■ AMLO: la empresa aparece como proveedora de Pemex
Blue Marine, involucrada en el caso de El señor de los mares
■ El monto de los servicios es por 716.4 millones, dice el tabasqueño
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Andrés Manuel López Obrador, con habitantes de Coxcatlán, San Luis Potosí Foto: La Jornada
Coxcatlan, SLP, 5 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador exigió al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) que difunda toda la información acerca de la impugnada compra del buque El señor de los mares, porque en los anexos (G-1, página 5,214) aparece claramente Blue Marine Technology como “proveedor directo” de servicios, por un monto de 716.4 millones de pesos.
Contrario a la versión de Pemex, el nombre de esa empresa nacional (cuyos socios son Antonio Juan Marcos Issa y Juan Reynoso Durand) sí aparece en los documentos oficiales de la paraestatal, en la cédula sobre el origen de los proveedores de mano de obra para la operación y mantenimiento del buque en cuestión, y de materiales de consumo de la embarcación como diesel marino, aceites y pinturas, entre otros.
En este municipio, López Obrador afirmó que los presidentes municipales del PAN se caracterizan nada por pintar de un azul ``chillón´´ los edificios del ayuntamiento.
El contrato tiene como propósito, de acuerdo con lo escrito por la subgerencia de recursos financieros de Pemex Exploración y Producción: “Adquisición de un FPSO (floating production, storage and offloading) y prestación de servicios para su operación y mantenimiento”. En lo que toca a Blue Marine se precisa que el total del contrato es por 716 millones 442 mil 120 pesos, equivalentes a poco más de un millón de dólares, cifra muy superior a lo erogado para pagar a otros proveedores.
En este municipio de la zona sur de la Huasteca potosina, el ex candidato presidencial exigió una vez más que se investigue lo relativo al contrato 412005846, respecto de la participación en este negocio de la empresa operada por Marcos Issa y Reynoso Durand, quienes también son accionistas de Oceanografía, empresa que ha sido investigada por irregularidades y posibles vínculos con los hijos de Marta Sahagún de Fox.
El domingo pasado, el político tabasqueño reveló la compra irregular del barco bautizado El señor de los mares, operación que significó un contrato por 758 millones de dólares, más 376 millones para operación y mantenimiento, para totalizar mil 136 millones 693 mil dólares por un buque usado, construido en Japón hace más de 20 años.
Enseguida, Pemex respondió que eran “irrisorias” las denuncias de López Obrador y que el contrato se había fincado directamente con la compañía noruega Bergesen, pero no hizo referencia a la participación –ahora documentada– de Blue Marine.
Este viernes, durante la gira que realiza en San Luis Potosí, el tabasqueño expuso en siete asambleas informativas, en igual número de municipios gobernados por el PAN, pormenores de esta operación considerada un “botón de muestra” de la corrupción que está detrás del propósito de privatizar la industria petrolera.
En los documentos en referencia, firmados por Frederik Berg, representante legal de Bergesen Worldwide Limited, esta compañía con sede en Oslo aparece como proveedora de equipos permanentes y mano de obra denominadas “otras utilerías y equipos marinos”, así como “operación y mantenimiento” por más de 445 millones de dólares.
Sin embargo, en la clasificación “otros” del rubro de bienes y servicios, cotizados también en moneda estadunidense, aparece un gasto de Pemex, en favor de Bergesen, por 346.5 millones de dólares por “gastos administrativos”, sin que se ofrezcan más detalles.
De ahí que López Obrador insista en que la paraestatal firma contratos opacos en sus operaciones, cuyas responsabilidades no han sido investigadas.
Por la mañana, en Aquismón, frente a indígenas huastecos pobres que hablan teenek, advirtió que mientras en el país continúe la corrupción, no mejorará la situación de pobreza y olvido en que vive el pueblo.
Y tampoco mejorará, agregó, con estos panistas que se creen de sangre azul, superiores.
Panistas como el gobernador de esta entidad (Marcelo de los Santos), quien es un catrín perfumado que no sirve para nada: “¡es mucho estado para tan poco gobernador!”, expresó.
López Obrador se dijo “molesto, enojado”, por ver el olvido en que se encuentra la Huasteca, pero sobre todo porque los maestros o los campesinos voten por el panismo, partido fundado en 1939 en contra de las principales políticas del presidente Lázaro Cárdenas: expropiación petrolera, educación pública y reforma agraria.
“(Marcelo de los Santos) era el que limpiaba las transas y blanqueaba las cuentas de los priístas y ahora lo tienen de gobernador. Me da coraje, me molesta que en una zona tan pobre gobiernen los potentados, panistas con ínfulas de superioridad que desprecian al pueblo, que sólo saludan a los pobres cuando los andan cachondeando en busca del voto y luego los olvidan”, dijo.
López Obrador realiza, desde enero del año pasado, giras por los municipios del país; desde hace más de seis meses advierte acerca de los riesgos de entregar la industria petrolera al capital privado nacional y extranjero. Este jueves visitó además Huehuetlán, San Antonio, Tanlajás, Tamasopo y Rayón. Este fin de semana concluye su gira por esta entidad.
Normales rurales: el pasado y el futuro
En 1969, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz cerró 15 de las 29 normales rurales para convertirlas en secundarias técnicas agropecuarias, generó fuerte malestar entre los estudiantes, quienes no aceptaban una situación que pretendía convertirlos en “técnicos serviles... que al graduarse presten sus servicios en las grandes industrias del país” (AGN-DFS Exp.63-12-969; H-123, L-9). Protestaron asimismo diversas comunidades campesinas: “no nos obliguen a pensar que seguimos en la etapa del porfirismo en que sólo los hijos de los burgueses se les impartía la educación” (SEP-Archivo, C-101; E-1341). No sorprende la indignación. Junto con la reforma agraria, el acceso a la educación había sido uno de los principales frutos de la lucha popular revolucionaria y las normales rurales serían por varias décadas el eje central del sistema educativo.
Desde su inicio, las normales rurales estaban estrechamente ligadas a la reforma agraria. Surgieron de la fusión entre las normales regionales y las centrales agrícolas, ambas establecidas en la década de 1920. Las primeras formaban maestros que en breve tiempo estarían capacitados para enseñar a leer y a escribir. Las segundas eran centros de instrucción agropecuaria, estructuradas como cooperativas y dotadas de moderna maquinaria para fomentar técnicos altamente calificados para asesorar a las comunidades recientemente dotadas de tierra. La fusión representaba un intento de unir la cultura del saber con el trabajo físico del campo.
Serían las normales rurales las instituciones encargadas de engendrar y reproducir el amor patrio entre la diversa población. A partir de la Revolución, la educación mexicana en general, y la rural en particular, ponía un fuerte énfasis en la “escuela de acción”, la metodología propagada por John Dewey de “aprender haciendo”. El plan de estudios que combinaba un conocimiento del cultivo de la tierra con el saber erudito de la literatura clásica intentaba revertir un orden y división social que, como lo expresó una joven campesina, nunca tomaba en cuenta al campesino “excepto para el trabajo” (SEP-Archivo, C-101, E-1341).
Aunque la visión educativa fue siempre una política hacia y no desde el México profundo, el modelo educativo del nuevo Estado abría un espacio a la población que había sufrido las más terribles consecuencias del “orden y progreso” porfirista. Las comunidades campesinas muy pronto hicieron suyas las normales rurales, apropiándose del mismo argumento de los gobernantes. Una de las múltiples cartas de protesta que inundaron la SEP con el inminente cierre de las normales reclamaba: “si ustedes mismos están siempre porque no haya analfabetas, que haya educación en México, ¿en qué forma, si ahora quieren que desaparezcan la única esperanza del campesino?” (SEP-Archivo, C-101, E-1341).
A pesar de que la educación rural fue concebida para complementar y fomentar el desarrollo agrícola, el temprano abandono de la reforma agraria hacía de la escuela la única vía para escapar de la pobreza rural que, no obstante los brotes agraristas oficiales, condenaba al campesino a una vida de miseria. Mientras que la población rural a veces se negaba a mandar a sus hijos a la escuela, porque necesitaba la mano de obra en la milpa, la utilidad de la educación se hizo visible porque una política redentora hacia el campo nunca se consumó.
Con todo y su precariedad, las normales rurales eran un espacio privilegiado para los campesinos. “Aunque la comida era muy raquítica –recuerda un ex alumno–, ya estaba segura, y acá a donde yo vivía a veces no teníamos ni para comer”. Era una situación privilegiada, pero los alumnos tampoco se resignaban. La mejora de condiciones de vivienda y estudio era una petición constante, y las carencias, motivo de frecuentes huelgas. Los estudiantes señalaban lo ridículo de una situación en la cual un caballo del ejército obtenía un presupuesto mayor al de un normalista.
Si las condiciones en las normales rurales eran precarias, en las comunidades donde los maestros enseñaban eran devastadoras. El Estado les había asignado la formación de ciudadanos civilizados, lo cual significaba la instrucción sobre técnicas higiénicas modernas, el abandono del alcohol y la renuncia al fanatismo religioso. Pero al llegar a los pueblos, el principal problema no era una retrógrada práctica cultural de sus habitantes, sino una falta de infraestructura sin la cual era imposible el cambio moderno que el Estado pregonaba. Las memorias publicadas por la SEP dan cuenta de esta experiencia: “Los niños tomaban pulque, a veces como único alimento, y me enfrento frecuentemente con el trágico problema de su asistencia con cierto grado de perturbación mental que no llega a la embriaguez completa”.
Dado el poco apoyo que tenían, los maestros rurales lograron verdaderos milagros, casi siempre gracias al esfuerzo de las mismas comunidades las que compensaban la falta de infraestructura. Habría que preguntarse qué se hubiera alcanzado en el terreno educativo con un sistema bien financiado que en vez de cerrar normales las dotara de los recursos necesarios para que laboraran de acuerdo con sus ideales.
* Profesora del Dartmouth College. Su libro Rural resistance in the land of Zapata: the jaramillista movement and the myth of the pax priísta, 1940-1962, publicado por Duke University Press, aparecerá el próximo octubre.
El señor de los mares turbios · Helguera
IMSS: el panismo de Calderón sólo empeorará los servicios
Con la estampa huecamente celebratoria que rodea sus continuistas acciones de “gobierno”, en ceremonia solemne Calderón signó indebidamente –el 14 de julio– un esquema de jubilaciones y pensiones para los trabajadores de nuevo ingreso que, como con la “reforma” del ISSSTE, les hunde su futuro pensionario.
Ese día también creyó ver “revertida la tendencia histórica a anteponer siempre el conflicto y el empeoramiento de las cosas y la inviabilidad financiera que comprometía a la institución misma”.
Pero, ¿quién diagnosticó esa inviabilidad? El panista Fox y el tecnócrata Levy frente a una dilatada cúpula sindical incapaz de derrumbarlo; “diágnóstico” del cual se sirvieron cómodamente los panistas Calderón-Molinar y la tecnocracia hacendaria de Carstens.
Sentado a su izquierda –después de Carstens–, acompañaba a Calderón el doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS, quien después de “autofacultarse” en el dantesco congreso sindical realizado en Mérida (octubre de 2007) todavía se atrevió a comunicar que “hemos optado por cerrar el paso a la vía legislativa, que lo único que provoca es el debilitamiento de nuestra fuente de trabajo”, aunque ahora busque afanosamente –como Elba Esther Gordillo– curules “para” los trabajadores de la seguridad social. “No entiendo cómo un sindicato tan poderoso como el SNTSS no esté representado en la Cámara de Diputados”, comunicó enfáticamente en abril.
Inquieto los observaba el histriónico Juan Molinar Horcasitas, quien, sin oportunidad de hacerse notar, apenas alcanzó a balbucear que “su logro más importante ha sido reconstruir la relación entre la dirección y el sindicato”. Para ser preciso –cosa que no es su fuerte– debió haber dicho: con la cúpula sindical y a costa del futuro pensionario de los trabajadores que “representa”.
Lamentablemente para los afanes meramente discursivos de “competitividad” que obsesionan a Calderón, y como antes ya aconteciera con el “gerencialismo” abstracto de Fox, los servicios médicos institucionales –columna vertebral de su misión– van a peor, con o sin nuevos esquemas pensionarios.
Con la misma política económica, una recaudación poco alentadora e incapaz de crecer, generar empleo y elevar la protección social, el PAN de Calderón no puede diseñar una política social moderna vinculada a los sectores de punta y avanzados de la economía global.
El deliberadamente equívoco “diagnóstico” foxista que tan cómodamente compró Calderón no da más de sí: se le vino encima y lo acosa. Tres años después del primer ajuste al régimen pensionario de los trabajadores del IMSS, los servicios cumplen la ruta de un deterioro profundo. Pero Calderón ya agotó sus pretextos: ¿a quién culpará ahora de la situación institucional? No tiene más que fabricar otros. ¿Cuáles? Vía Molinar, Calderón ya anticipó tres nuevos pretextos que abdican abiertamente de la misión institucional.
Primero. “El pasivo contingente que representa la atención médica constituye la principal amenaza para la viabilidad de instituto”, sostiene Molinar Horcasitas en su último informe. ¿El panismo de Calderón ya no les va a cumplir a los asegurados y les impondrá el fraudulento Seguro Popular?
Segundo. “Los gastos médicos de pensionados generan un pasivo contingente para el instituto en la medida que representan posibles obligaciones con los derechohabientes”, agregó Molinar. ¿Pero qué, acaso la tercera edad no ha cotizado ya por esos servicios? ¿El panismo de Calderón también pretende retirárselos para remitirlos al insignificante y opaco Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular?
Tercero. “Las proyecciones” del servicio de guarderías, advirtió Molinar Horcasitas, “indican que representará para el instituto una presión financiera”. ¿El panismo de Calderón tampoco les va a cumplir a las madres trabajadoras ofreciéndoles, a cambio, las electoreras “estancias” changarrizadas que opera Lía Limón desde la Sedeso?
Tres pretextos que, al decir de Molinar, pintan un panorama institucional “complicado” y frente al cual –sostiene– “queda abierto el camino para buscar nuevos rubros donde se puedan obtener ahorros adicionales, como sería el caso de la subrogación de servicios”.
Hay que agregar la “convergencia de los sistemas de servicios de salud a través de la compra y venta de los mismos” –invocada desde el IMSS, siguiendo al Banco Mundial, por el director de Prestaciones Médicas, Santiago Echeverría Zuno–, buscando con ello conformar un “sistema de salud universal” Ssa-IMSS-ISSSTE.
Desplegados los nuevos pretextos de Molinar, Calderón puede entonces seguir negándole recursos al IMSS, para inyectarlos a su proyecto electorero estrella: el Seguro Popular y su modalidad cambray (el sólo para los recién nacidos).
Mientras el subsecretario de Hacienda Dionosio Pérez-Jácome anuncia que –durante el año electoral 2009– ese fantástico seguro recibirá 49 mil millones de pesos, el politólogo Molinar Horcasitas reconoce –con voz casi inaudible– que el programa de inversión 2007-2010 de la principal institución sanitaria nacional a su “cargo” presupuestó recursos para inversión física por ¡5 mil 562 millones de pesos! Mientras el IMSS cancela el seguro de salud para la familia, el Seguro Popular paga salarios escandalosos a los funcionarios que encabeza el íntimo de Calderón Daniel Karam (casi 190 mil pesos mensuales).
Así que, con el panismo de Calderón, los servicios del IMSS seguirán empeorando, mientras el electorero Seguro Popular y su modalidad cambray dilapidan inmisericordemente los recursos públicos. Y es que ese panismo de Calderón aspira a usar las cuantiosas bolsas públicas de Ssa, IMSS e ISSSTE, pero no a mejorar los servicios.
Afortunadamente, el debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos está más que en marcha.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
■ Alumnos y maestros de siete escuelas marchan en el DF
Bajos presupuestos, estrategia para debilitar a las normales, denuncian
Maestros y alumnos de escuelas normales marcharon para denunciar irregularidades en el proceso de asignación de plazas por medio del examen de oposición Foto: Carlos Ramos Mamahua
Alumnos y maestros de las cinco normales existentes en el Distrito Federal, además de las de Cuautla y Amilcingo, en Morelos marcharon ayer desde las Instalaciones de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) en repudio a la eventual transformación de las normales en tecnológicos y en demanda de mayor presupuesto para 2009.
Poco antes de las 16 horas cientos de mentores y alumnos comenzaron su caminata hacia el edificio de la SEP cargando pancartas y mantas en las que se leía “Normales unidas jamás serán vencidas. Gobierno respeta la Constitución. Su nuevo acuerdo limita al pueblo y privatiza la educación”, y también se escucharon consignas como “A las escuelas normales las quieren desaparecer, pero nosotros con lucha y sangre las vamos a defender” y “El maestro luchando también está enseñando. Adelante, adelante que la lucha es constante”.
En entrevista, Graciela Gutiérrez Sandoval, maestra de español y su enseñanza, de la BENM señaló: “no cejaremos en la defensa del normalismo”, pese a que tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, han señalado en fechas recientes que no se tocaría a esas instituciones, luego de las declaraciones de Elba Esther Gordillo, líder del gremio magisterial.
“Pese a esas aclaraciones no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos” comentó Gutiérrez Sandoval, quien destacó que las normales “tienen un papel muy significativo en la historia de la educación en México” y que por eso no sólo no deben desaparecer, sino que tienen que ser “fortalecidas porque hasta ahora han sido desmanteladas mediante la asignación de bajos presupuestos”.
A su vez, el maestro Martín Lucero Herrera, profesor de formación ética y cívica de la BENM dijo que se debe dar solución a la “verdadera problemática” de las normales para fortalecer el desempeño de estos planteles.
Comentó que las evaluaciones a las normales no deben ser externas, “las tenemos que hacer nosotros para saber en qué tenemos que trabajar, y en tal sentido pedimos autonomía académica, y ésta misma la necesitamos para emprender la transformación de los planes y programas”.
En lo financiero, expuso que el Programa de Fortalecimiento a la Escuela Normal, por medio del cual se les dota de recursos en razón de su eficiencia, actúa “sólo como condicionamiento para la dotación de recursos, porque nunca logramos la eficiencia que dicen que se debe tener, y eso no debe ser, porque no tenemos computadoras ni pizarrones electrónicos ni acceso a Internet, y a veces ni para gises hay”.
Los alumnos Susana López, de la Normal de Especialización y Alberto Moreno de la BENM precisaron que se ha desplegado una política de “estrangulamiento presupuestal”, que hay “falta de planes educativos y de estudios que sean acordes a las necesidades actuales”.
Becas de sobrevivencia
Moisés Hernández Trejo, maestro de Escuela Normal de Amilcingo, Morelos, precisó que se requiere mayor inversión en las normales: “En la mía falta infraestructura, por ejemplo laboratorios de cómputo, además de que hay poco apoyo para el programa de inglés y las becas de las alumnas son prácticamente de sobrevivencia pues reciben 42 pesos diarios”.
Cerca de las 18:30 horas entró a las instalaciones de la SEP una comisión conformada por 13 alumnos y maestros de las escuelas de educadoras, de la Nacional de Maestros, de la Normal Superior de México, de la Superior de Educación Física y de la de Especialización, así como la de Cuautla y la rural de Amilcingo.
■ Industriales pretenden detener la reforma aprobada en la Cámara de Diputados
Cabildean patrones en el Senado contra la regularización de empresas de outsourcing
■ Las llamadas compañías de tercerización violan sistemáticamente los derechos laborales
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Según la UNAM, alrededor de 26 millones de trabajadores mexicanos carecen de las prestaciones establecidas por la ley y se encuentran fuera de todo contrato legal, lo que convierte a nuestro país en un ”paraíso empresarial” para el outsourcing. En la imagen, albañiles, plomeros, azulejeros o carpinteros desempleados aguardan en la Plaza de San Jacinto, en San Ángel, a que alguien llegue a contratarlos Foto: Carlos Cisneros
De manera sistemática se han violado los derechos de trabajadores contratados por empresas conocidas como outsourcing o de “fuente externa”, que ofrecen servicios de limpieza, por ejemplo, a organismos públicos y privados. Los empleados perciben bajos salarios, carecen de prestaciones sociales y seguridad en su fuente de trabajo, además de que, por esta vía, también existe evasión de las responsabilidades ante autoridades fiscales y de seguridad social. Con la finalidad de regularizar el funcionamiento de dichos negocios, se encuentra en el Senado una minuta que reforma la Ley del Seguro Social, contra la cual el sector empresarial ha emprendido una serie de críticas y exigencias a los legisladores para que el proyecto sea rechazado.
La minuta aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en abril pasado, fue propuesta por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Patricio Flores Sandoval, y plantea terminar con las prácticas simulatorias y evasoras que algunas empresas realizan con la subcontratación o intermediación laboral, las cuales cada vez son más frecuentes.
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la existencia de empresas que subcontratan personal representa un problema sin solución, porque son negocios con muy limitada infraestructura física y que fácilmente pueden “desaparecer” sin que se puedan hacer efectivos los cobros de cuotas ni exigir el cumplimiento de sus obligaciones como patrón.
La minuta plantea la obligación de que la persona beneficiaria de los servicios prestados por los trabajadores de las empresas, también conocidas como de “tercerización”, se asuma como “responsable solidario” respecto del cumplimiento de las obligaciones en la Ley del Seguro Social.
En ese sentido, deberán informar mensualmente al IMSS los nombres, números de seguridad social y días laborados por los trabajadores, así como el nombre del centro de trabajo donde se prestaron los servicios, registros patronal, y federal de contribuyentes, además del domicilio fiscal.
En tanto, la empresa subcontratista también informará cada mes al IMSS todos los datos correspondientes de la persona, organismo o institución beneficiaria de los trabajos realizados, así como de los empleados.
Aunque estas disposiciones ya han sido adoptadas en otros países como la mejor alternativa para facilitar el control y vigilancia de las empresas y las beneficiarias de los servicios subcontratados, industriales mexicanos iniciaron una serie de acciones encaminadas a detener la minuta de reforma legal.
El Consejo Coordinador Empresarial ha enviado cabilderos al Senado, mientras la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) remitió un oficio a los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD, con copia para secretarios de Estado y el IMSS, con la finalidad de que la minuta sea detenida en forma indefinida. El argumento es que tal como está, la modificación legal afectará la generación de empleo.
Algunas otras empresas ya se han expresado en favor del cambio con algunas precisiones, entre ellas la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
Información del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que alrededor de 26 millones de trabajadores mexicanos carecen de las prestaciones de ley y se encuentran fuera de todo contrato legal, lo que convierte a México en un ”paraíso empresarial” para el outsourcing (La Jornada 2/04/07).
La existencia de estos negocios ha representado para el IMSS dificultades en sus labores de incorporación y recaudación. A partir de la existencia de las fuentes externas de contratación, las empresas dan de baja a sus trabajadores, los cuales luego son contratados por otra firma con salarios inferiores, sin derecho a reparto de utilidades y otras prestaciones sociales y económicas.
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Aclaración necesaria · El Fisgón
■ La cadena obliga a los empleados a canjear los vales de despensa sólo en esa tienda
Ampara la Corte a un trabajador contra práctica de tienda de raya en Wal-Mart
■ El patrón descuenta de los salarios el costo de los cupones; estrategia similar a la del siglo XIX
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó el pasado miércoles a un empleado de la cadena comercial Wal-Mart, en el estado de Chihuahua, quien decidió cuestionar el llamado Plan de Previsión Social que había firmado voluntariamente con la empresa.
Dicho convenio establece que el trabajador adquiere vales de despensa con descuento a su salario, mismos que sólo puede canjear por mercancías y servicios de venta en establecimientos de Wal-Mart.
“Este plan es similar a la práctica que se llevaba a cabo en las antiguas tiendas de raya en que los trabajadores también recibían el pago de su salario mediante vales de despensa para ser canjeados en dichas tiendas propiedad del patrón, con la diferencia de que los productos los adquirían a un precio alto”, indicó ayer la Corte en un comunicado.
El concepto de vales de despensa que utiliza Wal-Mart para sus empleados es muy parecido a la estrategia implementada durante el siglo XIX por las llamadas “tiendas de raya”. En ese tipo de comercios, los hacendados y empresarios de aquella época pagaban a sus trabajadores mediante vales que sólo eran canjeables en tiendas del mismo patrón, el cual después vendía sus mercancías a precios elevados, a fin de recuperar la inversión destinada a los salarios.
Contraviene el artículo 123
Raúl Avila Andujo fue el empleado de Wal-Mart que impugnó el convenio y solicitó el amparo. Si otros trabajadores también están inconformes con el plan de vales de esa compañía, deberán tramitar su demanda de amparo y esperar varios meses a que su caso concluya.
“Un contrato de trabajo que obligue directa o indirectamente a los empleados a adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares determinados contraviene los principios fundamentales consignados en el artículo 123 constitucional, por lo que debe declararse nulo de pleno derecho”, indicó el comunicado.
Según el boletín, “la segunda sala de la Corte declaró la nulidad del convenio reclamado mediante el cual el trabajador manifestó su conformidad en adherirse al Plan de Previsión Social relativo al otorgamiento de vales de despensa para ser canjeados por mercancía y servicios en los establecimientos propiedad del patrón.
“En la resolución se consideró, además, que del análisis comparativo entre la práctica de las antiguas tiendas de raya abolidas por la Constitución de 1917, y el objeto del convenio adicional al contrato de plan de previsión social establecido por el patrón en el caso concreto, al que se adhiere el trabajador en forma voluntaria para adquirir vales de despensa que serán canjeados en establecimientos propiedad de aquél, se desprende que ambas figuras son semejantes, ya que el costo de los respectivos descuentos no son absorbidos por el patrón, sino por el trabajador”, puntualizó la Corte.
Arguye crisis para la explotación, denuncia líder sindical en EU
Cientos de empresas, como la cadena Wal-Mart, explotan a sus trabajadores, en especial los hispanos, con el argumento de la crisis económica que atraviesa Estados Unidos, denunció el jueves en Chicago, Estados Unidos, el dirigente sindicalista Moisés Zavala. Zavala, vicepresidente de United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), sección 881.
Expuso que compañías como Wal-Mart obligan a sus empleados a checar su salida y regresar a trabajar tiempo extra sin paga.
“Se está volviendo costumbre entre los empleadores forzar al trabajador para que contribuya con su tiempo gratis, a fin de que la empresa se recupere y en el futuro pueda pagarle tiempo extra”, dijo el sindicalista.
Entrevistado en el marco de la Semana Laboral que organiza el Consulado Mexicano, dijo que esa afectación laboral ha motivado a un mayor número de trabajadores a buscar protección sindical. “Hay más interés de sindicalizarse porque el argumento de la crisis económica ayuda a los empleadores a no pagar ni el sueldo mínimo y quitarle a los trabajadores cualquier beneficio”, agregó.
Al mismo tiempo, destacó que las empresas mantienen una campaña antisindical que atemoriza a los trabajadores y en muchos casos los hace desistir de su propósito.
“Pero en las actuales condiciones, que se están agravando para el trabajador en materia de salud y vivienda, ejercer este derecho le ofrece la posibilidad de negociar mejores sueldos y condiciones laborales, así como el respeto del empleador”, apuntó.
En tanto, Leticia Márques Prado, coordinadora regional de United Electrical Radio and Machine Workers of America (UE), comentó que esta organización inicialmente trabaja de manera clandestina con los trabajadores para organizarlos. “Debido al miedo que existe de ser despedidos si sus empleadores se enteran que quieren sindicalizarse, empezamos con un grupo de plena confianza y cuando se tiene una mayoría se hace pública su organización”, explicó.
Desfiladero
■ Reyes Heroles, Morales Gil, los hijos de Marta Sahagún y el barcotráfico
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Petróleos Mexicanos debió admitir que el costo de El señor de los mares, con gastos de operación y mantenimiento, ascendió a mil 135 millones de dólares Archivo La Jornada Foto: Foto
Jesús Reyes Heroles González Garza y Carlos Morales Gil, como director general de Petróleos Mexicanos el primero, y director de Pemex Exploración y Producción (PEP) el segundo, han quedado, a los ojos de la opinión pública, señalados como presuntos miembros de una banda de barcotraficantes que saquea el patrimonio nacional en complicidad, entre otros, con Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijastros del ex presidente Vicente Fox.
Una semana después de la marcha de las veladoras contra la inseguridad pública, la ineptitud gubernamental y la impunidad que beneficia a las principales figuras del régimen, un nuevo escándalo llama a las puertas de la resbalosa mansión oficial de Los Pinos. Ante la contundente denuncia que presentó Andrés Manuel López Obrador el domingo acerca del fraude maquinado que permitió el arrendamiento con opción a compra, en mil 135 millones de dólares, de un barco chatarra que valía mucho menos, Calderón está obligado a pedir la renuncia inmediata de Reyes Heroles y Morales Gil, porque la movilización ciudadana en contra de la delincuencia así lo exige.
De no hacerlo, de mantenerlos en sus puestos a pesar de todas las evidencias que los inculpan, su frágil “gobierno” se debilitará aun más y aumentará el clamor que demanda la dimisión de los que no pueden contra el hampa. En un principio, Pemex dijo que la denuncia era “irrisoria”. En seguida, le concedió mayor importancia al tratar, paradójicamente, de minimizarla admitiendo que El señor de los mares costaba 455 millones de dólares, pero que al sumar los gastos de operación y mantenimiento el monto se elevaba a 758 millones de dólares.
Después, cuando la Auditoría Superior de la Federación confirmó que todo el contrato valía en efecto mil 135 millones de dólares (11 mil 350 millones de pesos), Pemex aceptó al fin que la cifra denunciada por López Obrador era rigurosamente exacta. Sin embargo, ahora la paraestatal debe explicar por qué, en el contrato que suscribió con la naviera Bergesen Worldwide Ltd., se comprometió a pagar 346 millones 500 mil dólares por concepto de “gastos administrativos” y 131 millones de dólares más por “otras utilerías y equipo marino” no especificados. Ambas cantidades arrojan la friolera de 477.5 millones de dólares con los que se habrían podido construir varios centros de investigación científica o centenares de escuelas.
¿Esta es la forma en que van a “fortalecer” Pemex, saqueándolo entre un puñado de familias ligadas a la cúpula del PAN, para dizque elevar la calidad de vida de todos los mexicanos? A principios de abril pasado, en vísperas de que Calderón enviara sus iniciativas privatizadoras al Congreso, Carlos Morales Gil –principal responsable de la renta con opción a compra de El señor de los mares– adelantó cómo serían premiadas las empresas extranjeras que sacaran el tesoro de las aguas profundas.
En entrevista con El Universal, el funcionario fijó “entre 15 y 20 por ciento” sobre el valor de lo extraído, la cuota que se otorgaría a las petroleras foráneas por su trabajo, dependiendo, añadió, del grado de dificultad con que lo realicen. Además, dijo que la reforma calderónica les brindaría, a esos mismos consorcios, “participar en la explotación de los campos marginales”, esto es, de los pozos que terminaron su vida últil pero aún contienen petróleo y, para mayor comodidad, se encuentran en tierra firme y están conectados por brechas y carreteras.
Ahora, salpicado por el escándalo de El señor de los mares, Morales Gil ha incurrido en diversas contradicciones, al salir a los medios a dar la cara por Pemex, mientras su jefe, Reyes Heroles, permanece en la oscuridad. En una charla radiofónica con Carlos Loret de Mola, afirmó que el contrato del buquetanque valía “440 millones de dólares”, y en otra, con Joaquín López Dóriga, sostuvo que ninguna empresa mexicana había intervenido en la operación, lo que, ahora sabemos, es palmariamente falso.
En 2005, todavía en tiempos de Fox y con el pleno conocimiento de Francisco Gil Díaz, entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Morales Gil –que ya era director de PEP– firmó el contrato del barco chatarra con la noruega Bergesen y la mexicana Blue Marine Technology Group, aliada a Oceanografía SA, la empresa de los hijos de Marta Sahagún. Pero si él rubricó el contrato en 2005, conociendo todas las irregularidades que contiene, Reyes Heroles, en 2007, lo refrendó al autorizar el pago de 50 por ciento del mismo, y el inicio de la liquidación mensual de las cuotas que vencerán en 2022. Por tanto, su corresponsabilidad en la estafa no es menos significativa.
Nacido en México, Distrito Federal, en 1952, doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1980, Reyes Heroles fue secretario de Energía en el gabinete de Ernesto Zedillo, de 1996 a 1997, año en que se fue de embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos. Durante el sexenio de Fox permaneció fuera de la administración pública, pero no de la política ni de los negocios relacionados con ésta.
A la sombra de la consultora GEA-ISA, tramitó diversos contratos de empresas extranjeras con Pemex, que ha reconocido con una “serenidad” similiar a la de Mouriño, pero sobre todo tuvo un papel más que relevante en el fraude electoral de 2006, que llevó a Calderón a Los Pinos. Por una parte, colocó a su ex secretario particular, Luis Carlos Ugalde, al frente del IFE; por la otra, desde GEA-ISA, fue el primero en difundir encuestas sobre el supuesto “empate” entre López Obrador y Calderón, que darían pie al inverosímil triunfo de este último con un margen de ventaja de apenas 240 mil votos.
Cuando Calderón buscó la candidatura presidencial ofreciendo la privatización de Pemex en Estados Unidos (¿recuerdan su famosa entrevista con Jeffrey Davidow en San Diego, noviembre de 2003?), Reyes Heroles hacía rato que tenía ya los contactos con los políticos de Washington y los petroleros de Houston. Que hoy, cinco años después, ambos estén gestionando la entrega de Pemex a estadunidenses y españoles, mientras aparecen vinculados con los hijastros de Fox en el escándalo de El señor de los mares –que es un caso de corrupción entre centenares o miles–, sólo confirma lo que todo el pueblo ya sabe: que el llamado “gobierno federal” es en los hechos una asociación delictuosa carente de la mínima decencia.
Las grandes movilizaciones populares en defensa del petróleo que están a la vuelta de la esquina no deben limitarse a impedir la privatización de los hidrocarburos, sino trazarse, además, un objetivo paralelo y simultáneo: lograr en las barricadas que el Congreso eleve a rango constitucional las figuras del referendo –para que la sociedad resuelva sobre los temas que nos afectan a todos– y del plebiscito revocatorio de mandato, para que éste se convierta en ley reglamentaria del artículo 39 que nos otorga, “en todo momento, el derecho inalienable de cambiar” de gobierno.
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