■ Líderes sindicales exigen hasta $70 mil por fichas de ingreso en la paraestatal, señalan
Impune, la venta de documentos para trabajar en Pemex, acusan
■ Para obtener una plaza definitiva hay que desembolsar de 250 mil a 300 mil pesos, denuncian
■ Además de dirigentes, participan sus esposas, hijos y otros familiares, afirman inconformes
■ Empleados de Minatitlán entregan a La Jornada documentos sobre esa “práctica común”
Una “ficha” (constancia) del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para que una persona obtenga un empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex) se cotiza a entre 50 mil y 70 mil pesos, ya que son vendidas “al mejor postor” por dirigentes y otros miembros de los comités seccionales de todo el país, que comercian impunemente con las mismas, denunciaron afectados; agregaron que miles de personas han sido defraudadas, ya que han entregado dinero a cambio de la promesa de una plaza en la empresa paraestatal, pero no les han cumplido.
En algunos estados, “esposas” y parientes de dirigentes seccionales se dedican a esta venta de “fichas” y plazas, lo cual es una práctica común, según revelan documentos entregados a este diario por trabajadores de la sección 10 de Minatilán, Veracruz, pertenecientes a la corriente denominada Grupo Democrático Insurgente, encabezada por Luciano López.
Entre la información proporcionada se encuentran copias de las “fichas” vendidas y escritos en los que aseguran que el secretario general en Minatitlán, Donaciano Tortugo González Hidalgo, reconoce públicamente la venta de “fichas” en la sección 10 y en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río de Pemex, pero aclara que se ha llevado a cabo sin que estuviera enterado y que le “falsificaron” la firma.
La venta de “fichas” y plazas en este sindicato se ha convertido en negocio millonario para los líderes petroleros.
Según los datos proporcionados por esa corriente de trabajadores, en la sección de Minatitlán se vendieron en 2008 al menos 500 “fichas” de nuevo ingreso –que habrían dejado una ganancia de 25 millones de pesos, cotizadas a 50 mil cada una–; sin embargo, esto sería apenas el pago de la entrada a Pemex, ya que obtener una plaza definitiva tiene un costo entre 250 mil y 300 mil pesos.
La “ficha”, explicaron los trabajadores, es la constancia para que una persona pueda laborar de manera eventual en Pemex; la tiene que pagar cada vez que el sindicato lo requiera.
Sin embargo, “a veces, cuando una persona ya lleva varias fichas, se le hace descuento”.
En Minatitlán el caso salió a la luz por una denuncia de corrupción, ya que se difundió una constancia vendida en la que están involucrados el presidente del consejo de vigilancia de la sección 10, Jorge Wade González, y Jorge Arenas Méndez, ambos hombres de confianza del dirigente Donaciano González Hidalgo.
Señalan que familiares de Jorge Wade están inmiscuidos en estas operaciones, entre ellos su esposa, Reyna León, y su hijo del mismo nombre, Jorge Wade.
Para dar salida a esa denuncia, Tortugo González Hidalgo emprendió dos acciones: turnar el caso al consejo de vigilancia de esa sección –de la cual Wade es juez y parte– y quitarle la licencia sindical a Jorge Arenas Méndez y regresarlo a trabajar. Es decir, todo queda igual.
La corriente Grupo Democrático Insurgente denunció los hechos debido a que existe otra práctica común en el sindicato, que se refiere a que los trabajadores petroleros tienen “derecho” a una “ficha” de nuevo ingreso o plaza definitiva para sus familiares, por lo que demandan enérgicamente que “se cumpla con este beneficio con apego a los estatutos generales” del gremio.
Apuntaron que existen miles de defraudados que han entregado dinero en parcialidades a cambio de una “ficha” o plaza, pero nada han obtenido.
De hecho, han sido presentadas al menos 20 denuncias ante el Ministerio Público por ese motivo. El círculo se cierra con que a trabajadores que denunciaron estos hechos se les despidió injustificadamente.
Desde 1991 el contrato colectivo del sindicato petrolero autoriza a Pemex también a realizar subcontrataciones de trabajadores. En ese contexto, señalaron, empresas privadas llevan a cabo prácticas irregulares, ya que contratan personal para exploración y perforación en obras y servicios conexos y en nuevas obras de construcción y mantenimiento, así como en la distribución y el transporte, entre otros servicios.
En diciembre de 2003 hubo un acuerdo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, en el cual se denunció y documentó que la empresa Perforadora Central, subcontratista de Pemex, obligaba a los obreros, como condición para tener un empleo, a firmar contratos individuales en blanco y renuncias anticipadas, así como a afiliarse a sindicatos de protección.
Además se les negaba su derecho a tener antigüedad y al pago de prestaciones.
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