltiples efectos que irradian sobre el desarrollo de personas, grupos, clases sociales, leyes, empresas, valores o tribunales es descomunal, tal como si hubieran sido diseñados o entrenados para su deleite y acumulación de riquezas y poder.
Conformada por un conjunto de herederos o beneficiarios de los favores gubernamentales, esta selección entre las elites nacionales fue ocupando el creciente hueco de poder que dejaba la decadencia de timoratos, maniobreros o enclenques políticos mexicanos. De simples acompañantes o cómplices del círculo decisorio de naturaleza pública, los ahora grandes barones del dinero fueron encaramándose sobre la casi la totalidad de los botones de mando del país. Armados con influyentes palancas que les acercan sus medios de producción y comunicación, no han dudado en emplearlos en aquellas ocasiones en que ven la oportunidad de acrecentar sus privilegios o amenazados sus intereses. Pueden, al mismo tiempo, detener inversiones cuantiosas para lograr legislaciones favorables, influir sobre sus contrapartes externas para que, desde los centros del poder mundial, presionen a los que se les oponen para inclinar la balanza en su favor. Recurren con frecuencia a los tribunales para modificar, con inusitada facilidad, alguna norma que les incomoda, pues conocen la debilidad del entramado judicial, característica tan general como dañina para la confianza ciudadana (véanse si no las últimas actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del IFE).
No hay, dentro de esta plutocracia ramplona y autoritaria, uno solo de sus miembros que no haya recibido, de manera indebida o ilegal, un cúmulo inmenso de favores públicos. Trátese de contratos por adjudicación, ventas de los bienes públicos a precios de regalo, protección contra la competencia, tarifas garantizadas, exenciones de impuestos, incrementos de precios, manipuleo de la fuerza laboral a través de sindicatos ahorcados por líderes venales o francos apoyos en efectivo que alcanzan cifras estratosféricas. Todas estas minucias han quedado documentadas con pavorosa precisión (el Fobaproa-IPAB fue, quizá, un punto medular en el proceso de su conformación, pero no el único).
Sucesivas administraciones priístas, de Díaz Ordaz a Zedillo, incluyendo a De La Madrid, López Portillo o Echeverría, dan fehaciente testimonio del fortalecimiento plutocrático a su paso por la crisis de crecimiento que aqueja, desde entonces, al país. Pero fue con Salinas (88-94) donde dio un salto descomunal. De uno, a lo máximo dos personajes adinerados a escala mundial (Forbes) se pasó a contar con veinte billonarios (en dólares).
La aparición de Fox con sus panistas y gerentes de poquísima monta fue la etapa de la consolidación plutocrática. La imagen de respetados caballeros que adquirieron sus integrantes llegó a ser irresistible para un ranchero rencoroso, de escasa capacidad mental, y ante ellos inclinó su torpe administración. Fox desgobernó para ellos con un celo inigualable; fueron su horizonte a imitar, sus guías y, sin discusión alguna, sus patrones. Esta plutocracia le impuso la tarea de parar la emergencia de la izquierda, con AMLO a la cabeza. Tarea a la que Fox dedicó todas sus energías de merolico profesional. En este periodo los plutócratas pusieron las bases de su actual crisis. Los dos últimos años con el señor Calderón, al más que dudoso frente del Ejecutivo federal, se han convertido en una pesadilla para ellos. Es su propia creación, lo impusieron contra todo consejo y visión y los ha llevado a ser exhibidos, ya sin tapujos, como el obstáculo por excelencia para el progreso de México.
El lema empleado durante la campaña electoral (Un peligro para México), esparcido por todos los rincones, condensa los temores que los invadían. Lo arriesgaron todo con tal de que AMLO no llegara a la Presidencia que el electorado le mandó. Intuyeron, y después llegaron a la seguridad, que Andrés Manuel no sería un político doblegado ante sus tajantes órdenes y los sujetaría a los intereses superiores de la Nación.
Ahora es un tanto tarde para los remiendos. La crisis que se abate ha puesto a esta República en un punto de desequilibrio mayor si no se dan los retoques necesarios con la vista puesta en las inclusiones, la apertura de oportunidades y la equidad. La informalidad es una medida de la incapacidad del gobierno para ejercer sus funciones de conductor. El crimen organizado reta a todos los niveles de poder e introduce temores generalizados, rayanos en el pánico. Un mayor descontrol de todo esto y México, en efecto, será un Estado fallido. Hace falta, por tanto, un tratamiento de choque, a fondo, totalizador, para que el aparato productivo vuelva a funcionar para el beneficio de todos. Los partidos, el Congreso, la administración de justicia, los poderes regionales, los sindicatos o el ejército, requieren un renfoque, un diseño para mitigar y trastocar las tragedias que se viven por todos los confines del país. De manera coincidente, un fenómeno esperanzador surge desde abajo de la sociedad. Por todos sus pueblos y calles aparecen personas y grupos de gentes que están dispuestas a cambiar el estado de cosas que ahorcan al México de estos aciagos días. También avanza, y se consolida, una organización, un movimiento social y político que puede encauzar y conducir esta energía colectiva para la transformación del país.
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Al margen de que sean ciertas o no las declaraciones del gobernador nuevoleonés, no puede pasarse por alto que en el país se ha generado una legítima molestia ante los documentados atropellos militares cometidos en contra de civiles en el contexto de la cruzada antinarco del gobierno federal. Tales abusos han generado un profundo descontento en amplios sectores de la población, y han confirmado, además, las advertencias que hace más de dos años –cuando los soldados salieron a las calles– plantearon diversas organizaciones sociales en el sentido de que el uso de militares en labores de seguridad pública –que corresponden a instituciones civiles– representa una amenaza para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho, al tiempo que expone a las fuerzas armadas a la animadversión popular y al poder de infiltración de las organizaciones delictivas.
Ante estas consideraciones, resulta improcedente identificar todas las manifestaciones de rechazo al Ejército con actos urdidos y manipulados por los cárteles de la droga, pues de esa manera se descalifica en su totalidad a expresiones –legítimas y sin duda reales– de la población ante una política de seguridad que no ha ayudado a erradicar la violencia en el país –al contrario, la ha incrementado–; que no ha disminuido, a lo que puede verse, el margen de maniobra de los grupos criminales, y que, en cambio, ha hundido a grandes franjas de la sociedad en la zozobra y el temor. En particular, es pertinente y necesario que las autoridades deslinden responsabilidades en relación con los enfrentamientos ocurridos ayer en Reynosa y que esclarezcan si ese hecho estuvo o no vinculado con las manifestaciones referidas.
Por lo demás, tampoco puede descartarse que alguna de las expresiones de descontento que se comentan sea impulsada de manera subrepticia por el narco y que esto sea reflejo de la obtención de apoyo social por parte de los cárteles de la droga. Tal perspectiva, por indeseable que resulte, no es sorprendente si se toma en cuenta que, además de la social y la política, el narcotráfico tiene una dimensión económica insoslayable y que esa industria emplea a alrededor de medio millón de personas en el país, de las cuales unas 300 mil se dedican al cultivo de estupefacientes ilícitos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En la circunstancia presente, lo peor que podría hacer el gobierno federal sería cerrar los ojos a este posible escenario, pues ello contribuiría a que los fenómenos referidos se consoliden o profundicen, y a que las corporaciones criminales aprovechen la actual coyuntura –en la que convergen el desempleo, bajas salariales, deterioro de la calidad de vida y un amplio sentir de desasosiego en el común de los mexicanos– para extender su influencia en los ámbitos social y económico.
Estas consideraciones tendrían que obligar a la administración calderonista a dar un golpe de timón en su actual política de seguridad y a modificar sus estrategias de combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada, en el entendido de que, para erradicarlas, no basta con operativos y desplazamientos de soldados por el territorio nacional –que derivan, a fin de cuentas, en un círculo reproductor de la violencia–, sino que se necesita, en primer lugar, una comprensión de la complejidad y las dimensiones de esos fenómenos, así como capacidad y voluntad política para atacar sus causas originarias.
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