■ El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, llama a “resistir” la medida de excepción
El estado de sitio, por crímenes de lesa humanidad de la derecha: Evo Morales
■ Recuperan militares bolivianos la planta gasífera de Samaipata; continúan tomas en Santa Cruz
■ Después de la matanza, racistas “están cazando” a la gente que huyó al monte, informa La Paz
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Habitantes de Cobija buscan alimentos en una tienda saqueada por turbas que apoyan la secesión del departamento de Pando Foto: Reuters
La Paz, 13 de septiembre. El presidente boliviano, Evo Morales, justificó la decisión de imponer anoche el estado de sitio en el norteño departamento de Pando, ante la gravedad de los delitos “de lesa humanidad” cometidos por cívicos y autoridades del mismo al “masacrar” a por lo menos 14 personas en el poblado El Porvenir.
“Éste estado de sitio es para defender la vida, para defender a la gente que ha sido masacrada… Lo que hicieron en Cobija es muy grave”, apuntó.
En rueda de prensa con corresponsales de medios extranjeros, el mandatario aseveró que si los prefectos (gobernadores) opositores de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, que encabezan una insurrección civil, “dejan de atentar contra el patrimonio del Estado, contra el patrimonio del pueblo, que son los gasoductos, las refinerías, no hay por qué pensar en la ampliación a otras regiones del estado de sitio”.
Ponderó además los avances que hubo ayer en el diálogo con el prefecto de Tarija, Mario Cosío, en representación de los prefectos opositores de la denominada Media Luna, reiterando que “el diálogo está siempre abierto” y que han sido los citados prefectos los que no han respondido a los llamados que se les han hecho.
Reiteró asimismo la disposición de su gobierno a compatibilizar la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre pasado con los estatutos autonómicos aprobados por los departamentos, para lo cual, aseguró, cuenta con la aquiescencia de los movimientos sociales integrantes del Pacto de Unidad –campesinos, colonizadores, mujeres campesinas, indígenas–, pues consideró que el problema de fondo en este conflicto es la autonomía.
Morales se dijo “muy fortalecido frente a provocaciones que vienen de algunos grupos” opositores, por la solidaridad recibida de muchos de los gobiernos latinoamericanos, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y saludó la iniciativa chilena de realizar una reunión de emergencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el lunes, para analizar la crisis boliviana.
“Esas iniciativas me fortalecen consolidando la democracia boliviana y el proceso de cambio”, dijo.
Sobre la expulsión del embajador estadunidense en Bolivia, Philip Goldberg, apuntó que se tomó esa decisión “por dignidad, no por debilidad”, y mencionó que “donde está el imperio no hay desarrollo”.
Morales informó por otra parte que los militares recuperaron la planta gasífera de Samaipata, instalación estratégica que provee a la región de La Paz y Oruro.
En Pando, el pasado viernes, durante la recuperación por parte de las fuerzas armadas, dos personas resultaron muertas, un civil y un soldado, y seis heridos, con lo que sumaron 16 las víctimas fatales en ese departamento amazónico, en el contexto del conflicto regional. Los militares fueron recibidos por los ocupantes con ráfagas de ametralladora.
El prefecto pandino Leopoldo Fernández anunció a su vez que no acatará el estado de sitio, llamó a la población a resistirla y negó la versión de que se hubiera asilado en Brasil, como sí lo hizo, según reportes de prensa, la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena.
En la capital pandina, Cobija, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo a la red Erbol que “después de la masacre sangrienta liderada por el prefecto, hoy día tenemos conocimiento de que hay gente en el monte que está siendo cazada” por sicarios armados con metralletas y escopetas.
“Tenemos evidencia de que hasta médicos del hospital se han comportado de la manera más cruel y han dejado morir personas por racismo”, señaló, e indicó que la comisión humanitaria gubernamental enviada a Cobija, que él encabeza junto con el ministro de Salud Ramiro Tapia, tiene la misión de dar asistencia a los heridos que están en el monte, dar asistencia a las familias y llevar los cadáveres a sus familiares.
Respecto del diálogo entre el gobierno y el prefecto de Tarija, Cosío informó que transmitirá a los prefectos opositores, agrupados en el Consejo Nacional Democrático, el pedido gubernamental de que sea devuelta la infraestructura estatal tomada por los cívicos de la Media Luna.
Dijo que la declaración de estado de sitio en Pando –que ocurrió después de que se había iniciado el diálogo– es un “obstáculo que requiere ser salvado” y que es parte de los temas que se tendrán que trabajar “para poder retornar y hacer un esfuerzo adicional en el proceso a partir del domingo”.
Por su parte, el presidente del Senado, Oscar Ortiz, del derechista Poder Democrático y Social, lamentó la imposición el estado de sitio en Pando, y dijo que “una vez más el diálogo fue utilizado para camuflar la militarización de esa región, y que una vez más se terminó disparando contra la vida de seres humanos, dejando más muertes en la familia boliviana”.
Planteó que el país requiere “una concertación con garantes, para poder construir una nueva Constitución que pueda ser aceptada por el conjunto de los departamentos, y no impuesta por una zona del país contra otra”.
El secretario de Autonomías de la prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, comentó que el estado de sitio “no deja de ser una bofetada a la democracia” porque se suspenden los derechos humanos, y consideró que la medida fue “un comportamiento poco cortés con el diálogo”.
Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, declaró que el estado de sitio es una medida constitucional que no puede levantarse porque es necesario recuperar el estado constitucional en Pando. Señaló que el prefecto Leopoldo Fernández tiene que ser procesado por crímenes de lesa humanidad.
En Santa Cruz, ayer continuaron las tomas y saqueos de instituciones públicas. Esta vez le tocó a la Corte Electoral Departamental, si bien la policía detuvo a ocho jóvenes que declararon que integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista les pagaron 30 bolivianos a cada uno “para que los acompañáramos para que piensen que somos del MAS (Movimiento al Socialismo, partido en el gobierno)”.
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