Deben cambiar la política económica de pillaje si quieren serenar el país: AMLO
■ En dos años de “gobierno usurpador”, los básicos han subido más de 100%, dice en Michoacán
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Andrés Manuel López Obrador, en gira por Michoacán Foto: La Jornada
Turicato, Mich., 7 de noviembre. Si se quiere serenar al país para que haya seguridad y crecimiento económico, es necesario cambiar la política neoliberal, “esa política de pillaje que desde hace 26 años sólo beneficia a unos cuantos”, insistió aquí Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la seguridad es producto de la justicia.
“Voy a seguir luchando, tercamente, porque las cosas mejoren; a veces esto no les gusta a nuestros adversarios, quienes no nos ven con buenos ojos, pero yo no voy a cambiar mi manera de pensar ni mi forma de ser”, sostuvo el tabasqueño.
Asimismo, el ex candidato presidencial condenó las promesas incumplidas del “usurpador” Felipe Calderón, quien ha hecho exactamente lo contrario de lo que ofreció durante su campaña, como bajar el precio de las gasolinas o el del servicio de energía eléctrica; “éste que se proclamó como el presidente del empleo es el que menos empleos ha creado en el país. Además, en dos años el salario ha crecido sólo 8 por ciento, mientras los precios de los artículos de primera necesidad lo han hecho en más de ciento por ciento. Aunado a esto, sólo en la época de la Revolución vivimos una situación similar a la actual, en la que no hay crecimiento económico, y ahí está Calderón frente a esta situación, convertido en nada, porque en primer lugar él sabe que ni siquiera ganó las elecciones presidenciales”.
La crisis, por el mal gobierno
López Obrador empezó en la ciudad de Carácuaro su segundo día de trabajo por Michoacán, en el tercer municipio más pobre del estado y el quinto a escala nacional. Frente a este escenario de carencias, el tabasqueño subrayó que la crisis que atraviesa el país “no es cosa del destino o la fatalidad, sino del mal gobierno, que sólo protege a los de arriba, no al pueblo”. Por eso, en lugar de que haya progreso hay más pobreza y se desató la inseguridad en México.
Por tal motivo –dijo–, “en esta nueva etapa de nuestro movimiento estamos enlazando la defensa del petróleo y la de la soberanía popular, estamos dispuestos a transformar la vida pública del país”, advirtió a unos pasos de la iglesia donde hasta 1810 ofició José María Morelos y Pavón.
Luego, el tabasqueño se trasladó a Nocupétaro, municipio donde el generalísimo reclutó a sus primeras tropas, donde enfatizó que hubiera sido un “error garrafal” abandonar el movimiento de resistencia civil pacífica luego del “fraude” electoral de 2006, “porque eso era lo que querían, que le dejáramos las manos libres a este gobierno usurpador para hacer lo que quisieran. Que dejáramos libre a esta mafia que quiere entregar todo; de haberlo hecho así, cuando nos diéramos cuenta íbamos a terminar como esclavos en nuestra propia tierra”, subrayó en esta región, “que es la del cura de un pueblo que fue el primero en luchar por la igualdad”.
Más tarde, en Turicato, López Obrador se refirió a la recientemente aprobada reforma petrolera; dijo que el movimiento de resistencia civil pacífica consiguió frenar el “hambre de dinero” del gobierno calderonista para evitar la privatización del sector; “aunque no estamos del todo conformes, porque no quedó expresamente prohibido en la ley el impedimento para entregar a la iniciativa privada la exploración y explotación de grandes áreas en el Golfo de México”, por lo que adelantó que ya está listo el cuerpo de abogados para frenar esta nueva intentona privatizadora, además de que –reiteró– harán del conocimiento de las empresas privadas nacionales e internacionales su negativa a aceptar que se utilice “este resquicio” para que exploten el petróleo en aguas nacionales.
López Obrador continuó su viaje hacia Tacámbaro, cuna de doña Amalia Solórzano, esposa del general Lázaro Cárdenas del Río, donde se refirió al “telón de fondo” de la campaña de 2006, que fue la confrontación de dos propuestas distintas de gobierno.
“Entonces hubo una gran guerra social en nuestra contra. Decían que si se cambiaba la política económica, como proponíamos, iba a haber fuga de capitales y devaluación. Inclusive, Vicente Fox declaró que había que cambiar de jinete, no de caballo, pero resulta que eso que afirmaban que iba a pasar si cambiábamos la política económica es exactamente lo que está sucediendo con la irresponsable necedad del gobierno usurpador de no reconocer que este modelo económico ha fracasado”.
En este sentido, dijo a los michoacanos que el martes pasado presentó a los diputados de PRD, PT y Convergencia –que integran el Frente Amplio Progresista– un documento con 18 propuestas para dar orientación social al Presupuesto de Egresos de 2009, con lo cual pretende, entre otras cosas, subsidiar los fertilizantes para ayudar a los productores agrícolas y asegurar el Sistema de Ahorro para el Retiro, que por la caída de las bolsas de valores del mundo ha afectado gravemente el futuro de los trabajadores.
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MOURIÑO Y LOS CHUCHOS TRAIDORES DEL PRD:
Y AHORA QUIEN PODRA DEFENDER A LOS CHUCHOS TRAIDORES PERREDISTAS DESPUES DE QUE EL APODADO POR SU PROPIOS CORRELIGIONARIOS "OREJAS DE MURCIELAGO" MOURIÑO HA DESAPARECIDO.
DESPUES DE QUE QUIEN SABE QUE LES PROMETIERON PARA APOYAR SU PINCHE REFORMA, AHORA NO TIENEN LOS TRAIDORES CHUCHOS A QUIEN COBRARLE EL FAVOR, Y LOS OTROS PRIANISTAS NO LES PAGARAN EL FAVOR!!
■ Las críticas, cuando el secretario era sujeto de escrutinio público
Calderón debe dejar de lucrar con la muerte de Mouriño, expresa Monreal
El vicecoordinador de los senadores del PRD, Ricardo Monreal, exigió al gobierno de Felipe Calderón dejar de politizar y lucrar con la muerte de Juan Camilo Mouriño. Fue un exceso la defensa post mortem que hizo el Ejecutivo del fallecido secretario de Gobernación durante el funeral de Estado en el Campo Marte, al insistir en que fue víctima de calumnias durante su gestión.
En todo caso, dijo, las críticas de la oposición en torno al tráfico de influencias surgieron cuando el funcionario aún vivía y estaba sujeto al escrutinio público; no es ético que Calderón “partidice la tragedia” y convierta a Mouriño en víctima.
Reiteró que insistirá en su propuesta de que el Senado cite a comparecer al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a fin de que respondan a los muchos cuestionamientos sobre la investigación en torno al desplome de la avioneta en que viajaban Mouriño, sus colaboradores y Santiago Vasconcelos, ya que la versión oficial provoca dudas.
Cada vez que Téllez habla “nos confirma que no se trata de un accidente”, señaló.
Monreal sostuvo que todo indica que el caso de Mouriño seguirá el mismo camino que otros accidentes aéreos y crímenes de políticos nunca aclarados, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el avionazo en que perdió la vida hace casi cuatro décadas el priísta Carlos Madrazo o el más reciente percance, durante el sexenio foxista, en que falleció el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.
Transcurrieron ya tres años de que cayó el helicóptero en que viajaba el funcionario, junto con otros ocho servidores públicos, entre ellos un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “y el dictamen que se ha sostenido es que se debió a un error humano”.
En el caso de Ramón Martín Huerta se atribuyó al piloto el haberse adentrado en un banco de niebla con escasa visibilidad, tratando de no demorar una gira oficial del entonces titular de Seguridad Pública. Hasta la fecha, sin embargo, “persisten dudas sobre las causas de que el helicóptero se estrellara y algunos sostienen que fue un atentado”.
Parecería, insistió Monreal, que la historia va a repetirse y se atribuirá a un error humano el desplome del avión de la Secretaría de Gobernación.
A su juicio, quienes se han declarado consternados deberían exigir una investigación profunda, porque todo indica que las averiguaciones del gobierno de Calderón se centrarán “en culpar al piloto de su impericia o de su falta de cuidado y de ser, por ello, responsable de la tragedia”.
El “principal promotor de esa hipótesis es Téllez, quien cada vez que habla nos confirma que no se trató de un accidente”. Por ello, en la sesión del Senado del próximo martes, Monreal insistirá en que se discuta un punto de acuerdo para llamar a comparecer a los titulares de la SCT y de la PGR, una vez que concluyan la indagatoria y los peritajes.
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Subcontratación depredadora
Es usted uno más de los millones de mexicanos en cuya constancia de pago de salarios aparece una razón social distinta a aquella a la cual presta sus servicios? Probablemente se trate de un fraude que utilizan los patrones para cubrirle un salario menor, negarle el pago de reparto de utilidades, impedir que se asocie en un sindicato auténtico, despedirlo fácilmente, evadir seguridad social o simplemente pagar menos impuestos al fisco. Seguramente, todo ello en conjunto.
La práctica de la subcontratación, con sus distintas denominaciones: outsourcing, tercerización, externalización o las llamadas empresas de servicios, crece como hidra en el modelo laboral mexicano, carcomiendo derechos que colocan a numerosos trabajadores en estado de indefensión, ante la mirada cómplice de autoridades temerosas de contradecir la iniciativa empresarial que utiliza este camino para violar la ley. Frente a esta situación, el sindicalismo tradicional no mueve un dedo, pues no es de su interés y preocupación la defensa real de sus afiliados, además de que es incapaz, en razón de su debilidad, de contrarrestar una política en la que el sector empresarial ha encontrado una mina de oro, a costa de los trabajadores que le sirven. Los casos de Pasta de Conchos y el accidente de Petróleos Mexicanos en la plataforma Usumacinta exhiben las consecuencias de una subcontratación depredadora.
No todo está perdido; el 24 de abril pasado la Cámara de Diputados dictaminó y aprobó un conjunto de reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, iniciativa presentada por el diputado Patricio Flores Sandoval y apoyada por la Comisión de Seguridad Social, integrada por legisladores de los distintos partidos. Mediante esta reforma se prevé que los patrones beneficiados por el trabajo subcontratado y los subcontratistas, ambos tendrán la obligación de proporcionar informes periódicos y documentos que les requiera dicha institución, a fin de garantizar la vigencia de la seguridad social, fijando responsabilidades para el caso de omisión.
Esta reforma de ley aprobada por la Cámara de Diputados es compatible con el marco de nuestra legislación vigente y da un paso adelante para garantizar, al menos, el piso mínimo de protección que otorga la seguridad social a los trabajadores que están bajo este modelo de subcontratación. El dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores y se esperaba entonces una ágil aprobación, tomando en cuenta la urgente necesidad de iniciar medidas tendientes a poner orden en este tema de gran impacto social. Pero el sector empresarial movió sus hilos, convocó a sus aliados y ha logrado hasta ahora inhibir la aprobación final de la ley. Han transcurrido ya seis meses sin que culmine el proceso legislativo en el Senado.
Existen experiencias muy valiosas en el campo internacional sobre las soluciones que se han instrumentado para regular el tema de la subcontratación, acotando su uso sólo cuando existan motivos técnicos y de especialidad, cuando la naturaleza del proceso productivo o de mercado así lo exija, inhibiendo a su vez la simulación o los incentivos para su violación. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado importantes recomendaciones en la materia, entre ellas la 198, del año 2006, referida a las características que deben prevalecer en este tipo de relaciones de trabajo. Esta recomendación señala que los países miembros de la OIT, entre ellos México, deberán incluir en su política nacional medidas tendientes a “luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas… que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho”.
Atendiendo a las legislaciones de otros países, se han admitido principios elementales sobre este tema, tales como la responsabilidad solidaria entre la empresa principal que se beneficia del trabajo y la subcontratista; la improcedencia de subcontratar actividades dirigidas a la finalidad o actividad normal de la empresa, y la prevalencia –como aparece establecido en nuestra legislación nacional– del concepto de “empresa” sustentado en razones objetivas o materiales, y no en simples formas jurídicas o denominaciones, esto es, que para identificar al verdadero patrón responsable de la relación de trabajo no basta que se invente una razón social y se le informe a los trabajadores que ya tienen nuevo patrón sustituto, sino que el auténtico beneficiario del servicio de los trabajadores sea quien responda de la relación de trabajo.
La subcontratación fraudulenta es más frecuente en el área de los servicios y en materia local; en el Distrito Federal, correspondería a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tomar iniciativas para fijar criterios compatibles con nuestro marco jurídico laboral y las recomendaciones internacionales. Su ejemplo, sin duda, impactaría favorablemente en el resto del modelo laboral nacional.
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Desfiladero
■ Calderón: las políticas de Bush... sin Bush
■ Coincidencias entre Obama y AMLO
Accidente o sabotaje, en cualquier caso el desastre aéreo del pasado martes en que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos, cuatro funcionarios de la Secretaría de Gobernación, dos pilotos, una sobrecargo y cinco peatones, inauguró el último bimestre de un año pródigo en episodios de horror, entre los que destacan los 12 decapitados de Mérida, los 24 albañiles asesinados en La Marquesa, las matanzas en Culiacán, Creel, Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana; las hieleras con cabezas humanas en Durango; el atentado con granadas en Morelia y el cúmulo de balaceras en retenes y ciudades de todo el país que segaron la vida de incontables inocentes.
Casi dos años después de que Felipe Calderón, sin pedirle permiso al Congreso ni a nadie, declarara su muy personal “guerra contra el crimen organizado”, hay más de 6 mil 400 muertos, numerosos desaparecidos (muchos de ellos por razones políticas, falsamente vinculados con el narcotráfico), desaliento en las fuerzas armadas, pérdida de control territorial por parte del Estado en diversas regiones y una profunda sensación de fracaso en el llamado “gobierno” de la República.
Calderón aplicó, a ojos cerrados y al pie de la letra, una política dictada por los halcones de la administración de George WC Bush en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), con los resultados que hoy todos conocemos: el país es presa de una violencia inédita y Mouriño, el enlace directo entre Los Pinos y la Casa Blanca para todo lo relacionado con el Aspan, está muerto.
En materia de políticas económicas y sociales, Calderón también hizo suyo el programa de Bush en beneficio exclusivo de los más ricos entre los ricos. Hoy no sabe cómo enfrentar la más grave crisis financiera de todos los tiempos. El colapso de Wall Street y de los bancos más importantes del mundo exige que cada gobierno, en cada país, se adapte a las nuevas circunstancias.
Durante casi 24 meses, Calderón navegó, sin proyecto y sin equipo, detrás de Bush, confiando en que la fuerza del imperio lo protegería incluso de sus propias ineptitudes. Pero volvió a equivocarse. Bush y su visión económica están prácticamente en el basurero. Calderón tendrá que ponerse en sintonía con el sucesor del texano o, si es congruente con su fundamentalismo neoliberal, combatirlo, porque en sus líneas generales de política interna, el discurso de Barack Obama se parece en mucho al de Andrés Manuel López Obrador.
Ambos –el “presidente legítimo” de México y el presidente electo de Estados Unidos– coinciden en que, para reducir los estragos de la crisis en los sectores más desamparados de la población, hay que fortalecer el papel del Estado, reanimar el mercado interno, detonar la creación de empleos y rescatar a los pobres. ¿Cómo podrá Calderón hacer suyas esas políticas manteniendo a Agustín Carstens en la Secretaría de Hacienda, y a todos los exponentes de la ortodoxia salinista en las instancias que dizque “manejan” la economía?
¿Y ahora qué sigue?
Un minuto antes del avionazo del martes, Calderón preparaba relevos, para principios de diciembre, en las secretarías de Gobernación, Energía y Educación Pública, así como en la Procuraduría General de la República. Mouriño se iría de candidato del PAN al gobierno de Campeche; Georgina Kessel sería remplazada por un incondicional del ahora finado señor de los contratos, Josefina Vázquez Mota pasaría a Bucareli y Eduardo Medina Mora se incorporaría al servicio exterior.
Esas eran las especulaciones que se manejaban al menos desde agosto, cuando al calor de las negociaciones para la reforma energética eran frecuentes los pleitos entre Jesús Reyes Heroles, director general de Petróleos Mexicanos, y el propio Mouriño, quien gracias a su cercanía con Calderón se permitía imponer a los suyos en puestos claves de la paraestatal, pasando por encima de cualquiera.
Hoy, obviamente, el panorama se ha modificado en forma drástica. Calderón está obligado a reaccionar la semana próxima y anunciar de una vez la nueva composición de su equipo. La experiencia sugiere, sin embargo, que lejos de realizar cambios de fondo hará pequeños ajustes para mantener las mismas políticas que han conducido a la ruina al país, porque no tiene capacidad para ninguna otra cosa.
¿Qué es lo que sigue? ¿Más de lo mismo con mayor endurecimiento represivo? ¿Ratificación en sus cargos de todos los funcionarios ineptos, el procurador general y el secretario de Seguridad Pública incluidos, para no dar una muestra de debilidad tras el “accidente”? Los días venideros mostrarán si el régimen tiene alguna posibilidad de sobreponerse a sus enormes y palpables limitaciones y, si por tanto, podrá subsistir en el vértigo de los nuevos tiempos.
Pero la pregunta –¿qué es lo que sigue?– debe ser formulada y respondida con la misma urgencia por los movimientos sociales de la oposición. Hay procesos en marcha, hay caminos bien delineados. López Obrador ha llamado a construir nuevas redes sociales en torno a la organización de comedores populares y otras formas de resistencia popular. Sin embargo, ya se acercan las elecciones legislativas de 2009. No hay partidos políticos ni instituciones electorales confiables. ¿Qué van a hacer los ciudadanos? ¿Votar o no votar?
Desfiladero ofrece este espacio a sus lectores para que, desde el sábado próximo, externen aquí sus puntos de vista en torno a la pregunta: ¿y ahora qué sigue?
Aclaraciones de Andrea
En relación con el caso de la señora Bertha Escobar Fernández, sobrecargo de Aeroméxico que murió el pasado 15 de junio en Médica Sur, Andrea, su hija, envió una carta aclaratoria para deslindarse de “todos los comentarios” que el sábado anterior publicó esta columna, pues “contienen diversos errores” que desea aclarar.
“Las jornadas de trabajo y descanso están pactadas en el contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y Aeroméxico, con base en estudios de personas conocedoras en la materia”, explica. Por tanto, rechaza la inferencia de que el exceso de trabajo y la falta de descanso adecuado ocasionaron los derrames cerebrales que provocaron la muerte de su madre porque, agrega, no hay ninguna prueba científica que lo demuestre. Es, señala, igualmente inexacto que “Aeroméxico se haya desentendido de los gastos médicos de la paciente, por lo que no tengo ningún reclamo al respecto”.
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