PROMUEVEN DENUNCIA A CALDERÓN POR TRAICIÓN A LA PATRIA
Por Redacción SDP
* Fue elaborada con el respaldo de Jaime Cárdenas y otros eminentes juristas
* Se colectarán firmas de apoyo en el Zócalo el 15 de septiembre
(Ciudad de México, 7 de septiembre de 2008).- Una propuesta ciudadana de juicio político contra Felipe Calderón por traición a la patria se ha difundido con gran rapidez por internet mediante correos electrónicos. La denuncia, de acuerdo con las comunicaciones electrónicas, se elaboró con el respaldo jurídico de Jaime Cárdenas y otros prominentes juristas. La denuncia se basa en el texto del artículo 123 constitucional que impone penas de prisión de cinco a 40 años al mexicano que "cometa traición a la patria" mediante actos "contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero". La denuncia alega que las iniciativas de reforma energética presentadas por Calderón al Congreso cubre los supuestos de traición a la patria establecidos en la Constitución.
El e-mail que promueve la denuncia contra Calderón incluye dos documentos. Uno que hace una presentación formal de la denuncia, y otro que contiene el alegato jurídico en sí. El primer documento dice: "Se propone que Calderón sea enjuiciado por haber realizado conductas que actualizan el supuesto de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal que señala:
"Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
"I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
"Las conductas de Calderón consisten en la presentación de seis iniciativas de ley en materia petrolera ante el Senado de la República y la Comisión Permanente que proponen entregar los recursos naturales del subsuelo a intereses de personas y grupos extranjeros con el fin de constituir una industria petrolera paralela a la nacional y con ello menoscabar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación. Dichas iniciativas, además, atentan contra los principios previstos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
"Las dos vías para reclamar la ilicitud de los actos de Calderón son: 1) presentación de una denuncia ante la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución, para que Calderón sea enjuiciado por traición a la patria. El procedimiento entraña la integración de una investigación a cargo de la Cámara de Diputados y la posterior acusación de la Cámara Baja ante el Senado que actúa como jurado de sentencia; y 2) presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República por traición a la patria".
El e-mail da a conocer, además, las razones para hacer esta denuncia, que considera que es la única forma de detener el intento de privatización de Pemex, el cual tardaría generaciones en poder echar para atrás. Afirma, además, que se hace para enviar un mensaje a los legisladores que están dispuestos a respaldar la entrega del petróleo "de que pueden ser acusados del mismo delito". Añade, también, que es importante dar a los cientos de mexicanos en defensa del país "un elemento y de lucha, incluso institucional, la ley misma, para que no cejen en su afán patriótico", ya que de lograrse este objetivo se sentará un precedente histórico.
El texto del correo electrónico finaliza subrayando la urgencia de recabar cientos de miles de firmas en todo el país para apoyar la denuncia contra Calderón. Las firmas deben ir acompañadas por el número de la credencial de elector del firmante. Y da a conocer que el día 15 de septiembre, en el Grito de las 9:00 de la noche, habrá módulos para recoger esas firmas y recibir los paquetes de las ya recabadas.
El gran escape · El Fisgón
Revocación
Hace unas semanas la opinión pública internacional recibió información sobre el concepto de punto de no retorno. El avión de Spanair que se estrelló en Barajas, se nos dijo, estaba en V1, una combinación de situación en tierra y velocidad en la que ya no queda suficiente pista para frenar y que hace obligatorio ir al aire porque, sean cuales sean las condiciones del aparato, resulta menos arriesgado intentar un aterrizaje de emergencia que permanecer en la superficie. O sea que la ventana de oportunidad para abortar un despegue es más bien estrecha. Va del momento en que el avión comienza a acelerar hasta aquel en que llega a V1. La expresión "estás a tiempo de arrepentirte" se aplica a muchas otras circunstancias de la vida, por más que, en varias de ellas, lo irrevocable de la decisión sea relativo. No es lo mismo jalar el gatillo y transitar de la condición de asesino en potencia a la de asesino consumado, o treparse a un cohete en dirección a la Luna, que firmar un contrato de arrendamiento o dar el "sí" matrimonial ante un juez o un cura. Si los procesos físicos y biológicos son implacables, los contratos sociales son reversibles, así se trate de una constitución, y aunque a los faraones les guste pensar que sus reinados son eternos, y por mucha que sea la zozobra ante la posibilidad de que tu cónyuge te mande al diablo.
Los regímenes posfranquistas "atados, y bien atados", o bien los fallos judiciales inapelables, son formulaciones ególatras que persisten sólo en la medida en que las sociedades las acaten. Ya llegará, en España, el momento en que la gente se decida a tirar a la basura a una casa real corrupta y zángana. Tal vez los mexicanos logremos ejercer sobre nuestros legisladores la presión requerida para que emprendan un juicio político contra los magistrados de la Suprema Corte que exoneraron al góber precioso, y cuya permanencia en los cargos es un insulto a la legalidad y un agravio a la decencia.
Antaño, cuando los monarcas veían amenazada su permanencia en el poder, decían que ésta respondía a un designio divino. Si no les quedaba más recurso, apelaban a su condición de soberanos (detentadores de una autoridad suprema e independiente y no superada en cualquier orden inmaterial) para hacer lo que les viniera en gana. Heredada por el pueblo una vez que rodaron las cabezas reales, la soberanía le otorga la facultad, entre otras, de designar, por medio de elecciones, a quienes habrán de gobernar en su nombre. Los jefes de las actuales democracias formales invocan ese principio cada vez que hacen –como los reyes– lo que les da la gana o lo que les dictan sus intereses particulares.
"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", reza el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Pero nadie dijo que la soberanía, la real o la popular, fuera una fuente de decisiones irremediables. "No olvide el fraile que si una ordenanza real fundó la Inquisición, otra ordenanza puede ahogarla", advirtió Isabel de Castilla a Torquemada un día que la arrogancia sádica del inquisidor la tenía hasta la madre (Crónica de los reyes católicos). Si supusiéramos por un momento que la elección presidencial de 2006 en México fue un proceso impoluto y legal; que se llevó a cabo no "haiga sido como haiga sido", sino como debió ser; que en él la mayoría de los ciudadanos votó por Felipe Calderón y si éste encarnase, en consecuencia, la soberanía popular, en cualquier momento el pueblo tendría derecho, en virtud de su misma soberanía, a concluir que se equivocó. Mayor razón existe para crear un mecanismo institucional de enmienda cuando la representación es ejercida a consecuencia de un proceso comicial al menos dudoso y cuando un tercio de la ciudadanía la llama espuria e ilegítima.
El mismo miedo que impidió al grupo en el poder recontar los votos en 2006 se expresa ahora en la histeria linchadora desatada contra la idea de establecer un mecanismo legal para revocar mandatos por medio del referendo. El grumo político-económico-mediático que controla al país se llena la boca con encuestas de popularidad, pero se aterra ante la posibilidad de que el pueblo ejerza, para ratificar o rectificar, su soberanía. ¿Es subversiva y desestabilizadora la evocación del divorcio? ¿Hemos alcanzado el punto V1 de la política? ¿No tenemos más remedio que iniciar un despegue riesgoso o estrellarnos en tierra?
Y conste que nadie ha hablado de tomar el Palacio de Invierno.
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