Astillero
■ Sótanos
■ Oaxaca y el EPR
■ Hundimiento felipense
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El presidente Felipe Calderón, acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, arriba a la iglesia de Fátima, en Monterrey, donde se llevó a cabo una misa en memoria del empresario Eugenio Garza Lagüera Foto: Notimex
Un confuso incidente en Juchitán enmarcó el primer aniversario de la desaparición de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aun cuando el gobierno oaxaqueño redujo todo a un plano surrealistamente vial (la escolta del hijo de Ulises Ruiz habría reñido con unos “desconocidos” por un sitio para estacionarse), la versión del intento de secuestro del júnior añadió inestabilidad a un estado a cuyo mandatario se le ha cargado también, en su diversificado portafolios de perversidades criminales, una especie de sentencia extraoficial por la suerte de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Buena parte de la adjudicación de responsabilidad política a Ulises por el caso del EPR ha sido fabricada desde Bucareli, donde el siniestrado secretario de Gobernación no ha podido dar más muestra de habilidad política que filtrar información federal demostrativa de las brigadas de terror que ese gobierno local creó y protegió para enfrentar la insurrección cívica de 2006. Aliados hasta ahora en busca de protección mutua, el calderonismo y el ulisismo parecen estar en ruta de distanciamiento, sobre todo con la vista puesta en las elecciones de 2009, cuando no sólo se elegirán diputados federales, como en todo el país, sino, en especial, gobernador. El repudiado Ruiz tiene ya su candidato a la sucesión, que es Jorge Franco, quien fue su secretario general de Gobierno (como tal, fue el jefe del aparato parapoliciaco de secuestros y asesinatos) y ahora lo ha hecho presidente del PRI luego de una gira por toda la entidad, como candidato único, con olor a campaña oficial por la gubernatura.
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En ese contexto comicial se está usando el expediente de los dos cuadros directivos del EPR secuestrados en Oaxaca, tratando de deslindar a un gobierno federal que sí tuvo participación cuando menos por la vía de la jefatura militar de la entidad, profundamente identificada con Ruiz, que recientemente fue relevada, y por el hecho político de que Los Pinos permitió y alentó el esquema represivo del gobernador oaxaqueño al menos hasta que a los geniecillos de la casa formalmente presidencial les pareció oportuno tratar de deslindarse. Más allá de esos devaneos de poder, y de los juegos electorales en curso, es de exigirse la aparición con vida de los dos dirigentes eperristas y el castigo a los responsables operativos e intelectuales de lo que ha sucedido con dos mexicanos que un año atrás cayeron en la sucia y densa red de la represión política gubernamental, que sin lugar a dudas se instauró con la llegada del licenciado Calderón y se ha agudizado conforme esa administración pública se hunde en el descontrol, la incapacidad y la debilidad.
Sobremesa · Helguera
El hundimiento del calderonismo preocupa incluso a sus opositores directos, pues, a pesar de las pifias diarias que se cometen desde el húmedo círculo íntimo de Los Pinos, no existen mecanismos legales que puedan frenar ese ejercicio formal de poder, por desgastado e incluso peligroso que pueda resultar. El propio López Obrador acaba de exigir que el gobierno al que califica de espurio se despoje cuando menos de cuatro personajes siniestros “para frenar la actual descomposición social”. Los propuestos por el tabasqueño para dejar sus cargos son los secretarios Mouriño, Carstens y Kessel (Gobernación, Hacienda y Energía, respectivamente) y el director de Pemex, Jesús Reyes González. Es evidente que la renuncia verdaderamente exigible es la del jefe de esos funcionarios, Felipe Calderón Hinojosa, pero también es posible ver el carácter gradual con que el movimiento lopezobradorista va afinando la mira, aunque no sólo esa franja expresamente opositora al michoacano está en su contra, sino incluso algunos de sus aliados originales, a los que Calderón ha maltratado y desatendido, ya sea por genuino descuido, por altanería acomplejada o porque el aparato formal de gobierno ha caído en una crisis derivada de la talla políticamente ínfima de varios de sus ocupantes, de los intereses particulares que por sobre todo defienden los personajes que tienen cierto renombre y por la forma disipada en que el supuesto jefe máximo atiende los problemas, delegando responsabilidades en cortesanos favoritos y dejando que poderes reales, como los de las armas –el Ejército y la Marina–, asuman funciones civiles en carácter cada vez más abierto y expansivo.
Ayer, por ejemplo, el lic. F.C. volvió a dar cuenta del agotamiento discursivo de su política: el mismo esquema usado para hablar del narcotráfico se usó para anunciar una especie de combate a la crisis alimentaria, con llamados retóricos e insulsos a la unidad nacional, que no se dará sólo por ocurrencia oratoria, con anuncios de mano dura contra infractores (en este caso, quienes acaparen alimentos o especulen con ellos, ja , ja, ja) y con la invitación hueca a ciudadanos y medios de comunicación para que se sumen a los presuntos esfuerzos gubernamentales, cuyo mayor rigor radica apenas en el enunciado volátil que de ellos se hace en ceremonias oficiales, tan presuntuosas como vanas (el anuncio felipense ni siquiera llega a la categoría de demagógico: es apenas una forma de tratar de decir que algo se hace ante la inflación económica, con tan mala suerte para el emisor desacreditado que nadie le cree, ni los presuntos beneficiados ni los supuestos amenazados: blablá).
Y, mientras el cuadro de política regional entra en etapa de redefiniciones con la muerte de Manuel Marulanda y la designación de un nuevo jefe guerrillero colombiano (en México, por fortuna, la PGR no cayó en la tentación de sostener como creíbles las declaraciones disparatadas de un supuesto miembro mexicano de las FARC que según diagnóstico oficial sufre de bipolaridad y mitomanía), ¡hasta mañana, con el hermano Norberto entrando en defensa del vilipendiado Juan Sandoval y del multimentado Etilio González Madres, llegando el órgano informativo de la arquidiócesis de la ciudad de México al extremo de mentir, al asegurar que el gobierno de Jalisco ayuda “por igual” a todas las asociaciones religiosas y no nada más a los proyectos católicos cristeros!
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